debate jurídico por indulto de libby
[Adam Liptak] Motivos de Bush para indultar a Libby provocan un debate jurídico.
Al conmutar el lunes la pena de treinta meses de prisión de I. Lewis Libby Jr., el presidente Bush se basó en la misma gama de argumentos sobre el sistema federal de sentencias judiciales esgrimidos a menudo por los abogados defensores -y a los que se opone rutinaria y vigorosamente su propio ministerio de Justicia.
Los críticos del sistema tienen una larga lista de quejas. Las sentencias, dicen, son demasiado severas. A los jueces se les permite tomar en cuenta hechos que no han sido demostrados ante el jurado. Se ignoran las contribuciones positivas de los acusados, así como el daño colateral que causa el encarcelamiento en las familias involucradas.
El lunes, Bush hizo uso de todos los elementos de esas críticas en una detallada declaración explicando sus razones para conmutar la sentencia de Libby, entregando con ello un inesperado regalo a los abogados defensores en todo el país, que se pelearon por hacer uso de los argumentos del presidente en sus propios casos.
Dada la postura generalmente dura del gobierno en cuanto a las sentencias, los argumentos del presidente dejaron a los expertos rascándose la cabeza.
"El gobierno de Bush, siguiendo de cierto modo las indicaciones de los tres gobiernos anteriores, ha respaldado repetidas veces la doctrina federal de sentencias que claramente ignora los argumentos que ha avanzado Bush para dar un respiro a Libby", dijo Douglas A. Berman, profesor de derecho en la Universidad de Ohio, que escribe el blog Sentencing Law and Policy.
Quizás inadvertidamente, la decisión de Bush de conmutar la pena, antes que indultarlo derechamente, ha iniciado un debate nacional sobre las sentencias en general.
"Al decir que la sentencia era excesiva, me pregunto si entiende las implicaciones que tiene", dijo Ellen S. Podgor, que enseña derecho penal en la Universidad Stetson de St. Petersburg, Florida. "Esto equivale a abrir una lata de gusanos sobre las sentencias federales".
La clemencia con Libby será la base de muchos alegatos jurídicos, dijo Susan James, una abogado de Alamaba que representa a Don E. Siegelman, el ex gobernador del estado, que está recurriendo una sentencia que recibió la semana pasada, de 88 meses por obstrucción a la justicia y otros delitos.
"Es mucho más importante que si hubiese simplemente indultado a Libby", dijo James, ya que el indulto de un delito como un acto de merced del ejecutivo sólo tendría repercusiones políticas. "Ahora verás a gente citando al presidente Bush en todos los alegatos que pasen por los escritorios de los jueces federales".
En realidad, la decisión de Bush puede haber dado origen a un nuevo tipo de documento jurídico.
"Puedo anticipar que tendremos una nueva moción llamada ‘la moción Libby'", dijo la profesora Podgor. "Básicamente, dirá: ‘Mi cliente debería ser tratado como Libby, y explicaré por qué'".
Por supuesto, en términos puramente jurídicos, la declaración de Bush no tiene ningún valor particular fuera del caso de Libby. Pero eso no quiere decir necesariamente que los jueces la ignorarán.
Nadie pone en duda que Bush tiene la autoridad, según la Constitución, para indultar y conmutar penas en casos de delitos federales. Pero expertos en el área, recordando escándalos políticos en los gobiernos de Reagan, Truman y Grant, dicen que Bush ha actuado con una inusitada rapidez.
"Lo que distingue a Scooter Libby de los actos de clemencia en los otros tres casos", dijo P.S. Ruckman Jr., profesor de ciencias políticas que estudia los indultos en el Rock Valley College, Rockford, Illinois, refiriéndose a Libby por su apodo, "es que en esos casos los imputados generalmente cumplieron sus penas y otro presidente los perdonó".
Bush repitió ayer que pensaba que el castigo de Libby era demasiado severo. Pero expertos en la ley de sentencias federales dijeron que una sentencia de treinta meses por mentir y obstruir a la justicia era consistente con las duras sentencias que impone normalmente el sistema federal.
"¿Sobre qué bases legales puede haber llegado a esa conclusión?", preguntó Frank O. Bowman III, una autoridad en el campo de la doctrina federal de sentencias que enseña derecho en la Universidad de Missouri-Columbia. "Carece de fundamentos legales".
Tampoco hay razones para pensar que el ministerio de Justicia ha cambiado su posición sobre la doctrina de sentencias en general. En realidad, el ministro de Justicia, Alberto R. Gonzales, dijo el mes pasado que el ministerio apoyará leyes que endurezcan y hagan menos flexibles las sentencias federales.
