violencia contra mapuches y otros reportajes
[Antonio Valencia] Ex juez Guzmán internacionaliza la causa mapuche. El ex magistrado denunció en la prensa española la "feroz represión" policial contra los indígenas. En Ginebra, Suiza, presentó una carta ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nunca pasa inadvertido. Esta vez, Juan Guzmán, el retirado juez que procesó a Pinochet, calificó de "brutal" y "feroz" la forma en que Carabineros busca pruebas en viviendas mapuche como "excusa para detener" y aplicar la "abusiva y exagerada" ley antiterrorista, norma por la que cuatro comuneros fueron condenados a diez años de cárcel y que hoy cumplen 59 días de huelga de hambre en Temuco.
Por petición del Consejo de Todas las Tierras, Guzmán entregó al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde, al margen de enumerar diversos atropellos, se solicita derechamente "protección de la institución internacional".
"El movimiento mapuche, que trata por todos los medios pacíficos de recuperar sus tierras de las que fueron expoliados, es una vez más blanco de una represión policial feroz (...) La actuación de la policía es brutal. Irrumpe en aldeas con la excusa de buscar armas. Allana casas y se lleva pertenencias. En el mejor de los casos consigue decomisar, como única prueba, un cuchillo afilado o un machete. Ésta es, en muchas ocasiones, la excusa para detenerlos y aplicarles leyes de corte antiterrorista", declaró Guzmán al prestigioso diario español ‘El País'.
A un año de su retiro, el ex magistrado -hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central-, profundizó su crítica a la "aplicación abusiva y exagerada" de dichas leyes (de Seguridad Interior del Estado y antiterrorista), condenando a comuneros a penas de diez años "cuando en realidad estas trasgresiones deberían ser contempladas como faltas y sancionadas con multas o arrestos", sostuvo.
El ex juez Guzmán, luego de haber visitado en abril las comunidades mapuche del sur del país, y tras haber establecido un acuerdo de cooperación entre la Universidad Central y el Consejo de Todas las Tierras, llevó a Ginebra, Suiza, una carta hasta el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Acnur), donde se denuncian una serie de arbitrariedades y solicitan "protección internacional"
La nota expone "la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, la falta de voluntad política del Estado en abordar la desprotección de los derechos colectivos, la criminalización de las legítimas reivindicaciones indígenas, la persistencia de la discriminación y el racismo y la ausencia de mecanismos de dialogo para la implementación de las recomendaciones establecidas en el informe del relator especial de Naciones Unidas señor Rodolfo Sthavenagen", precisan en el Consejo de Todas las Tierras, organización dirigida por Aucán Huilcamán.
La misiva dirigida, por cierto, también la suscriben el Consejo Autónomo Aymara, el Consejo Nacional Aymara de Arica, Sumaj Llajta del Pueblo Quechua y la Red Indígena Atacameños.
10 de mayo de 2006
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reponen procesos de agentes de dina
Y la Sala Penal de la Corte Suprema volvió a hablar sobre la conflictiva amnistía y la prescripción, beneficios a favor de militares que en estas últimas semanas retomaron fuerza en el debate debido a la criticada resolución del ministro Víctor Montiglio, que los aplicó en el episodio Arica del proceso por la Caravana de la Muerte.Siguiendo la que ha sido su tesis desde fines de la década de los años noventa, esta sala repuso el procesamiento en contra de parte de la plana mayor de la DINA por el secuestro y desaparición de la militante del MIR, Jacqueline Binfa. Éste había sido revocado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones en dos resoluciones del 16 y 26 de enero de 2006, argumentando que el delito se encuentra cubierto por el decreto ley de amnistía y prescrito por el paso del tiempo. La última vez que se vio a Jacqueline Binfa con vida después de su detención, fue el 27 de agosto de 1974.
