apoyar a gonzales es apoyar la tortura - robert scheer
El abogado que defiende la tortura de prisioneros disminuirá el valor de la causa estadounidense si es nombrado fiscal del estado.
¿Habrá apoyo de los dos bandos en el Congreso para la tortura?
Esa es la pregunta crucial que se planteará el Comité Judicial del Senado el jueves cuando empiece las audiencias sobre la confirmación del abogado de la Casa Blanca, Alberto Gonzáles como el nuevo procurador general de Estados Unidos. Lo que está en juego es si el Congreso quiere absolver convenientemente a Gonzáles de su claro intento de ayudar al presidente a violar leyes estadounidenses para justificar los salvajes métodos utilizados por interrogadores estadounidenses en nombre de la seguridad nacional.
Gonzales ignoró las objeciones del ministerio de Asuntos Exteriores y de abogados militares para apoyar enérgicamente la decisión del ministerio de Justicia de que en la guerra contra el terror' no se debían aplicar ni las Convenciones de Ginebra ni las leyes estadounidenses correspondientes sobre las garantías de los prisioneros de guerra.
"En mi opinión, este nuevo paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre el interrogatorio de prisioneros enemigos y transforma en anecdóticas algunas de sus disposiciones", escribió Gonzáles en un memorándum jurídico al presidente Bush el 25 de enero de 2002. Declarar a prisioneros tomados en la guerra contra el terror' privados de las Convenciones de Ginebra, argumentó, "reduce de manera substancial la amenaza de juicios penales internos bajo la Ley de Crímenes de Guerra".
Comportándose como un abogado de los bajos fondos aconsejando a un cliente cómo evitar ser procesado por un delito en curso, a Gonzáles aparentemente no le preocupaban los irracionales tribunales extranjeros o los juristas de nobles sentimientos de La Haya, sino más bien los fiscales estadounidenses que podrían aplicar leyes federales que prohíben la tortura de prisioneros de guerra extranjeros. En realidad, Gonzáles defendió poner fin jurídicamente a la Ley de Crímenes de Guerra de 1996, que determina condenas penales, incluyendo la pena de muerte, para militares o personal estadounidense que cometa el delito de tortura.
"Es difícil predecir los motivos de los fiscales [estadounidenses] y de abogados [estadounidenses] independientes que pueden decidir en el futuro entablar acusaciones injustificadas basándose en el Artículo 2.441" de la Ley, escribió Gonzáles. "Su decisión [de que las Convenciones de Ginebra no son aplicables] crearían una base razonable en la ley de que el Artículo 2.441 no se aplica, que proporcionaría una sólida defensa ante cualquier juicio futuro".
A la luz de lo que nos hemos enterado sobre la racionalización y uso de la tortura de parte de interrogadores estadounidenses en los últimos tres años, es difícil ignorar la posibilidad de que Gonzáles ya sabía que esas violaciones habían ocurrido y esperaba que siguieran ocurriendo.
De hecho, Gonzáles, en su memorándum, señala expresiones de las Convenciones de Ginebra (e incorporadas en leyes estadounidenses) que definen explícitamente como un crimen de guerra "los atropellos contra la dignidad personal" -una descripción perfecta del patrón de humillaciones mentales, sexuales y físicas a que han sido sometidos detenidos por Estados Unidos según informes de los últimos meses de prisioneros, de militares que han denunciado esos maltratos e incluso de agentes del FBI. Muchos de esos prisioneros capturados en países musulmanes por personal militar y de la inteligencia estadounidenses han, según se sabe, sido sometidos a ataques con perros, encadenados en posición fetal en sus propios excrementos o colocados en posiciones sexualmente humillantes.
El lunes, un grupo de juristas militares, incluyendo al contralmirante John Hutson, que fue hasta hace poco el auditor general de la Marina, dio a conocer una carta al Comité Judicial del Senado observando que las recomendaciones de Gonzáles "fomentaban una mayor animadversión hacia Estados Unidos, minaban nuestras actividades de recabamiento de datos de inteligencia y aumentaba los riesgos que corren nuestras tropas en el mundo".
Gonzáles basó su alegato para ignorar las Convenciones de Ginebra en memoranda escritos por un pequeño grupo de abogados del ministerio de Defensa que, junto con otras declaraciones polémicas, argumentó infamemente que el maltrato físico de prisioneros constituía tortura sólo si era "de una intensidad tal que... causara daños físicos graves como la muerte o fallo orgánico" y que el maltrato mental era tortura sólo si causaba "daño psicológico permanente". Presumiblemente esos niveles de dolor y daños deben ser determinados por el interrogador.Ese lenguaje es tan oneroso que, quizás para ayudar a Gonzáles a sobrevivir las comparecencias, el ministerio de Justicia introdujo discretamente nuevas instrucciones en su página web para lavar esta mancha en la reputación del país. Aunque todavía vaga en muchos aspectos, la nueva doctrina reafirma tardíamente la primacía de las leyes internacionales y federales en el tratamiento de prisioneros, incluso de los capturados en relación con la guerra contra el terrorismo.
Otro paso positivo sería retirar la nominación de Gonzáles, o rechazarla. Transformar a un hombre con tan poco respeto hacia el espíritu como la letra de ley en el más importante funcionario judicial del país hablará muy mal de la democracia estadounidense.
