altercado sobre archivos nazis
[Roger Coehn] Alemania se muestra reticente a abrir archivos que podrían redundar en nuevas demandas de indemnización.
Crece la irritación sobre una petición de Estados Unidos de abrir a investigadores y académicos un enorme depósito de información contenida en los archivos del Servicio Internacional de Localización en Bad Arolse, Alemania.
Basándose en parte en documentos reunidos por las fuerzas aliadas a medida que liberaban los campos de concentración nazis, los archivos mantenidos por la organización se extienden por unos 25 kilómetros y guardan información sobre 17.5 millones de personas. Es uno de los archivos restringidos más grandes del mundo.
La colección es única en su registro de detalles personales íntimos de la catástrofe nazi, que es lo que hace que el asunto de liberarlo sea tan delicado. Los archivos pueden revelar quién fue tratado por piojos en qué campo, qué macabro experimento médico se realizó con qué prisioneros y porqué, quién fue acusado por los nazis de homosexualidad o asesinato o incesto o pedofilia, qué judíos colaboraron y cómo fueron inducidos a hacerlo.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundia, el Servicio de Localización, que operaba como un brazo del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha utilizado los documentos para ayudar a la gente a trazar el destino de parientes que desaparecieron en la homicida vorágine del terror nazi. Ahora, más de sesenta años después del fin de la guerra, Estados Unidos dice que esa tarea ya fue en gran parte completada y que es hora de abrir los archivos y copiarlos de modo que puedan ser almacenados en otros países y permitir que puedan ser usados por historiadores.
"El gobierno de Estados Unidos apoya la liberación de todos los archivos sobre el Holocausto", dijo Edward O’Donnell, el enviado especial para temas sobre el Holocausto del ministerio de Relaciones Exteriores. "Nuestro objetivo es abrir el archivo, y continuaremos presionando".
Pero esa presión ha chocado con una muralla de objeciones legales y técnicas -de Charles Biederman, el funcionario de la Cruz Roja que ha sido director del Servicio de Localización durante dos décadas, y de parte de los gobiernos alemanes e italianos. En la comisión internacional formada por once países, que supervisa la operación, la atmósfera se ha convertido en venenosa.
En reuniones para discutir la apertura del archivo, funcionarios alemanes han preguntado si acaso es realmente interesante para todos que se publiquen acusaciones sobre qué judíos eran asesinos u homosexuales. Debido a que las leyes de protección de la privacidad alemanas son mucho más estrictas que en Estados Unidos, las autoridades alemanas están preocupadas de que la apertura de los archivos pueda conducir a pleitos sobre acusaciones de obtención ilícita de información personal.
El amplio acceso a los documentos también podría provocar nuevas demandas de indemnización.
"Es un escándalo y un enorme cicatriz en la imagen de Alemania", dijo Sara Bloomfield, directora del Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, que se ha mostrado ansioso por hacerse con copias de los archivos.
Paul Shapiro, director de estudios avanzados sobre el Holocausto acusó a Alemania de "abusar de los esfuerzos por alcanzar un consenso" y de "ejercer un dominio completo sobre el proceso". Agregó: "Ocultar estos archivos es una forma de negación del Holocausto".
La fuerte formulación desentona con el tenor generalmente positivo de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania sobre asuntos relacionados con el Holocausto, incluso por medio de negociaciones tan elaboradas como las que condujeron al acuerdo alemán en 2000 para compensar a los trabajadores esclavos de los nazis.
Alemania se ha escandalizado de la sugerencia de que puede estar dilatando la apertura de los archivos. "Rechazo la afirmación de que tengamos alto que ocultar o que no queramos tratar este asunto", dijo Wolgang Ischinger, el embajador alemán en Estados Unidos. "Esa es una insinuación falsa".
El choque tiene parte de sus raíces en la compleja historia y laberíntica estructura legal del Servicio de Localización. Instalado a fines de la guerra, fue durante largo tiempo administrado según los términos de los Acuerdos de Bonn de 1955, que restauraron la soberanía alemana.
