el retorno de los fantasmas
Desapareció principal testigo contra represor argentino.
En una sentencia histórica, la condena a prisión perpetua al ex director de Investigaciones Miguel Etchecolatz crea nuevas figuras legales, abre nuevas posibilidades para juicios de derechos humanos, pero también reedita viejas prácticas criminales y viejos temores que se creían olvidados.
El pasado 19 de septiembre, el juez Carlos Rozansky, junto a Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, miembros del Tribunal Nº 1 de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hicieron historia. La alegría y esperanza de los miles de familiares de detenidos desaparecidos no se hizo esperar tras un duro y rotundo veredicto que condenó al ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz a cadena perpetua por los "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio" durante la última dictadura militar argentina.
Sin embargo, esa alegría se vio rápidamente opacada por la desaparición de uno de los principales testigos de este caso, Jorge Julio López (77). Albañil de profesión, este peronista que pasó tres años en un macabro tour por los principales centros de tortura de Buenos Aires, como Pozo de Arana, Rodas, Cuatrerísimo de Arana y las Comisarías 5ª y 8ª de La Plata. En todos estos lugares se encontró con Etchecolatz.
Su testimonio, junto al de Nilda Eloy, fueron claves en el juicio, ya que presenciaron el asesinato del matrimonio Dellorto-De Marco, uno de los casos de la querella que condenó al ex policía.
Si bien desde el comienzo el gobierno ha manejado dos hipótesis, la primera dice que López habría salido por sus propios medios y que se habría perdido, y una segunda, manejada por los organismos de derechos humanos, que fue secuestrado. Tras casi dos semanas y las amenazas recibidas por testigos, familiares e incluso ocho jueces, entre ellos el propio Rozansky, que trabajan casos de violación de derechos humanos, hace pensar que la segunda hipótesis es más certera.
Incluso a pocos días de entregar la sentencia a Etchecolatz y cuando ya se sabía de la desaparición de López, en las cercanías de la ciudad de La Plata, en el sitio donde eran arrojados restos de desaparecidos apareció un cuerpo incinerado, que aún no ha sido reclamado, reproduciendo los métodos usados por los servicios de seguridad durante el período 1976-1983.
"Para nosotros estas son señales claras de carácter mafioso, y no sólo por cómo afectará a otros policías que deberán enfrentar juicios, sino que es una señal al gobierno ante el proyecto de reforma a la policía bonaerense", señala Gloria Godoy, abogada querellante en el caso Etchecolatz.
Para Nilda Eloy, la testigo clave junto a López, "es un muy claro ‘acá estamos y todavía podemos'. Y no es raro ni nuevo porque desde que empezó el juicio nos han amenazado".
El propio jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, calificó a Jorge López como el primer detenido desaparecido en democracia.
Una Cuestión Política
Pero las amenazas y la desaparición de López desataron no sólo los temores de quienes vivieron los años oscuros de la dictadura, sino que también abrieron una serie de interrogantes frente al gobierno y su política de derechos humanos y sobre la actual situación de los servicios de seguridad y grupos operativos que actuaron durante la guerra sucia.
El Fantasma del Pasado
"Nos enteramos recién ahora, al reunirnos con el jefe de gobierno de la provincia, que en las filas de la policía bonaerense hay 60 agentes activos que participaron durante la dictadura. No imaginamos cuántos más habrá en el ejército, la armada y la fuerza aérea. Está claro que esa gente sigue operando y Etchecolatz tiene simpatizantes", acusa Nilda Eloy, y agrega que "si bien las condiciones son diferentes, la impunidad aún persiste y reclamamos que de una vez el gobierno diga basta, se acabó".
Pero el gobierno ha sido cauteloso y aunque sobre todo en los primeros días se han producido discrepancias entre las autoridades nacionales y provinciales –Argentina es un estado federal con las provincias autónomas–, la gravedad de los hechos los ha llevado a unificar criterios y discursos.
Incluso, la secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional no se ha pronunciado y ha dejado que el propio Kirchner muestre la preocupación del gobierno. Así, mientras 20 mil personas marcharon por Buenos Aires exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, en un sentido discurso el Presidente señaló que se brindaría toda la estructura del estado para proteger a los testigos y jueces. "Vemos con profundo dolor lo que pasa. Estén atentos, argentinos, no podemos dejar que se repita el pasado", enfatizó el mandatario.
