la brigada de asuntos especiales
Los sabuesos de los derechos humanos. A fondo con La Brigada de Asuntos Especiales de investigaciones.
Un grupo de detectives develó algunos de los casos de lesa humanidad más emblemáticos cometidos durante la dictadura. Un trabajo de relojería de la mano de jueces que se decidieron a investigar. A continuación algunas de las claves secretas que permitieron que la justicia llegara hasta oscuros e intrincados rincones de la historia.
Tras conocerse los resultados del Informe Rettig, en 1991, los tribunales se atestaron de casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Cada juez trabajó con miembros de Investigaciones según su criterio y pronto la cantidad de efectivos policiales no dio abasto. En 1992 se creó el primer esbozo de especialización para estos casos. Se llamó Comisión de Análisis y Coordinación Institucional y dependía del Departamento Quinto (DQ), hasta el '94, cuando se fusionó a esa unidad.
Después bajaron las órdenes de investigar de los jueces y parecía que las causas no tenían futuro. Pero la detención de Pinochet en Londres (1998) y la primera querella en su contra por ‘Calle Conferencia' dispararon el número de causas relacionadas con derechos humanos.
Para el 2000 el DQ, concebido para ‘investigaciones internas', había perdido ese carácter, pues 60 de sus 70 integrantes estaban abocados a dilucidar crímenes cometidos en la dictadura. En 2001, junto con la creación de los jueces con dedicación exclusiva, el director de Investigaciones, Nelson Mery, nombró como jefe del DQ a Rafael Castillo, quien creó nuevos equipos de trabajo para estas causas. Pronto el cambio de estructura tuvo su primer éxito al lograr que el 90% de los suboficiales del pelotón de fusilamiento del caso Caravana de la Muerte confesaran su participación en los hechos.
El Origen
Rafael Castillo asumió el DQ debido a la experiencia acumulada. En 1991, desde la Brigada de Homicidios (BH), junto a un equipo de detectives, investigó el asesinato de Orlando Letelier sustanciado en Chile por el juez Adolfo Bañados. Ese año obtuvieron antecedentes certeros sobre el accionar, financiamiento y misiones de la DINA en el exterior. Gracias a ello contactaron a Michael Townley, quien les relató los operativos en que participó. Así se abrieron puertas para aclarar judicialmente en Chile el crimen de Letelier, el asesinato de Carmelo Soria, el atentado de Bernardo Leighton y otros delitos similares.
La misma hebra también les sirvió para resolver el asesinato en Uruguay (1993) de Eugenio Berríos. En la casa donde estuvo el químico de la DINA encontraron cheques de su sueldo y otros datos fueron aportados por personal militar. Con estos antecedentes, en 2002, la jueza del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, procesó a seis militares activos y en retiro por el caso que –a pesar de no haber condenas– policialmente está resuelto, pues los autores materiales, mayores (R) Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, estarían confesos.
En 2004 asumió como director de Investigaciones Arturo Herrera, quien devolvió al DQ su antigua orgánica y creó la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES), al mando del subcomisario Sandro Gaete. A la fecha, la BAES tiene a su cargo el 95% de las causas de lesa humanidad y es dirigida por el comisario Abel Lizama, quien depende de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, a cargo del ahora prefecto inspector Rafael Castillo. En 2005, esta unidad fue la mejor evaluada de la institución. Ese mismo año, el director ejecutivo de la división América de Human Rights, de visita en Chile, destacó el trabajo de la BAES señalándolo como uno de los esfuerzos policiales más destacados del planeta.
Conferencia de Asesinos
En el caso ‘calle Conferencia' hubo elementos complejos. En mayo de 1976, los dirigentes del Comité Central del PC Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Uldarico Donaire y Jaime Donato, además de Elisa Escobar y Víctor Díaz, fueron secuestrados desde una casa ratonera ubicada en esa calle. Todos los recursos de amparo presentados fueron rechazados y las querellas sobreseídas.
En 1998, Gladys Marín y el abogado Eduardo Contreras interpusieron una nueva querella y la causa llegó a manos del juez Juan Guzmán Tapia, quien trabajó con el DQ para determinar el destino de los dirigentes.
