jueces de inmigración en el banquillo
[Ann M. Simmons] Dudosos desempeños, ignorancia y racismo de jueces de inmigración. Quejas sobre conducta insensible e inclusive ofensiva de algunos jueces de inmigración en Estados Unidos provocan una amplia revisión federal.
Las quejas sobre los jueces de inmigración eran alarmantes.
En San Francisco un ciudadano estadounidense fue deportado injustamente a México después de que un juez se desdeñara a verificar la autenticidad de su certificado de nacimiento y declaración de la renta -acciones que le provocaron una severa crítica de una corte de apelaciones federal.
En Chicago, una comisión de apelaciones constató que un caso de asilo político que involucraba a un ciudadano albano fue mal llevado debido a que el juez dependió del testimonio sobre un documento de un experto que no hablaba ni leía albano.
Y en Boston un juez fue suspendido por más de un año después de que se refiriera a sí mismo como ‘Tarzán’ en una sesión del tribunal ante una mujer de Uganda llamada Jane.
Al describir la conducta de algunos jueces como "intemperada e incluso ofensiva", el fiscal general de Estados Unidos, Alberto R. Gonzales anunció hace poco que el ministerio de Justicia iniciaría una revisión comprehensiva de los tribunales de inmigración del país.
"Para los extranjeros que están ante usted, usted es la cara de la justicia estadounidense", escribió Gonzales en un memorándum del 9 de enero a los jueces de inmigración. "Insisto en que cada uno de ellos debe ser tratado cortésmente y con respeto".
La revisión se concentrará en el desempeño de los 224 jueces de inmigración del país, incluyendo 55 de California. El año pasado, los juristas, que son nombrados por el fiscal general, vieron unos 270 mil casos, de acuerdo al departamento de estadísticas.
La revisión, que está en camino, está siendo realizada por el fiscal general y el abogado asociado. Evaluará la naturaleza y alcance de los problemas del sistema y hará recomendaciones en cuanto a su mejoramiento, dijo un funcionario del ministerio de Justicia.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración respalda la revisión, pero cree que los incidentes de mala conducta son raros, dijo Dana Leigh Marks, vice-presidente de la organización.
"No creemos que se trate de incompetencia e intemperancia generalizada de los jueces", dijo Marks, que trabaja en los tribunales de San Francisco. "La inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo".
Funcionarios del ministerio de Justicia dijeron que el departamento no lleva registro del número de quejas contra los jueces. Pero un sondeo interno realizado por la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración [Executive Office for Immigration Review] calculó que en los últimos cinco años había recibido quejas contra 20 jueces. No se entregaron detalles.
Dependiendo de la gravedad del caso, la mala conducta judicial es generalmente tratada con una admonición oral o escrita, la suspensión temporal o el despido, dijeron los funcionarios.
Pero fiscales de inmigración y detractores dijeron que los jueces aberrantes se sentían envalentonados por los nombramientos de por vida y la ausencia de control. Dijeron que no se llevaban registros de los jueces problemáticos porque las medidas disciplinarias no eran una prioridad.
"Las reprimendas no significan nada para un juez de inmigración que tiene el puesto asegurado, dijo Khaled Abou El Fadi, profesor de derecho islámico en la UCLA y antiguo fiscal de inmigración. "El proceso de quejas, para decirlo francamente, es una mofa de la justicia".
Algunas de las críticas más agudas provienen de las cortes de apelaciones; incluyen desde la manera poco sensible con que algunos jueces se dirigen a nacionales extranjeros hasta el modo en que dictan justicia.
Unos pocos jueces, como la juez Anna Ho, de Los Angeles, han sido advertidos repetidas veces sobre su desempeño.
En 2001, Ho -entonces en Seattle- ordenó injustamente que Salvador Rivera, un ciudadano estadounidense, fuera deportado a México, de acuerdo a las actas judiciales. Rivera, un ex convicto por drogas detenido por funcionarios de inmigración, había afirmado ser ciudadano mexicano para evitar ser detenido, y fue incluso deportado voluntariamente.
