deportaciones afectan a refugiados
[Rachel L. Swarns] Grupos de derechos humanos critican deportaciones rápidas que ponen en peligro el derecho de asilo.
Washingto, Estados Unidos. Mientras el gobierno de Bush desarrolla rápidamente sus intentos de detener y deportar a inmigrantes ilegales, grupos de defensa de los derechos humanos advierte que la gente que escapa de persecuciones corre cada vez mayores riesgos de ser deportados a sus países natales.
En 2005 una comisión federal bipartidista advirtió que algunos funcionarios de inmigración estaban procesando injustamente a solicitantes de asilo para deportarlos. La comisión hizo recomendaciones para asegurarse de que el sistema de las deportaciones rápidas, conocido como remoción expedita, cuente con garantías adecuadas para proteger a los que son perseguidos.
Pero un año más tarde, sólo una de las cinco recomendaciones ha sido implementada. Entretanto, funcionarios de seguridad nacional han ampliado el programa de remoción expedita, en el que los inmigrantes ilegales pueden ser deportados rápidamente sin que se les permita defender su caso ante un juez de inmigración.
Abogados de inmigración del Proyecto de Representación Gratuita de Refugiados Pro Bono [Pro Bono Asylum Representation Project] de Harlingen, Texas, dicen que los solicitantes de asilo están cayendo en sus grietas. Dicen que los agentes de la Patrulla Fronteriza han deportado injustamente a varios solicitantes de asilo sin informarles de su derecho a pedir refugio en Estados Unidos.
Las regulaciones de seguridad nacional exigen que los agentes de la Patrulla Fronteriza pregunten a todos los inmigrantes ilegales aprehendidos si temen ser devueltos a casa. Los inmigrantes que respondan afirmativamente deben ser dejados fuera del programa de remoción expedita, hasta que un juez pueda determinar su tienen motivos fundados para temer su persecución.
Pero en octubre, Meredith Linsky, que dirige el grupo voluntario en Texas, notificó a funcionarios de inmigración que agentes de la Patrulla Fronteriza habían colocado a una mujer hondureña de 22 años en el programa de deportación rápida sin preguntarle si tenía miedo de volver a su país. Funcionarios de inmigración intervinieron para parar la deportación y permitir que la mujer fuera entrevistada para determinar si se trataba de un "temor creíble".
Funcionarios de seguridad nacional dice que esos casos son extremadamente raros. "Si acaso existen, tengo la seguridad de que son pocos y muy aislados", dijo David V. Aguilar, jefe de la Patrulla Fronteriza. "El adiestramiento de nuestros agentes es muy completo, y hay garantías dentro del proceso que velan por que nadie caiga en sus grietas".
Pero Mark Hetfield, de la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional, de Estados Unidos, la comisión federal que ha publicado un estudio sobre las remociones expeditas en 2005, dijo que la decisión del gobierno de expandir la remoción expedita sin solucionar primero sus fallas pone en peligro a los refugiados.
En septiembre, funcionarios de seguridad nacional anunciaron que detendrían y deportarían sumariamente a los inmigrantes ilegales detenidos en la frontera con México. (Hasta entonces, la remoción expedita se usaba fundamentalmente para deportar a inmigrantes ilegales que llegaban por avión o por mar).
En enero esa medida se extendió para incluir también la frontera con Canadá. La medida, cuya intención es tratar las preocupaciones sobre la seguridad nacional que surgen del flujo de inmigrantes ilegales, está en la actualidad siendo aplicada a inmigrantes ilegales de otros países que Canadá o México.
"Hemos sido bastante explícitos en que la remoción expedita no debería extenderse hasta que las fallas identificadas no hayan sido superadas", dijo Hetfield, que dirigió el estudio. "Sin embargo, ninguno de los problemas que hemos identificado ha sido solucionado, excepto uno".
Este mes funcionarios de seguridad nacional pusieron en efecto una de las recomendaciones más importantes de la comisión, nombrando a un asesor para asuntos de asilo y refugio del departamento de Seguridad Nacional, para cerciorarse de que hay garantías adecuadas de protección de solicitantes de asilo y refugiados.
El nuevo asesor es Igor V. Timofeyev, que llegó de Rusia a Estados Unidos como refugiado. Se unió al departamento después de trabajar en el bufete de abogados de Sidley Austin en Washington, y trabajó previamente como asesor jurídico del presidente del Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia, como funcionario de la Corte Suprema y como funcionario de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Timofeyev dijo que el departamento tomaba en serio las recomendaciones de la comisión y las estaba estudiando para determinar qué hacer. La semana pasada, se reunió con personal de Human Rights First, un grupo de defensa de los derechos humanos, y con funcionarios de Naciones Unidas, dos grupos que han manifestado su preocupación sobre el proceso de remoción expedita.