En 2001, al dictarse los primeros procesamientos, el coronel (R) Germán Barriga, a cargo del secuestro, se lanzó de un edificio en construcción. "Llegué al punto de no poder resistir (...) grupos políticos que me han perseguido y presionado (...) desde que soy uniformado en retiro".
El caso ‘calle Conferencia' sirvió para determinar por primera vez el destino final de detenidos desaparecidos. La policía civil encontró una hebra de la investigación en 2003 cuando un suboficial (R) de la Brigada Purén –creada para aniquilar el PC–, a cargo del entonces capitán Germán Barriga, confesó que llevaban a los detenidos hasta el aeródromo de Tobalaba, donde –en una operación conjunta con el comando de aviación del ejército– eran introducidos en sacos, amarrados a rieles y arrojados al mar desde helicópteros Puma. Otros dos ex agentes de esa brigada confirmaron los dichos.
Los detectives empadronaron a todos los pilotos y mecánicos de aviones que prestaron servicios durante el período indicado. Los pilotos nunca reconocieron esa labor, pero 12 mecánicos señalaron que hasta la base llegaban agentes de la DINA y que subían bultos a los helicópteros. Estimaciones posteriores establecieron que unos 400 cuerpos fueron hechos desaparecer así entre 1974 y 1978.
Un macabro hallazgo de la investigación fue el caso de la dirigente del PC Marta Ugarte, cuyo cadáver fue encontrado en Los Molles en 1976. Un agente confesó que la ató defectuosamente y por ello su cuerpo no llegó al fondo del mar.
Por el caso ‘calle Conferencia' hoy están procesados el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, el agente Carlos López Tapia, los pilotos Emilio de la Mahotiere, Antonio Palomo, Óscar Vicuña y Luis Felipe Polanco y el ex jefe del Comando de Aviación del Ejército Carlos Mardones Díaz.
Ver Bajo el Agua
Con las confesiones de los agentes, el juez Guzmán recibió gran cantidad de antecedentes sobre el posible paradero de los cuerpos. Uno de ellos indicaba que en Quintero "un buzo llamado Luis" habría encontrado rieles en el lecho marino. En septiembre de 2004, tras siete días de búsqueda, a un kilómetro de la costa y a 30 metros de profundidad aparecieron los rieles.
El juez Guzmán calificó el hallazgo como un éxito, el informe pericial químico reveló que las evidencias correspondían a rieles modelo Vignoles, que se utilizan en las vías férreas para sustentar y guiar locomotoras y vagones.
Tras el retiro del juez Guzmán en 2005, la causa quedó en manos del juez Víctor Montiglio. "No se pidieron más diligencias y no volvimos a ese lugar, llamado ‘Bajo Cochrane', por su poca profundidad, ahí estuvo el error de la DINA. Pero algunos testimonios preliminares señalaban que en el suelo marino se había visto un cráneo rodando", dice una alta fuente de Investigaciones.
"Operación Retiro de Televisores"
A fines de 1978 y principios del '79, una clave perentoria llegó a todas las guarniciones del país. El mensaje emanaba del propio Pinochet. Había que desenterrar los cuerpos de los ejecutados y hacerlos desaparecer. Algunos fueron quemados –como en el caso del Regimiento de Los Ángeles– y otros lanzados al mar.
Los primeros atisbos de esta operación habían aparecido el '99, cuando el capitán (R) Pedro Rodríguez declaró al juez Guzmán que la orden de exhumar los cuerpos venía firmada por el propio Pinochet. Sin embargo, la versión fue desvirtuada por otros miembros del ejército, argumentando que era una operación de inteligencia. En 2002, Investigaciones obtuvo una nueva señal cuando indagaban el asesinato de Víctor Jara y los secuestrados de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, y un suboficial confesó la exhumación de sus cuerpos en un predio de Peldehue. El oficial a cargo llevó dos cajas de pisco. "Nos embriagamos para soportar el olor", declaró.
Sin embargo, sólo tiempo después apareció la hebra para dar validez a la tesis sobre la ‘operación retiro de televisores'. La brigada averiguó que un suboficial solicitó una urgente audiencia al entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por medio de una carta donde mencionaba su participación en la operación y el descontento por el trato recibido por sus camaradas. Cheyre derivó la misiva a los tribunales, pero como el suboficial se negó a cooperar, el tema fue archivado.