Pero Ho desdeñó por dudoso los documentos presentados durante el juicio por la madre de Rivera, incluyendo su certificado de nacimiento, un informe escolar, la declaración de la renta, y una página de su anuario de la escuela secundaria. Rivera, entonces de 25, nació en Portland, Oregon.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco resolvió que las acciones de Rivera no justificaban "la renuncia involuntaria a la ciudadanía" y concluyó que Ho había fallado a la hora de comportarse "como un juez imparcial y [se había comportado] más bien como un fiscal ansioso de agrandar las lagunas en las historias de los solicitantes".
Rivera sigue en México, y su caso está nuevamente pendiente ante la comisión de apelaciones, dijo su abogada, Karen L. Gilbert.
"No tiene un centavo", dijo Gilbert. "Es terrible que un ciudadano estadounidense sea mantenido fuera del país durante tanto tiempo".
En otros casos los jueces de apelaciones han criticado a Ho por usar "hallazgos de credibilidad dudosos" al rechazar las peticiones de asilo político y por mostrar una "predisposición a desacreditar" los testimonios.
Ho no estuvo disponible para hacer comentarios. En general a los jueces federales no se les permite hablar con periodistas.
En uno de los casos más publicitados, un juez de inmigración de Boston, Thomas M. Ragno, fue despachado en 2003 con permiso administrativo después de que bromeara definiéndose como "Yo, Tarzán" ante una solicitante de asilo ugandesa llamada Janes, que había sido víctima de violación. Ragno, que trabajó en tribunales durante más de 30 años, se ha retirado.
No fue la primera vez que el juez tuvo problemas.
En 2001, Ragno fue severamente reprochado por su manejo de un caso que involucraba a un refugiado sudanés que había huido de su país después de su mujer e hijo fueran asesinados en la guerra civil. Dijo al tribunal que eran perseguido por los rebeldes musulmanes porque que era cristiano.
El juez pidió a Moisés Cirrilo que recitara los Diez Mandamientos para probar que era católico y luego verbalmente al sacerdote que testificó a su favor.
Ragno expresó también sorpresa de que el hombre no estuviera familiarizado con las escuelas parroquiales, que de hecho no existen en Sudán.
La comisión de apelaciones que finalmente otorgó asilo a Cirrilo emitió una dura opinión del desempeño de Ragno, criticando su "actitud agresiva" y llamándolo "una vergüenza para la corte".
En otro incidente, recordó la abogada Susan M. Akram, profesora de la Facultad de Leyes de la Universidad de Boston, Ragno ridiculizó en 1997 a un cliente suyo, un solicitante de asilo haitiano, cuando este describió cómo había sido golpeado y torturado.
When Akram le dijo que se sacara la camisa para que le mostrara sus cicatrices, dijo Akram, "el juez empezó a gritar: ‘No voy a convertir este tribunal en una casa de monos’".
La abogada dijo que ella presentó al menos media docena de mociones en el curso de los años para recusar a Ragno, y se unió a un grupo de abogados que presentaron una queja oficial a mediados de los años noventa. Pero no se hizo nada.
Entre algunos jueces "existe la idea", dijo Akram, "de que su tribunal es básicamente su feudo".
Las barreras lingüísticas presentan sus propios problemas en un tribunal.
Cuando un un juez de Los Angeles le preguntó si necesitaba un intérprete, la inmigrante Cynthia Soh de Camerún explicó que su inglés era su primera lengua, pero observó que la hablaba con un acento diferente, como los australianos.
"Obviamente todos sabemos que los australianos, neozelandeses, etcétera, tienen diferentes acentos, pero vamos a darle una oportunidad al inglés estadounidense", dijo la juez Ingrid K. Hrycenko, de acuerdo a transcripciones del caso en 2002. "Usted parece tener la impresión de que su inglés es mejor y que todo el mundo debería pronunciarlo como usted".
"Lo lamento, su señoría", dijo Soh.
"Así que trate de refrenarse a usted misma, porque usted suena snob", dijo Hrycenko.