Cuatro ministros de la Sala Penal de la Suprema, Enrique Cury, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Carlos Kunzemüller, contra el voto del magistrado Rubén Ballesteros, establecieron en el dictamen que el delito de secuestro es de carácter permanente. Por ello, resolvieron que los jueces de la Cuarta Sala de Apelaciones, Alfredo Pfeiffer y Cornelio Villarroel, que dieron la mayoría para revocar el procesamiento en cuestión en contra del voto del juez Mario Rojas, cometieron "una omisión esencial" al aplicar la amnistía y la prescripción al secuestro de Jacqueline Binfa.
De esta manera, a juicio del abogado querellante Hiram Villagra, "con esta resolución la Corte Suprema ha confirmado que el secuestro, como delito que no se interrumpe hasta que aparezca la víctima o al menos sus restos, no puede ser amnistiado ni prescrito, porque además es un delito de lesa humanidad. A la vez, la Corte Suprema ha destruido la tesis del ministro Víctor Montiglio".
Omisión Esencial
La parte central de este nuevo fallo de la Corte Suprema expresa que la decisión del tribunal de alzada que revocó los procesamientos a los ex agentes de la DINA, "ha emitido juicios acerca de la amnistía y la prescripción, pero carece de la fundamentación de hecho y de derecho que permita establecer la fecha de finalización del hecho punible (el secuestro) que es materia del sumario (investigación)". Por esto, la Sala Penal sostiene que la imposibilidad de saber cuándo termina el secuestro de carácter permanente, impide "determinar la aplicación de la amnistía dictada en 1978, así como tampoco habilita para iniciar el cómputo de la prescripción de la acción penal, lo que constituye una omisión esencial".
Si bien por cuestiones de técnica procesal la Sala Penal rechazó el recurso de queja presentado en contra del fallo de Pfeiffer y Villarroel por la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Loreto Meza. Por ello actuó "de oficio en uso de las facultades" y repusieron los procesamientos en contra de los ex agentes de la DINA, que el 6 de enero pasado fueron encausados por el juez Alejandro Solís, como coautores en el episodio del ex centro de tortura José Domingo Cañas.
Los afectados son el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, y los ex agentes Miguel Krassnoff, Marcelo Moren, César Manríquez, Ciro Torré, Osvaldo Romo, Basclay Zapata y Orlando Manzo.
Precedente
A juicio de los querellantes, este nuevo dictamen de la Sala Penal indica el destino que tendrán en esta última instancia resolutoria todos los fallos, sean de nivel de sentencia o no, dictados por jueces de primera instancia o por salas de la Corte de Apelaciones, que anulen condenas o procesamientos a ex agentes en causas por detenidos desaparecidos donde existe el delito de secuestro. Aún falta que esta Sala Penal se pronuncie por otro fallo de la Corte de Apelaciones al que Montiglio concurrió con su voto, el cual, con los mismos argumentos, anuló las condenas a ex DINA por el secuestro de Diana Aarón.
10 de mayo de 2006
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ex jefe de la dine delata a pinochet
Tres semanas atrás, el general (R) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), concurrió en forma muy reservada al Sexto Juzgado del Crimen de Santiago.En el privado del tribunal le esperaba el ministro Alejandro Madrid y su actuario. Iniciada la declaración, Rurange se convirtió en el primer alto oficial en confesar que Augusto Pinochet dio la orden de sacar en octubre de 1991 al químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, lo que determinó que el magistrado elevara ayer los antecedentes para que la Corte de Apelaciones resuelva el desafuero del ex dictador como autor de los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio.
La foja quedó rolada 7.748 y actualmente está bajo custodia en la caja fuerte que Madrid mantiene en su despacho.
De acuerdo a los antecedentes recabados por La Nación con una alta fuente judicial, la historia de este testimonio comenzó hace poco más de un mes cuando el abogado del general (R), Mauricio Unda, inició los primeros contactos con el magistrado, ya que su cliente quería, por primera vez, referirse a este capítulo.
Vale recordar que Ramírez Rurange en 1991 era el jefe de la DINE, cargo que dejó en diciembre del mismo año siendo reemplazado por el general Eugenio Covarrubias. Este último asumió la operación de mantener fuera de Chile a Berríos, como también al entonces capitán de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ross.