Ese tratado dice que la instalación debe "iniciar todas las medidas razonables para evitar la divulgación de información sobre una o más personas que pudiesen perjudicar los intereses de esa o más personas involucradas o de sus familiares".
En lo esencial, limita el acceso a la información a los perseguidos mismos, sus familiares o sus representantes legales. Pero el acuerdo también dice que todos los gobiernos de la comisión administrativa de once países tienen el derecho de revisar los documentos. Esos países son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Israel, Polonia y Luxemburgo.
Alemania y Biedermann dicen para que se puedan liberar los archivos, el tratado debe ser modificado. Eso requiere el voto unánime y subsecuente aprobación por los congresos nacionales. El proceso tomaría años, incluso si la elusiva unanimidad puede ser garantizada.
"Como director, yo debo cumplir con mis órdenes", dijo Biedermann. "Mi superior es el ICRC, el cuerpo gobernante de once gobiernos. Si ellos deciden que los archivos deben ser abiertos y que debe entregarse copias a otros países, y si se resuelve el tema de las responsabilidades legales, por supuesto que accederé. Pero de momento no hay ningún mandato de investigación histórica".
El mes pasado el director publicó una declaración, que retiró posteriormente, en el sito en la red del Servicio de Localización, diciendo que la entrega de copias de los documentos a otro "no se justifica de momento ni legal ni moralmente".
Estados Unidos, aunque dispuesto a trabajar para enmendar los acuerdos de Bonn, está impaciente. Dice que nunca ha cedido los derechos de propiedad de los documentos en Bad Arolsen, que los once gobiernos tienen el derecho de revisarlos y que no existe ningún impedimento legal absoluto para la copia y transferencia inmediata de los documentos.
Pero el gobierno alemán, después de haber pasado más de 80 millones de dólares en indemnizaciones, está preocupado de que preguntas sobre la responsabilidad legal sean aclaradas completamente antes de que Bad Arolsen sea abierto y sus archivos estén disponibles en otro lugar.
"Tenemos que tratar el tema de a quién le será permitido utilizar con qué fines los datos y quién será responsable legalmente si se hace mal uso de ellos", dijo Ischinger. "Son enormes dificultades legales".
Los temas legales son en realidad complejos. Pero seis décadas después de la guerra, parece claro que la apertura de los archivos de Bad Arolsen pueden desempeñar un papel crítico a la hora de conocer los detalles de la vil tapicería de los crímenes nazis. "Necesitamos conectar todos los datos", dijo Bloomfield.
Además, el Servicio de Localización se ha estancado. Su presupuesto, a cargo de Alemania, ha sido reducido como parte de medidas de austeridad nacional. Su personal ha sido reducido, de 400 a 360. Su retraso en responder preguntas sobre localizaciones excede las 400 mil peticiones, lo que se debe en parte a una avalancha de preguntas sobre las compensaciones para los trabajadores esclavos que debieron ser atendidas. La gente que quiere saber qué pasó con sus familiares tardan a veces años en obtener respuesta.
Su proceso de hacer copias digitalizadas de los documentos ha sido terriblemente lento; sólo un 55 por ciento de los documentos han sido copiados electrónicamente. Estas copias, un preludio necesario para cualquier transferencia de información, tomará dos años más, dice Biedermann. Eso parece ser más tiempo de lo que Estados Unidos está dispuesto a esperar. En junio pasado, en una reunión en Varsovia del Destacamento de Cooperación Internacional para la Educación sobre el Holocausto, Su Recuerdo e Investigación [Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research], formado por 20 países, se emitió una declaración llamando a tomar "medidas inmediatas para abrir el archivo" de Bad Arolsen "a académicos y otros investigadores". Dice que la comisión internacional de 11 países debe "tratar este asunto con la mayor urgencia".
Pero la urgencia no ha sido aparente, a pesar del hecho de que los 11 países en la comisión que supervisa Bad Arolsen son miembros del destacamento de 20 países. A fines de este mes se tiene programada una reunión de abogados de la comisión, en Luxemburgo. Será seguida de una reunión en mayo de importantes funcionarios, incluyendo a O’Donnell, que dejó en claro que quiere que la disputa se resuelva entonces.