Similarmente, en un caso resuelto hace dos semanas por la Corte Suprema de Estados Unidos y discutido ampliamente por juristas a la luz del caso de Libby, el ministerio de Justicia persuadió a la corte de ratificar una sentencia de treinta y tres meses de un acusado cuyo caso era muy parecido al de Libby. El acusado,Victor A. Rita, fue, como Libby, condenado por perjurio, por mentir a agentes federales y por obstrucción a la justicia. Rita sirvió en las fuerzas armadas por más de 25 años, recibió 35 recomendaciones, condecoraciones y medallas. Como Libby, Rita no tenía antecedentes criminales para propósitos de las directrices en cuanto a las sentencias federales.
Los jueces que sentenciaron a los dos hombres elevaron sus sentencias tomando en cuenta los delitos sobre los que mintieron. El perjurio de Rita tuvo que ver con lo que la corte calificó de "posible violación de la ley de inscripción de armas"; la única violación posible de una ley federal cometida por Libby, es la que convierte en delito la revelación de la identidad de agentes de inteligencia encubiertos en algunas circunstancias.
Cuando Rita alegó que su sentencia de 33 meses no tomaba en cuenta adecuadamente su historia y circunstancias, el ministerio de Justicia rechazó vigorosamente su argumentación.
El senador Joseph R. Biden Jr., demócrata de Delaware, subió ayer a su blog una copia del resumen del sumario del gobierno en el caso de Rita y preguntó: "¿Por qué está el presidente revirtiendo las decisiones de la justicia criminal?"
El ministerio de Justicia también adoptó una línea dura el año pasado en el caso de Jamie Olis, un ejecutivo de nivel medio de la compañía de energía Dynegy, condenado por fraude. El ministerio alegó que Olis merecía 292 meses, más de 24 años. Fue sentenciado a seis años.
Los expertos en sentencia dicen que la sentencia de Libby fue dura y acorde las tendencias generales.
"Fue una sentencia bastante severa", dijo el profesor Berman, "porque yo tiendo a considerar como severo todo término de prisión por delitos no violentos cometidos por personas sin antecedentes. Pero ciertamente no estuvo fuera de lo normal en los casos que veo todos los días".
Al conmutar el lunes la pena de treinta meses de prisión de I. Lewis Libby Jr., el presidente Bush se basó en la misma gama de argumentos sobre el sistema federal de sentencias judiciales esgrimidos a menudo por los abogados defensores -y a los que se opone rutinaria y vigorosamente su propio ministerio de Justicia.Los críticos del sistema tienen una larga lista de quejas. Las sentencias, dicen, son demasiado severas. A los jueces se les permite tomar en cuenta hechos que no han sido demostrados ante el jurado. Se ignoran las contribuciones positivas de los acusados, así como el daño colateral que causa el encarcelamiento en las familias involucradas.
El lunes, Bush hizo uso de todos los elementos de esas críticas en una detallada declaración explicando sus razones para conmutar la sentencia de Libby, entregando con ello un inesperado regalo a los abogados defensores en todo el país, que se pelearon por hacer uso de los argumentos del presidente en sus propios casos.
Dada la postura generalmente dura del gobierno en cuanto a las sentencias, los argumentos del presidente dejaron a los expertos rascándose la cabeza.
"El gobierno de Bush, siguiendo de cierto modo las indicaciones de los tres gobiernos anteriores, ha respaldado repetidas veces la doctrina federal de sentencias que claramente ignora los argumentos que ha avanzado Bush para dar un respiro a Libby", dijo Douglas A. Berman, profesor de derecho en la Universidad de Ohio, que escribe el blog Sentencing Law and Policy.
Quizás inadvertidamente, la decisión de Bush de conmutar la pena, antes que indultarlo derechamente, ha iniciado un debate nacional sobre las sentencias en general.
"Al decir que la sentencia era excesiva, me pregunto si entiende las implicaciones que tiene", dijo Ellen S. Podgor, que enseña derecho penal en la Universidad Stetson de St. Petersburg, Florida. "Esto equivale a abrir una lata de gusanos sobre las sentencias federales".
La clemencia con Libby será la base de muchos alegatos jurídicos, dijo Susan James, una abogado de Alamaba que representa a Don E. Siegelman, el ex gobernador del estado, que está recurriendo una sentencia que recibió la semana pasada, de 88 meses por obstrucción a la justicia y otros delitos.