La juez, ahora jubilada, finalmente otorgó asilo a Soh. Pero el gobierno ha impugnado la decisión, que está ahora pendiente de resolución ante la Comisión de Apelaciones de Inmigración.
Soh, 26, dijo que se sentía humillada por la experiencia.
"Me sentí realmente mal", dijo el mes pasado. "Me sentí como si hubiese hecho algo mal".
El abogado de Beverly Hills, Edward W. Pilot, que representa a Soh, dijo que la conducta de la juez "no es un incidente aislado".
"Fue un ataque sin fundamentos... personal contra mi defendida", dijo.
Pilot reconoció que los abogados a menudo se mostraban reluctantes a quejarse por temor a las represalias. "Podría terminar con tu carrera", dijo.
Marks, de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que algunas de las críticas dirigidas contra los fiscales provenían de jueces disgustados por los veredictos en sus casos.
También dijo que había que considerar los complejos y pesados casos que tenían que tratar los jueces día a día, a menudo sin los recursos adecuados.
"Los jueces son seres humanos", dijo. "En una ocasión puede tratarse de una observación intemperada, y en ocasiones en conductas que son cuestionales y quizás ofensivas". Un incidente desafortunado, dijo, puede dañar una carrera que de otro modo puede haber sido ejemplar.
Pero abogados y otros juristas atribuyen algunas de las conductas reprobables a los prejuicios raciales de los jueces y a su falta de sensibilidad cultural. De los 224 jueces de inmigración del país, 166 son blancos, 26 afro-americanos, 22 latinos, 9 asiáticos y 1 un nativo americano, de acuerdo a documentos del gobierno.
El Fadl, de UCLA, dijo que los jueces estaban obligados a respetar normas profesionales en los tribunales y que si no estaban a la altura debían ser llamados a rendir cuentas.
"Un montón de jueces se han formado la idea de que... todo el mundo está dispuesto a hacer cualquier cosa para vivir en Estados Unidos, y que todos los extranjeros son probablemente mentirosos, hasta que se demuestre lo contrario", dijo. "El hecho de que una persona esté tratando de vivir en Estados Unidos, no quiere decir que dejaron su dignidad en la puerta".
Las quejas sobre los jueces de inmigración eran alarmantes.En San Francisco un ciudadano estadounidense fue deportado injustamente a México después de que un juez se desdeñara a verificar la autenticidad de su certificado de nacimiento y declaración de la renta -acciones que le provocaron una severa crítica de una corte de apelaciones federal.
En Chicago, una comisión de apelaciones constató que un caso de asilo político que involucraba a un ciudadano albano fue mal llevado debido a que el juez dependió del testimonio sobre un documento de un experto que no hablaba ni leía albano.
Y en Boston un juez fue suspendido por más de un año después de que se refiriera a sí mismo como ‘Tarzán’ en una sesión del tribunal ante una mujer de Uganda llamada Jane.
Al describir la conducta de algunos jueces como "intemperada e incluso ofensiva", el fiscal general de Estados Unidos, Alberto R. Gonzales anunció hace poco que el ministerio de Justicia iniciaría una revisión comprehensiva de los tribunales de inmigración del país.
"Para los extranjeros que están ante usted, usted es la cara de la justicia estadounidense", escribió Gonzales en un memorándum del 9 de enero a los jueces de inmigración. "Insisto en que cada uno de ellos debe ser tratado cortésmente y con respeto".
La revisión se concentrará en el desempeño de los 224 jueces de inmigración del país, incluyendo 55 de California. El año pasado, los juristas, que son nombrados por el fiscal general, vieron unos 270 mil casos, de acuerdo al departamento de estadísticas.
La revisión, que está en camino, está siendo realizada por el fiscal general y el abogado asociado. Evaluará la naturaleza y alcance de los problemas del sistema y hará recomendaciones en cuanto a su mejoramiento, dijo un funcionario del ministerio de Justicia.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración respalda la revisión, pero cree que los incidentes de mala conducta son raros, dijo Dana Leigh Marks, vice-presidente de la organización.
