juzgados en el banquillo 5
[William Glaberson] En pequeños tribunales orales de Nueva York abundan los abusos de la ley y de poder. Formación básica.
A medida que las meteduras de pata y otras cosas peores se han ido apilando con el curso de los años, también lo han hecho las apagadas quejas dentro del sistema. Las transcripciones de las vistas disciplinarias de la comisión, que usualmente se hacen a puertas cerradas, muestran que algunos jueces han casi mendigado por más formación, o por cualquier tipo de ayuda.
Anthony Ellis, un carnicero de Tupper Lake que normalmente encarcelaba a los acusados para obligarlos a declararse culpables, resumió claramente, en una vista cerrada, su inseguridad: "Es como cruzar un río por una cuerda floja".
William G. Mayville, un obrero jubilado que convirtió su tribunal en las cercanías de Fort Covington en una agencia judicial para empresarios de la localidad, ofreció una explicación simplemente irrefutable: "Ciertamente sólo soy un hombre sencillo haciendo un trabajo que, sabes, lo hago lo mejor que puedo con la poca educación que tuve".
Hombres simples, y sus simples sabidurías es la filosofía que se oculta detrás de los juzgados de pueblo chico. Una institución inglesa del siglo 13, el juez de paz fue exportado a las colonias en el siglo 17 junto con una idea fundamental: que los legos podían resolver casos pequeños con soluciones prácticas enraizadas en las costumbres locales o en el sentido común.
Pero como la vida, y la ley, se hicieron cada vez más complejas a mediados del siglo 20, varios estados, incluyendo California, Nueva Jersey y Connecticut, crearon más juzgados locales profesionales.
En Delaware, donde los magistrados locales nombrados tienen menos autoridad que los jueces de Nueva York, el estado somete a los candidatos a tests académicos y psicológicos, y los hace empezar después de una formación de once semanas. "Es un reflejo de la opinión de que cuando estamos tratando con la vida de la gente, cuando tratamos con la libertad de la gente, debemos tomarlo seriamente", dijo el primer magistrado, Alan G. Davis, abogado.
En Nueva York los juzgados han sido reemplazados por tribunales de distrito financiados por es estado, con jueces abogados, en los condados de Nassau y de Suffolk occidental. Pero los últimos llamados importantes para una reforma a nivel nacional estallaron a principios de los años ochenta, y el tiempo destinado a la formación de los jueces no ha cambiado. Aquellos que no han estudiado derecho deben seguir un cursillo de seis días. Los abogados no están obligados a asistir, pero todos los jueces deben participar en cursos de actualización de doce horas una vez al año.
Maryrita Dobiel, que dirige el programa de formación para la Oficina de Administración de Tribunales, dijo que las clases proporcionaban una introducción a principios jurídicos, pero no mucho más, dado que se trataba de un cuerpo estudiantil de grados muy diversos de educación. "Tenemos que enseñar al denominador común más bajo", dijo. Los principios generales de derecho penal, una asignatura que toma un semestre o más en las facultades de derecho, se enseñan aquí en cinco horas.
Al finalizar el cursillo, los jueces deben aprobar al menos un 70 por ciento de una prueba de 50 preguntas del tipo verdadero o falso. Los que fracasan deben repetir el curso, y el examen. "Nosotros no determinamos si están o no calificados para ser jueces", dice Dobiel. "La gente que los elige ya han tomado esa decisión".
La verdadera prueba se toma en el estrado.
Varios jueces han amenazado con arrestar a los litigantes en casos de pequeñas demandas, mostrando que no entienden la diferencia entre casos civiles y criminales. Otros han dicho a la comisión de conducta criminal que estaban en desacuerdo con la garantía constitucional de que un acusado tiene derecho a un abogado.
John D. Cox, encargado de una cantera en Le Ray, cerca de Watertown, encarcelaba sumariamente a la gente que no pagaba las multas, declaró la comisión. Pero en 2002 recibió la pena pública mínima, una admonición, después de que explicara de que sus 22 años en el oficio, nunca se le había enseñado que la ley permite que los acusados tengan una nueva vista y un abogado cuando decían que no podían pagar las multas.
Los jueces cuentan con algo parecido a un salvavidas: Pueden llamar a un centro de información cerca de Albany donde cuatro abogados tratan más de 18 mil preguntas al año. Pero hay límites a lo que el centro puede hacer.
"Les contamos qué opciones tienen", dice el director del centro, Paul Toomey. "Pero no les decimos que están equivocados".