Reunión Secreta
Por esta razón, los dichos de Ramírez Rurange se instalan en el proceso como una cadena lógica de hechos, ya que si este último recibió la orden para sacar de Chile a Berríos, su reemplazante pudo haber recibido otra para eliminarlo.
La convicción del ministro Madrid se completó al sumar a este último antecedente el testimonio del jefe de la Unidad Especial de la DINE y avanzada de los viajes de Pinochet, mayor (R) Arturo Silva Valdés, el del capitán (R) Jaime Torres Gacitúa –segundo en la línea de mando-, y la declaración del ex jefe del Servicio Secreto Exterior del Ejército (SSE), Maximiliano Ferrer Lima. Por ejemplo, tanto el primero como el segundo reconocieron que la orden para sacar a Berríos a Uruguay, donde permaneció escondido para evitar que declarara en el caso Letelier en octubre de 1991, fue precisamente de Ramírez Rurange. Al mismo tiempo, ambos oficiales recordaron que entre el 12 y 14 de noviembre de 1992 Pinochet viajó a Argentina a reunirse con su homólogo Martín Balza. En esa oportunidad, el general Covarrubias -ya jefe de la DINE- les ordenó que debían sacar a Berríos de Uruguay porque el ex dictador viajaría a la república oriental.
Estos testimonios son claves ya que el último día que se vio con vida a Berríos fue el 15 de noviembre del mismo año, cuando huyó desde la casa donde estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos a la comisaría del balneario de Canelones, en Uruguay.
Otro hecho que confirma la declaración de Ramírez Rurange es la reunión sostenida el martes pasado por los abogados defensores de los procesados del caso Berríos. En ella estaban Carlos Portales, abogado de los militares uruguayos extraditados (Tomás Casella, Werllington Sarli y Eduardo Radaelli), Ximena Márquez, Jorge Balmaceda y Marcelo Cibié padre, representante de Covarrubias, entre otros.
Cibié relató a los presentes los detalles de la declaración de Ramírez Rurange y cómo podía afectar a su cliente. Entonces se esbozó una estrategia legal para hacerle frente. En el encuentro no estaba Mauricio Unda, abogado de Ramírez Rurange.
Recuperar el Honor
El desafuero elevado por Madrid al tribunal de alzada contiene sólo tres páginas. En él se detallan las declaraciones para pedir que la Corte le quite la inmunidad a Pinochet, como ex presidente, e interrogarlo como inculpado y procesarlo.
Sin embargo, entre líneas, Madrid le mandó un mensaje a Pinochet, donde lo conmina a recuperar su honor militar, reconociendo los hechos y asumiendo la responsabilidad que le cupo como comandante en jefe del Ejército.
Por eso, el fundamento usado por Madrid para pedir su desafuero es que sus dichos en la causa "permitirían que éste prestara declaración indagatoria en este juicio manifestando lo conveniente para demostrar su inocencia y pudiendo también colaborar con la investigación sumarial a fin de precisar el exacto grado de participación de los procesados y de esta manera permitir que sus defensas puedan realizarse en forma adecuada".
11 de mayo de 2006
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último asesinato de la dictadura
[Jorge Escalante] Un desconocido ex CNI en plenario por Jécar Neghme. "A los subversivos, los comunistas, los miristas, los frentistas y los socialistas había que enfrentarlos porque le habían declarado la guerra al gobierno militar".El ex director de la CNI, general (R) Gustavo Abarzúa, declaró ayer como testigo en el plenario por el crimen del dirigente del MIR, Jécar Neghme, para exculpar al brigadier (R) Enrique Leddy, a quien los ex agentes autores del asesinato acusan de ordenarles matar al dirigente el 4 de septiembre de 1989.
