proceso debido o indebido
[Jeffrey Rosen] El presidente Bush propone comisiones militares para juzgar a terroristas, con pruebas indirectas y secretas. Deberá hacer compromisos.
Algunos debates dividen tanto a la opinión pública, con las partes en conflicto tan seguras de que cualquier compromiso podría ser peligroso, que es difícil imaginar la emergencia de grupos conciliadores.
El debate sobre cómo juzgar a los catorce acusados de terrorismo trasladados hace poco desde cárceles de la CIA a custodia militar en Bahía Guantánamo, es uno de ellos.
De un lado está el gobierno de Bush, que la semana pasada propuso que estos sospechosos, a los que llamó los más peligrosos en la guerra contra el terrorismo, deberían ser juzgados por comisiones militares utilizando procedimientos que la Casa Blanca espera que sean aprobados por el Congreso.
Según la propuesta de Bush, los juicios no se parecen a ningún juicio civil ni a las cortes marciales de Estados Unidos. En ellos se admiten pruebas indirectas y evidencias obtenidas bajo coerción o apremios ilegítimos. Y a los sospechosos se les puede negar el acceso a evidencias clasificadas, aunque sí serían reveladas a sus abogados defensores militares.
Al otro lado de este debate están los defensores de los derechos civiles que insisten en que los sospechosos de terrorismo no pueden recibir juicios justos a menos que gocen de las garantías de una corte marcial ordinaria -incluyendo el derecho a excluir las pruebas indirectas y las obtenidas bajo apremios y el derecho a conocer las pruebas que se tengan contra ellos.
Así, ¿qué es un juicio justo y cuánto requiere de proceso debido? ¿Pueden los sospechosos de terrorismo ser juzgados por tribunales que carecen de algunas de las garantías que exigen normalmente los acusados militares? Sorprendentemente, este no es un debate impuesto por la ley. Excepto el endorsamiento de castigos crueles e inhumanos para los terroristas, el congreso puede instalar las comisiones militares que quiera.
"Las propuestas del gobierno, si son adoptadas por el congreso, serían casi ciertamente aprobadas por la Corte Suprema", dice Peter Spiro, que enseña derecho internacional en la Universidad de Temple. "El congreso puede no tener carta blanca para todo, pero en el caso de Hamdan en junio pasado, cuatro de los jueces que votaron contra las comisiones enfatizaron que el presidente puede siempre recurrir al congreso para obtener la autoridad que desee".
El problema, entonces, es más sobre el tribunal de la opinión pública: cómo un juicio, sin los derechos procesales acostumbrados, sería percibido en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Inevitablemente, las comisiones militares, cualquiera sea la forma que adopten, serán comparadas con los juicios de Nuremberg, en los que los acusados de crímenes de guerra nazis recibieron un debido proceso -hasta cierto punto.
"En Nuremberg no había evidencias secretas ni procedimientos cerrados de los que estaban excluidos los abogados de los acusados, aunque no está claro qué tipo de acceso físico a las pruebas tenían los acusados individualmente", dice John Barrett, que enseña en la facultad de leyes de la Universidad de St. John. "Las pruebas indirectas y las obtenidas por medio de apremios no estaban formalmente excluidas del reglamento de Nuremberg, pero los interrogadores estadounidenses no recurrían a métodos violentos, como la asfixia simulada en agua, aunque deben haber habido algunos apremios que la norma de coerción habría encontrado inquietante".
Muchos quieren que Estados Unidos se adapte a las normas de Nuremberg, que creen que gozó de autoridad y credibilidad en el siguiente medio siglo para servir como un modelo global del debido proceso.
"Los juicios no deberían diferir fundamentalmente en cuanto a las disposiciones sobre el proceso debido de cualquier juicio, especialmente cuando existe la posibilidad de que se dicten condenas de pena de muerte o de prisión perpetua", dijo Richard Goldstone, el fiscal jefe sudafricano del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y Ruanda. "Excluir a un acusado de cualquier fase del juicio o prohibir su acceso a evidencias, me parece que está, según las normas civilizadas, fuera de lo que sería aceptable".
Agregó: "La otra disposición reprensible es que se puede admitir cualquier tipo de evidencias, incluso aquellas obtenidas por apremios ilegítimos o torturas".
Pero otros juristas dicen que vivimos una época diferente. Para empezar, señalan, la guerra no ha terminado. "En una situación de guerra, las comisiones internacionales utilizan a menudo pruebas indirectas, provisto que sean fiables", dijo Jack Goldsmith, de la facultad de derecho de Harvard, que dirigió la Oficina de Asesoría Jurídica del presidente Bush.
Otros juristas que defienden al gobierno alegan que no se puede poner en peligro la seguridad nacional.
"El tema del acceso a información clasificada es fundamental", dice John Yoo, que ayudó al gobierno de Bush en la redacción de una versión anterior del proyecto sobre las comisiones militares y que ahora enseña derecho en la Universidad de California, Berkeley. En su nuevo libro, ‘War By Other Means', el profesor Yoo argumenta que en el primer atentado con bomba contra el World Trade Center en 1993, los fiscales tuvieron que entregar a la defensa una lista de 200 cómplices de la conspiración que no estaban acusados. Esta lista, escribe, fue "entregada a bin Laden", y fue "más tarde encontrada durante la investigación de los atentados contra las embajadas africanas".
