el crimen manda
[Héctor Tobar y Chris Kraul] Los asesinatos en Guatemala ilustran el tenebroso poder que ejercen grupos ilegales sobre el sistema de justicia criminal.
Ciudad de Guatemala. Los distinguidos invitados de El Salvador entraron a esta ciudad capital con un grupo de agentes de la policía que hacían de guardaespaldas, y otro grupo de agentes que los esperaban para emboscarlos.
Cuando conducían por una carretera en la montaña, Eduardo José D'Aubuisson y sus colegas legisladores cayeron en una trampa tendida por agentes de policía parias de Guatemala contratados por narcotraficantes, dijeron funcionarios. Esos agentes creían que los salvadoreños estaban usando su inmunidad diplomática para trabajar para narcotraficantes rivales.
Las últimas y violentas horas en la vida de D'Aubuisson, y los sucesos de los días que siguieron, parecen sacados del guión de la película galardonada con un Oscar, ‘Infiltrados' [The Departed], donde la confianza es una ilusión y las traiciones, sangrientas. Pero esa es la realidad en América Central hoy en día, una región de instituciones débiles donde los jefes de las mafias controlan los escuadrones de la muerte de la policía y el crimen organizado es más poderoso que el estado.
Existe un generalizado temor a los policías parias.
"Hay casos criminales en los que un testigo ha mencionado a un agente de policía, y el fiscal le ha preguntado: ‘¿Está seguro de que quiere decir eso?'", contó un asesor del despacho de la procuraduría pública de Guatemala, que habló a condición de mantener el anonimato por cuestiones de seguridad. "El fiscal lo pregunta no solamente porque tiene miedo de que maten al testigo. También tiene miedo de que lo maten a él".
El vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, dijo en una entrevista la semana pasada que grupos del crimen organizado han "penetrado" la mayor parte de las agencias del sistema de justicia criminal, incluyendo a la policía, el despacho de la procuraduría pública, los tribunales y el despacho del ministro de Justicia. Esos niveles de corrupción son también endémicos en El Salvador y Honduras. "No es solamente un problema guatemalteco. Es un problema regional", dijo Stein. "Esos grupos transcienden las fronteras, y tienen más recursos que nosotros".
Cuatro agentes de policía guatemaltecos fueron arrestados por el asesinato de D'Aubuisson y otros dos legisladores. Los sospechosos fueron asesinados en una cárcel de máxima seguridad tres días después, en un asombroso crimen extrajudicial que puso nuevas presiones sobre el gobierno para que tome medidas radicales.
En un momento, funcionarios de la defensa guatemalteca, líderes del mundo empresarial y diplomáticos "de un país amigo" sugirieron al presidente Óscar Berger que declarara el estado de emergencia y colocara a la policía bajo control militar, dijo Stein. El presidente ignoró este consejo.
"No queremos revivir el pasado... en que los militares controlaban las agencias civiles en violación de la constitución", dijo Stein. Hacer eso equivaldría a violar los acuerdos de paz con que se puso fin a la guerra civil en Guatemala hace una década, agregó.
Se espera que Berger pida ayuda al presidente Bush en la lucha contra el crimen organizado cuando los dos se reúnen aquí esta tarde.
Una espiral de acusaciones, filtraciones oficiales y rumores han vinculado los asesinatos con altos funcionarios de las fuerzas de seguridad de Guatemala, y también con grupos criminales y legisladores de El Salvador.
Muchos temen que los autores de los asesinatos escapen a la justicia.
"Tampoco habrá una investigación exhaustiva, ni en El Salvador ni en Guatemala, para descubrir la verdad", dice Beatrice Alamanni de Carrillo, la defensora del pueblo para los derechos humanos de El Salvador. "El crimen organizado es un problema en tres países... En cada uno de ellos están destruyendo el estado de derecho".
D'Aubuisson, William Pichinte y José González Rivas eran miembros del Parlamento Centroamericano, que fomenta y regular el comercio regional. Salieron de San Salvador en coche la mañana del 19 de febrero para dirigirse a una reunión de ese órgano en Ciudad de Guatemala.
¿Cuáles Fueron los Motivos?
Funcionarios guatemaltecos dicen en privado que han sospechado durante largo tiempo que algunos miembros del parlamento participan en el narcotráfico. América Central es un pasaje clave para el transporte de cocaína entre Colombia y México. Los legisladores gozan de inmunidad diplomática y sus coches cruzan las fronteras centroamericanas sin ser revisados.
