qué es y no es tortura
[Michiko Kakutani] El argumento de los conservadores.
En los tumultuosos días y semanas después del 11 de septiembre de 2001, un joven abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia, llamado John Yoo, se convirtió en el arquitecto clave de la respuesta jurídica del gobierno de Bush a la amenaza terrorista y un declarado partidario de la ampliación de los poderes presidenciales. Las controvertidas opiniones que elaboró provocarían acusaciones de que el gobierno estaba subvirtiendo la constitución, inclinando la balanza de poder entre las tres ramas del gobierno, pisoteando los derechos civiles de los detenidos y autorizando los interrogatorios coercitivos.
Yoo escribió memoranda y recomendaciones que trataban decididamente de redefinir la noción de tortura. También argumentó que los atentados terroristas creaban "una situación de emergencia" en Estados Unidos, y que dada esta situación, "el gobierno podría tomar medidas justificadamente, que en condiciones menos problemáticas podrían ser vistas como violaciones de las libertades individuales".
Poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, Yoo escribió un memorándum con recomendaciones, en el que declaraba que "el Presidente puede desplegar fuerzas militares preventivamente contra organizaciones terroristas o contra los Estados que las protejan o apoyen, estén o no vinculadas a los incidentes terroristas específicos del 11 de septiembre". Y en enero de 2002, fue el co-autor de un memorándum donde se alegaba que "el derechos de gentes internacional carece de efectos jurídicos vinculantes ni sobre el Presidente ni sobre las fuerzas armadas" y que "ni la Ley (federal) de Crímenes de Guerra ni las Convenciones de Ginebra se aplican a las condiciones de detención en Bahía Guantánamo, Cuba, o a los juicios de las comisiones militares de prisioneros de al Qaeda o talibanes".
En su combativo nuevo libro, ‘War by Other Means', Yoo -que es ahora profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en Berkeley- expone la ideología detrás de las maniobras legales de la Casa Blanca de Bush. Aunque comparte muchos de los mismos argumentos que han utilizado otros miembros del gobierno para defender sus agresivas medidas de después del 11 de septiembre de 2001, es más franco que muchos de sus colegas en su ferviente creencia en un poder ejecutivo sin trabas. Y su libro es una lectura oportuna, aunque a menudo perturbadora, dada la reciente resolución de la Corte Suprema en el caso de Hamdan (que repudió los tribunales militares creados por el gobierno para llevar a juicios a los detenidos de Guantánamo, pero sin brindarles un debido proceso) y la subsecuente aprobación del congreso, en septiembre pasado, de la ley sobre el tratamiento de los detenidos, que otorga al presidente nuevos poderes sobre los acusados de terrorismo y priva a los extranjeros detenidos en prisiones militares norteamericanas del derecho a impugnar sus detenciones.
Yoo propone en estas páginas que la guerra contra el terrorismo es un nuevo paradigma que exige nuevas tácticas; que en tiempos de guerra el poder judicial debería obedecer al poder ejecutivo; y que aquellos que discuten con la Casa Blanca de Bush son blandos en cuanto a la lucha contra el terrorismo. Una de sus tácticas favoritas en este libro es hacer una caricatura ridícula de las opiniones de los críticos, para luego rechazarlas. Escribe, por ejemplo: "Se supone que, según las Convenciones de Ginebra, un campo de prisioneros de guerra debe verse como los campos de la Segunda Guerra Mundial que se ven en películas como ‘Traidor en el infierno' [Stalag 17] o ‘El gran escape' [The Great Escape]. Pero como Guantánamo no se parece a esas películas, los críticos declaran automáticamente que se están violando los derechos humanos de los detenidos".
En este libro, Yoo alega que la constitución garantiza al presidente "un papel determinante en las relaciones internacionales" y que la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, aprobada por el congreso una semana después del 11 de septiembre de 2001, da al presidente amplios poderes para hacer la guerra contra el terrorismo del modo que él prefiera. En realidad, dice Yoo, "escribimos la ley lo más ampliamente posible" para "asegurarnos de que no se pudiese decir en el futuro que el Presidente estaba haciendo una guerra contra el terrorismo sin la aprobación del congreso".
Importantes figuras del congreso han dicho repetidas veces que esta ley no da al presidente poderes tan amplios; entretanto, Yoo dice que la ambigua formulación cubre todo, desde el poder implícito de "detener a combatientes enemigos" a la autoridad implícita de "realizar espionaje electrónico para impedir atentados".