El gobernador Sola, por su parte, dio a conocer medidas de protección a los testigos de casos de derechos humanos y adelantó los cambios dentro de la policía bonaerense. Esto puede ser leído como un ‘acelere' del gobernador o una presión ad portas de una nueva campaña electoral para el 2007.
Desde la secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial se impulsa una fuerte campaña de difusión para dar con el paradero de López y explicar la relevancia de su testimonio y el juicio en el cual participó. "Además de las medidas de rastrillaje y búsqueda, es imperioso que la gente sepa la importancia de esclarecer estos casos", señaló el vocero de dicha secretaría.
Pero el tira y afloja también llegó a trasladarse a los propios organismos de derechos humanos. Ante la marcha del miércoles pasado, que exigía la aparición con vida de López, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, puso en duda la relevancia del testimonio de López y dijo que todo era una campaña contra Kirchner. "No podemos permitir que se digan los disparates que se dijeron", enfatizó.
Pero los temores crecen con el paso de los días y más cuando se sabe que durante el juicio a Etchecolatz, "López aportó datos que involucran a otros policías, lo que da pie a nuevos juicios donde él sería otra vez testigo clave", señala la abogada de derechos humanos Marta Vedio.
Los Cuerpos Como Prueba Legal
Miguel Etchecolatz (77) volvió a prisión tras ser liberado de su condena anterior –gracias a la Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida aprobadas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín– y se abrió un nuevo capítulo para la justicia argentina, especial para los casos de violación de los derechos humanos. Este es el primer ex miembro de las fuerzas de seguridad procesado por delitos cometidos durante la llamada "guerra sucia" luego de la derogación, hace un año, de estas leyes de perdón. Catalogada de histórica, esta sentencia crea precedente respecto a figuras legales hasta hoy inexistentes en el Código Penal no sólo en Argentina, sino en muchas otras partes del mundo, como es el de ‘genocidio', que por primera vez un tribunal reconoce dentro del propio país.
"La condena para Etchecolatz es por ocho cargos –relacionados con arrestos ilegales, torturas y asesinatos en cerca de 30 centros clandestinos de detención que operaba en La Plata y localidades aledañas– como coautor y autor responsable de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos", señala la abogada querellante Guadalupe Godoy
La figura de genocidio fue presentada por la abogada Myriam Bregman, quien la solicitó "para demostrar que en el país hubo un plan de exterminio sistemático y claro", que posibilitó que personas como
Etchecolatz cometieran actos como los presentados por más de 130 testigos que declararon en este caso.
Para apoyar los argumentos de esta acusación, las abogadas Liliana Molinari y Liliana Mazea se centraron en los aspectos técnicos explicando que si bien los delitos puntuales investigados en esta causa –la privación ilegal de la libertad, las torturas, el homicidio– están tipificados en el Código Penal de la Nación, "los ilícitos narrados, por el modo especial de su comisión, por su escala, volumen y gravedad, cometidos desde el aparato del Estado, constituyeron fundamentalmente crímenes de lesa humanidad, reconocidos en el derecho interno argentino".
Otro de los puntos que ha generado un importante cambio es el de reconocer los testimonios como prueba dentro de la causa, "los jueces a cargo tomaron como fundamentales los antecedentes entregados por 13 testigos que declararon lo que jamás había ocurrido", señala Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Su exposición, que logró instalar esta figura legal, se apoyó en el funcionamiento del aparato represivo del terrorismo de Estado, o sea "todos los elementos que hicieron parte del circuito de centros clandestinos de detención, las tareas de inteligencia que precedían a los secuestros, la metodología de destrucción física y síquica de los prisioneros, el silencio oficial ante las gestiones de los familiares, la desinformación sobre el destino de los secuestrados, la eliminación de todo rastro que pudiera configurar una prueba de lo ocurrido en el futuro", dice Godoy, y agrega que las sentencias anteriores tenían como base la llamada "teoría de los dos demonios", donde se colocaba en igualdad de condiciones al represor y a las víctimas. "Esta sentencia rompe con eso y habla de exterminio, genocidio y de la necesidad de justicia", afirma.
Para la abogada, la condena Etchecolatz abre "una tremenda esperanza, aunque aún es muy pronto para analizar con profundidad. Pero creemos que a partir de este juicio podemos probar las responsabilidades de quienes fueron los altos mandos que dirigían las operaciones y no quedarnos sólo con los autores materiales. Y con esta nueva figura de los ex detenidos como prueba tenemos muchísimas probabilidades".
