peligroso nuevo orden
Estados Unidos se desliza hacia una peligrosa forma de tiranía moderna.
Firmada por el presidente Bush la nueva ley sobre los tribunales militares, funcionarios de gobierno y líderes republicanos en el congreso no han perdido el tiempo para dar a probar a los estadounidenses una dosis del nuevo orden creado por esta ley inconstitucional.
En cuestión de horas, los abogados del ministerio de Justicia notificaron a los tribunales federales que ya no tenían autoridad para oír demandas pendientes presentadas por los abogados a nombre de los reclusos de la colonia penal de Bahía Guantánamo. Citaron pasajes de la ley que suspenden el fundamental principio de habeas corpus, convirtiendo a Bush en el primer presidente desde la Guerra Civil en dar ese paso contra la democracia.
No satisfecho con ganar la votación, Dennis Hastert, el presidente de la cámara, emitió rápidamente una declaración acusando a los demócratas que se opusieron a la Ley de Comisiones Militares de 2006 de "preferir su programa liberal por encima de la seguridad de Estados Unidos". Dijo que los demócratas "miman a los terroristas que quieren acabar con la vida de estadounidenses inocentes" y quieren crear "nuevos derechos para los terroristas".
Este sin sentido es parte de la estrategia de los republicanos de asustar a los norteamericanos en época de elecciones. Ningún demócrata está mimando a los terroristas ni dándoles nuevos derechos. Las enmiendas de los demócratas al proyecto de ley buscan proteger el derecho de todo el mundo a un juicio justo, al mismo tiempo que proporciona medios jurídicos para perseguir a los terroristas.
Los norteamericanos no enteraremos de más cosas antes de las elecciones. También nos enteraremos de que Bush tiene finalmente el poder de llevar a justicia al puñado de hombres que son responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La verdad es que Bush podría haber hecho eso hace mucho tiempo, pero prefirió encerrarlos ilegalmente en campos secretos de la CIA para extraerles información. Los envió a Guantánamo sólo para empujar al congreso a aprobar precipitadamente la nueva ley.
Los alrededor de sesenta hombres en Guantánamo que serán procesados por los tribunales -de un total de unos 450 reclusos- pudieron haber sido juzgados hace años si Bush no hubiese rechazado los esfuerzos del congreso de instituir tribunales adecuados. Impuso un sistema de tribunales ilegales que dicen más sobre sus crecientes poderes que sobre la guerra contra el terrorismo.
Mientras los republicanos pretenden que esta ley hará más seguro a Estados Unidos, seamos claros sobre los verdaderos peligros. Instala un sistema de justicia separado para todos los extranjeros que Bush decida llamar ‘combatiente enemigo ilegal'. Instala obstáculos insuperables para los prisioneros que quieran impugnar sus detenciones. No exige que el gobierno libere a los prisioneros que no están siendo acusados, ni a prisioneros que han sido exonerados por los tribunales.
La ley no se aplica a ciudadanos norteamericanos, pero sí se aplica a otros residentes legales en Estados Unidos. Y astilla los fundamentos del poder judicial de modos que los norteamericanos encuentran amenazadores. Aumenta el daño a la reputación del país y, al rechazar las fundamentales garantías de las Convenciones de Ginebra, aumenta innecesariamente el peligro para todo soldado norteamericano capturado en combate.
En el corto plazo, los votantes verán a través de la neblina creada por la campaña republicana. Serán los tribunales lo que deberán reparar el daño que ha causado esta ley a la constitución.
Firmada por el presidente Bush la nueva ley sobre los tribunales militares, funcionarios de gobierno y líderes republicanos en el congreso no han perdido el tiempo para dar a probar a los estadounidenses una dosis del nuevo orden creado por esta ley inconstitucional.En cuestión de horas, los abogados del ministerio de Justicia notificaron a los tribunales federales que ya no tenían autoridad para oír demandas pendientes presentadas por los abogados a nombre de los reclusos de la colonia penal de Bahía Guantánamo. Citaron pasajes de la ley que suspenden el fundamental principio de habeas corpus, convirtiendo a Bush en el primer presidente desde la Guerra Civil en dar ese paso contra la democracia.
No satisfecho con ganar la votación, Dennis Hastert, el presidente de la cámara, emitió rápidamente una declaración acusando a los demócratas que se opusieron a la Ley de Comisiones Militares de 2006 de "preferir su programa liberal por encima de la seguridad de Estados Unidos". Dijo que los demócratas "miman a los terroristas que quieren acabar con la vida de estadounidenses inocentes" y quieren crear "nuevos derechos para los terroristas".
Este sin sentido es parte de la estrategia de los republicanos de asustar a los norteamericanos en época de elecciones. Ningún demócrata está mimando a los terroristas ni dándoles nuevos derechos. Las enmiendas de los demócratas al proyecto de ley buscan proteger el derecho de todo el mundo a un juicio justo, al mismo tiempo que proporciona medios jurídicos para perseguir a los terroristas.
Los norteamericanos no enteraremos de más cosas antes de las elecciones. También nos enteraremos de que Bush tiene finalmente el poder de llevar a justicia al puñado de hombres que son responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La verdad es que Bush podría haber hecho eso hace mucho tiempo, pero prefirió encerrarlos ilegalmente en campos secretos de la CIA para extraerles información. Los envió a Guantánamo sólo para empujar al congreso a aprobar precipitadamente la nueva ley.
Los alrededor de sesenta hombres en Guantánamo que serán procesados por los tribunales -de un total de unos 450 reclusos- pudieron haber sido juzgados hace años si Bush no hubiese rechazado los esfuerzos del congreso de instituir tribunales adecuados. Impuso un sistema de tribunales ilegales que dicen más sobre sus crecientes poderes que sobre la guerra contra el terrorismo.
Mientras los republicanos pretenden que esta ley hará más seguro a Estados Unidos, seamos claros sobre los verdaderos peligros. Instala un sistema de justicia separado para todos los extranjeros que Bush decida llamar ‘combatiente enemigo ilegal'. Instala obstáculos insuperables para los prisioneros que quieran impugnar sus detenciones. No exige que el gobierno libere a los prisioneros que no están siendo acusados, ni a prisioneros que han sido exonerados por los tribunales.
La ley no se aplica a ciudadanos norteamericanos, pero sí se aplica a otros residentes legales en Estados Unidos. Y astilla los fundamentos del poder judicial de modos que los norteamericanos encuentran amenazadores. Aumenta el daño a la reputación del país y, al rechazar las fundamentales garantías de las Convenciones de Ginebra, aumenta innecesariamente el peligro para todo soldado norteamericano capturado en combate.
En el corto plazo, los votantes verán a través de la neblina creada por la campaña republicana. Serán los tribunales lo que deberán reparar el daño que ha causado esta ley a la constitución.
19 de octubre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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