Yoo no ha hecho uso de su formación académica en los aspectos jurídicos de los poderes de guerra y la autoridad presidencial como para construir aquí un caso convincente de defensa de las acciones del gobierno. En lugar de eso, ha escrito un libro que parece ser una mezcla de temas de conversación de la Casa Blanca y el escrito de un fanático de las prerrogativas presidenciales -un libro que está sembrado de afirmaciones ridículas, razonamientos torcidos y conclusiones ilógicas. Sostiene que "debido a nuestras agresivas medidas de después del 11 de septiembre, al Qaeda ya no es la amenaza que era". Sugiere que el poder equivale al derecho: "En este momento de la historia mundial, la conducta de Estados Unidos debería definir las costumbres de la guerra. Nuestro presupuesto de defensa es más grande que los gastos en defensa de los siguientes quince países juntos".
Y afirma que la decisión del presidente Bush, que autorizó en secreto a la Agencia de Seguridad Nacional para que espiara a estadounidenses en busca de evidencias de actividades terroristas sin órdenes aprobadas por los tribunales, "no quiere decir que estamos viviendo bajo un dictador, o que ha fracasado la separación de poderes", porque el congreso, que "tiene el control total del financiamiento y significativos poderes de control" simplemente podría decidir "deshacerse completamente de la Agencia de Seguridad Nacional".
Yoo selecciona la información para este libro del mismo modo que el gobierno compiló selectivamente los datos de inteligencia para probar que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Sobre el informe Schlesinger sobre la cárcel de Abu Ghraib, Yoo dice que constató que los abusos allá "resultaron no de órdenes desde Washington, sino de un flagrante abandono de las normas de detención e interrogatorio de los guardias". Pero no trata esas partes del informe que encontraron que "hay tanto una responsabilidad institucional como personal en los niveles más altos".
Los memoranda de agosto de 2002 redactados por Yoo trataban la pregunta de qué constituía tortura y qué podría ser perseguido por el Tribunal Penal Internacional. En este libro amplía sus opiniones sobre esta materia, banalizando la significación de frases como "seveno dolor o sufrimiento físico o mental" y "daño mental prolongado".
Además, se esfuerza enormemente en reducir el alcance de la Convención contra la Tortura (ratificada por Estados Unidos en 1994), que criminaliza la tortura y también estipula que las partes "deben impedir... otros actos de tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes que no constituyen tortura". Utiliza estos pasajes para argüir que hay una importante distinción "entre, por un lado, la tortura, y, por otro, medidas severas caracterizadas por ‘tratos crueles, inhumanos o degradantes'".
Con respecto a una decisión de 2004 del ministerio de Justicia de revisar una recomendación anterior (que fue ampliamente condenada en el congreso y por grupos de derechos humanos por haber sentado las bases de los abusos en Abu Ghraib), Yoo, intencionadamente o no, parece confirmar los argumentos de los críticos del gobierno, escribiendo que fue "un ejercicio en la construcción de una imagen política", diseñado para facilitar la confirmación de Alberto González como fiscal general.
Agrega que la recomendación de 2004 "incluía una nota a pie de página que dice que todos los métodos de interrogatorio que recomendaciones anteriores habían declarado como legales, eran todavía legales. En otras palabras, las diferencias en las recomendaciones eran todas aparentes. En el mundo real de los métodos de interrogatorio, nada había cambiado. La nueva recomendación reinterpretaba la ley para enturbiar deliberaamente la interpretación de la tortura como una maniobra política de corto plazo en respuesta a las críticas de la opinión pública".
En este libro, Yoo rechaza arrogantemente a los críticos de las políticas del gobierno, desdeñando las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos civiles y las extralimitaciones presidenciales. "¿Está el gobierno de Bush utilizando el miedo del público para consolidar su poder político?", pregunta. "Si es así, sólo le quedan dos años, y las nuevas políticas de seguridad duran habitualmente tanto como las emergencias. Los tribunales militares y la justicia militar de Lincoln no sobrevivieron la Guerra Civil ni la Reconstrucción. Los campos de internamiento de Roosevelt terminaron después de la Segunda Guerra Mundial. El Presidente y el Congreso normalmente renuncian voluntariamente a sus poderes de emergencia, y si no lo hacen, lo hacen los tribunales".
No importa que no haya un fin previsible de la guerra contra el terrorismo. No importa que el poder judicial, sobre el que Yoo dice en este párrafo que se puede contar para limitar cualquiera extralimitación de la Casa Blanca de Bush, puede ya no tener poder alguno para ocuparse del tratamiento de los detenidos, que ha sido fuertemente reducido por la reciente aprobación por el congreso de la Ley de Comisiones Militares de 2006 -el mismo poder judicial que Yoo reprende repetidas veces en su tendencioso libro por "meterse en asuntos que no le conciernen" y por limitar las atribuciones del presidente, un oficio cuya función, afirma, es "actuar enérgica e independientemente para repeler amenazas graves contra el país".
