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locos en la cárcel


[Abby Goodenough] Funcionarios se disputan sobre los enfermos mentales en las cárceles de Florida.
Miami, Estados Unidos. Durante años los jueces de circuito han ordenado a funcionarios del estado a acatar las leyes de Florida y transferir sin dilación a reclusos con graves enfermedades mentales, de las cárceles a hospitales del estado. Pero en agosto, debido a la escasez de camas en los hospitales, el gobernador Jeb Bush empezó a desobedecer esar órdenes judiciales.
Ahora, en un creciente conflicto entre el gobierno de Florida y sus jueces, el estado está siendo amenazado con abultadas multas diarias si no acata. Y al menos un juez ha planteado la posibilidad de que el secretario del Departamento de Protección al Niño y Violencia Intrafamiliar de Florida termine en la cárcel por desacato.
"En una sociedad ordenada no se deben tolerar este tipo de actitudes arrogantes", escribió el juez de circuito de Pinellas-Pasco, Crockett Farnell, en un resolución del 11 de octubre.
La ley del estado exige que los reclusos que han sido declarados incapaces de ser juzgados deben ser trasladados desde las cárceles de los condados a hospitales psiquiátricos en un plazo no mayor a quince días después de recibidas las órdenes de internamiento. Florida ha quebrantado esta ley durante años, provocando que algunos defensores públicos soliciten órdenes judiciales para obligar a las autoridades a acatar la ley.
Ahora que el estado está desdeñando incluso esas órdenes, un creciente número de reclusos mentalmente enfermos, ahora más de trescientos, han sido abandonados sin tratamiento en cárceles hacinadas debido a que las 1.416 camas psiquiátricas del estado están ocupadas.
Dos reclusos mentalmente enfermos de la Cárcel del Condado de Escambia en Pensacola murieron el año pasado tras ser reducidos por guardias, de acuerdo a informes de prensa. Y en la Cárcel del Condado de Pinellas, en Clearwater, un recluso esquizofrénico se sacó un ojo después de esperar durante semanas por una cama de hospital, dijo su abogado.
Los defensores públicos del Condado de Miami-Dade dicen que sus clientes psicóticos han sufrido alucinaciones, se han mutilado a sí mismos y han intentado suicidarse mientras esperaban ser transferidos a un hospital. El estado dice que la escasez de camas y financiamiento han hecho imposible acatar las órdenes y que las órdenes judiciales que lo obliga a transferir a algunos reclusos son injustas para los que han esperado más tiempo.
La mayoría de los jueces han respondido con escepticismo, preguntando por qué el Departamento de Protección al Niño y Violencia Intrafamiliar no ha solicitado más dinero del estado ha medida que aumentaba el número de reclusos con problemas mentales. La dependencia ha sufrido recortes presupuestarios de 53 millones de dólares este año, lo que los defensores públicos dicen que no tiene sentido dada la crisis de reclusos y el excedente de ocho millones de dólares en el presupuesto del estado.
En una de las resoluciones más severas hasta la fecha, el juez Farnell dijo el mes pasado que empezaría a multar al departamento con mil dólares al día por cada recluso enfermo que permaneciera en la Cárcel del Condado de Pinellas durante más de quince días. El juez, de Clearwater, expresó su indignación por la "decisión consciente" del departamento de ignorar las órdenes judiciales.
Jueces de los condados de Broward, Hillsborough y Miami-Dade Counties están también considerando presentar mociones para obligar al departamento a obedecer la ley o juzgarlo por desacato por dejar que los enfermos mentales se hacinen en cárceles inapropiadas. El departamento apeló después de que tres jueces del estado en Miami ordenaran la custodia de varios reclusos el mes pasado, pero una comisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito indicó la semana pasada que podría resolver contra el departamento y su secretario, Lucy D. Hadi.
"Me sorprende que tengamos que recurrir al desacato", dijo durante los alegatos orales el juez Frank A. Shepherd. "Y la señora Hadi puede terminar en la cárcel".