En una sentencia histórica, la condena a prisión perpetua al ex director de Investigaciones Miguel Etchecolatz crea nuevas figuras legales, abre nuevas posibilidades para juicios de derechos humanos, pero también reedita viejas prácticas criminales y viejos temores que se creían olvidados.El pasado 19 de septiembre, el juez Carlos Rozansky, junto a Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, miembros del Tribunal Nº 1 de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hicieron historia. La alegría y esperanza de los miles de familiares de detenidos desaparecidos no se hizo esperar tras un duro y rotundo veredicto que condenó al ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz a cadena perpetua por los "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio" durante la última dictadura militar argentina.
Sin embargo, esa alegría se vio rápidamente opacada por la desaparición de uno de los principales testigos de este caso, Jorge Julio López (77). Albañil de profesión, este peronista que pasó tres años en un macabro tour por los principales centros de tortura de Buenos Aires, como Pozo de Arana, Rodas, Cuatrerísimo de Arana y las Comisarías 5ª y 8ª de La Plata. En todos estos lugares se encontró con Etchecolatz.
Su testimonio, junto al de Nilda Eloy, fueron claves en el juicio, ya que presenciaron el asesinato del matrimonio Dellorto-De Marco, uno de los casos de la querella que condenó al ex policía.
Si bien desde el comienzo el gobierno ha manejado dos hipótesis, la primera dice que López habría salido por sus propios medios y que se habría perdido, y una segunda, manejada por los organismos de derechos humanos, que fue secuestrado. Tras casi dos semanas y las amenazas recibidas por testigos, familiares e incluso ocho jueces, entre ellos el propio Rozansky, que trabajan casos de violación de derechos humanos, hace pensar que la segunda hipótesis es más certera.
Incluso a pocos días de entregar la sentencia a Etchecolatz y cuando ya se sabía de la desaparición de López, en las cercanías de la ciudad de La Plata, en el sitio donde eran arrojados restos de desaparecidos apareció un cuerpo incinerado, que aún no ha sido reclamado, reproduciendo los métodos usados por los servicios de seguridad durante el período 1976-1983.
"Para nosotros estas son señales claras de carácter mafioso, y no sólo por cómo afectará a otros policías que deberán enfrentar juicios, sino que es una señal al gobierno ante el proyecto de reforma a la policía bonaerense", señala Gloria Godoy, abogada querellante en el caso Etchecolatz.
Para Nilda Eloy, la testigo clave junto a López, "es un muy claro ‘acá estamos y todavía podemos'. Y no es raro ni nuevo porque desde que empezó el juicio nos han amenazado".
El propio jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, calificó a Jorge López como el primer detenido desaparecido en democracia.
Una Cuestión Política
Pero las amenazas y la desaparición de López desataron no sólo los temores de quienes vivieron los años oscuros de la dictadura, sino que también abrieron una serie de interrogantes frente al gobierno y su política de derechos humanos y sobre la actual situación de los servicios de seguridad y grupos operativos que actuaron durante la guerra sucia.
El Fantasma del Pasado
"Nos enteramos recién ahora, al reunirnos con el jefe de gobierno de la provincia, que en las filas de la policía bonaerense hay 60 agentes activos que participaron durante la dictadura. No imaginamos cuántos más habrá en el ejército, la armada y la fuerza aérea. Está claro que esa gente sigue operando y Etchecolatz tiene simpatizantes", acusa Nilda Eloy, y agrega que "si bien las condiciones son diferentes, la impunidad aún persiste y reclamamos que de una vez el gobierno diga basta, se acabó".
Pero el gobierno ha sido cauteloso y aunque sobre todo en los primeros días se han producido discrepancias entre las autoridades nacionales y provinciales –Argentina es un estado federal con las provincias autónomas–, la gravedad de los hechos los ha llevado a unificar criterios y discursos.
Incluso, la secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional no se ha pronunciado y ha dejado que el propio Kirchner muestre la preocupación del gobierno. Así, mientras 20 mil personas marcharon por Buenos Aires exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, en un sentido discurso el Presidente señaló que se brindaría toda la estructura del estado para proteger a los testigos y jueces. "Vemos con profundo dolor lo que pasa. Estén atentos, argentinos, no podemos dejar que se repita el pasado", enfatizó el mandatario.
