juzgados en el banquillo 3
[William Glaberson] En pequeños tribunales orales de Nueva York abundan los abusos de la ley y de poder. Historia llena de problemas.
Ciertamente, hay jueces que valen y defensores del sistema dicen que los buenos jueces superan de lejos a los malos. Esos partidarios, principalmente los jueces mismos y líderes políticos locales que a menudo los han elegido, dicen que los jueces de pueblo chico conocen los problemas de los pueblos chicos -y a la gente problemática- y pueden encontrar soluciones de sentido común a la medida.
Y, dicen, colocar a abogados a cargo de todos los juzgados costaría al estado decenas de millones de dólares.
"Es el método más eficiente y más barato para cerciorarse de que la gente del estado reciba justicia", dice Thomas R. Dias, un juez de pueblo en el condado de Columbia, que es presidente de la Asociación de Magistrados del estado, la organización de jueces.
Pero los archivos muestran cientos de casos reglamentarios -la mayoría de ellos desconocidos para el público.
En Catskills, Stanley Yusko encarcelaba rutinariamente a los acusados a la espera de su juicio por períodos más largos que los permitidos por la ley -en un caso, 64 días, porque pensaba que el acusado tenía información sobre el vandalismo de que había sido objeto la casa del propio juez, dijeron funcionarios del estado, que lo despidieron como juez de pueblo en Coxsackie en 1995. Yusko no podía siquiera ser juez; en realidad, había reprobado el test verdadero o falso.
En las afueras de Rochester, en Le Roy, un juez que todavía ejerce redactó declaraciones falsas, dijeron funcionarios del estado, para ayudar a los funcionarios de inmigración a deportar a un trabajador inmigrante hispano en 2003. Aunque el hombre se declaró inocente de la acusación de invasión de morada, el juez del pueblo, Charles E. Dusen, emitió un orden judicial diciendo que había sido condenado. En una entrevista, el juez Dusen dijo que trató de enmendar el error después de las quejas del abogado del trabajador. Pero el hombre fue deportado de todos modos.
En diciembre pasado, funcionarios de inspección revelaron que en un período de cinco años, un juez del área de Rochester había impuesto injustamente multas de tráfico por un valor de 170 mil dólares, mucho más de lo permitido por la ley. Y en junio, un juez al oeste de Nueva York, fue reprendido por amenazar a un hombre con la cárcel -advirtiéndole que llegara "con un par de miles de dólares para la fianza"- después de oír un mensaje que le dejara el hombre con sus quejas en su contestador.
Incluso ciudades satélite en los alrededores de Nueva York, donde los jueces son normalmente abogados, han sufrido los abusos del sistema.
En Mount Kisco, las personas que pedía la comprensión del juzgado, eran tratadas con sarcasmo: el juez Joseph J. Cerbone sacaba un violín de nueve pulgadas y amenazaba con ponerse a tocar. Cerbone telefoneó a una mujer y la convenció de no presentar cargos de maltratos contra el hijo de sus antiguos clientes, según muestran los archivos. Pero tomó ocho años, y pruebas de que se había apropiado de dineros de una cuenta en plica, para que la Corte de Apelaciones del estado pudiera finalmente sacarlo del cargo en 2004, después de más de veinticinco años.
En entrevistas, muchos de estos jueces rechazaron las acusaciones contra ellos, diciendo que la Comisión Encargada de la Conducta Judicial era injusta y determinada a terminar con los juzgados de pueblos.
Funcionarios de la comisión dicen que esa no es su intención.
Y la agencia está en problemas ella misma. Encargada del control de todos los juzgados del estado, no hace más que responder a las quejas. Su personal ha sido reducido en más de la mitad en las últimas dos décadas, quedando con apenas dos investigadores para la mitad occidental del estado.
Así que los funcionarios de la comisión se sorprendieron el año pasado al enterarse de que un juez del occidente de Nueva York que había renunciado mientras pendían cargos reglamentarios, estaba de vuelta en el juzgado.
La comisión reprendió dos veces al juez de pueblo, Paul F. Bender, de Marion, por burlarse de mujeres en casos de maltratos. Tratando el caso de un hombre acusado de agresión, preguntó a los agentes si se trataba de un simple caso "de una pelea de sábado por la noche, en la que él le pega a la mujer y ella lo quiere de vuelta en la mañana".
Pero en 1999 la comisión le ahorró el despido porque no se postularía a la reelección. Cuatros años más tarde, Bender se presentó nuevamente como candidato, sin que la comisión lo supiera, por un mandato que no expirará sino en 2007.
Robert H. Tembeckjian, el administrador de la comisión, dijo: "Nuestra hipótesis de trabajo es que un juez que renuncia mientras penden cargos administrativos, no va a volver al juzgado". Pero no dijo si su agencia emprendería -ni si podía- alguna acción contra el juez Bender.