Pero los detectives del DQ se enteraron de su existencia y consiguieron una orden para entrevistarlo. En junio de 2004, Jaime Alberto Muller Avilés, sargento primero del ejército y ex integrante del regimiento de Los Ángeles, declaró: "Excavamos 80 centímetros, encontrando los cuerpos de cinco o seis hombres vestidos y con botas de goma. Sacamos las osamentas y las dejamos en unos sacos plásticos". Después, muchos más hablaron.
Según declaró a la prensa el ex director de la CNI Odlanier Mena la ‘operación retiro de televisores' fue motivada por la investigación iniciada por la Vicaría de la Solidaridad, tras el hallazgo en 1978 de 15 osamentas en Lonquén. "El país estaba casi en guerra con Argentina. Era fundamental la cohesión del frente interno. La gente debía estar convencida de ir a la guerra y apoyar a sus Fuerzas Armadas. Si aparecían más lonquenes, el frente interno se dañaría".
El Huevo de la Serpiente
Después del 73, el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, a cargo del coronel Manuel Contreras Sepúlveda, se transformó en un campo de prisioneros políticos y fue el lugar donde la naciente DINA utilizó por primera vez las técnicas de tortura.
En 2003, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel se declaró incompetente para investigar una querella por torturas en ese recinto, la causa pasó al ministro Alejandro Solís. Ahí comenzaron los avances.
El inspector Alejandro Vignolo, a cargo de la investigación, ubicó a quienes durante 1973 realizaron el servicio militar en ese lugar. Treinta años después entregaron valiosos antecedentes, ya que su labor fue hacer de "choferes" en las detenciones de adherentes al Gobierno de la UP. Por sus testimonios se supo, por ejemplo, el origen de las míticas "palomas", las camionetas blancas Chevrolet C-10 utilizadas por la DINA en cientos de detenciones. Originalmente pertenecían a la Pesquera Arauco y eran utilizadas para transportar pescados y mariscos, pero fueron decomisadas y transformadas en el símbolo de la DINA.
También se logró determinar con exactitud la identidad del grupo de torturadores y encargados de eliminar a los detenidos. Además del testimonio de las víctimas se logró que un agente de la DINA aportara datos aterradores actualmente parte del sumario: "[En el subterráneo] había frigoríficos en desuso, los cuales eran utilizados como calabozos antes y después de las sesiones de torturas. Había cuatro o cinco parrillas, varias máquinas de corriente, vendas, palos, tontos de goma, etc.", declaró un suboficial (R) en mayo de 2005. También dio luces sobre el paradero de la ciudadana uruguaya Nelsa Gadea Galán, desaparecida hasta la fecha: "Se encontraba desnuda, vendada y amordazada a la parrilla, a la que le proporcionaban torturas. Una de ellas consistió en introducirle una zanahoria de regular tamaño en la vagina mientras realizaban distintas preguntas".
En 2004, LND publicó el reportaje ‘Enterrados en el mar', donde un maquinista del barco remolcador ‘Kiwi' denunció que los militares de Tejas Verdes lanzaron gente al mar. La hebra esta vez llegó debido a que un detenido en el campo de prisioneros grabó una conversación que tuvo con el maquinista y la entregó a Investigaciones. El hombre reconoció esta labor ante la justicia, pero no conocía a las personas. Sin embargo, la investigación siguió avanzando hasta que en 2005, Gregorio Romero terminó de cerrar el círculo "personal de la DINA procedió a bajar una caja de madera rústica de dimensiones 1,80 de largo y 60 cm. de ancho, amarrada con alambre, la cual en su interior presumiblemente llevaba un prisionero político muerto. Nos embarcamos en el remolcador ‘Kiwi', en donde tras navegar media hora, los agentes lanzaron la caja al agua".
Actualmente en este caso están procesados por torturas y secuestro calificado Manuel Contreras, Mario Jara, el teniente coronel Claudio Kossiel Horning, el médico del Ejército coronel Vittorio Orvieto Teplisky, junto a los suboficiales David Miranda Monardes y Patricio Carranza Saavedra. De la Policía de Investigaciones, el oficial de San Antonio Nelson Valdés Cornejo. El coronel de Ejército Jorge Núñez Magallanes está procesado sólo por torturas.