En los tumultuosos días y semanas después del 11 de septiembre de 2001, un joven abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia, llamado John Yoo, se convirtió en el arquitecto clave de la respuesta jurídica del gobierno de Bush a la amenaza terrorista y un declarado partidario de la ampliación de los poderes presidenciales. Las controvertidas opiniones que elaboró provocarían acusaciones de que el gobierno estaba subvirtiendo la constitución, inclinando la balanza de poder entre las tres ramas del gobierno, pisoteando los derechos civiles de los detenidos y autorizando los interrogatorios coercitivos.Yoo escribió memoranda y recomendaciones que trataban decididamente de redefinir la noción de tortura. También argumentó que los atentados terroristas creaban "una situación de emergencia" en Estados Unidos, y que dada esta situación, "el gobierno podría tomar medidas justificadamente, que en condiciones menos problemáticas podrían ser vistas como violaciones de las libertades individuales".
Poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, Yoo escribió un memorándum con recomendaciones, en el que declaraba que "el Presidente puede desplegar fuerzas militares preventivamente contra organizaciones terroristas o contra los Estados que las protejan o apoyen, estén o no vinculadas a los incidentes terroristas específicos del 11 de septiembre". Y en enero de 2002, fue el co-autor de un memorándum donde se alegaba que "el derechos de gentes internacional carece de efectos jurídicos vinculantes ni sobre el Presidente ni sobre las fuerzas armadas" y que "ni la Ley (federal) de Crímenes de Guerra ni las Convenciones de Ginebra se aplican a las condiciones de detención en Bahía Guantánamo, Cuba, o a los juicios de las comisiones militares de prisioneros de al Qaeda o talibanes".
En su combativo nuevo libro, ‘War by Other Means', Yoo -que es ahora profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en Berkeley- expone la ideología detrás de las maniobras legales de la Casa Blanca de Bush. Aunque comparte muchos de los mismos argumentos que han utilizado otros miembros del gobierno para defender sus agresivas medidas de después del 11 de septiembre de 2001, es más franco que muchos de sus colegas en su ferviente creencia en un poder ejecutivo sin trabas. Y su libro es una lectura oportuna, aunque a menudo perturbadora, dada la reciente resolución de la Corte Suprema en el caso de Hamdan (que repudió los tribunales militares creados por el gobierno para llevar a juicios a los detenidos de Guantánamo, pero sin brindarles un debido proceso) y la subsecuente aprobación del congreso, en septiembre pasado, de la ley sobre el tratamiento de los detenidos, que otorga al presidente nuevos poderes sobre los acusados de terrorismo y priva a los extranjeros detenidos en prisiones militares norteamericanas del derecho a impugnar sus detenciones.
Yoo propone en estas páginas que la guerra contra el terrorismo es un nuevo paradigma que exige nuevas tácticas; que en tiempos de guerra el poder judicial debería obedecer al poder ejecutivo; y que aquellos que discuten con la Casa Blanca de Bush son blandos en cuanto a la lucha contra el terrorismo. Una de sus tácticas favoritas en este libro es hacer una caricatura ridícula de las opiniones de los críticos, para luego rechazarlas. Escribe, por ejemplo: "Se supone que, según las Convenciones de Ginebra, un campo de prisioneros de guerra debe verse como los campos de la Segunda Guerra Mundial que se ven en películas como ‘Traidor en el infierno' [Stalag 17] o ‘El gran escape' [The Great Escape]. Pero como Guantánamo no se parece a esas películas, los críticos declaran automáticamente que se están violando los derechos humanos de los detenidos".
En este libro, Yoo alega que la constitución garantiza al presidente "un papel determinante en las relaciones internacionales" y que la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, aprobada por el congreso una semana después del 11 de septiembre de 2001, da al presidente amplios poderes para hacer la guerra contra el terrorismo del modo que él prefiera. En realidad, dice Yoo, "escribimos la ley lo más ampliamente posible" para "asegurarnos de que no se pudiese decir en el futuro que el Presidente estaba haciendo una guerra contra el terrorismo sin la aprobación del congreso".
Importantes figuras del congreso han dicho repetidas veces que esta ley no da al presidente poderes tan amplios; entretanto, Yoo dice que la ambigua formulación cubre todo, desde el poder implícito de "detener a combatientes enemigos" a la autoridad implícita de "realizar espionaje electrónico para impedir atentados".