El gobernador Sola, por su parte, dio a conocer medidas de protección a los testigos de casos de derechos humanos y adelantó los cambios dentro de la policía bonaerense. Esto puede ser leído como un ‘acelere' del gobernador o una presión ad portas de una nueva campaña electoral para el 2007.
Desde la secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial se impulsa una fuerte campaña de difusión para dar con el paradero de López y explicar la relevancia de su testimonio y el juicio en el cual participó. "Además de las medidas de rastrillaje y búsqueda, es imperioso que la gente sepa la importancia de esclarecer estos casos", señaló el vocero de dicha secretaría.
Pero el tira y afloja también llegó a trasladarse a los propios organismos de derechos humanos. Ante la marcha del miércoles pasado, que exigía la aparición con vida de López, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, puso en duda la relevancia del testimonio de López y dijo que todo era una campaña contra Kirchner. "No podemos permitir que se digan los disparates que se dijeron", enfatizó.
Pero los temores crecen con el paso de los días y más cuando se sabe que durante el juicio a Etchecolatz, "López aportó datos que involucran a otros policías, lo que da pie a nuevos juicios donde él sería otra vez testigo clave", señala la abogada de derechos humanos Marta Vedio.
Los Cuerpos Como Prueba Legal
Miguel Etchecolatz (77) volvió a prisión tras ser liberado de su condena anterior –gracias a la Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida aprobadas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín– y se abrió un nuevo capítulo para la justicia argentina, especial para los casos de violación de los derechos humanos. Este es el primer ex miembro de las fuerzas de seguridad procesado por delitos cometidos durante la llamada "guerra sucia" luego de la derogación, hace un año, de estas leyes de perdón. Catalogada de histórica, esta sentencia crea precedente respecto a figuras legales hasta hoy inexistentes en el Código Penal no sólo en Argentina, sino en muchas otras partes del mundo, como es el de ‘genocidio', que por primera vez un tribunal reconoce dentro del propio país.
"La condena para Etchecolatz es por ocho cargos –relacionados con arrestos ilegales, torturas y asesinatos en cerca de 30 centros clandestinos de detención que operaba en La Plata y localidades aledañas– como coautor y autor responsable de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos", señala la abogada querellante Guadalupe Godoy
La figura de genocidio fue presentada por la abogada Myriam Bregman, quien la solicitó "para demostrar que en el país hubo un plan de exterminio sistemático y claro", que posibilitó que personas como
Etchecolatz cometieran actos como los presentados por más de 130 testigos que declararon en este caso.
Para apoyar los argumentos de esta acusación, las abogadas Liliana Molinari y Liliana Mazea se centraron en los aspectos técnicos explicando que si bien los delitos puntuales investigados en esta causa –la privación ilegal de la libertad, las torturas, el homicidio– están tipificados en el Código Penal de la Nación, "los ilícitos narrados, por el modo especial de su comisión, por su escala, volumen y gravedad, cometidos desde el aparato del Estado, constituyeron fundamentalmente crímenes de lesa humanidad, reconocidos en el derecho interno argentino".
Otro de los puntos que ha generado un importante cambio es el de reconocer los testimonios como prueba dentro de la causa, "los jueces a cargo tomaron como fundamentales los antecedentes entregados por 13 testigos que declararon lo que jamás había ocurrido", señala Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Su exposición, que logró instalar esta figura legal, se apoyó en el funcionamiento del aparato represivo del terrorismo de Estado, o sea "todos los elementos que hicieron parte del circuito de centros clandestinos de detención, las tareas de inteligencia que precedían a los secuestros, la metodología de destrucción física y síquica de los prisioneros, el silencio oficial ante las gestiones de los familiares, la desinformación sobre el destino de los secuestrados, la eliminación de todo rastro que pudiera configurar una prueba de lo ocurrido en el futuro", dice Godoy, y agrega que las sentencias anteriores tenían como base la llamada "teoría de los dos demonios", donde se colocaba en igualdad de condiciones al represor y a las víctimas. "Esta sentencia rompe con eso y habla de exterminio, genocidio y de la necesidad de justicia", afirma.
Para la abogada, la condena Etchecolatz abre "una tremenda esperanza, aunque aún es muy pronto para analizar con profundidad. Pero creemos que a partir de este juicio podemos probar las responsabilidades de quienes fueron los altos mandos que dirigían las operaciones y no quedarnos sólo con los autores materiales. Y con esta nueva figura de los ex detenidos como prueba tenemos muchísimas probabilidades".
1 de octubre de 2006
©la nación 
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