"No creemos que se trate de incompetencia e intemperancia generalizada de los jueces", dijo Marks, que trabaja en los tribunales de San Francisco. "La inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo".
Funcionarios del ministerio de Justicia dijeron que el departamento no lleva registro del número de quejas contra los jueces. Pero un sondeo interno realizado por la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración [Executive Office for Immigration Review] calculó que en los últimos cinco años había recibido quejas contra 20 jueces. No se entregaron detalles.
Dependiendo de la gravedad del caso, la mala conducta judicial es generalmente tratada con una admonición oral o escrita, la suspensión temporal o el despido, dijeron los funcionarios.
Pero fiscales de inmigración y detractores dijeron que los jueces aberrantes se sentían envalentonados por los nombramientos de por vida y la ausencia de control. Dijeron que no se llevaban registros de los jueces problemáticos porque las medidas disciplinarias no eran una prioridad.
"Las reprimendas no significan nada para un juez de inmigración que tiene el puesto asegurado, dijo Khaled Abou El Fadi, profesor de derecho islámico en la UCLA y antiguo fiscal de inmigración. "El proceso de quejas, para decirlo francamente, es una mofa de la justicia".
Algunas de las críticas más agudas provienen de las cortes de apelaciones; incluyen desde la manera poco sensible con que algunos jueces se dirigen a nacionales extranjeros hasta el modo en que dictan justicia.
Unos pocos jueces, como la juez Anna Ho, de Los Angeles, han sido advertidos repetidas veces sobre su desempeño.
En 2001, Ho -entonces en Seattle- ordenó injustamente que Salvador Rivera, un ciudadano estadounidense, fuera deportado a México, de acuerdo a las actas judiciales. Rivera, un ex convicto por drogas detenido por funcionarios de inmigración, había afirmado ser ciudadano mexicano para evitar ser detenido, y fue incluso deportado voluntariamente.
Pero Ho desdeñó por dudoso los documentos presentados durante el juicio por la madre de Rivera, incluyendo su certificado de nacimiento, un informe escolar, la declaración de la renta, y una página de su anuario de la escuela secundaria. Rivera, entonces de 25, nació en Portland, Oregon.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco resolvió que las acciones de Rivera no justificaban "la renuncia involuntaria a la ciudadanía" y concluyó que Ho había fallado a la hora de comportarse "como un juez imparcial y [se había comportado] más bien como un fiscal ansioso de agrandar las lagunas en las historias de los solicitantes".
Rivera sigue en México, y su caso está nuevamente pendiente ante la comisión de apelaciones, dijo su abogada, Karen L. Gilbert.
"No tiene un centavo", dijo Gilbert. "Es terrible que un ciudadano estadounidense sea mantenido fuera del país durante tanto tiempo".
En otros casos los jueces de apelaciones han criticado a Ho por usar "hallazgos de credibilidad dudosos" al rechazar las peticiones de asilo político y por mostrar una "predisposición a desacreditar" los testimonios.
Ho no estuvo disponible para hacer comentarios. En general a los jueces federales no se les permite hablar con periodistas.
En uno de los casos más publicitados, un juez de inmigración de Boston, Thomas M. Ragno, fue despachado en 2003 con permiso administrativo después de que bromeara definiéndose como "Yo, Tarzán" ante una solicitante de asilo ugandesa llamada Janes, que había sido víctima de violación. Ragno, que trabajó en tribunales durante más de 30 años, se ha retirado.
No fue la primera vez que el juez tuvo problemas.
En 2001, Ragno fue severamente reprochado por su manejo de un caso que involucraba a un refugiado sudanés que había huido de su país después de su mujer e hijo fueran asesinados en la guerra civil. Dijo al tribunal que eran perseguido por los rebeldes musulmanes porque que era cristiano.
El juez pidió a Moisés Cirrilo que recitara los Diez Mandamientos para probar que era católico y luego verbalmente al sacerdote que testificó a su favor.
Ragno expresó también sorpresa de que el hombre no estuviera familiarizado con las escuelas parroquiales, que de hecho no existen en Sudán.