Crece la irritación sobre una petición de Estados Unidos de abrir a investigadores y académicos un enorme depósito de información contenida en los archivos del Servicio Internacional de Localización en Bad Arolse, Alemania.Basándose en parte en documentos reunidos por las fuerzas aliadas a medida que liberaban los campos de concentración nazis, los archivos mantenidos por la organización se extienden por unos 25 kilómetros y guardan información sobre 17.5 millones de personas. Es uno de los archivos restringidos más grandes del mundo.
La colección es única en su registro de detalles personales íntimos de la catástrofe nazi, que es lo que hace que el asunto de liberarlo sea tan delicado. Los archivos pueden revelar quién fue tratado por piojos en qué campo, qué macabro experimento médico se realizó con qué prisioneros y porqué, quién fue acusado por los nazis de homosexualidad o asesinato o incesto o pedofilia, qué judíos colaboraron y cómo fueron inducidos a hacerlo.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundia, el Servicio de Localización, que operaba como un brazo del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha utilizado los documentos para ayudar a la gente a trazar el destino de parientes que desaparecieron en la homicida vorágine del terror nazi. Ahora, más de sesenta años después del fin de la guerra, Estados Unidos dice que esa tarea ya fue en gran parte completada y que es hora de abrir los archivos y copiarlos de modo que puedan ser almacenados en otros países y permitir que puedan ser usados por historiadores.
"El gobierno de Estados Unidos apoya la liberación de todos los archivos sobre el Holocausto", dijo Edward O’Donnell, el enviado especial para temas sobre el Holocausto del ministerio de Relaciones Exteriores. "Nuestro objetivo es abrir el archivo, y continuaremos presionando".
Pero esa presión ha chocado con una muralla de objeciones legales y técnicas -de Charles Biederman, el funcionario de la Cruz Roja que ha sido director del Servicio de Localización durante dos décadas, y de parte de los gobiernos alemanes e italianos. En la comisión internacional formada por once países, que supervisa la operación, la atmósfera se ha convertido en venenosa.
En reuniones para discutir la apertura del archivo, funcionarios alemanes han preguntado si acaso es realmente interesante para todos que se publiquen acusaciones sobre qué judíos eran asesinos u homosexuales. Debido a que las leyes de protección de la privacidad alemanas son mucho más estrictas que en Estados Unidos, las autoridades alemanas están preocupadas de que la apertura de los archivos pueda conducir a pleitos sobre acusaciones de obtención ilícita de información personal.
El amplio acceso a los documentos también podría provocar nuevas demandas de indemnización.
"Es un escándalo y un enorme cicatriz en la imagen de Alemania", dijo Sara Bloomfield, directora del Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, que se ha mostrado ansioso por hacerse con copias de los archivos.
Paul Shapiro, director de estudios avanzados sobre el Holocausto acusó a Alemania de "abusar de los esfuerzos por alcanzar un consenso" y de "ejercer un dominio completo sobre el proceso". Agregó: "Ocultar estos archivos es una forma de negación del Holocausto".
La fuerte formulación desentona con el tenor generalmente positivo de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania sobre asuntos relacionados con el Holocausto, incluso por medio de negociaciones tan elaboradas como las que condujeron al acuerdo alemán en 2000 para compensar a los trabajadores esclavos de los nazis.
Alemania se ha escandalizado de la sugerencia de que puede estar dilatando la apertura de los archivos. "Rechazo la afirmación de que tengamos alto que ocultar o que no queramos tratar este asunto", dijo Wolgang Ischinger, el embajador alemán en Estados Unidos. "Esa es una insinuación falsa".
El choque tiene parte de sus raíces en la compleja historia y laberíntica estructura legal del Servicio de Localización. Instalado a fines de la guerra, fue durante largo tiempo administrado según los términos de los Acuerdos de Bonn de 1955, que restauraron la soberanía alemana.
Ese tratado dice que la instalación debe "iniciar todas las medidas razonables para evitar la divulgación de información sobre una o más personas que pudiesen perjudicar los intereses de esa o más personas involucradas o de sus familiares".
