sobre las leyes contra la cocaína
[Eric E. Sterling] Las leyes antidrogas introdujeron una incorrecta distinción entre crack y cocaína en polvo que adquirió ribetes racistas.
Una de nuestras leyes contemporáneas más infames es la diferencia 100-1 en las sentencias sobre el tráfico de cocaína crack y cocaína en polvo. Según las leyes federales antidrogas, las sentencias de prisión están habitualmente ligadas a la cantidad de drogas que los procesados tenían consigo. Por ejemplo, vender 500 gramos de cocaína en polvo (más o menos un maletín lleno) significa una sentencia de diez años de cárcel, la misma sentencia por vender sólo 50 gramos de cocaína crack (más o menos una barra de chocolate).
Cuando trabajaba para el Comité Judicial de la Cámara en 1986, escribí el proyecto de ley fue la base de esa ley. Cometimos errores terribles.
Esos errores, agravados por el mal uso que hace el ministerio de Jusiticia de esas sentencias, han sido desastrosos. El sentido común dice que la razón 100-1 debe ser revocada. Pero es una solución inadecuada.
El martes, la Comisión de Sentencias -la agencia independiente que proporciona directrices sobre sentencias a los jueces federales y asesora al Congreso- realizará una audiencia sobre el tema. Si vence la lógica, en el próximo Congreso asistiremos al fin de una de las leyes más injustas aprobadas en los últimos tiempos. Y eso podría corregir el error más grande que he cometido en mi vida profesional.
Todavía nos aferramos a ideas de hace veinte años de que el crack es de algún modo especialmente perjudicial: Es un adictivo instantáneo; te hace particularmente violento; lleva a las mujeres a abandonar a sus hijos; los bebés de adictos al crack serán casos perdidos. Nada de esto es verdad.
También, debido a que el crack ya no es una gran noticia, la gente cree erróneamente que nuestras políticas anti-cocaína han funcionado. Tampoco es verdad. No hay escasez de cocaína. Desde 1986 el precio de la cocaína ha bajado y la calidad es mejor. Las muertes por cocaína han aumentado. El número de usuarios de crak sigue básicamente igual.
Las sentencias por drogas están nuevamente en la agenda nacional debido a que los activistas de derechos civiles están justificadamente indignados de que casi todos los procesos federales por crack implican a gente de color. Y en realidad, durante años ningún blanco ha sido perseguido por delitos relacionados con el crack en muchos tribunales federales, incluyendo los de Los Angeles, Chicago, Miami, Denver, Dallas o Boston.
Debido a ello, se difundió el mito de que el Congreso quería castigar a los negros -que se cree que son usuarios de crack- con sentencias largas y dejar que los esnifadores de la cocaína en polvo de Hollywood y Wall Street la libren con sentencias más ligeras. El Congreso estaba tratando de poner remedio a un problema que creía que afligía a la comunidad negra.
Un segundo mito es que el Congreso escogió la razón 100-1 debido a que determinó que el crack era cien veces peor que la cocaína en polvo. Pero las medidas elegidas (5 y 50 gramos, contra 500 y 5.000 gramos) no se basan en la comparación de las dos drogas. El Congreso no entendía claramente el tráfico de drogas -ni el sistema métrico- y pensaba que esas medidas indicaban una actividad de tráfico importante. De hecho, toneladas (millones de gramos) de cocaína son transportados hacia Estados Unidos por los líderes, organizadores y financistas del comercio internacional de drogas.
La ley era imperfecta, pero el ministerio de Justicia todavía podía haberla usado para atacar a grandes traficantes. Pero investigaciones de la Comisión de Sentencias muestran que tres cuartos de los acusados por tráfico de cocaína -en polvo y crack- en tribunales federales son apenas dealers de barrio o camellos.
El Congreso debió haber tratado de hacerlo en 1986 -de hacer que el ministerio de Justicia se concentrara exclusivamente en los casos significativos, porque las agencias policiales del estado y locales no pueden hacerlo. Hay tres elementos para solucionar el problema: Elevar la cantidad de iniciadores de toda droga a niveles realistas para grandes traficantes, a cincuenta o cien kilos de cocaína, y terminar con el desequilibrio crack/cocaína en polvo; Exigir que el fiscal general apruebe el procesamiento de todo caso que implique menos de cincuenta kilos de cocaína; Analizar los casos federales de drogas distrito por distrito para identificar a los agentes y fiscales que pierden su tiempo y nuestro dinero. Si los federales persiguieran a los grandes traficantes, nadie se quejaría sobre la raza de los acusados.
Un signo prometedor es que hace unos meses, el senador Jeff Sessions (republicano, Alabama), ex fiscal, introdujo un proyecto de ley para solucionar el problema. Es improbable que ocurra algo con su proyecto antes del receso del Congreso, pero tenía el respaldo de los dos partidos, lo que es un buen signo de que una solución política es viable.
El error de hace 20 años sobre los iniciadores de pequeñas cantidades ha distraído tanto al ministerio de Justicia de dedicarse a casos propios como a los reformadores de las soluciones adecuadas.
Para toda una generación, la política antidroga se construyó sobre errores de hecho y una retórica de apariencia dura.
El pueblo norteamericano simplemente necesita una política efectiva. En realidad, eso sería suficientemente duro.
