aumenta violencia en méxico
[Manuel Roig-Franzia] Asesinatos relacionados con el tráfico de drogas duplicó cifra del año pasado.
Zihuanatenejo, México. Andrés Sauzo colecciona diarios, diarios terriblemente macabros. Hay uno con un primer plano de una cabeza humana cercenada. Hay uno con una fotografía de gran angular de un hombre que fue asesinado a machetazos.
Pero lo peor de este abultado archivo de los horrores de la guerra entre los carteles, salió de las prensas el día que alguien halló los pedazos del tocayo de Sauzo, de 24 años. Un asesino a sueldo había decapitado al hijo de Sauzo, luego le había cortado los brazos y piernas. El asesino se muestra tan despreocupado por la posibilidad de ser llevado a justicia, que garabateó su nombre y apodo -‘El Barby'- en una nota que dejó sobre el cadáver mutilado.
Sin embargo, la madre de Sauzo, Cristina Gómez, no se molestó en acudir a la policía. "¿Para qué voy a perder mi tiempo?", dijo en una entrevista. "Así son las cosas en los pueblos sin ley".
La reacción de Gómez y la audacia del asesino de Sauzo -una de las once decapitaciones en el estado de Guerrero este año y uno de los dos mil asesinatos a nivel nacional, víctimas de las guerras entre carteles de narcotraficantes- son sintomáticos del deterioro del estado de derecho que ha acosado a México durante años.
Pero el año pasado, el número de asesinatos espectacularmente horribles y la intensidad del descontento civil han alcanzado niveles tan alarmantes que hasta los mexicanos que estaban antes endurecidos por años de violencia, se muestran consternados.
En puntos álgidos en todo el país, delincuentes, grupos políticos y pobres amargados han retado la autoridad de las instituciones, intimidando a los funcionarios locales y difundiendo el temor con pocas o ninguna consecuencias legales.
El grueso de la violencia es el resultado de la bárbara guerra que lleva ya cinco años entre los carteles de narcotraficantes mexicanos -que ahora están alcanzado la fortaleza y el tamaño de los infames carteles colombianos de los años ochenta. El año pasado, los asesinatos relacionados con las drogas prácticamente se duplicaron; este mes, en un solo incidente, seis agentes de policía fueron heridos mortalmente en el agitado estado de Michoacán.
Pero otros factores también contribuyen a la intranquilidad, incluyendo enfrentamientos entre la clase -en rápido crecimiento- de los ‘micro-traficantes', los vendedores de baja escala, a nivel de calle, que controlan la distribución en los vecindarios y que proveen a las crecientes filas de consumidores de drogas en México.
"Tenemos un enorme problema, un problema que existe en todo el país; es difícil, complicado y dinámico", dice Juan Heriberto Salinas Altés, un general de ejército retirado que sirve como director de la seguridad pública del estado de Guerrero. "Es algo que no conocíamos".
Aunque el gobierno de México se ha esforzado por controlar la violencia relacionada con las drogas, está también luchando contra la rabia, la frustración y las acciones cada vez más descaradas de los pobres en un país donde el cuarenta por ciento de la población vive en la pobreza.
En los últimos meses, una enorme fuerza policial ha tratado, sin éxito, de acorralar a los pistoleros armados y manifestantes que ocupan la ciudad de Oaxaca. Un puñado de bombas, colocadas aparentemente por grupos afines con los manifestantes de Oaxaca, han sido detonadas en Ciudad de México, incluyendo una que destrozó parte del edificio del tribunal electoral del país.
Entretanto, Andrés Manuel López Obrador, el ex alcalde de Ciudad de México que fue derrotado por poco en unas elecciones presidenciales muy disputadas en julio pasado, ha anunciado la creación de un gobierno paralelo y se ha auto-ungido presidente.
El trastorno puede ser la insospechada consecuencia del sísmico cambio político en México, del gobierno autocrático de 71 años del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que perdió el poder en 2000, dijo Jorge Montaño, analista político mexicano que fue embajador ante Estados Unidos y las Naciones Unidas. El Partido de Acción Nacional del presidente Vicente Fox ha mejorado enormemente la transparencia del gobierno y acelerado la evolución de la democracia en México, pero también ha luchado por mantener el orden y mejorar el sistema de justicia criminal en México.
"Hemos avanzado muy rápidamente desde un gobierno que era demasiado severo, a un gobierno que ha perdido el control", dice Montaño.
El PRI era conocido por reprimir la oposición pública en nombre del orden y como un medio de mantenerse en el poder. El gobierno de Fox, por otro lado, hizo muy poco, en los últimos cuatro meses, para impedir las masivas manifestaciones post-electorales por los partidarios de López Obrador que paralizaron Ciudad de México, protestas que ciertamente habrían sido aplastadas por el PRI.