"El mero hecho de que yo esté aquí es una ilustración de que el departamento y el secretario Chertoff toman seriamente las recomendaciones", dijo Timofeyev, refiriéndose al secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff. "Esos temas no caerán por las rendijas.
"Queremos cerrar las fronteras para la gente que nos quiere atacar, pero también mantenemos la puerta abierta para gente que viene legítimamente", dijo Timfeyev. "La gente que escapa con motivos valederos de su país debe poder entrar a este país".
Las regulaciones de seguridad interior requieren que los funcionarios de inmigración refieran a un inmigrante ilegal que quiera pedir asilo para una entrevista para determinar si sus temores son fundados si el inmigrante indica "la intención de pedir asilo, teme la tortura o volver a su país de origen".
Sin embargo, la comisión constató que incluso con expertos presentes para observar, en un 15 por ciento de los casos los funcionarios de inmigración no refirieron a inmigrantes ilegales a estas entrevistas, incluyendo casos en que los inmigrantes expresaron temor de persecuciones por motivos políticos, religiosos o étnicos.
El estudio también constató que los solicitantes de asilo a menudo eran tratados como delincuentes mientras se evaluaban sus dichos; eran obligados a desnudarse para ser cacheados, esposados y engrilletados, a menudo encerrados en celdas de aislamiento en cárceles locales y en centros federales de detención. E informó sobre disparidades en cuanto a quién se le otorga silo, dependiendo de dónde pidieron asilo los solicitantes, de qué país provenían o de si tenían un abogado.
Entre otras recomendaciones, la comisión dijo que los funcionarios de seguridad nacional deberían aclarar las instrucciones a menudo contradictorias dadas a la Patrulla Fronteriza y a inspectores de aeropuertos sobre cómo tratar a solicitantes de asilo, y deberían filmar en video a los agentes cuando entrevistan a los solicitantes.
El grupo también sugirió que los funcionarios de seguridad interior envíen controladores anónimos para chequear si los agentes se sujetan al protocolo; ampliar el acceso a la representación legal de los inmigrantes; mejorar las condiciones de detención; y liberar a los solicitantes de asilo de los centros de detención cuando no representen un riesgo de fuga o de seguridad.
"Los cambios se han hecho esperar", dijo Eleanor Acer, directora del proyecto de asilo de Human Rights First. "Y, sin embargo, a pesar del hecho de que la comisión constató problemas significativos, el proceso de deportaciones rápidas se ha intensificado".
Washingto, Estados Unidos. Mientras el gobierno de Bush desarrolla rápidamente sus intentos de detener y deportar a inmigrantes ilegales, grupos de defensa de los derechos humanos advierte que la gente que escapa de persecuciones corre cada vez mayores riesgos de ser deportados a sus países natales.En 2005 una comisión federal bipartidista advirtió que algunos funcionarios de inmigración estaban procesando injustamente a solicitantes de asilo para deportarlos. La comisión hizo recomendaciones para asegurarse de que el sistema de las deportaciones rápidas, conocido como remoción expedita, cuente con garantías adecuadas para proteger a los que son perseguidos.
Pero un año más tarde, sólo una de las cinco recomendaciones ha sido implementada. Entretanto, funcionarios de seguridad nacional han ampliado el programa de remoción expedita, en el que los inmigrantes ilegales pueden ser deportados rápidamente sin que se les permita defender su caso ante un juez de inmigración.
Abogados de inmigración del Proyecto de Representación Gratuita de Refugiados Pro Bono [Pro Bono Asylum Representation Project] de Harlingen, Texas, dicen que los solicitantes de asilo están cayendo en sus grietas. Dicen que los agentes de la Patrulla Fronteriza han deportado injustamente a varios solicitantes de asilo sin informarles de su derecho a pedir refugio en Estados Unidos.
Las regulaciones de seguridad nacional exigen que los agentes de la Patrulla Fronteriza pregunten a todos los inmigrantes ilegales aprehendidos si temen ser devueltos a casa. Los inmigrantes que respondan afirmativamente deben ser dejados fuera del programa de remoción expedita, hasta que un juez pueda determinar su tienen motivos fundados para temer su persecución.
Pero en octubre, Meredith Linsky, que dirige el grupo voluntario en Texas, notificó a funcionarios de inmigración que agentes de la Patrulla Fronteriza habían colocado a una mujer hondureña de 22 años en el programa de deportación rápida sin preguntarle si tenía miedo de volver a su país. Funcionarios de inmigración intervinieron para parar la deportación y permitir que la mujer fuera entrevistada para determinar si se trataba de un "temor creíble".
Funcionarios de seguridad nacional dice que esos casos son extremadamente raros. "Si acaso existen, tengo la seguridad de que son pocos y muy aislados", dijo David V. Aguilar, jefe de la Patrulla Fronteriza. "El adiestramiento de nuestros agentes es muy completo, y hay garantías dentro del proceso que velan por que nadie caiga en sus grietas".
