juzgados en el banquillo 7
[William Glaberson] En pequeños tribunales orales de Nueva York abundan los abusos de la ley y de poder. Cultura del secreto.
El sentimiento de impotencia empieza a menudo en la puerta del juzgado. Muchos jueces trabajan en oficinas agobiantemente estrechas, donde hacen pasar a los involucrados de uno cada vez. Muchos toman declaraciones, resuelven diferendos o dictan veredicto en casos criminales sin notificar al fiscal, ni a los abogados y ni siquiera a la gente directamente involucrada. Algunos jueces pueden ser muy selectivos, según muestran archivos del estado: En un proceso criminal en 1999, en Kinderhook, al sur de Albany, el juez Edward J. Williams admitió a todos en su sala, menos al abogado de la víctima.
Las sesiones del juzgado pueden ser igual de imprevisibles -realizadas rara vez o en horarios estrafalarios, o suspendidas sin previo aviso. En 2004, el Fondo de Defensa Jurídica y Educacional de la NAACP constató que la gente que esperaba juicio en el condado de Schuyler en Finger Lakes era encarcelada durante meses simplemente a la espera de que el juzgado se reuniera nuevamente. Un estudiante de secundaria detenido por un cargo de drogas de poco monta en el verano de 2003 todavía estaba en la cárcel en octubre, esperando su juicio.
Pero el mayor obstáculo es saber qué pasa en los juzgados.
Una abogado de oficio, de Rochester, Laurie Lambrix, dijo que cuando recurrió en el caso de una madre de seis hijos -una mujer negra desalojada en 1999 por su casero blanco que, según ella, había hecho comentarios racistas-, un juez de la cercana Gates le dijo que no podía consultar las actas judiciales de su propio cliente. "Yo sabía que las actas judiciales eran públicas", dijo Lambrix. "No podía creer que el juez fuera tan ignorante".
Pero tuvo suerte; al menos se llevaban actas, las que finalmente consiguió. En muchos juzgados es prácticamente imposible reconstruir lo que ha ocurrido. Algunos pueblos utilizan mecanógrafas o sistemas de grabación, y algunos jueces garabatean sus notas cuando presiden. Pero en algunos casos ni siquiera hay apuntes.
Cuando alguien apela, la ley exige que los jueces escriban un sumario del caso. Los jueces dijeron en entrevistas que sus decisiones eran de todos modos rara vez recurridas, y era incluso más raro que fueran revocadas.
La Comisión Encargada de la Conducta Judicial, entonces, sigue siento la última línea de vigilancia de los jueces, y sólo para aquellos que han provocado suficiente preocupación como para ser reportados por un fiscal, un abogado o un ciudadano. Pero la comisión se ha estirado y está "persistente, aguda e insuficientemente financiada", como se lamenta en un informe anual. Su personal a nivel nacional, que era de 63 empleados en 1978, cuando empezó, se ha reducido a 29.
Los partidarios de los juzgados de paz han sostenido durante largo tiempo que no son peores que los tribunales superiores, mencionando cifras de la comisión que muestran que los jueces son disciplinados con casi la misma frecuencia que sus colegas de tribunales superiores. Pero respondiendo a preguntas del Times, funcionarios de la comisión estudiaron los archivos de tres décadas de la agencia y descubrieron -para su sorpresa- que los casos contra los jueces locales eran castigados con más severidad.
Aunque los jueces locales son el 66 por ciento de los jueces de Nueva York, constituyen un 76 por ciento de los 147 jueces que han sido despojados de sus cargos.
El año pasado, seis jueces fueron públicamente reprendidos por segunda vez, más reincidentes que nunca. Pero Tembeckjian, el administrador de la comisión, dijo que la agencia no tenía recursos para vigilarlos más estrechamente.
"Sería en beneficio del público que la comisión controlara si un juez ha solucionado los problemas que tenía", dijo. "Pero nosotros simplemente no tenemos los recursos para hacer eso".
Lawrence S. Goldman, presidente de la comisión hasta abril, dijo que todos los jueces deberían ser abogados. Su sucesor, el abogado de divorcios Raoul Felder, no discutió la calidad de los juzgados locales, pero predijo que se tomarían medidas pronto.
"Eso es algo que tendrá que tratar el próximo gobernador", dijo. Existe una controversia, y este tema ha sido desdeñado durante muchos, muchos años".