Ahora los republicanos en el congreso están negociando con el gobierno de Bush una serie de compromisos. Las comisiones militares podrían introducir procedimientos cercanos a las normas de Nuremberg, pero otorgar al gobierno algunas de las atribuciones a las que aspira. Por ejemplo, una propuesta permitiría el uso de pruebas indirectas y de evidencias obtenidas con apremios ilegítimos, pero no tortura, mientras que se prohíbe el uso de evidencias secretas contra los acusados.
¿Podría esto satisfacer a los críticos? Algunos juristas sugieren que un juicio realizado según estas normas sería legítimo internacionalmente, y también cumpliría con las normas básicas del debido proceso. Incluso Goldstone, fiscal jefe de los tribunales de Naciones Unidas, dice que abandonar el uso de evidencias secretas podría remover la parte "más reprensible" de la propuesta.
El profesor Spiro, de la Universidad de Temple, está de acuerdo. "La propuesta de los republicanos moderados se acercaría bastante en cuanto a satisfacer a la opinión pública internacional y en parte se debe al senado y no al gobierno", dice.
Sin embargo, el escenario físico del juicio, y el hecho de que los acusados puedan ser condenados a muerte, podría dificultar la aceptación internacional de sus veredictos.
"Guantánamo es ahora un grito de guerra en Europa, de modo que cualquier juicio que se realice allá sería contaminado por ese hecho", dijo Spiro. "El gobierno debería permitir que los procedimientos fueran transmitidos por televisión para evitar la impresión de que se trata de farsas".
Pero los procedimientos televisados darían a los acusados una plataforma política desde la cual secuestrar el juicio. "Siempre existe el peligro de que se transforme en un circo político", dice el profesor Goldsmith. "Slobodan Milosevic usó su propio juicio como una plataforma política, y Saddam Hussein está haciendo lo mismo. Mientras más derechos procesales des al acusado, más les permites continuar la guerra por otros medios".
Goldsmith dice que el debate sobre las exigencias de un juicio justo continuará en cada fase de los juicios a terroristas -desde la acusación inicial hasta los juicios mismos y las apelaciones ante la Corte Suprema en caso de que se dicten sentencias de muerte. "Hay una compensación", dice. "Podrías restringir el acceso, pero lo harías a expensas de la percepción de lo que es justo, y encontrar el equilibrio correcto entre justicia y control es muy difícil".
Algunos debates dividen tanto a la opinión pública, con las partes en conflicto tan seguras de que cualquier compromiso podría ser peligroso, que es difícil imaginar la emergencia de grupos conciliadores.El debate sobre cómo juzgar a los catorce acusados de terrorismo trasladados hace poco desde cárceles de la CIA a custodia militar en Bahía Guantánamo, es uno de ellos.
De un lado está el gobierno de Bush, que la semana pasada propuso que estos sospechosos, a los que llamó los más peligrosos en la guerra contra el terrorismo, deberían ser juzgados por comisiones militares utilizando procedimientos que la Casa Blanca espera que sean aprobados por el Congreso.
Según la propuesta de Bush, los juicios no se parecen a ningún juicio civil ni a las cortes marciales de Estados Unidos. En ellos se admiten pruebas indirectas y evidencias obtenidas bajo coerción o apremios ilegítimos. Y a los sospechosos se les puede negar el acceso a evidencias clasificadas, aunque sí serían reveladas a sus abogados defensores militares.
Al otro lado de este debate están los defensores de los derechos civiles que insisten en que los sospechosos de terrorismo no pueden recibir juicios justos a menos que gocen de las garantías de una corte marcial ordinaria -incluyendo el derecho a excluir las pruebas indirectas y las obtenidas bajo apremios y el derecho a conocer las pruebas que se tengan contra ellos.
Así, ¿qué es un juicio justo y cuánto requiere de proceso debido? ¿Pueden los sospechosos de terrorismo ser juzgados por tribunales que carecen de algunas de las garantías que exigen normalmente los acusados militares? Sorprendentemente, este no es un debate impuesto por la ley. Excepto el endorsamiento de castigos crueles e inhumanos para los terroristas, el congreso puede instalar las comisiones militares que quiera.
"Las propuestas del gobierno, si son adoptadas por el congreso, serían casi ciertamente aprobadas por la Corte Suprema", dice Peter Spiro, que enseña derecho internacional en la Universidad de Temple. "El congreso puede no tener carta blanca para todo, pero en el caso de Hamdan en junio pasado, cuatro de los jueces que votaron contra las comisiones enfatizaron que el presidente puede siempre recurrir al congreso para obtener la autoridad que desee".
El problema, entonces, es más sobre el tribunal de la opinión pública: cómo un juicio, sin los derechos procesales acostumbrados, sería percibido en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Inevitablemente, las comisiones militares, cualquiera sea la forma que adopten, serán comparadas con los juicios de Nuremberg, en los que los acusados de crímenes de guerra nazis recibieron un debido proceso -hasta cierto punto.