Funcionarios en Guatemala y El Salvador dicen que no había indicios de que D'Aubuisson, 32, estuviera implicado en actividades ilícitas.
"Mi hermano era una excelente persona honesta que estaba apenas empezando su carrera política", dijo Roberto D'Aubuisson Jr. Pero dijo que tampoco creía que el asesinato fuera un caso de confusión de identidades, una teoría que circuló entre algunos oficiales salvadoreños. "La pregunta es: ¿Cuáles fueron los motivos?"
Roberto D'Aubuisson dijo que creía que el ex congresista salvadoreño Roberto Silva, que fue expulsado de la legislatura el año pasado por presuntos lazos con el narcotráfico, ordenó el asesinato de su hermano como "represalia" contra el gobierno del presidente salvadoreño Tony Saca. Los D'Aubuissons son hijos del difunto Roberto D'Aubuisson, el polémico fundador del partido gobernante de El Salvador. Silva eludió su detención y sigue estando fugitivo.
Los agentes parias eran dirigidos por Luis Arturo Herrera, director de la unidad del crimen organizado de la policía nacional. A primera vista, era un agente respetado. Cuando un grupo de asaltantes armados robó ocho millones de dólares en efectivo en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala, que estaba siendo enviado al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Herrera ayudó a dirigir las pesquisas.
Pero presuntamente trabajaba para una ‘unidad de limpieza' de la policía nacional. También conocidos como escuadrones de la muerte, los grupos nacieron en los años noventa, cuando empezaron a cometer ejecuciones extrajudiciales de sospechosos.
Las brigadas de limpieza y otros grupos de agentes parias se han convertido en grupos criminales de múltiples propósitos vinculados a toda una serie de actividades ilícitas, incluyendo el embarque de coches robados, secuestros, tráfico de seres humanos, y el control de redes de narcotráfico que transportanla cocaína colombiana a Estados Unidos, de acuerdo a fuentes oficiales aquí y a grupos de derechos humanos.
La semana pasada, el general en retiro Otto Pérez Molina, candidato a la presidencia de Guatemala y ex jefe de la inteligencia militar, acusó a Victor Rivera, un importante asesor del ministro del Interior, de dirigir las brigadas de limpieza. Miembros del Partido Patriota de Molina, también han entregado evidencias que dice que vinculan a Rivera con secuestros. Rivera no ha respondido las acusaciones.
Las acusaciones repiten otras formuladas hace tiempo por activistas de derechos humanos en la región.
"Esos grupos fueron fundados durante las campañas contrainsurgentes de los años ochenta y noventa, y no fueron desmantelados nunca", dijo Adriana Beltrán, de la Oficina para América Latina de Washington. "Con los años, se han transformado y establecido vínculos con redes del crimen organizado".
En Honduras, el ex presidente Ricardo Maduro dijo en una entrevista hace poco que grupos del crimen organizado controlaban efectivamente partes del este de Honduras, donde se embarcan por aire y mar las drogas hacia Estados Unidos y México. Dijo que el gobierno tenía pocas esperanzas de ejercer su autoridad ahí.
Problema de Larga Data
El tráfico de drogas entre altos oficiales de las fuerzas de seguridad de Guatemala ha sido un problema de larga data. En 2005, oficiales norteamericanos llevaron bajo engaño a Virginia a Adán Castillo, entonces el más alto oficial antinarcóticos, y lo arrestaron a él y otros dos altos oficiales por el contrabando de varias toneladas de cocaína.
Funcionarios norteamericanos dijeron que habían ayudado a las autoridades guatemaltecas en revisiones de antecedentes de todos los nuevos contratos de las fuerzas de seguridad. Pero el proceso de control no se aplicó a las contrataciones anteriores, y muchos elementos corruptos continúan en la fuerza policial. Los oficiales norteamericanos expresaron también su frustración ante la resistencia para implementar un plan que cree una comisión respaldada por Naciones Unidas para ayudar al sistema de justicia criminal.
El dinero de las drogas se ha filtrado no solamente en la fuerza de policía, sino también en el congreso guatemalteco, dijeron funcionarios norteamericanos. "El dinero involucrado, y la debilidad de las instituciones, lo hace inevitable", dijo un funcionario norteamericano.