Yoo no ha hecho uso de su formación académica en los aspectos jurídicos de los poderes de guerra y la autoridad presidencial como para construir aquí un caso convincente de defensa de las acciones del gobierno. En lugar de eso, ha escrito un libro que parece ser una mezcla de temas de conversación de la Casa Blanca y el escrito de un fanático de las prerrogativas presidenciales -un libro que está sembrado de afirmaciones ridículas, razonamientos torcidos y conclusiones ilógicas. Sostiene que "debido a nuestras agresivas medidas de después del 11 de septiembre, al Qaeda ya no es la amenaza que era". Sugiere que el poder equivale al derecho: "En este momento de la historia mundial, la conducta de Estados Unidos debería definir las costumbres de la guerra. Nuestro presupuesto de defensa es más grande que los gastos en defensa de los siguientes quince países juntos".
Y afirma que la decisión del presidente Bush, que autorizó en secreto a la Agencia de Seguridad Nacional para que espiara a estadounidenses en busca de evidencias de actividades terroristas sin órdenes aprobadas por los tribunales, "no quiere decir que estamos viviendo bajo un dictador, o que ha fracasado la separación de poderes", porque el congreso, que "tiene el control total del financiamiento y significativos poderes de control" simplemente podría decidir "deshacerse completamente de la Agencia de Seguridad Nacional".
Yoo selecciona la información para este libro del mismo modo que el gobierno compiló selectivamente los datos de inteligencia para probar que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Sobre el informe Schlesinger sobre la cárcel de Abu Ghraib, Yoo dice que constató que los abusos allá "resultaron no de órdenes desde Washington, sino de un flagrante abandono de las normas de detención e interrogatorio de los guardias". Pero no trata esas partes del informe que encontraron que "hay tanto una responsabilidad institucional como personal en los niveles más altos".
Los memoranda de agosto de 2002 redactados por Yoo trataban la pregunta de qué constituía tortura y qué podría ser perseguido por el Tribunal Penal Internacional. En este libro amplía sus opiniones sobre esta materia, banalizando la significación de frases como "seveno dolor o sufrimiento físico o mental" y "daño mental prolongado".
Además, se esfuerza enormemente en reducir el alcance de la Convención contra la Tortura (ratificada por Estados Unidos en 1994), que criminaliza la tortura y también estipula que las partes "deben impedir... otros actos de tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes que no constituyen tortura". Utiliza estos pasajes para argüir que hay una importante distinción "entre, por un lado, la tortura, y, por otro, medidas severas caracterizadas por ‘tratos crueles, inhumanos o degradantes'".
Con respecto a una decisión de 2004 del ministerio de Justicia de revisar una recomendación anterior (que fue ampliamente condenada en el congreso y por grupos de derechos humanos por haber sentado las bases de los abusos en Abu Ghraib), Yoo, intencionadamente o no, parece confirmar los argumentos de los críticos del gobierno, escribiendo que fue "un ejercicio en la construcción de una imagen política", diseñado para facilitar la confirmación de Alberto González como fiscal general.
Agrega que la recomendación de 2004 "incluía una nota a pie de página que dice que todos los métodos de interrogatorio que recomendaciones anteriores habían declarado como legales, eran todavía legales. En otras palabras, las diferencias en las recomendaciones eran todas aparentes. En el mundo real de los métodos de interrogatorio, nada había cambiado. La nueva recomendación reinterpretaba la ley para enturbiar deliberaamente la interpretación de la tortura como una maniobra política de corto plazo en respuesta a las críticas de la opinión pública".
En este libro, Yoo rechaza arrogantemente a los críticos de las políticas del gobierno, desdeñando las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos civiles y las extralimitaciones presidenciales. "¿Está el gobierno de Bush utilizando el miedo del público para consolidar su poder político?", pregunta. "Si es así, sólo le quedan dos años, y las nuevas políticas de seguridad duran habitualmente tanto como las emergencias. Los tribunales militares y la justicia militar de Lincoln no sobrevivieron la Guerra Civil ni la Reconstrucción. Los campos de internamiento de Roosevelt terminaron después de la Segunda Guerra Mundial. El Presidente y el Congreso normalmente renuncian voluntariamente a sus poderes de emergencia, y si no lo hacen, lo hacen los tribunales".
No importa que no haya un fin previsible de la guerra contra el terrorismo. No importa que el poder judicial, sobre el que Yoo dice en este párrafo que se puede contar para limitar cualquiera extralimitación de la Casa Blanca de Bush, puede ya no tener poder alguno para ocuparse del tratamiento de los detenidos, que ha sido fuertemente reducido por la reciente aprobación por el congreso de la Ley de Comisiones Militares de 2006 -el mismo poder judicial que Yoo reprende repetidas veces en su tendencioso libro por "meterse en asuntos que no le conciernen" y por limitar las atribuciones del presidente, un oficio cuya función, afirma, es "actuar enérgica e independientemente para repeler amenazas graves contra el país".
Libro reseñado:
War By Other Means. An Insider's Account of the War on Terror
John Yoo
292 páginas
Atlantic Monthly Press
$24
31 de octubre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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