En lo esencial, limita el acceso a la información a los perseguidos mismos, sus familiares o sus representantes legales. Pero el acuerdo también dice que todos los gobiernos de la comisión administrativa de once países tienen el derecho de revisar los documentos. Esos países son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Israel, Polonia y Luxemburgo.
Alemania y Biedermann dicen para que se puedan liberar los archivos, el tratado debe ser modificado. Eso requiere el voto unánime y subsecuente aprobación por los congresos nacionales. El proceso tomaría años, incluso si la elusiva unanimidad puede ser garantizada.
"Como director, yo debo cumplir con mis órdenes", dijo Biedermann. "Mi superior es el ICRC, el cuerpo gobernante de once gobiernos. Si ellos deciden que los archivos deben ser abiertos y que debe entregarse copias a otros países, y si se resuelve el tema de las responsabilidades legales, por supuesto que accederé. Pero de momento no hay ningún mandato de investigación histórica".
El mes pasado el director publicó una declaración, que retiró posteriormente, en el sito en la red del Servicio de Localización, diciendo que la entrega de copias de los documentos a otro "no se justifica de momento ni legal ni moralmente".
Estados Unidos, aunque dispuesto a trabajar para enmendar los acuerdos de Bonn, está impaciente. Dice que nunca ha cedido los derechos de propiedad de los documentos en Bad Arolsen, que los once gobiernos tienen el derecho de revisarlos y que no existe ningún impedimento legal absoluto para la copia y transferencia inmediata de los documentos.
Pero el gobierno alemán, después de haber pasado más de 80 millones de dólares en indemnizaciones, está preocupado de que preguntas sobre la responsabilidad legal sean aclaradas completamente antes de que Bad Arolsen sea abierto y sus archivos estén disponibles en otro lugar.
"Tenemos que tratar el tema de a quién le será permitido utilizar con qué fines los datos y quién será responsable legalmente si se hace mal uso de ellos", dijo Ischinger. "Son enormes dificultades legales".
Los temas legales son en realidad complejos. Pero seis décadas después de la guerra, parece claro que la apertura de los archivos de Bad Arolsen pueden desempeñar un papel crítico a la hora de conocer los detalles de la vil tapicería de los crímenes nazis. "Necesitamos conectar todos los datos", dijo Bloomfield.
Además, el Servicio de Localización se ha estancado. Su presupuesto, a cargo de Alemania, ha sido reducido como parte de medidas de austeridad nacional. Su personal ha sido reducido, de 400 a 360. Su retraso en responder preguntas sobre localizaciones excede las 400 mil peticiones, lo que se debe en parte a una avalancha de preguntas sobre las compensaciones para los trabajadores esclavos que debieron ser atendidas. La gente que quiere saber qué pasó con sus familiares tardan a veces años en obtener respuesta.
Su proceso de hacer copias digitalizadas de los documentos ha sido terriblemente lento; sólo un 55 por ciento de los documentos han sido copiados electrónicamente. Estas copias, un preludio necesario para cualquier transferencia de información, tomará dos años más, dice Biedermann. Eso parece ser más tiempo de lo que Estados Unidos está dispuesto a esperar. En junio pasado, en una reunión en Varsovia del Destacamento de Cooperación Internacional para la Educación sobre el Holocausto, Su Recuerdo e Investigación [Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research], formado por 20 países, se emitió una declaración llamando a tomar "medidas inmediatas para abrir el archivo" de Bad Arolsen "a académicos y otros investigadores". Dice que la comisión internacional de 11 países debe "tratar este asunto con la mayor urgencia".
Pero la urgencia no ha sido aparente, a pesar del hecho de que los 11 países en la comisión que supervisa Bad Arolsen son miembros del destacamento de 20 países. A fines de este mes se tiene programada una reunión de abogados de la comisión, en Luxemburgo. Será seguida de una reunión en mayo de importantes funcionarios, incluyendo a O’Donnell, que dejó en claro que quiere que la disputa se resuelva entonces.
20 de febrero de 2006
©new york times
©traducción mQh
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