Captura de Schäfer
Un año antes, en 2004, tuvieron una participación decisiva en la detención de Paul Schäfer. Luego que el consulado alemán en Argentina detectara que algunos colonos querían establecerse allá, los policías chilenos recabaron el testimonio de un abogado cercano a Villa Baviera: el jerarca sería operado y requería un tratamiento que se da en pocos centros médicos. Ya se había establecido el lugar geográfico donde los colonos pretendían comprar terrenos, la policía argentina dio con el hospital y un doctor reconoció haber operado a un hombre con los rasgos de Schäfer. Poco después, efectivos transandinos interceptaron conversaciones telefónicas de su hija adoptiva, Rebeca, solicitando al doctor el cambio de un medicamento. Así se determinó su paradero exacto. Dos semanas antes de que Schäfer cayera preso, la policía y el gobierno chilenos conocían su paradero.
Al ser detenido (30-3-2005) en Tortuguita, a 40 kilómetros de Buenos Aires, señaló que no hablaba castellano. Cuando llegó el personal del DQ, que seguía sus pasos hacía años, Schäfer los miró desde su silla de ruedas, como quien ve a un fantasma que lo atormenta, y en un español fluido les dijo: "Sólo les pido por favor que no toquen a mi hija Rebeca", recuerda un detective presente. Luego, el jerarca entregó importantes datos sobre la Colonia Dignidad, actualmente en análisis y que podrían abrir nuevas aristas.
El 29 de enero de 2005, tras una ardua investigación, llegaron al domicilio del ex director de la DINA general Manuel Contreras, para detenerlo por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval. La pataleta de Contreras, desenfunde de pistola incluida, fue transmitida en directo por TVN. Un detective recuerda: "En el auto íbamos con los nervios de punta. Había sido una situación límite y no se hablaba una palabra. Pero el caballero cambió de switch, se relajó y comenzó a disfrutar del paisaje por la ventana. Tal vez no se imaginaba lo que le esperaba".
Un grupo de detectives develó algunos de los casos de lesa humanidad más emblemáticos cometidos durante la dictadura. Un trabajo de relojería de la mano de jueces que se decidieron a investigar. A continuación algunas de las claves secretas que permitieron que la justicia llegara hasta oscuros e intrincados rincones de la historia.Tras conocerse los resultados del Informe Rettig, en 1991, los tribunales se atestaron de casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Cada juez trabajó con miembros de Investigaciones según su criterio y pronto la cantidad de efectivos policiales no dio abasto. En 1992 se creó el primer esbozo de especialización para estos casos. Se llamó Comisión de Análisis y Coordinación Institucional y dependía del Departamento Quinto (DQ), hasta el '94, cuando se fusionó a esa unidad.
Después bajaron las órdenes de investigar de los jueces y parecía que las causas no tenían futuro. Pero la detención de Pinochet en Londres (1998) y la primera querella en su contra por ‘Calle Conferencia' dispararon el número de causas relacionadas con derechos humanos.
Para el 2000 el DQ, concebido para ‘investigaciones internas', había perdido ese carácter, pues 60 de sus 70 integrantes estaban abocados a dilucidar crímenes cometidos en la dictadura. En 2001, junto con la creación de los jueces con dedicación exclusiva, el director de Investigaciones, Nelson Mery, nombró como jefe del DQ a Rafael Castillo, quien creó nuevos equipos de trabajo para estas causas. Pronto el cambio de estructura tuvo su primer éxito al lograr que el 90% de los suboficiales del pelotón de fusilamiento del caso Caravana de la Muerte confesaran su participación en los hechos.
El Origen
Rafael Castillo asumió el DQ debido a la experiencia acumulada. En 1991, desde la Brigada de Homicidios (BH), junto a un equipo de detectives, investigó el asesinato de Orlando Letelier sustanciado en Chile por el juez Adolfo Bañados. Ese año obtuvieron antecedentes certeros sobre el accionar, financiamiento y misiones de la DINA en el exterior. Gracias a ello contactaron a Michael Townley, quien les relató los operativos en que participó. Así se abrieron puertas para aclarar judicialmente en Chile el crimen de Letelier, el asesinato de Carmelo Soria, el atentado de Bernardo Leighton y otros delitos similares.