El sentimiento de impotencia empieza a menudo en la puerta del juzgado. Muchos jueces trabajan en oficinas agobiantemente estrechas, donde hacen pasar a los involucrados de uno cada vez. Muchos toman declaraciones, resuelven diferendos o dictan veredicto en casos criminales sin notificar al fiscal, ni a los abogados y ni siquiera a la gente directamente involucrada. Algunos jueces pueden ser muy selectivos, según muestran archivos del estado: En un proceso criminal en 1999, en Kinderhook, al sur de Albany, el juez Edward J. Williams admitió a todos en su sala, menos al abogado de la víctima.Las sesiones del juzgado pueden ser igual de imprevisibles -realizadas rara vez o en horarios estrafalarios, o suspendidas sin previo aviso. En 2004, el Fondo de Defensa Jurídica y Educacional de la NAACP constató que la gente que esperaba juicio en el condado de Schuyler en Finger Lakes era encarcelada durante meses simplemente a la espera de que el juzgado se reuniera nuevamente. Un estudiante de secundaria detenido por un cargo de drogas de poco monta en el verano de 2003 todavía estaba en la cárcel en octubre, esperando su juicio.
Pero el mayor obstáculo es saber qué pasa en los juzgados.
Una abogado de oficio, de Rochester, Laurie Lambrix, dijo que cuando recurrió en el caso de una madre de seis hijos -una mujer negra desalojada en 1999 por su casero blanco que, según ella, había hecho comentarios racistas-, un juez de la cercana Gates le dijo que no podía consultar las actas judiciales de su propio cliente. "Yo sabía que las actas judiciales eran públicas", dijo Lambrix. "No podía creer que el juez fuera tan ignorante".
Pero tuvo suerte; al menos se llevaban actas, las que finalmente consiguió. En muchos juzgados es prácticamente imposible reconstruir lo que ha ocurrido. Algunos pueblos utilizan mecanógrafas o sistemas de grabación, y algunos jueces garabatean sus notas cuando presiden. Pero en algunos casos ni siquiera hay apuntes.
Cuando alguien apela, la ley exige que los jueces escriban un sumario del caso. Los jueces dijeron en entrevistas que sus decisiones eran de todos modos rara vez recurridas, y era incluso más raro que fueran revocadas.
La Comisión Encargada de la Conducta Judicial, entonces, sigue siento la última línea de vigilancia de los jueces, y sólo para aquellos que han provocado suficiente preocupación como para ser reportados por un fiscal, un abogado o un ciudadano. Pero la comisión se ha estirado y está "persistente, aguda e insuficientemente financiada", como se lamenta en un informe anual. Su personal a nivel nacional, que era de 63 empleados en 1978, cuando empezó, se ha reducido a 29.
Los partidarios de los juzgados de paz han sostenido durante largo tiempo que no son peores que los tribunales superiores, mencionando cifras de la comisión que muestran que los jueces son disciplinados con casi la misma frecuencia que sus colegas de tribunales superiores. Pero respondiendo a preguntas del Times, funcionarios de la comisión estudiaron los archivos de tres décadas de la agencia y descubrieron -para su sorpresa- que los casos contra los jueces locales eran castigados con más severidad.
Aunque los jueces locales son el 66 por ciento de los jueces de Nueva York, constituyen un 76 por ciento de los 147 jueces que han sido despojados de sus cargos.
El año pasado, seis jueces fueron públicamente reprendidos por segunda vez, más reincidentes que nunca. Pero Tembeckjian, el administrador de la comisión, dijo que la agencia no tenía recursos para vigilarlos más estrechamente.
"Sería en beneficio del público que la comisión controlara si un juez ha solucionado los problemas que tenía", dijo. "Pero nosotros simplemente no tenemos los recursos para hacer eso".
Lawrence S. Goldman, presidente de la comisión hasta abril, dijo que todos los jueces deberían ser abogados. Su sucesor, el abogado de divorcios Raoul Felder, no discutió la calidad de los juzgados locales, pero predijo que se tomarían medidas pronto.
"Eso es algo que tendrá que tratar el próximo gobernador", dijo. Existe una controversia, y este tema ha sido desdeñado durante muchos, muchos años".
Jo Craven McGinty contribuyó a este reportaje.
25 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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