"En Nuremberg no había evidencias secretas ni procedimientos cerrados de los que estaban excluidos los abogados de los acusados, aunque no está claro qué tipo de acceso físico a las pruebas tenían los acusados individualmente", dice John Barrett, que enseña en la facultad de leyes de la Universidad de St. John. "Las pruebas indirectas y las obtenidas por medio de apremios no estaban formalmente excluidas del reglamento de Nuremberg, pero los interrogadores estadounidenses no recurrían a métodos violentos, como la asfixia simulada en agua, aunque deben haber habido algunos apremios que la norma de coerción habría encontrado inquietante".
Muchos quieren que Estados Unidos se adapte a las normas de Nuremberg, que creen que gozó de autoridad y credibilidad en el siguiente medio siglo para servir como un modelo global del debido proceso.
"Los juicios no deberían diferir fundamentalmente en cuanto a las disposiciones sobre el proceso debido de cualquier juicio, especialmente cuando existe la posibilidad de que se dicten condenas de pena de muerte o de prisión perpetua", dijo Richard Goldstone, el fiscal jefe sudafricano del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y Ruanda. "Excluir a un acusado de cualquier fase del juicio o prohibir su acceso a evidencias, me parece que está, según las normas civilizadas, fuera de lo que sería aceptable".
Agregó: "La otra disposición reprensible es que se puede admitir cualquier tipo de evidencias, incluso aquellas obtenidas por apremios ilegítimos o torturas".
Pero otros juristas dicen que vivimos una época diferente. Para empezar, señalan, la guerra no ha terminado. "En una situación de guerra, las comisiones internacionales utilizan a menudo pruebas indirectas, provisto que sean fiables", dijo Jack Goldsmith, de la facultad de derecho de Harvard, que dirigió la Oficina de Asesoría Jurídica del presidente Bush.
Otros juristas que defienden al gobierno alegan que no se puede poner en peligro la seguridad nacional.
"El tema del acceso a información clasificada es fundamental", dice John Yoo, que ayudó al gobierno de Bush en la redacción de una versión anterior del proyecto sobre las comisiones militares y que ahora enseña derecho en la Universidad de California, Berkeley. En su nuevo libro, ‘War By Other Means', el profesor Yoo argumenta que en el primer atentado con bomba contra el World Trade Center en 1993, los fiscales tuvieron que entregar a la defensa una lista de 200 cómplices de la conspiración que no estaban acusados. Esta lista, escribe, fue "entregada a bin Laden", y fue "más tarde encontrada durante la investigación de los atentados contra las embajadas africanas".
Ahora los republicanos en el congreso están negociando con el gobierno de Bush una serie de compromisos. Las comisiones militares podrían introducir procedimientos cercanos a las normas de Nuremberg, pero otorgar al gobierno algunas de las atribuciones a las que aspira. Por ejemplo, una propuesta permitiría el uso de pruebas indirectas y de evidencias obtenidas con apremios ilegítimos, pero no tortura, mientras que se prohíbe el uso de evidencias secretas contra los acusados.
¿Podría esto satisfacer a los críticos? Algunos juristas sugieren que un juicio realizado según estas normas sería legítimo internacionalmente, y también cumpliría con las normas básicas del debido proceso. Incluso Goldstone, fiscal jefe de los tribunales de Naciones Unidas, dice que abandonar el uso de evidencias secretas podría remover la parte "más reprensible" de la propuesta.
El profesor Spiro, de la Universidad de Temple, está de acuerdo. "La propuesta de los republicanos moderados se acercaría bastante en cuanto a satisfacer a la opinión pública internacional y en parte se debe al senado y no al gobierno", dice.
Sin embargo, el escenario físico del juicio, y el hecho de que los acusados puedan ser condenados a muerte, podría dificultar la aceptación internacional de sus veredictos.
"Guantánamo es ahora un grito de guerra en Europa, de modo que cualquier juicio que se realice allá sería contaminado por ese hecho", dijo Spiro. "El gobierno debería permitir que los procedimientos fueran transmitidos por televisión para evitar la impresión de que se trata de farsas".
Pero los procedimientos televisados darían a los acusados una plataforma política desde la cual secuestrar el juicio. "Siempre existe el peligro de que se transforme en un circo político", dice el profesor Goldsmith. "Slobodan Milosevic usó su propio juicio como una plataforma política, y Saddam Hussein está haciendo lo mismo. Mientras más derechos procesales des al acusado, más les permites continuar la guerra por otros medios".
Goldsmith dice que el debate sobre las exigencias de un juicio justo continuará en cada fase de los juicios a terroristas -desde la acusación inicial hasta los juicios mismos y las apelaciones ante la Corte Suprema en caso de que se dicten sentencias de muerte. "Hay una compensación", dice. "Podrías restringir el acceso, pero lo harías a expensas de la percepción de lo que es justo, y encontrar el equilibrio correcto entre justicia y control es muy difícil".
El último libro de Jeffrey Rosen se titula ‘The Most Democratic Branch: How the Courts Serve America'.
10 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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