Las diferencias son incluso más marcadas en la guerra de los carteles, dicen algunos observadores. El PRI era conocido por negociar con los carteles de narcotraficantes, una práctica que a menudo corrompía a los funcionarios, pero que redundaba en niveles más bajos de violencia.
"En los viejos tiempos había reglas. Nosotros decíamos: ‘No pueden matar a policías. Si matan a policías, haremos intervenir al ejército'", dijo un ex alto funcionario del PRI, que habló a condición de preservar su anonimato. "Decíamos: ‘No pueden robar 30 Jeep Cherokees al mes; no más pueden robar cinco'".
Fox ha tratado de limitar la corrupción y ha declarado una guerra total contra las drogas y encarcelado a varios de los más notorios barones de la droga del país. Pero la lucha por el poder en los bajos fondos que han sido el resultado ha sido indescriptiblemente violenta, especialmente desde la detención en 2001 y 2003 de los jefes de dos de las más poderosas bandas de narcotraficantes del país, los carteles de Sinaloa y del Golfo.
Los asesinatos, antes confinados principalmente a las lucrativas rutas de contrabando cerca de la frontera con Estados Unidos, como Nuevo Laredo, se han extendido a lo largo de toda la larga costa de México.
"El nivel de seguridad pública ha descendido considerablemente", dice Gustavo González Báez, consultor de seguridad y antiguo fiscal federal.
Los clientes de González Báez viajan en caras burbujas de protección. Para prevenir secuestros, los directores generales gastan normalmente 40 mil dólares en guardaespaldas y vehículos a prueba de balas para una visita de dos días a Ciudad de México, dijo.
Seguridad Ciudadana, un influyente grupo privado que cabildea por reformas en el sistema judicial, dio a conocer hace poco un informe responsabilizando de la inseguridad al "sistema de justicia criminal que no castiga a los transgresores".
En Guerrero, un estado al sur de México mejor conocido por su balneario de Acapulco, los asesinatos relacionados con las drogas han subido de 32, a fecha del año pasado, a 281, de acuerdo a Salinas Altés, el director de seguridad pública. Sólo un puñado de esos homicidios han sido resueltos, debido "al alto nivel de corrupción policial", dijo.
Aquí, a lo largo de las impresionantes playas de Zihuatanejo, a tres horas al norte de Acapulco, noticias sobre los asesinatos casi a diario en ciudades cercanas generan invariablemente enormes titulares y descriptivas fotografías en el diario Despertar de la Costa. El dueño y faro editorial del diario, Misael Tamayo Hernández, puede haber sido, hace poco, víctima de la violencia que documentaba.
Tamayo Hernández, conocido como un esforzado hombre de familia, fue encontrado el 10 de noviembre muerto y desnudo en el cuarto de un hotel de mala muerte en la carretera. Ese día, el jefe de la policía de Tijuana fue matado a balazos. Un titular en el diario de Ciudad de México, El Universal, lo llamó "Un Día Normal En el País", y en un editorial, el diario lamentaba que "poco a poco, asesinato tras asesinato, el país está ganando la reputación internacional de ser un país peligroso".
Un médico forense declaró más tarde que Tamayo Hernández murió de un ataque al corazón, pero aquí pocos aceptan esa conclusión, especialmente porque el editor era conocido por sus riñas con los narcotraficantes por la cobertura periodística del diario. También, el compañero de desayuno de Tamayo Hernández el día de su muerte -un importante hombre de negocios de la localidad- ha desaparecido. Hablando a condición de conservar el anonimato, un familiar de Tamayo Hernández dijo en una entrevista que los miembros de la familia sospechaban juego sucio, pero guardaban silencio por temor a las represalias.
Sauzo, el padre del joven que fue desmembrado en Zihuatanejo, es un dedicado lector del diario de Tamayo Hernández. Su colección de artículos macabros se ha convertido en una especial forma de catarsis. Pero se enteró de la muerte de su propio hijo mirando televisión. Se dirigió a un camino rural a reconocer el cuerpo de su hijo, cuyo cuerpo cortado en trozos había sido dejado en cinco bolsas de basura.
La funeraria quería incinerarlo. Pero Sauzo y su mujer insistieron en colocar los restos de su hijo en un ataúd y llevarlo a casa para el tradicional ritual de velar con sirios junto al cuerpo del ser querido.
Durante esos días de duelo, el teléfono sonó constantemente. Eran los hombres que habían matado a su hijo, preguntando dónde podían encontrar a su novia, presumiblemente para hacerle lo mismo a ella. Gómez, la madre, no llamó a la policía. Simplemente cambió el número de teléfono. Y rezó.