La comisión de apelaciones que finalmente otorgó asilo a Cirrilo emitió una dura opinión del desempeño de Ragno, criticando su "actitud agresiva" y llamándolo "una vergüenza para la corte".
En otro incidente, recordó la abogada Susan M. Akram, profesora de la Facultad de Leyes de la Universidad de Boston, Ragno ridiculizó en 1997 a un cliente suyo, un solicitante de asilo haitiano, cuando este describió cómo había sido golpeado y torturado.
When Akram le dijo que se sacara la camisa para que le mostrara sus cicatrices, dijo Akram, "el juez empezó a gritar: ‘No voy a convertir este tribunal en una casa de monos’".
La abogada dijo que ella presentó al menos media docena de mociones en el curso de los años para recusar a Ragno, y se unió a un grupo de abogados que presentaron una queja oficial a mediados de los años noventa. Pero no se hizo nada.
Entre algunos jueces "existe la idea", dijo Akram, "de que su tribunal es básicamente su feudo".
Las barreras lingüísticas presentan sus propios problemas en un tribunal.
Cuando un un juez de Los Angeles le preguntó si necesitaba un intérprete, la inmigrante Cynthia Soh de Camerún explicó que su inglés era su primera lengua, pero observó que la hablaba con un acento diferente, como los australianos.
"Obviamente todos sabemos que los australianos, neozelandeses, etcétera, tienen diferentes acentos, pero vamos a darle una oportunidad al inglés estadounidense", dijo la juez Ingrid K. Hrycenko, de acuerdo a transcripciones del caso en 2002. "Usted parece tener la impresión de que su inglés es mejor y que todo el mundo debería pronunciarlo como usted".
"Lo lamento, su señoría", dijo Soh.
"Así que trate de refrenarse a usted misma, porque usted suena snob", dijo Hrycenko.
La juez, ahora jubilada, finalmente otorgó asilo a Soh. Pero el gobierno ha impugnado la decisión, que está ahora pendiente de resolución ante la Comisión de Apelaciones de Inmigración.
Soh, 26, dijo que se sentía humillada por la experiencia.
"Me sentí realmente mal", dijo el mes pasado. "Me sentí como si hubiese hecho algo mal".
El abogado de Beverly Hills, Edward W. Pilot, que representa a Soh, dijo que la conducta de la juez "no es un incidente aislado".
"Fue un ataque sin fundamentos... personal contra mi defendida", dijo.
Pilot reconoció que los abogados a menudo se mostraban reluctantes a quejarse por temor a las represalias. "Podría terminar con tu carrera", dijo.
Marks, de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que algunas de las críticas dirigidas contra los fiscales provenían de jueces disgustados por los veredictos en sus casos.
También dijo que había que considerar los complejos y pesados casos que tenían que tratar los jueces día a día, a menudo sin los recursos adecuados.
"Los jueces son seres humanos", dijo. "En una ocasión puede tratarse de una observación intemperada, y en ocasiones en conductas que son cuestionales y quizás ofensivas". Un incidente desafortunado, dijo, puede dañar una carrera que de otro modo puede haber sido ejemplar.
Pero abogados y otros juristas atribuyen algunas de las conductas reprobables a los prejuicios raciales de los jueces y a su falta de sensibilidad cultural. De los 224 jueces de inmigración del país, 166 son blancos, 26 afro-americanos, 22 latinos, 9 asiáticos y 1 un nativo americano, de acuerdo a documentos del gobierno.
El Fadl, de UCLA, dijo que los jueces estaban obligados a respetar normas profesionales en los tribunales y que si no estaban a la altura debían ser llamados a rendir cuentas.
"Un montón de jueces se han formado la idea de que... todo el mundo está dispuesto a hacer cualquier cosa para vivir en Estados Unidos, y que todos los extranjeros son probablemente mentirosos, hasta que se demuestre lo contrario", dijo. "El hecho de que una persona esté tratando de vivir en Estados Unidos, no quiere decir que dejaron su dignidad en la puerta".
12 de febrero de 2006
©los angeles times
©traducción mQh
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