Una de nuestras leyes contemporáneas más infames es la diferencia 100-1 en las sentencias sobre el tráfico de cocaína crack y cocaína en polvo. Según las leyes federales antidrogas, las sentencias de prisión están habitualmente ligadas a la cantidad de drogas que los procesados tenían consigo. Por ejemplo, vender 500 gramos de cocaína en polvo (más o menos un maletín lleno) significa una sentencia de diez años de cárcel, la misma sentencia por vender sólo 50 gramos de cocaína crack (más o menos una barra de chocolate).Cuando trabajaba para el Comité Judicial de la Cámara en 1986, escribí el proyecto de ley fue la base de esa ley. Cometimos errores terribles.
Esos errores, agravados por el mal uso que hace el ministerio de Jusiticia de esas sentencias, han sido desastrosos. El sentido común dice que la razón 100-1 debe ser revocada. Pero es una solución inadecuada.
El martes, la Comisión de Sentencias -la agencia independiente que proporciona directrices sobre sentencias a los jueces federales y asesora al Congreso- realizará una audiencia sobre el tema. Si vence la lógica, en el próximo Congreso asistiremos al fin de una de las leyes más injustas aprobadas en los últimos tiempos. Y eso podría corregir el error más grande que he cometido en mi vida profesional.
Todavía nos aferramos a ideas de hace veinte años de que el crack es de algún modo especialmente perjudicial: Es un adictivo instantáneo; te hace particularmente violento; lleva a las mujeres a abandonar a sus hijos; los bebés de adictos al crack serán casos perdidos. Nada de esto es verdad.
También, debido a que el crack ya no es una gran noticia, la gente cree erróneamente que nuestras políticas anti-cocaína han funcionado. Tampoco es verdad. No hay escasez de cocaína. Desde 1986 el precio de la cocaína ha bajado y la calidad es mejor. Las muertes por cocaína han aumentado. El número de usuarios de crak sigue básicamente igual.
Las sentencias por drogas están nuevamente en la agenda nacional debido a que los activistas de derechos civiles están justificadamente indignados de que casi todos los procesos federales por crack implican a gente de color. Y en realidad, durante años ningún blanco ha sido perseguido por delitos relacionados con el crack en muchos tribunales federales, incluyendo los de Los Angeles, Chicago, Miami, Denver, Dallas o Boston.
Debido a ello, se difundió el mito de que el Congreso quería castigar a los negros -que se cree que son usuarios de crack- con sentencias largas y dejar que los esnifadores de la cocaína en polvo de Hollywood y Wall Street la libren con sentencias más ligeras. El Congreso estaba tratando de poner remedio a un problema que creía que afligía a la comunidad negra.
Un segundo mito es que el Congreso escogió la razón 100-1 debido a que determinó que el crack era cien veces peor que la cocaína en polvo. Pero las medidas elegidas (5 y 50 gramos, contra 500 y 5.000 gramos) no se basan en la comparación de las dos drogas. El Congreso no entendía claramente el tráfico de drogas -ni el sistema métrico- y pensaba que esas medidas indicaban una actividad de tráfico importante. De hecho, toneladas (millones de gramos) de cocaína son transportados hacia Estados Unidos por los líderes, organizadores y financistas del comercio internacional de drogas.
La ley era imperfecta, pero el ministerio de Justicia todavía podía haberla usado para atacar a grandes traficantes. Pero investigaciones de la Comisión de Sentencias muestran que tres cuartos de los acusados por tráfico de cocaína -en polvo y crack- en tribunales federales son apenas dealers de barrio o camellos.
El Congreso debió haber tratado de hacerlo en 1986 -de hacer que el ministerio de Justicia se concentrara exclusivamente en los casos significativos, porque las agencias policiales del estado y locales no pueden hacerlo. Hay tres elementos para solucionar el problema: Elevar la cantidad de iniciadores de toda droga a niveles realistas para grandes traficantes, a cincuenta o cien kilos de cocaína, y terminar con el desequilibrio crack/cocaína en polvo; Exigir que el fiscal general apruebe el procesamiento de todo caso que implique menos de cincuenta kilos de cocaína; Analizar los casos federales de drogas distrito por distrito para identificar a los agentes y fiscales que pierden su tiempo y nuestro dinero. Si los federales persiguieran a los grandes traficantes, nadie se quejaría sobre la raza de los acusados.
Un signo prometedor es que hace unos meses, el senador Jeff Sessions (republicano, Alabama), ex fiscal, introdujo un proyecto de ley para solucionar el problema. Es improbable que ocurra algo con su proyecto antes del receso del Congreso, pero tenía el respaldo de los dos partidos, lo que es un buen signo de que una solución política es viable.
El error de hace 20 años sobre los iniciadores de pequeñas cantidades ha distraído tanto al ministerio de Justicia de dedicarse a casos propios como a los reformadores de las soluciones adecuadas.
Para toda una generación, la política antidroga se construyó sobre errores de hecho y una retórica de apariencia dura.
El pueblo norteamericano simplemente necesita una política efectiva. En realidad, eso sería suficientemente duro.
Eric E. Sterling, presidente de la organización sin fines de lucro Criminal Justice Policy Foundation, de Silver Spring, Maryland, fue asesor del Comité Judicial del Congreso, responsable principalmente de las leyes antidrogas.
13 de noviembre de 2006
©los angeles times
©traducción mQh
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