La misma hebra también les sirvió para resolver el asesinato en Uruguay (1993) de Eugenio Berríos. En la casa donde estuvo el químico de la DINA encontraron cheques de su sueldo y otros datos fueron aportados por personal militar. Con estos antecedentes, en 2002, la jueza del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, procesó a seis militares activos y en retiro por el caso que –a pesar de no haber condenas– policialmente está resuelto, pues los autores materiales, mayores (R) Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, estarían confesos.
En 2004 asumió como director de Investigaciones Arturo Herrera, quien devolvió al DQ su antigua orgánica y creó la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES), al mando del subcomisario Sandro Gaete. A la fecha, la BAES tiene a su cargo el 95% de las causas de lesa humanidad y es dirigida por el comisario Abel Lizama, quien depende de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, a cargo del ahora prefecto inspector Rafael Castillo. En 2005, esta unidad fue la mejor evaluada de la institución. Ese mismo año, el director ejecutivo de la división América de Human Rights, de visita en Chile, destacó el trabajo de la BAES señalándolo como uno de los esfuerzos policiales más destacados del planeta.
Conferencia de Asesinos
En el caso ‘calle Conferencia' hubo elementos complejos. En mayo de 1976, los dirigentes del Comité Central del PC Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Uldarico Donaire y Jaime Donato, además de Elisa Escobar y Víctor Díaz, fueron secuestrados desde una casa ratonera ubicada en esa calle. Todos los recursos de amparo presentados fueron rechazados y las querellas sobreseídas.
En 1998, Gladys Marín y el abogado Eduardo Contreras interpusieron una nueva querella y la causa llegó a manos del juez Juan Guzmán Tapia, quien trabajó con el DQ para determinar el destino de los dirigentes.
En 2001, al dictarse los primeros procesamientos, el coronel (R) Germán Barriga, a cargo del secuestro, se lanzó de un edificio en construcción. "Llegué al punto de no poder resistir (...) grupos políticos que me han perseguido y presionado (...) desde que soy uniformado en retiro".
El caso ‘calle Conferencia' sirvió para determinar por primera vez el destino final de detenidos desaparecidos. La policía civil encontró una hebra de la investigación en 2003 cuando un suboficial (R) de la Brigada Purén –creada para aniquilar el PC–, a cargo del entonces capitán Germán Barriga, confesó que llevaban a los detenidos hasta el aeródromo de Tobalaba, donde –en una operación conjunta con el comando de aviación del ejército– eran introducidos en sacos, amarrados a rieles y arrojados al mar desde helicópteros Puma. Otros dos ex agentes de esa brigada confirmaron los dichos.
Los detectives empadronaron a todos los pilotos y mecánicos de aviones que prestaron servicios durante el período indicado. Los pilotos nunca reconocieron esa labor, pero 12 mecánicos señalaron que hasta la base llegaban agentes de la DINA y que subían bultos a los helicópteros. Estimaciones posteriores establecieron que unos 400 cuerpos fueron hechos desaparecer así entre 1974 y 1978.
Un macabro hallazgo de la investigación fue el caso de la dirigente del PC Marta Ugarte, cuyo cadáver fue encontrado en Los Molles en 1976. Un agente confesó que la ató defectuosamente y por ello su cuerpo no llegó al fondo del mar.
Por el caso ‘calle Conferencia' hoy están procesados el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, el agente Carlos López Tapia, los pilotos Emilio de la Mahotiere, Antonio Palomo, Óscar Vicuña y Luis Felipe Polanco y el ex jefe del Comando de Aviación del Ejército Carlos Mardones Díaz.
Ver Bajo el Agua
Con las confesiones de los agentes, el juez Guzmán recibió gran cantidad de antecedentes sobre el posible paradero de los cuerpos. Uno de ellos indicaba que en Quintero "un buzo llamado Luis" habría encontrado rieles en el lecho marino. En septiembre de 2004, tras siete días de búsqueda, a un kilómetro de la costa y a 30 metros de profundidad aparecieron los rieles.