Los cinco ex CNI que operaron en terreno para matar a Nehgme, el último crimen de la dictadura, cambiaron hace un tiempo sus declaraciones en el proceso y admitieron su participación directa en la ejecución. Aunque dijeron que lo hicieron porque su suprior, el entonces jefe de la Unidad Metropolitana Enrique Leddy, a la fecha con grado de coronel, les ordenó la operación. Hasta ahora, Leddy era desconocido en las esfera represiva durante la pasada dictadura.
La etapa plenaria del proceso, previo a la dictación de sentencia, comenzó ayer en el despacho del ministro Hugo Dolmestch y continúa hoy con la participación de los cinco ex agentes que operaron a las 22:30 horas de la fecha del crimen en la calle Bulnes, a una cuadra de la Alameda.
Son los oficiales (R) Jaime Norambuena Aguilar, Manuel Allende Tello, Silvio Corsini Escárate, Pedro Guzmán Olivares y Luis Arturo Sanhueza Ros. Junto a Leddy, contra todos ellos el juez Dolmestch dictó acusación el pasado 21 de octubre de 2005.
‘El Burro'
Norambuena, uno de los últimos procesados junto a Corsini y Allende el 21 de abril de 2005 y hasta entonces no vinculado con este hecho, era a esa fecha teniente coronel en servicio activo y se desempeñaba como ayudante de la guarnición de Talagante.
El brigadier (R) Enrique Leddy, apodado ‘El Burro', es un hombre desconocido en la represión. Sin embargo, se le puede considerar el Álvaro Corbalán de los últimos años de la CNI. Cuando en 1986 se descubren las armas que el FPMR internó por Carrizal Bajo en la Tercera Región, Leddy era el jefe de toda la CNI para el norte y el sur, exceptuando Santiago, donde ‘reinaba' Corbalán. De hecho, a Leddy le correspondió un rol fundamental en el hallazgo y posterior persecución de los militantes del FPMR descubiertos.
Entre 1987 y 1988, la CNI envió a ‘El Burro' a Israel a cursar dos años en el Mossad, considerado el mejor servicio de inteligencia del mundo superando a la CIA. A su regreso, y bajo el mando de Abarzúa, se hizo cargo de la Unidad Metropolitana de la CNI.
Ayer Leddy, presente también en la audiencia, negó tajantemente haber ordenado el crimen de Nehgme e hizo alarde de sus cargos.
"Yo fui el jefe de las dos unidades más grandes de la CNI en el país. Y a los subversivos, los comunistas, los miristas, los frentistas y los socialistas había que enfrentarlos porque le habían declarado la guerra al gobierno militar que iba a terminar con una sublevación nacional y el asesinato del comandante en jefe del Ejército. Yo fui capaz con mi gente de hacerles frente y detectar las toneladas de armamento que habían internado, pero nunca nadie nos reconoce eso a la CNI, siendo que fue un éxito con el que detuvimos una guerra", fueron parte de sus declaraciones que hizo gesticulando como en un foro público. Después se dio tiempo para hacer recuerdos del Colo Colo y sus viejas estrellas, como el ‘Cua Cua' Hormazábal.
En la audiencia participaron los abogados Lupy Aguirre, por el Consejo de Defensa del Estado, Luis Núñez, defensor de Leddy, y Sergio Rodríguez, abogado de Norambuena, Corsini y Allende.
11 de mayo de 2006
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carabinero neonazi
[Carla Gallegos] Detectan a carabinero involucrado con grupo neonazi. Fiscalía inicia búsqueda internacional de civiles prófugos. Según trascendió, los antecedentes que vinculan al nuevo uniformado con el grupo neonazi, serían mucho más que una fotografía con el líder. Por ello la fiscal Paola Trisotti solicitará a Carabineros que le remita datos acerca del efectivo que estaría en servicio activo.Luego de que se revelara la presunta la vinculación de al menos tres miembros del Ejército y un reservista de la Fuerza Aérea (FACH) con el grupo neonazi que asesinó a un joven skinhead en el Persa Biobío, nuevos antecedentes indican que un carabinero también participa de la organización.