A medida que las meteduras de pata y otras cosas peores se han ido apilando con el curso de los años, también lo han hecho las apagadas quejas dentro del sistema. Las transcripciones de las vistas disciplinarias de la comisión, que usualmente se hacen a puertas cerradas, muestran que algunos jueces han casi mendigado por más formación, o por cualquier tipo de ayuda.Anthony Ellis, un carnicero de Tupper Lake que normalmente encarcelaba a los acusados para obligarlos a declararse culpables, resumió claramente, en una vista cerrada, su inseguridad: "Es como cruzar un río por una cuerda floja".
William G. Mayville, un obrero jubilado que convirtió su tribunal en las cercanías de Fort Covington en una agencia judicial para empresarios de la localidad, ofreció una explicación simplemente irrefutable: "Ciertamente sólo soy un hombre sencillo haciendo un trabajo que, sabes, lo hago lo mejor que puedo con la poca educación que tuve".
Hombres simples, y sus simples sabidurías es la filosofía que se oculta detrás de los juzgados de pueblo chico. Una institución inglesa del siglo 13, el juez de paz fue exportado a las colonias en el siglo 17 junto con una idea fundamental: que los legos podían resolver casos pequeños con soluciones prácticas enraizadas en las costumbres locales o en el sentido común.
Pero como la vida, y la ley, se hicieron cada vez más complejas a mediados del siglo 20, varios estados, incluyendo California, Nueva Jersey y Connecticut, crearon más juzgados locales profesionales.
En Delaware, donde los magistrados locales nombrados tienen menos autoridad que los jueces de Nueva York, el estado somete a los candidatos a tests académicos y psicológicos, y los hace empezar después de una formación de once semanas. "Es un reflejo de la opinión de que cuando estamos tratando con la vida de la gente, cuando tratamos con la libertad de la gente, debemos tomarlo seriamente", dijo el primer magistrado, Alan G. Davis, abogado.
En Nueva York los juzgados han sido reemplazados por tribunales de distrito financiados por es estado, con jueces abogados, en los condados de Nassau y de Suffolk occidental. Pero los últimos llamados importantes para una reforma a nivel nacional estallaron a principios de los años ochenta, y el tiempo destinado a la formación de los jueces no ha cambiado. Aquellos que no han estudiado derecho deben seguir un cursillo de seis días. Los abogados no están obligados a asistir, pero todos los jueces deben participar en cursos de actualización de doce horas una vez al año.
Maryrita Dobiel, que dirige el programa de formación para la Oficina de Administración de Tribunales, dijo que las clases proporcionaban una introducción a principios jurídicos, pero no mucho más, dado que se trataba de un cuerpo estudiantil de grados muy diversos de educación. "Tenemos que enseñar al denominador común más bajo", dijo. Los principios generales de derecho penal, una asignatura que toma un semestre o más en las facultades de derecho, se enseñan aquí en cinco horas.
Al finalizar el cursillo, los jueces deben aprobar al menos un 70 por ciento de una prueba de 50 preguntas del tipo verdadero o falso. Los que fracasan deben repetir el curso, y el examen. "Nosotros no determinamos si están o no calificados para ser jueces", dice Dobiel. "La gente que los elige ya han tomado esa decisión".
La verdadera prueba se toma en el estrado.
Varios jueces han amenazado con arrestar a los litigantes en casos de pequeñas demandas, mostrando que no entienden la diferencia entre casos civiles y criminales. Otros han dicho a la comisión de conducta criminal que estaban en desacuerdo con la garantía constitucional de que un acusado tiene derecho a un abogado.
John D. Cox, encargado de una cantera en Le Ray, cerca de Watertown, encarcelaba sumariamente a la gente que no pagaba las multas, declaró la comisión. Pero en 2002 recibió la pena pública mínima, una admonición, después de que explicara de que sus 22 años en el oficio, nunca se le había enseñado que la ley permite que los acusados tengan una nueva vista y un abogado cuando decían que no podían pagar las multas.
Los jueces cuentan con algo parecido a un salvavidas: Pueden llamar a un centro de información cerca de Albany donde cuatro abogados tratan más de 18 mil preguntas al año. Pero hay límites a lo que el centro puede hacer.
"Les contamos qué opciones tienen", dice el director del centro, Paul Toomey. "Pero no les decimos que están equivocados".
Jo Craven McGinty contribuyó a este reportaje.
25 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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