El juez Guzmán calificó el hallazgo como un éxito, el informe pericial químico reveló que las evidencias correspondían a rieles modelo Vignoles, que se utilizan en las vías férreas para sustentar y guiar locomotoras y vagones.
Tras el retiro del juez Guzmán en 2005, la causa quedó en manos del juez Víctor Montiglio. "No se pidieron más diligencias y no volvimos a ese lugar, llamado ‘Bajo Cochrane', por su poca profundidad, ahí estuvo el error de la DINA. Pero algunos testimonios preliminares señalaban que en el suelo marino se había visto un cráneo rodando", dice una alta fuente de Investigaciones.
"Operación Retiro de Televisores"
A fines de 1978 y principios del '79, una clave perentoria llegó a todas las guarniciones del país. El mensaje emanaba del propio Pinochet. Había que desenterrar los cuerpos de los ejecutados y hacerlos desaparecer. Algunos fueron quemados –como en el caso del Regimiento de Los Ángeles– y otros lanzados al mar.
Los primeros atisbos de esta operación habían aparecido el '99, cuando el capitán (R) Pedro Rodríguez declaró al juez Guzmán que la orden de exhumar los cuerpos venía firmada por el propio Pinochet. Sin embargo, la versión fue desvirtuada por otros miembros del ejército, argumentando que era una operación de inteligencia. En 2002, Investigaciones obtuvo una nueva señal cuando indagaban el asesinato de Víctor Jara y los secuestrados de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, y un suboficial confesó la exhumación de sus cuerpos en un predio de Peldehue. El oficial a cargo llevó dos cajas de pisco. "Nos embriagamos para soportar el olor", declaró.
Sin embargo, sólo tiempo después apareció la hebra para dar validez a la tesis sobre la ‘operación retiro de televisores'. La brigada averiguó que un suboficial solicitó una urgente audiencia al entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por medio de una carta donde mencionaba su participación en la operación y el descontento por el trato recibido por sus camaradas. Cheyre derivó la misiva a los tribunales, pero como el suboficial se negó a cooperar, el tema fue archivado.
Pero los detectives del DQ se enteraron de su existencia y consiguieron una orden para entrevistarlo. En junio de 2004, Jaime Alberto Muller Avilés, sargento primero del ejército y ex integrante del regimiento de Los Ángeles, declaró: "Excavamos 80 centímetros, encontrando los cuerpos de cinco o seis hombres vestidos y con botas de goma. Sacamos las osamentas y las dejamos en unos sacos plásticos". Después, muchos más hablaron.
Según declaró a la prensa el ex director de la CNI Odlanier Mena la ‘operación retiro de televisores' fue motivada por la investigación iniciada por la Vicaría de la Solidaridad, tras el hallazgo en 1978 de 15 osamentas en Lonquén. "El país estaba casi en guerra con Argentina. Era fundamental la cohesión del frente interno. La gente debía estar convencida de ir a la guerra y apoyar a sus Fuerzas Armadas. Si aparecían más lonquenes, el frente interno se dañaría".
El Huevo de la Serpiente
Después del 73, el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, a cargo del coronel Manuel Contreras Sepúlveda, se transformó en un campo de prisioneros políticos y fue el lugar donde la naciente DINA utilizó por primera vez las técnicas de tortura.
En 2003, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel se declaró incompetente para investigar una querella por torturas en ese recinto, la causa pasó al ministro Alejandro Solís. Ahí comenzaron los avances.
El inspector Alejandro Vignolo, a cargo de la investigación, ubicó a quienes durante 1973 realizaron el servicio militar en ese lugar. Treinta años después entregaron valiosos antecedentes, ya que su labor fue hacer de "choferes" en las detenciones de adherentes al Gobierno de la UP. Por sus testimonios se supo, por ejemplo, el origen de las míticas "palomas", las camionetas blancas Chevrolet C-10 utilizadas por la DINA en cientos de detenciones. Originalmente pertenecían a la Pesquera Arauco y eran utilizadas para transportar pescados y mariscos, pero fueron decomisadas y transformadas en el símbolo de la DINA.