El problema no es únicamente de Florida, aunque es especialmente grave en el condado de Miami-Dade, que tiene uno de los porcentajes más grandes del país en residentes mentalmente enfermos, de acuerdo a la National Alliance for the Mentally Ill, un grupo de defensa de los reclusos.
Un estudio del ministerio de Justicia dado a conocer en septiembre constató que el 64 por ciento de los reclusos en las cárceles de los condados del país padecen problemas de salud mental. Muchos enfermos son detenidos por delitos menores, dicen los activistas, y sin embargo permanecen en la cárcel por períodos injustificadamente largos porque no tiene dónde ir.
En los hospitales psiquiátricos estatales del país hay sólo 40 mil camas, una reducción de las 69 mil que había en 1995. Los defensores de los enfermos mentales dicen que los programas de tratamiento basados en las comunidades, que se supone debía remplazar a los hospitales psiquiátricos después del movimiento de deinstitucionalización de los años sesenta y setenta, no ha compensado las pérdidas de camas hospitalarias.
Largas esperas por camas son especialmente comunes en las zonas urbanas del país. La semana pasada, 307 reclusos enfermos estaban esperando por una de las 1.416 camas psiquiátricas de Florida, y un 72 por ciento había esperado durante más de quince días. El estado tiene tres hospitales psiquiátricos con camas para internamientos judiciales.
"Este es un problema nacional, y es un reflejo directo de la falta de camas apropiadas y de coordinación entre la justicia criminal y las estructuras de salud mental", dijo Ronald S. Honberg, director jurídico de la National Alliance for the Mentally Ill.
En Miami, un promedio de 25 a 40 personas con psicosis aguda viven en una unidad de la principal cárcel del condado, las que fueron descritas por la abogado de Human Rights Watch, Jennifer Daskal, como escuálidas después de visitarlas el mes pasado. Diecisiete de esos reclusos están esperando por camas en un hospital, dijo Valerie Jonas, una defensora pública del condado, agregando que esa cifra ha llegado hasta 30 en las últimas semanas.
Daskal dijo que algunas de las catorce ‘celdas suicidas' de la unidad -mal iluminadas, desprovistas de objetos y diseñadas para un solo recluso- albergaban a dos o tres reclusos a la vez, y que eran mantenidos 24 horas al día en sus celdas, excepto para salir a ducharse. Ninguno de los reclusos enfermos recibía terapia individual o de grupo, dijo en una declaración.
Funcionarios del Departamento de Protección al Niño y Violencia Intrafamiliar han alegado que la agencia no puede ser acusada de desacato cuando simplemente no tiene más camas, y que no podía anticipar el agudo crecimiento de internamientos de este año. En junio de 2005, dijeron, sólo esperaban por camas de hospital 125 reclusos, de los cuales el 38 por ciento había esperado más de quince días.
"En este momento estamos tratando de encontrar todos los días soluciones a corto plazo a la escasez de camas", dijo Al Zimmerman, portavoz del departamento. "Estamos tratando de encontrar modos de pagar por espacio adicional, de pagar por camas adicionales".
El departamento pidió y recibió dinero para unas dos docenas de camas este año, y ha pedido 38 para el próximo año. Cada cama cuesta cien mil dólares al año, dijo Zimmerman.
Jonas, la defensora pública, dijo que era un escándalo que el departamento no hubiera pedido más. "Considerando que tenemos un lista de espera de más de trescientos, y están en todo el estado diciendo que no tienen capacidad para acatar los internamientos", dijo. "¿Por qué han pedido solamente 38?"
Sin embargo, Honberg dijo que colocar a más reclusos con problemas mentales en los hospitales del estado no puede ser el objetivo final. El tratamiento que reciben allá a menudo es superficial, dijo, y muchos empeoran cuando vuelven a la cárcel, y terminan de nuevo en las listas de espera para una cama de hospital.
"Hay una enorme cantidad de gente que es enviada a los hospitales del estado no por motivos terapéuticos, sino para hacerlos competentes para ser juzgados", dijo Honberg. "No vamos a solucionar estos problemas a menos que invirtamos los recursos adecuados en servicios que sirven a la gente antes de que terminen en la cárcel".

15 de noviembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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