Fuentes de inteligencia en la región dicen que los investigadores han vinculado a agentes parias acusados del asesinato de D'Aubuisson con bandas guatemaltecas de narcotraficantes que controlan el lucrativo negocio de los traficantes colombianos y mexicanos.
Oficiales guatemaltecos dice que justo antes del secuestro, y durante las dos horas que fueron retenidos los salvadoreños, Herrera y los otros agentes parias hicieron diecisiete llamadas con dos celulares a El Salvador, un hecho que sugiere una trama para arrestar a los confederados en ese país. Los agentes presuntamente llevaron a los legisladores a una granja y los golpearon y torturaron antes de matarlos y prender fuego a sus cuerpos.
El 25 de febrero los cuatro agentes fueron asesinados en las celdas de la prisión. Las autoridades guatemaltecas arrestaron a veinte gendarmes de la prisión, incluyendo al alcaide.
Alamanni, la defensora del pueblo para los derechos humanos en El Salvador, dijo que pensaba que los asesinatos en la cárcel eran todavía más inquietantes que el asesinato de los legisladores.
"Este caso muestra que el poder de los criminales es tan fuerte que están retando al estado a que ponga fin a su control de las instituciones legales del país", dijo. "El mensaje es claro, no solamente para el gobierno de Guatemala, sino también para El Salvador: ‘Mataremos a cualquiera que queramos. Somos más poderosos que el estado'".
Ciudad de Guatemala. Los distinguidos invitados de El Salvador entraron a esta ciudad capital con un grupo de agentes de la policía que hacían de guardaespaldas, y otro grupo de agentes que los esperaban para emboscarlos.Cuando conducían por una carretera en la montaña, Eduardo José D'Aubuisson y sus colegas legisladores cayeron en una trampa tendida por agentes de policía parias de Guatemala contratados por narcotraficantes, dijeron funcionarios. Esos agentes creían que los salvadoreños estaban usando su inmunidad diplomática para trabajar para narcotraficantes rivales.
Las últimas y violentas horas en la vida de D'Aubuisson, y los sucesos de los días que siguieron, parecen sacados del guión de la película galardonada con un Oscar, ‘Infiltrados' [The Departed], donde la confianza es una ilusión y las traiciones, sangrientas. Pero esa es la realidad en América Central hoy en día, una región de instituciones débiles donde los jefes de las mafias controlan los escuadrones de la muerte de la policía y el crimen organizado es más poderoso que el estado.
Existe un generalizado temor a los policías parias.
"Hay casos criminales en los que un testigo ha mencionado a un agente de policía, y el fiscal le ha preguntado: ‘¿Está seguro de que quiere decir eso?'", contó un asesor del despacho de la procuraduría pública de Guatemala, que habló a condición de mantener el anonimato por cuestiones de seguridad. "El fiscal lo pregunta no solamente porque tiene miedo de que maten al testigo. También tiene miedo de que lo maten a él".
El vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, dijo en una entrevista la semana pasada que grupos del crimen organizado han "penetrado" la mayor parte de las agencias del sistema de justicia criminal, incluyendo a la policía, el despacho de la procuraduría pública, los tribunales y el despacho del ministro de Justicia. Esos niveles de corrupción son también endémicos en El Salvador y Honduras. "No es solamente un problema guatemalteco. Es un problema regional", dijo Stein. "Esos grupos transcienden las fronteras, y tienen más recursos que nosotros".
Cuatro agentes de policía guatemaltecos fueron arrestados por el asesinato de D'Aubuisson y otros dos legisladores. Los sospechosos fueron asesinados en una cárcel de máxima seguridad tres días después, en un asombroso crimen extrajudicial que puso nuevas presiones sobre el gobierno para que tome medidas radicales.
En un momento, funcionarios de la defensa guatemalteca, líderes del mundo empresarial y diplomáticos "de un país amigo" sugirieron al presidente Óscar Berger que declarara el estado de emergencia y colocara a la policía bajo control militar, dijo Stein. El presidente ignoró este consejo.
"No queremos revivir el pasado... en que los militares controlaban las agencias civiles en violación de la constitución", dijo Stein. Hacer eso equivaldría a violar los acuerdos de paz con que se puso fin a la guerra civil en Guatemala hace una década, agregó.
Se espera que Berger pida ayuda al presidente Bush en la lucha contra el crimen organizado cuando los dos se reúnen aquí esta tarde.