La Fiscalía Centro Norte remitiría hoy la información recopilada a la policía uniformada, con el fin de determinar el grado de vinculación del efectivo en el grupo.
En tanto, la fiscal a cargo de la indagatoria, Paola Trisotti, reveló ayer que el Ejército y la FACH fueron oficiados, para que remitan antecedentes acerca de los militares involucrados.
"Son uniformados que tenían relación con uno de los líderes del grupo, que se tomaron fotografías con él y que eventualmente asistían a la academia, la cual era una pantalla porque ahí se dictaba instrucción paramilitar", dijo Trisotti.
En el caso del Ejército, se trata de un capitán, un cabo de reserva y un soldado, todos en condición activa y ex miembros del desaparecido Regimiento de Montaña de Puente Alto, quienes aparecen en fotografías incautadas en el domicilio de uno de los líderes de la organización neonazi, Esteban González Araneda, alias ‘Tito Van Damme', actual prófugo de la justicia.
El Ejército informó que luego de recibir el oficio, cuenta con cinco días para responder, aunque de antemano está plenamente dispuesto a colaborar con la justicia y a indagar eventuales delitos que le competan a los tribunales militares, como la conformación de grupo armados.
Versiones preliminares revelan que los tres miembros del Ejército habrían declarado ante sus superiores que su única vinculación con el grupo, fue haber sido clientes del gimnasio de González.
Asimismo, en las fotografías se encontraba un reservista de la FACH. Según la institución, todos los antecedentes del sujeto fueron remitidos la tarde de ayer a la Fiscalía y se reveló que pese a haber cursado su Servicio Militar Obligatorio con ellos, en la actualidad no es miembro de la institución.
Búsqueda Internacional
Si bien la Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Homicidio (BH), logró dar con Héctor Herrera, el autor material del homicidio del joven skinhead Tomás Vilches, ocurrido el pasado 16 de abril, y con uno de sus cómplices Miguel Angel Herrera, aún quedan dos sujetos prófugos.
Se trata de Esteban González -dueño del centro de entrenamiento paramilitar- y César Esparza -líder del grupo neonazi-.
Ante la sospecha de que los sujetos hayan huido rumbo a Argentina o Brasil, posiblemente con documentación falsa, la Fiscalía solicitará su búsqueda internacional con ‘difusión roja'.
Según el comisario de Interpol Carlos Bustamante, la ‘difusión roja' es el encargo de un requerido por la justicia, que implica tanto su búsqueda en el extranjero como su captura, sólo si el país que lo requiere se compromete a solicitar luego su extradición.
En tanto, el ministerio del Interior presentó ayer una querella en contra de todos los que resulten responsables del crimen de Vilches.
11 de mayo de 2006
©la nación
madrid pide desaforar a pinochet
El ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por el homicidio del bioquímico de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Eugenio Berríos, elevó a la Corte de Apelaciones la petición de desafuero del ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Augusto Pinochet Ugarte, aduciendo sospechas fundadas de su participación en este crimen.El magistrado justificó la solicitud señalando que a su juicio "se reúnen los requisitos" establecidos por el código de procedimiento penal, que señalan la existencia de fundadas sospechas de su participación en el ilícito y que "obviamente, es muy importante" que declare.
Aclaró que la decisión de pedir el desafuero de Pinochet se basó "en muchos otros antecedentes que la mayoría ya conoce" y agregó que "hay algún grado de participación" y que por eso se acredita las fundadas sospechas tal como lo dice la ley.
Respecto de las indagaciones que realiza a los militares uruguayos extraditados planteó que han aportado numerosos antecedentes y que si hay una relación directa con esto se verá después.
Razones
El magistrado, que entregó los antecedentes del caso (tres tomos) al tribunal de alzada de Santiago, pretende investigar al ex gobernante de facto por los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio calificado de Berríos.