Zihuanatenejo, México. Andrés Sauzo colecciona diarios, diarios terriblemente macabros. Hay uno con un primer plano de una cabeza humana cercenada. Hay uno con una fotografía de gran angular de un hombre que fue asesinado a machetazos.Pero lo peor de este abultado archivo de los horrores de la guerra entre los carteles, salió de las prensas el día que alguien halló los pedazos del tocayo de Sauzo, de 24 años. Un asesino a sueldo había decapitado al hijo de Sauzo, luego le había cortado los brazos y piernas. El asesino se muestra tan despreocupado por la posibilidad de ser llevado a justicia, que garabateó su nombre y apodo -‘El Barby'- en una nota que dejó sobre el cadáver mutilado.
Sin embargo, la madre de Sauzo, Cristina Gómez, no se molestó en acudir a la policía. "¿Para qué voy a perder mi tiempo?", dijo en una entrevista. "Así son las cosas en los pueblos sin ley".
La reacción de Gómez y la audacia del asesino de Sauzo -una de las once decapitaciones en el estado de Guerrero este año y uno de los dos mil asesinatos a nivel nacional, víctimas de las guerras entre carteles de narcotraficantes- son sintomáticos del deterioro del estado de derecho que ha acosado a México durante años.
Pero el año pasado, el número de asesinatos espectacularmente horribles y la intensidad del descontento civil han alcanzado niveles tan alarmantes que hasta los mexicanos que estaban antes endurecidos por años de violencia, se muestran consternados.
En puntos álgidos en todo el país, delincuentes, grupos políticos y pobres amargados han retado la autoridad de las instituciones, intimidando a los funcionarios locales y difundiendo el temor con pocas o ninguna consecuencias legales.
El grueso de la violencia es el resultado de la bárbara guerra que lleva ya cinco años entre los carteles de narcotraficantes mexicanos -que ahora están alcanzado la fortaleza y el tamaño de los infames carteles colombianos de los años ochenta. El año pasado, los asesinatos relacionados con las drogas prácticamente se duplicaron; este mes, en un solo incidente, seis agentes de policía fueron heridos mortalmente en el agitado estado de Michoacán.
Pero otros factores también contribuyen a la intranquilidad, incluyendo enfrentamientos entre la clase -en rápido crecimiento- de los ‘micro-traficantes', los vendedores de baja escala, a nivel de calle, que controlan la distribución en los vecindarios y que proveen a las crecientes filas de consumidores de drogas en México.
"Tenemos un enorme problema, un problema que existe en todo el país; es difícil, complicado y dinámico", dice Juan Heriberto Salinas Altés, un general de ejército retirado que sirve como director de la seguridad pública del estado de Guerrero. "Es algo que no conocíamos".
Aunque el gobierno de México se ha esforzado por controlar la violencia relacionada con las drogas, está también luchando contra la rabia, la frustración y las acciones cada vez más descaradas de los pobres en un país donde el cuarenta por ciento de la población vive en la pobreza.
En los últimos meses, una enorme fuerza policial ha tratado, sin éxito, de acorralar a los pistoleros armados y manifestantes que ocupan la ciudad de Oaxaca. Un puñado de bombas, colocadas aparentemente por grupos afines con los manifestantes de Oaxaca, han sido detonadas en Ciudad de México, incluyendo una que destrozó parte del edificio del tribunal electoral del país.
Entretanto, Andrés Manuel López Obrador, el ex alcalde de Ciudad de México que fue derrotado por poco en unas elecciones presidenciales muy disputadas en julio pasado, ha anunciado la creación de un gobierno paralelo y se ha auto-ungido presidente.
El trastorno puede ser la insospechada consecuencia del sísmico cambio político en México, del gobierno autocrático de 71 años del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que perdió el poder en 2000, dijo Jorge Montaño, analista político mexicano que fue embajador ante Estados Unidos y las Naciones Unidas. El Partido de Acción Nacional del presidente Vicente Fox ha mejorado enormemente la transparencia del gobierno y acelerado la evolución de la democracia en México, pero también ha luchado por mantener el orden y mejorar el sistema de justicia criminal en México.
"Hemos avanzado muy rápidamente desde un gobierno que era demasiado severo, a un gobierno que ha perdido el control", dice Montaño.
El PRI era conocido por reprimir la oposición pública en nombre del orden y como un medio de mantenerse en el poder. El gobierno de Fox, por otro lado, hizo muy poco, en los últimos cuatro meses, para impedir las masivas manifestaciones post-electorales por los partidarios de López Obrador que paralizaron Ciudad de México, protestas que ciertamente habrían sido aplastadas por el PRI.
