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paso hacia el abismo


Los primeros pasos hacia la tiranía norteamericana.
Esto es lo que ocurre cuando un congreso irresponsable aprueba un proyecto de ley de fundamental importancia en función de estúpidos intereses políticos electorales: El gobierno de Bush utiliza el temor de los republicanos a perder su mayoría para hacer aprobar sus espantosas ideas sobre el antiterrorismo, en un proyecto que dejarán a los soldados norteamericanos en una frágil posición en cuanto a su seguridad y causarán un daño permanente a las leyes de este país de 217 años -mientras, en realidad, no harán nada para proteger al país de los terroristas. Los demócratas traicionan sus principios para evitar ataques publicitarios de última hora. El gran perdedor es nuestra democracia.
Los republicanos dicen que el congreso debe actuar ahora en la creación de procedimientos para formalizar y juzgar a los terroristas, porque los hombres acusados de conspirar para los atentados del 11 de septiembre de 2001 están a mano para ser enjuiciados. Eso es pura propaganda. Esos hombres pudieron haber sido juzgados y condenados hace tiempo. El presidente Bush decidió no hacerlo. Los mantuvo detenidos ilegalmente, los hizo interrogar recurriendo a métodos que dificultarán juicios verdaderos e inventó un sistema absolutamente ilegal de tribunales de ópera para poder condenarlos.
Fue sólo después de que la Corte Suprema emitiera la inevitable resolución anulando el turbio sistema penal de Bush, que el presidente adoptó un tono de urgencia. Sirve un objetivo hipócrita: Los estrategas republicanos piensan que pueden ganar este otoño, no aprobando una buena ley, sino obligando a los demócratas a votar contra una mala ley para causar la impresión de que son blandos con el terrorismo.
La semana pasada, la Casa Blanca y tres senadores republicanos anunciaron un pavoroso acuerdo sobre este proyecto de ley, que dio a Bush la mayor parte de las cosas que quería, incluyendo una dispensa general por cualquier crimen que los estadounidenses puedan haber cometido al servicio de sus políticas contra el terrorismo. Luego, el vice-presidente Dick Cheney y sus partidarios entre los legisladores rescribieron el resto de la medida, de modo que diera a Bush atribuciones para encarcelar en realidad a cualquiera por el tiempo que quiera sin formular acusaciones, a reinterpretar unilateralmente las Convenciones de Ginebra, a autorizar lo que la gente normal considera tortura, y a privar de justicia a cientos de hombres capturados por error.
He aquí algunos de los defectos más grandes del proyecto de ley:

Enemigos combatientes: Una definición peligrosamente amplia de ‘enemigo combatiente ilegal' en el proyecto, que somete a residentes legales de Estados Unidos, así como a ciudadanos extranjeros viviendo en sus propios países, al peligro de ser detenidos sumariamente y a ser detenidos indefinidamente sin esperanza de poder recurrir. El presidente goza de la atribución de aplicar esta etiqueta a quien quiera .

Convenciones de Ginebra: El proyecto repudia medio siglo de precedentes internacionales permitiendo que Bush decida por sí mismo qué apremios ilegítimos pueden ser utilizados en los interrogatorios. Y su decisión quedará por lo demás secreta: no hay ninguna exigencia de que se publique la lista de métodos de interrogatorio.

Habeas corpus: Los detenidos en cárceles militares norteamericanas perderán el derecho básico a impugnar su encarcelamiento. El recurso de habeas corpus no sobrecarga a los tribunales, ni favorece a los terroristas. Simplemente permite a gente encarcelada injustamente la posibilidad de demostrar su inocencia.

Revisión judicial: Los tribunales no tendrán el poder de revisar ninguno de los aspectos del nuevo sistema, a excepción de los veredictos de los tribunales militares. La ley limitará las apelaciones y bloqueará, directa o indirectamente, acciones legales basadas en las Convenciones de Ginebra. Todo lo que Bush tiene que hacer para encerrar a alguien para siempre, es declararlo combatiente ilegal y no juzgarlo.

Evidencias obtenidas con apremios: Estas evidencias serán admitidas si el juez las considera fiables -de por sí, una contradicción en términos- y relevantes. Los apremios son definidos de un modo que excluye todo lo que se ha hecho antes de la aprobación de la Ley de Tratamientos de los Detenidos de 2005 y cualquier cosa que quiera Bush.

Evidencias secretas: Las normas corrientes de justicia estadounidense prohíben evidencias y testimonios que el acusado no pueda conocer, sea el acusado un ejecutivo de multinacional o un asesino en serie. Pero la ley, tal como ha sido redactada por Cheney, debilita las protecciones contra el uso de ese tipo de evidencias.

Faltas: La definición de tortura es inaceptablemente limitada; en la práctica, es una repetición de los memoranda profundamente cínicos que fabricó el gobierno después del 11 de septiembre de 2001. La violación y la agresión sexual son definidas de un modo retrógrado, que cubre solamente las actividades forzadas o con coaccionadas, y no otras formas de sexo no consentido. La ley elimina de modo efectivo la idea de la violación como tortura.

No hay tiempo para enmendar este proyecto, especialmente porque los pocos republicanos que se llaman a sí mismos moderados han sido obligados a dejar de lado sus reservas y los líderes demócratas del senado parecen haber perdido el norte. Si alguna vez hubo un momento para el filibusterismo, este es.
No acusamos a los demócratas de sentirse atemorizados. Los republicanos han dejado en claro que usarán toda ocasión para considerar a cualquiera que vote contra este proyecto como un facilitador del terrorismo. Pero los estadounidenses del futuro no recordarán los argumentos pragmáticos para ceder ante el gobierno.
Sabrán que en 2006 el congreso aprobó una ley tiránica que será clasificada como uno de los momentos más débiles de la democracia estadounidense, la versión de nuestra generación de la Ley de Extranjeros y Sedición.

28 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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