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alcalde fugitivo por asesinato


[Alfredo Alí Alava] Ordenan captura del alcalde Valdez por presunta participación en crimen. La medida también afecta al vocal superior Solio Ramírez Garay. El burgomaestre y el vocal no son hallados por la PNP hasta el momento.
La Sala Especializada en lo Penal de Pucallpa ordenó la localización, captura y encarcelamiento del alcalde de esta ciudad, Luis Valdez Villacorta, y del ex secretario municipal y actual vocal superior Solio Ramírez Garay, sindicados como autores intelectuales en el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, acaecido el 21 de abril del 2004.
Hasta el cierre de esta edición la policía continuaba buscando al burgomaestre y al magistrado. Al no ser hallados en sus centros de trabajo, ni en sus casas, ni en los lugares donde suelen concurrir a diario, ambos pasaron a ser considerados no habidos.
La resolución de la sala, presidida por el vocal Edgar Padilla Vásquez e integrada por Carmen Cucalón Cobeñas y Graciela Llanos Chávez, fue emitida el lunes 3 de abril al considerar que existen elementos suficientes para establecer que ambos habrían tenido participación en el asesinato de Rivera Fernández.
La versión del sicario Lito Fasabi Pizango (a) ’Chino Lito’, quien sostuvo en varias diligencias que el alcalde y Solio Ramírez se reunieron con él la madrugada del 20 de abril del 2004 en la plaza Bolognesi de Pucallpa para entregarle un revólver calibre 38 y pedirle que con este matara a Rivera, resultó crucial en la decisión tomada por el colegiado.
En el crimen del periodista, como se sabe, casi todo ha sido aclarado por las autoridades judiciales. Ya se conoce quiénes fueron los asesinos (autores materiales) y quiénes los intermediarios que los contactaron y trasladaron. Solo falta saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales.
En este último aspecto, las miradas apuntan hacia el alcalde de Pucallpa como el cerebro del asesinato. El expediente, por lo pronto, recoge la declaración de ’Chino Lito’, quien dijo, además, que Valdez Villacorta le ofreció 300 mil dólares a cambio del asesinato de Rivera, y le mostró una buena cantidad de billetes verdes en una caja de cartón.
Aquella madrugada, según ’Chino Lito’, el alcalde llegó a la cita a bordo de una camioneta verde con lunas polarizadas y se reunió con él y el vocal superior Solio Ramírez, ex secretario general de la Municipalidad Provincial y amigo personal del alcalde. (En su defensa Valdez Villacorta ha dicho que esa camioneta en aquella fecha se encontraba en Iquitos y no en Pucallpa).
Sea como fuere, buena parte de la población pucallpina y algunos periodistas que suelen criticar la gestión del alcalde aseguran que este es el autor intelectual del asesinato de Rivera, motivado por un anhelo de venganza ante los ataques que el hombre de prensa le infligía. Rivera cuestionaba en el alcalde su mal manejo de la municipalidad provincial y su presunta vinculación con el narcotráfico.
Lo que realmente sorprende es que, fuera de ’Chino Lito’, ninguno de los otros integrantes de la red que participó en el asesinato de Rivera ha levantado un dedo acusador contra Valdez. Por el contrario, Roy Culqui (sentenciado a 25 años de prisión) prácticamente se inculpó, indicando que fue él quien mandó a golpear a Rivera porque quería darle un escarmiento, dado que el periodista le tenía una deuda que no quería honrar y que cada vez que se la cobraba aquel respondía con insultos. Nadie, por supuesto, ha creído la versión de Culqui.
Hoy, en la nueva etapa judicial que tiene por objeto determinar la autoría intelectual en el asesinato de Rivera, las miradas inquisidoras se dirigen hacia Martín Flores Vásquez, el ex jefe de Relaciones Públicas de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo (Emapacopsa). Este, según versión de Tercero Samuel Gonzales Pinedo, fue quien contactó con él y le pidió propinar una severa golpiza a Rivera.
Por tal motivo, en el proceso que lleva adelante el juez Julio César Lagones Espinoza, titular del Primer Juzgado Penal de Pucallpa, el testigo Martín Flores Vásquez se perfila como una pieza clave para determinar quién actuó como cerebro en el asesinato.
Sin embargo, cuantas veces ha sido interrogado por jueces y fiscales, Flores Vásquez mantiene la misma respuesta: dice no conocer al alcalde, de cuya existencia sabía por tratarse de la autoridad edilicia. No obstante, hay quienes sostienen que eso es falso y que las afirmaciones hechas ante las autoridades judiciales solo intentan proteger a Valdez Villacorta.
¿Hasta cuándo mantendrá esa actitud Martín Flores? He aquí la pregunta que muchos se hacen en esta calurosa ciudad donde ya han comenzado a circular rumores de que, desde la cárcel, Flores y Culqui estarían presionando al alcalde para que les proporcione una fuerte cantidad de dinero a fin de continuar en silencio.
En medio de estos rumores, una semana antes de las frustradas reconstrucciones del 9 y 11 de marzo (ver página 3), el alcalde Valdez acudió personalmente al penal de Pucallpa (donde está recluido Martín Flores) para donar un tanque de agua.
Si bien el director del presidio aseguró a nuestro Diario que la autoridad solo llegó hasta la parte externa controlada por la policía, algunos periodistas han dicho que, al parecer, tuvo un rápido encuentro con Flores. ¿Por qué habría acudido personalmente el alcalde si para donar un tanque de agua bien pudo enviar a un funcionario de segundo nivel?
El Comercio logró obtener testimonios y documentos que demostrarían que Martín Flores Vásquez sí conocía al alcalde y que, tras el asesinato de Rivera, movió cielo y tierra para intentar sembrar la versión de que Valdez nada tuvo que ver en el homicidio, un hecho que Martín Flores y otros interesadamente quisieron hacer aparecer como un "crimen pasional".

La Sala Especializada en lo Penal que dictó la orden de detención contra el alcalde Luis Valdez tiene un nuevo miembro. Se trata de la vocal Graciela Llanos Chávez que reemplaza a José Ríos Olson, aquel vocal que se trepó al auto del abogado de Martín Flores. Sobre esto está pendiente una investigación administrativa.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han seguido, desde un inicio, muy de cerca este caso que, en realidad, está dividido en dos procesos. La intención es que ningún crimen contra periodistas en ejercicio de su profesión, quede impune.

5 de abril de 2006
©el comercio
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