En febrero de 1993 Pinochet Ugarte viajó a Uruguay en pleno conocimiento de lo que había pasado con el bioquímico, quien fue sacado de Chile por la unidad especial de la Dine para evitar que prestara declaraciones por el caso Letelier.
Ya en noviembre de 1992, el ex agente protagonizó un incidente en la comisaría de Parque del Plata, en las cercanías de Montevideo, siendo ésta la última vez en que se le vio con vida.
En abril de 1995 su cuerpo fue encontrado en el balneario de El Pinar, distante unos 30 kilómetros de la capital uruguaya, con dos balazos en el cráneo.
El desafuero comenzó a ser analizado por Madrid en junio de 2003, cuando la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, donde está radicada la causa, le ordenó estudiar esa posibilidad.
En ese minuto los generales (R) y ex directores de la Dine Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias aparecían involucrados y se sospechaba de Pinochet debido a la relación jerárquica y a que otros procesados, como Arturo Silva Valdés y el capitán (R) Jaime Torres Gacitúa, pertenecían su círculo más cercano.
También se ha indagado la estadía en Chile, en 1993, de los militares uruguayos extraditados, Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, hoy extraditados desde Uruguay y con quienes Madrid ha llevado a careos con sus pares chilenos.
Reacciones
Carlos Portales, abogado de los militares uruguayos extraditados a Chile, declaró respecto de la solicitud de desafuero del ministro Alejandro Madrid que "desde el punto de vista formal, evidentemente que la petición de desafuero del general Pinochet afecta porque es todo un procedimiento de largo aliento, en consecuencia se demora y se dilata la causa".
Sobre el supuesto aporte de los uruguayos en sus declaraciones para que el ministro haya tomado la resolución señaló que "si se tiene alguna suspicacia referente a que mis representados, los oficiales uruguayos, hayan podido aportar alguna información al respecto, se lo digo categóricamente, los antecedentes que eventualmente pueda tener el ministro para solicitar ese desafuero vienen por otra vía".
Una opinión diametralmente opuesta tiene el abogado de la familia Berríos, Tomás Ehrenfeld. A su juicio, "la resolución del desafuero ha sido motivada principalmente por las declaraciones últimas de los extraditados uruguayos, quienes estaban en contacto directo con Augusto Pinochet".
Por su parte, el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, reiteró la esencia de sus argumentos y declaró que esta petición de desafuero era esperada hace tiempo "porque en el expediente se han reunido antecedentes y pruebas muy claras y muy precisas de que el jefe de la banda y quien dio la orden criminal de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos fue precisamente Pinochet. Aqui hay una secuencia de hechos: existen presunciones que nos permiten señalar que Pinochet dio la orden de eliminar a Frei utilizando los productos que fabricaba Berríos y por consiguiente la segunda etapa obvia y lógica de esa secuencia criminal era eliminar a Berríos y eso es lo que ha ocurrido y esas son las pruebas que existen en este proceso".
El abogado agregó que "hay dos órdenes que da Pinochet: primero el da la orden de secuestrar a Berríos en el año 1991. Esa orden se da acá en Chile y la da a altos oficiales del Ejército de Chile, todos quienes están procesados en la causa y son los ejecutores de la orden que dio Pinochet y la segunda orden que dio Pinochet la dio antes de su viaje en el sentido de eliminar a Berríos. Esa la dio antes de su viaje porque a la época en que Pinochet visita Montevideo Berríos ya había sido eliminado".
11 de mayo de 2006
©la tercera
1 comentario
hipoteca -
Comunicado de la Ejecutiva de Democracia Nacional.
En primer lugar reiteramos una vez más que Democracia Nacional repudia y condena la violencia y que lamenta todas las muertes, en especial si se trata de la de un menor, algo, que indudablemente se podía haber evitado con medidas policiales efectivas que garanticen el orden y la legalidad política.
En este caso se aplica la máxima que dice Si un pueblo olvida su historia está condenado a repetirla.
No olvidemos ni nuestra historia ni los peligros de las ideologías, de uno u otro sentido, que camuflan entre sus filas a asesinos.