"Es mucho más importante que si hubiese simplemente indultado a Libby", dijo James, ya que el indulto de un delito como un acto de merced del ejecutivo sólo tendría repercusiones políticas. "Ahora verás a gente citando al presidente Bush en todos los alegatos que pasen por los escritorios de los jueces federales".
En realidad, la decisión de Bush puede haber dado origen a un nuevo tipo de documento jurídico.
"Puedo anticipar que tendremos una nueva moción llamada ‘la moción Libby'", dijo la profesora Podgor. "Básicamente, dirá: ‘Mi cliente debería ser tratado como Libby, y explicaré por qué'".
Por supuesto, en términos puramente jurídicos, la declaración de Bush no tiene ningún valor particular fuera del caso de Libby. Pero eso no quiere decir necesariamente que los jueces la ignorarán.
Nadie pone en duda que Bush tiene la autoridad, según la Constitución, para indultar y conmutar penas en casos de delitos federales. Pero expertos en el área, recordando escándalos políticos en los gobiernos de Reagan, Truman y Grant, dicen que Bush ha actuado con una inusitada rapidez.
"Lo que distingue a Scooter Libby de los actos de clemencia en los otros tres casos", dijo P.S. Ruckman Jr., profesor de ciencias políticas que estudia los indultos en el Rock Valley College, Rockford, Illinois, refiriéndose a Libby por su apodo, "es que en esos casos los imputados generalmente cumplieron sus penas y otro presidente los perdonó".
Bush repitió ayer que pensaba que el castigo de Libby era demasiado severo. Pero expertos en la ley de sentencias federales dijeron que una sentencia de treinta meses por mentir y obstruir a la justicia era consistente con las duras sentencias que impone normalmente el sistema federal.
"¿Sobre qué bases legales puede haber llegado a esa conclusión?", preguntó Frank O. Bowman III, una autoridad en el campo de la doctrina federal de sentencias que enseña derecho en la Universidad de Missouri-Columbia. "Carece de fundamentos legales".
Tampoco hay razones para pensar que el ministerio de Justicia ha cambiado su posición sobre la doctrina de sentencias en general. En realidad, el ministro de Justicia, Alberto R. Gonzales, dijo el mes pasado que el ministerio apoyará leyes que endurezcan y hagan menos flexibles las sentencias federales.
Similarmente, en un caso resuelto hace dos semanas por la Corte Suprema de Estados Unidos y discutido ampliamente por juristas a la luz del caso de Libby, el ministerio de Justicia persuadió a la corte de ratificar una sentencia de treinta y tres meses de un acusado cuyo caso era muy parecido al de Libby. El acusado,Victor A. Rita, fue, como Libby, condenado por perjurio, por mentir a agentes federales y por obstrucción a la justicia. Rita sirvió en las fuerzas armadas por más de 25 años, recibió 35 recomendaciones, condecoraciones y medallas. Como Libby, Rita no tenía antecedentes criminales para propósitos de las directrices en cuanto a las sentencias federales.
Los jueces que sentenciaron a los dos hombres elevaron sus sentencias tomando en cuenta los delitos sobre los que mintieron. El perjurio de Rita tuvo que ver con lo que la corte calificó de "posible violación de la ley de inscripción de armas"; la única violación posible de una ley federal cometida por Libby, es la que convierte en delito la revelación de la identidad de agentes de inteligencia encubiertos en algunas circunstancias.
Cuando Rita alegó que su sentencia de 33 meses no tomaba en cuenta adecuadamente su historia y circunstancias, el ministerio de Justicia rechazó vigorosamente su argumentación.
El senador Joseph R. Biden Jr., demócrata de Delaware, subió ayer a su blog una copia del resumen del sumario del gobierno en el caso de Rita y preguntó: "¿Por qué está el presidente revirtiendo las decisiones de la justicia criminal?"
El ministerio de Justicia también adoptó una línea dura el año pasado en el caso de Jamie Olis, un ejecutivo de nivel medio de la compañía de energía Dynegy, condenado por fraude. El ministerio alegó que Olis merecía 292 meses, más de 24 años. Fue sentenciado a seis años.
Los expertos en sentencia dicen que la sentencia de Libby fue dura y acorde las tendencias generales.
"Fue una sentencia bastante severa", dijo el profesor Berman, "porque yo tiendo a considerar como severo todo término de prisión por delitos no violentos cometidos por personas sin antecedentes. Pero ciertamente no estuvo fuera de lo normal en los casos que veo todos los días".
6 de julio de 2007
4 de julio de 2007
©new york times
©traducción mQh
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