Ciertamente, hay jueces que valen y defensores del sistema dicen que los buenos jueces superan de lejos a los malos. Esos partidarios, principalmente los jueces mismos y líderes políticos locales que a menudo los han elegido, dicen que los jueces de pueblo chico conocen los problemas de los pueblos chicos -y a la gente problemática- y pueden encontrar soluciones de sentido común a la medida.Y, dicen, colocar a abogados a cargo de todos los juzgados costaría al estado decenas de millones de dólares.
"Es el método más eficiente y más barato para cerciorarse de que la gente del estado reciba justicia", dice Thomas R. Dias, un juez de pueblo en el condado de Columbia, que es presidente de la Asociación de Magistrados del estado, la organización de jueces.
Pero los archivos muestran cientos de casos reglamentarios -la mayoría de ellos desconocidos para el público.
En Catskills, Stanley Yusko encarcelaba rutinariamente a los acusados a la espera de su juicio por períodos más largos que los permitidos por la ley -en un caso, 64 días, porque pensaba que el acusado tenía información sobre el vandalismo de que había sido objeto la casa del propio juez, dijeron funcionarios del estado, que lo despidieron como juez de pueblo en Coxsackie en 1995. Yusko no podía siquiera ser juez; en realidad, había reprobado el test verdadero o falso.
En las afueras de Rochester, en Le Roy, un juez que todavía ejerce redactó declaraciones falsas, dijeron funcionarios del estado, para ayudar a los funcionarios de inmigración a deportar a un trabajador inmigrante hispano en 2003. Aunque el hombre se declaró inocente de la acusación de invasión de morada, el juez del pueblo, Charles E. Dusen, emitió un orden judicial diciendo que había sido condenado. En una entrevista, el juez Dusen dijo que trató de enmendar el error después de las quejas del abogado del trabajador. Pero el hombre fue deportado de todos modos.
En diciembre pasado, funcionarios de inspección revelaron que en un período de cinco años, un juez del área de Rochester había impuesto injustamente multas de tráfico por un valor de 170 mil dólares, mucho más de lo permitido por la ley. Y en junio, un juez al oeste de Nueva York, fue reprendido por amenazar a un hombre con la cárcel -advirtiéndole que llegara "con un par de miles de dólares para la fianza"- después de oír un mensaje que le dejara el hombre con sus quejas en su contestador.
Incluso ciudades satélite en los alrededores de Nueva York, donde los jueces son normalmente abogados, han sufrido los abusos del sistema.
En Mount Kisco, las personas que pedía la comprensión del juzgado, eran tratadas con sarcasmo: el juez Joseph J. Cerbone sacaba un violín de nueve pulgadas y amenazaba con ponerse a tocar. Cerbone telefoneó a una mujer y la convenció de no presentar cargos de maltratos contra el hijo de sus antiguos clientes, según muestran los archivos. Pero tomó ocho años, y pruebas de que se había apropiado de dineros de una cuenta en plica, para que la Corte de Apelaciones del estado pudiera finalmente sacarlo del cargo en 2004, después de más de veinticinco años.
En entrevistas, muchos de estos jueces rechazaron las acusaciones contra ellos, diciendo que la Comisión Encargada de la Conducta Judicial era injusta y determinada a terminar con los juzgados de pueblos.
Funcionarios de la comisión dicen que esa no es su intención.
Y la agencia está en problemas ella misma. Encargada del control de todos los juzgados del estado, no hace más que responder a las quejas. Su personal ha sido reducido en más de la mitad en las últimas dos décadas, quedando con apenas dos investigadores para la mitad occidental del estado.
Así que los funcionarios de la comisión se sorprendieron el año pasado al enterarse de que un juez del occidente de Nueva York que había renunciado mientras pendían cargos reglamentarios, estaba de vuelta en el juzgado.
La comisión reprendió dos veces al juez de pueblo, Paul F. Bender, de Marion, por burlarse de mujeres en casos de maltratos. Tratando el caso de un hombre acusado de agresión, preguntó a los agentes si se trataba de un simple caso "de una pelea de sábado por la noche, en la que él le pega a la mujer y ella lo quiere de vuelta en la mañana".
Pero en 1999 la comisión le ahorró el despido porque no se postularía a la reelección. Cuatros años más tarde, Bender se presentó nuevamente como candidato, sin que la comisión lo supiera, por un mandato que no expirará sino en 2007.
Robert H. Tembeckjian, el administrador de la comisión, dijo: "Nuestra hipótesis de trabajo es que un juez que renuncia mientras penden cargos administrativos, no va a volver al juzgado". Pero no dijo si su agencia emprendería -ni si podía- alguna acción contra el juez Bender.
Jo Craven McGinty contribuyó a este reportaje.
25 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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