También se logró determinar con exactitud la identidad del grupo de torturadores y encargados de eliminar a los detenidos. Además del testimonio de las víctimas se logró que un agente de la DINA aportara datos aterradores actualmente parte del sumario: "[En el subterráneo] había frigoríficos en desuso, los cuales eran utilizados como calabozos antes y después de las sesiones de torturas. Había cuatro o cinco parrillas, varias máquinas de corriente, vendas, palos, tontos de goma, etc.", declaró un suboficial (R) en mayo de 2005. También dio luces sobre el paradero de la ciudadana uruguaya Nelsa Gadea Galán, desaparecida hasta la fecha: "Se encontraba desnuda, vendada y amordazada a la parrilla, a la que le proporcionaban torturas. Una de ellas consistió en introducirle una zanahoria de regular tamaño en la vagina mientras realizaban distintas preguntas".
En 2004, LND publicó el reportaje ‘Enterrados en el mar', donde un maquinista del barco remolcador ‘Kiwi' denunció que los militares de Tejas Verdes lanzaron gente al mar. La hebra esta vez llegó debido a que un detenido en el campo de prisioneros grabó una conversación que tuvo con el maquinista y la entregó a Investigaciones. El hombre reconoció esta labor ante la justicia, pero no conocía a las personas. Sin embargo, la investigación siguió avanzando hasta que en 2005, Gregorio Romero terminó de cerrar el círculo "personal de la DINA procedió a bajar una caja de madera rústica de dimensiones 1,80 de largo y 60 cm. de ancho, amarrada con alambre, la cual en su interior presumiblemente llevaba un prisionero político muerto. Nos embarcamos en el remolcador ‘Kiwi', en donde tras navegar media hora, los agentes lanzaron la caja al agua".
Actualmente en este caso están procesados por torturas y secuestro calificado Manuel Contreras, Mario Jara, el teniente coronel Claudio Kossiel Horning, el médico del Ejército coronel Vittorio Orvieto Teplisky, junto a los suboficiales David Miranda Monardes y Patricio Carranza Saavedra. De la Policía de Investigaciones, el oficial de San Antonio Nelson Valdés Cornejo. El coronel de Ejército Jorge Núñez Magallanes está procesado sólo por torturas.
Captura de Schäfer
Un año antes, en 2004, tuvieron una participación decisiva en la detención de Paul Schäfer. Luego que el consulado alemán en Argentina detectara que algunos colonos querían establecerse allá, los policías chilenos recabaron el testimonio de un abogado cercano a Villa Baviera: el jerarca sería operado y requería un tratamiento que se da en pocos centros médicos. Ya se había establecido el lugar geográfico donde los colonos pretendían comprar terrenos, la policía argentina dio con el hospital y un doctor reconoció haber operado a un hombre con los rasgos de Schäfer. Poco después, efectivos transandinos interceptaron conversaciones telefónicas de su hija adoptiva, Rebeca, solicitando al doctor el cambio de un medicamento. Así se determinó su paradero exacto. Dos semanas antes de que Schäfer cayera preso, la policía y el gobierno chilenos conocían su paradero.
Al ser detenido (30-3-2005) en Tortuguita, a 40 kilómetros de Buenos Aires, señaló que no hablaba castellano. Cuando llegó el personal del DQ, que seguía sus pasos hacía años, Schäfer los miró desde su silla de ruedas, como quien ve a un fantasma que lo atormenta, y en un español fluido les dijo: "Sólo les pido por favor que no toquen a mi hija Rebeca", recuerda un detective presente. Luego, el jerarca entregó importantes datos sobre la Colonia Dignidad, actualmente en análisis y que podrían abrir nuevas aristas.
El 29 de enero de 2005, tras una ardua investigación, llegaron al domicilio del ex director de la DINA general Manuel Contreras, para detenerlo por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval. La pataleta de Contreras, desenfunde de pistola incluida, fue transmitida en directo por TVN. Un detective recuerda: "En el auto íbamos con los nervios de punta. Había sido una situación límite y no se hablaba una palabra. Pero el caballero cambió de switch, se relajó y comenzó a disfrutar del paisaje por la ventana. Tal vez no se imaginaba lo que le esperaba".
2 de octubre de 2006
©la nación 
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