Pero Mark Hetfield, de la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional, de Estados Unidos, la comisión federal que ha publicado un estudio sobre las remociones expeditas en 2005, dijo que la decisión del gobierno de expandir la remoción expedita sin solucionar primero sus fallas pone en peligro a los refugiados.
En septiembre, funcionarios de seguridad nacional anunciaron que detendrían y deportarían sumariamente a los inmigrantes ilegales detenidos en la frontera con México. (Hasta entonces, la remoción expedita se usaba fundamentalmente para deportar a inmigrantes ilegales que llegaban por avión o por mar).
En enero esa medida se extendió para incluir también la frontera con Canadá. La medida, cuya intención es tratar las preocupaciones sobre la seguridad nacional que surgen del flujo de inmigrantes ilegales, está en la actualidad siendo aplicada a inmigrantes ilegales de otros países que Canadá o México.
"Hemos sido bastante explícitos en que la remoción expedita no debería extenderse hasta que las fallas identificadas no hayan sido superadas", dijo Hetfield, que dirigió el estudio. "Sin embargo, ninguno de los problemas que hemos identificado ha sido solucionado, excepto uno".
Este mes funcionarios de seguridad nacional pusieron en efecto una de las recomendaciones más importantes de la comisión, nombrando a un asesor para asuntos de asilo y refugio del departamento de Seguridad Nacional, para cerciorarse de que hay garantías adecuadas de protección de solicitantes de asilo y refugiados.
El nuevo asesor es Igor V. Timofeyev, que llegó de Rusia a Estados Unidos como refugiado. Se unió al departamento después de trabajar en el bufete de abogados de Sidley Austin en Washington, y trabajó previamente como asesor jurídico del presidente del Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia, como funcionario de la Corte Suprema y como funcionario de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Timofeyev dijo que el departamento tomaba en serio las recomendaciones de la comisión y las estaba estudiando para determinar qué hacer. La semana pasada, se reunió con personal de Human Rights First, un grupo de defensa de los derechos humanos, y con funcionarios de Naciones Unidas, dos grupos que han manifestado su preocupación sobre el proceso de remoción expedita.
"El mero hecho de que yo esté aquí es una ilustración de que el departamento y el secretario Chertoff toman seriamente las recomendaciones", dijo Timofeyev, refiriéndose al secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff. "Esos temas no caerán por las rendijas.
"Queremos cerrar las fronteras para la gente que nos quiere atacar, pero también mantenemos la puerta abierta para gente que viene legítimamente", dijo Timfeyev. "La gente que escapa con motivos valederos de su país debe poder entrar a este país".
Las regulaciones de seguridad interior requieren que los funcionarios de inmigración refieran a un inmigrante ilegal que quiera pedir asilo para una entrevista para determinar si sus temores son fundados si el inmigrante indica "la intención de pedir asilo, teme la tortura o volver a su país de origen".
Sin embargo, la comisión constató que incluso con expertos presentes para observar, en un 15 por ciento de los casos los funcionarios de inmigración no refirieron a inmigrantes ilegales a estas entrevistas, incluyendo casos en que los inmigrantes expresaron temor de persecuciones por motivos políticos, religiosos o étnicos.
El estudio también constató que los solicitantes de asilo a menudo eran tratados como delincuentes mientras se evaluaban sus dichos; eran obligados a desnudarse para ser cacheados, esposados y engrilletados, a menudo encerrados en celdas de aislamiento en cárceles locales y en centros federales de detención. E informó sobre disparidades en cuanto a quién se le otorga silo, dependiendo de dónde pidieron asilo los solicitantes, de qué país provenían o de si tenían un abogado.
Entre otras recomendaciones, la comisión dijo que los funcionarios de seguridad nacional deberían aclarar las instrucciones a menudo contradictorias dadas a la Patrulla Fronteriza y a inspectores de aeropuertos sobre cómo tratar a solicitantes de asilo, y deberían filmar en video a los agentes cuando entrevistan a los solicitantes.
El grupo también sugirió que los funcionarios de seguridad interior envíen controladores anónimos para chequear si los agentes se sujetan al protocolo; ampliar el acceso a la representación legal de los inmigrantes; mejorar las condiciones de detención; y liberar a los solicitantes de asilo de los centros de detención cuando no representen un riesgo de fuga o de seguridad.
"Los cambios se han hecho esperar", dijo Eleanor Acer, directora del proyecto de asilo de Human Rights First. "Y, sin embargo, a pesar del hecho de que la comisión constató problemas significativos, el proceso de deportaciones rápidas se ha intensificado".
20 de febrero de 2006
©new york times
©traducción mQh
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