Las diferencias son incluso más marcadas en la guerra de los carteles, dicen algunos observadores. El PRI era conocido por negociar con los carteles de narcotraficantes, una práctica que a menudo corrompía a los funcionarios, pero que redundaba en niveles más bajos de violencia.
"En los viejos tiempos había reglas. Nosotros decíamos: ‘No pueden matar a policías. Si matan a policías, haremos intervenir al ejército'", dijo un ex alto funcionario del PRI, que habló a condición de preservar su anonimato. "Decíamos: ‘No pueden robar 30 Jeep Cherokees al mes; no más pueden robar cinco'".
Fox ha tratado de limitar la corrupción y ha declarado una guerra total contra las drogas y encarcelado a varios de los más notorios barones de la droga del país. Pero la lucha por el poder en los bajos fondos que han sido el resultado ha sido indescriptiblemente violenta, especialmente desde la detención en 2001 y 2003 de los jefes de dos de las más poderosas bandas de narcotraficantes del país, los carteles de Sinaloa y del Golfo.
Los asesinatos, antes confinados principalmente a las lucrativas rutas de contrabando cerca de la frontera con Estados Unidos, como Nuevo Laredo, se han extendido a lo largo de toda la larga costa de México.
"El nivel de seguridad pública ha descendido considerablemente", dice Gustavo González Báez, consultor de seguridad y antiguo fiscal federal.
Los clientes de González Báez viajan en caras burbujas de protección. Para prevenir secuestros, los directores generales gastan normalmente 40 mil dólares en guardaespaldas y vehículos a prueba de balas para una visita de dos días a Ciudad de México, dijo.
Seguridad Ciudadana, un influyente grupo privado que cabildea por reformas en el sistema judicial, dio a conocer hace poco un informe responsabilizando de la inseguridad al "sistema de justicia criminal que no castiga a los transgresores".
En Guerrero, un estado al sur de México mejor conocido por su balneario de Acapulco, los asesinatos relacionados con las drogas han subido de 32, a fecha del año pasado, a 281, de acuerdo a Salinas Altés, el director de seguridad pública. Sólo un puñado de esos homicidios han sido resueltos, debido "al alto nivel de corrupción policial", dijo.
Aquí, a lo largo de las impresionantes playas de Zihuatanejo, a tres horas al norte de Acapulco, noticias sobre los asesinatos casi a diario en ciudades cercanas generan invariablemente enormes titulares y descriptivas fotografías en el diario Despertar de la Costa. El dueño y faro editorial del diario, Misael Tamayo Hernández, puede haber sido, hace poco, víctima de la violencia que documentaba.
Tamayo Hernández, conocido como un esforzado hombre de familia, fue encontrado el 10 de noviembre muerto y desnudo en el cuarto de un hotel de mala muerte en la carretera. Ese día, el jefe de la policía de Tijuana fue matado a balazos. Un titular en el diario de Ciudad de México, El Universal, lo llamó "Un Día Normal En el País", y en un editorial, el diario lamentaba que "poco a poco, asesinato tras asesinato, el país está ganando la reputación internacional de ser un país peligroso".
Un médico forense declaró más tarde que Tamayo Hernández murió de un ataque al corazón, pero aquí pocos aceptan esa conclusión, especialmente porque el editor era conocido por sus riñas con los narcotraficantes por la cobertura periodística del diario. También, el compañero de desayuno de Tamayo Hernández el día de su muerte -un importante hombre de negocios de la localidad- ha desaparecido. Hablando a condición de conservar el anonimato, un familiar de Tamayo Hernández dijo en una entrevista que los miembros de la familia sospechaban juego sucio, pero guardaban silencio por temor a las represalias.
Sauzo, el padre del joven que fue desmembrado en Zihuatanejo, es un dedicado lector del diario de Tamayo Hernández. Su colección de artículos macabros se ha convertido en una especial forma de catarsis. Pero se enteró de la muerte de su propio hijo mirando televisión. Se dirigió a un camino rural a reconocer el cuerpo de su hijo, cuyo cuerpo cortado en trozos había sido dejado en cinco bolsas de basura.
La funeraria quería incinerarlo. Pero Sauzo y su mujer insistieron en colocar los restos de su hijo en un ataúd y llevarlo a casa para el tradicional ritual de velar con sirios junto al cuerpo del ser querido.
Durante esos días de duelo, el teléfono sonó constantemente. Eran los hombres que habían matado a su hijo, preguntando dónde podían encontrar a su novia, presumiblemente para hacerle lo mismo a ella. Gómez, la madre, no llamó a la policía. Simplemente cambió el número de teléfono. Y rezó.
29 de noviembre de 2006
©washington post 
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