5 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
¿Habrá apoyo de los dos bandos en el Congreso para la tortura?Esa es la pregunta crucial que se planteará el Comité Judicial del Senado el jueves cuando empiece las audiencias sobre la confirmación del abogado de la Casa Blanca, Alberto Gonzáles como el nuevo procurador general de Estados Unidos. Lo que está en juego es si el Congreso quiere absolver convenientemente a Gonzáles de su claro intento de ayudar al presidente a violar leyes estadounidenses para justificar los salvajes métodos utilizados por interrogadores estadounidenses en nombre de la seguridad nacional.
Gonzales ignoró las objeciones del ministerio de Asuntos Exteriores y de abogados militares para apoyar enérgicamente la decisión del ministerio de Justicia de que en la guerra contra el terror' no se debían aplicar ni las Convenciones de Ginebra ni las leyes estadounidenses correspondientes sobre las garantías de los prisioneros de guerra.
"En mi opinión, este nuevo paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre el interrogatorio de prisioneros enemigos y transforma en anecdóticas algunas de sus disposiciones", escribió Gonzáles en un memorándum jurídico al presidente Bush el 25 de enero de 2002. Declarar a prisioneros tomados en la guerra contra el terror' privados de las Convenciones de Ginebra, argumentó, "reduce de manera substancial la amenaza de juicios penales internos bajo la Ley de Crímenes de Guerra".
Comportándose como un abogado de los bajos fondos aconsejando a un cliente cómo evitar ser procesado por un delito en curso, a Gonzáles aparentemente no le preocupaban los irracionales tribunales extranjeros o los juristas de nobles sentimientos de La Haya, sino más bien los fiscales estadounidenses que podrían aplicar leyes federales que prohíben la tortura de prisioneros de guerra extranjeros. En realidad, Gonzáles defendió poner fin jurídicamente a la Ley de Crímenes de Guerra de 1996, que determina condenas penales, incluyendo la pena de muerte, para militares o personal estadounidense que cometa el delito de tortura.
"Es difícil predecir los motivos de los fiscales [estadounidenses] y de abogados [estadounidenses] independientes que pueden decidir en el futuro entablar acusaciones injustificadas basándose en el Artículo 2.441" de la Ley, escribió Gonzáles. "Su decisión [de que las Convenciones de Ginebra no son aplicables] crearían una base razonable en la ley de que el Artículo 2.441 no se aplica, que proporcionaría una sólida defensa ante cualquier juicio futuro".
A la luz de lo que nos hemos enterado sobre la racionalización y uso de la tortura de parte de interrogadores estadounidenses en los últimos tres años, es difícil ignorar la posibilidad de que Gonzáles ya sabía que esas violaciones habían ocurrido y esperaba que siguieran ocurriendo.
De hecho, Gonzáles, en su memorándum, señala expresiones de las Convenciones de Ginebra (e incorporadas en leyes estadounidenses) que definen explícitamente como un crimen de guerra "los atropellos contra la dignidad personal" -una descripción perfecta del patrón de humillaciones mentales, sexuales y físicas a que han sido sometidos detenidos por Estados Unidos según informes de los últimos meses de prisioneros, de militares que han denunciado esos maltratos e incluso de agentes del FBI. Muchos de esos prisioneros capturados en países musulmanes por personal militar y de la inteligencia estadounidenses han, según se sabe, sido sometidos a ataques con perros, encadenados en posición fetal en sus propios excrementos o colocados en posiciones sexualmente humillantes.
El lunes, un grupo de juristas militares, incluyendo al contralmirante John Hutson, que fue hasta hace poco el auditor general de la Marina, dio a conocer una carta al Comité Judicial del Senado observando que las recomendaciones de Gonzáles "fomentaban una mayor animadversión hacia Estados Unidos, minaban nuestras actividades de recabamiento de datos de inteligencia y aumentaba los riesgos que corren nuestras tropas en el mundo".
Gonzáles basó su alegato para ignorar las Convenciones de Ginebra en memoranda escritos por un pequeño grupo de abogados del ministerio de Defensa que, junto con otras declaraciones polémicas, argumentó infamemente que el maltrato físico de prisioneros constituía tortura sólo si era "de una intensidad tal que... causara daños físicos graves como la muerte o fallo orgánico" y que el maltrato mental era tortura sólo si causaba "daño psicológico permanente". Presumiblemente esos niveles de dolor y daños deben ser determinados por el interrogador.Ese lenguaje es tan oneroso que, quizás para ayudar a Gonzáles a sobrevivir las comparecencias, el ministerio de Justicia introdujo discretamente nuevas instrucciones en su página web para lavar esta mancha en la reputación del país. Aunque todavía vaga en muchos aspectos, la nueva doctrina reafirma tardíamente la primacía de las leyes internacionales y federales en el tratamiento de prisioneros, incluso de los capturados en relación con la guerra contra el terrorismo.
Otro paso positivo sería retirar la nominación de Gonzáles, o rechazarla. Transformar a un hombre con tan poco respeto hacia el espíritu como la letra de ley en el más importante funcionario judicial del país hablará muy mal de la democracia estadounidense.
5 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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