Una espiral de acusaciones, filtraciones oficiales y rumores han vinculado los asesinatos con altos funcionarios de las fuerzas de seguridad de Guatemala, y también con grupos criminales y legisladores de El Salvador.
Muchos temen que los autores de los asesinatos escapen a la justicia.
"Tampoco habrá una investigación exhaustiva, ni en El Salvador ni en Guatemala, para descubrir la verdad", dice Beatrice Alamanni de Carrillo, la defensora del pueblo para los derechos humanos de El Salvador. "El crimen organizado es un problema en tres países... En cada uno de ellos están destruyendo el estado de derecho".
D'Aubuisson, William Pichinte y José González Rivas eran miembros del Parlamento Centroamericano, que fomenta y regular el comercio regional. Salieron de San Salvador en coche la mañana del 19 de febrero para dirigirse a una reunión de ese órgano en Ciudad de Guatemala.
¿Cuáles Fueron los Motivos?
Funcionarios guatemaltecos dicen en privado que han sospechado durante largo tiempo que algunos miembros del parlamento participan en el narcotráfico. América Central es un pasaje clave para el transporte de cocaína entre Colombia y México. Los legisladores gozan de inmunidad diplomática y sus coches cruzan las fronteras centroamericanas sin ser revisados.
Funcionarios en Guatemala y El Salvador dicen que no había indicios de que D'Aubuisson, 32, estuviera implicado en actividades ilícitas.
"Mi hermano era una excelente persona honesta que estaba apenas empezando su carrera política", dijo Roberto D'Aubuisson Jr. Pero dijo que tampoco creía que el asesinato fuera un caso de confusión de identidades, una teoría que circuló entre algunos oficiales salvadoreños. "La pregunta es: ¿Cuáles fueron los motivos?"
Roberto D'Aubuisson dijo que creía que el ex congresista salvadoreño Roberto Silva, que fue expulsado de la legislatura el año pasado por presuntos lazos con el narcotráfico, ordenó el asesinato de su hermano como "represalia" contra el gobierno del presidente salvadoreño Tony Saca. Los D'Aubuissons son hijos del difunto Roberto D'Aubuisson, el polémico fundador del partido gobernante de El Salvador. Silva eludió su detención y sigue estando fugitivo.
Los agentes parias eran dirigidos por Luis Arturo Herrera, director de la unidad del crimen organizado de la policía nacional. A primera vista, era un agente respetado. Cuando un grupo de asaltantes armados robó ocho millones de dólares en efectivo en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala, que estaba siendo enviado al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Herrera ayudó a dirigir las pesquisas.
Pero presuntamente trabajaba para una ‘unidad de limpieza' de la policía nacional. También conocidos como escuadrones de la muerte, los grupos nacieron en los años noventa, cuando empezaron a cometer ejecuciones extrajudiciales de sospechosos.
Las brigadas de limpieza y otros grupos de agentes parias se han convertido en grupos criminales de múltiples propósitos vinculados a toda una serie de actividades ilícitas, incluyendo el embarque de coches robados, secuestros, tráfico de seres humanos, y el control de redes de narcotráfico que transportanla cocaína colombiana a Estados Unidos, de acuerdo a fuentes oficiales aquí y a grupos de derechos humanos.
La semana pasada, el general en retiro Otto Pérez Molina, candidato a la presidencia de Guatemala y ex jefe de la inteligencia militar, acusó a Victor Rivera, un importante asesor del ministro del Interior, de dirigir las brigadas de limpieza. Miembros del Partido Patriota de Molina, también han entregado evidencias que dice que vinculan a Rivera con secuestros. Rivera no ha respondido las acusaciones.
Las acusaciones repiten otras formuladas hace tiempo por activistas de derechos humanos en la región.
"Esos grupos fueron fundados durante las campañas contrainsurgentes de los años ochenta y noventa, y no fueron desmantelados nunca", dijo Adriana Beltrán, de la Oficina para América Latina de Washington. "Con los años, se han transformado y establecido vínculos con redes del crimen organizado".
En Honduras, el ex presidente Ricardo Maduro dijo en una entrevista hace poco que grupos del crimen organizado controlaban efectivamente partes del este de Honduras, donde se embarcan por aire y mar las drogas hacia Estados Unidos y México. Dijo que el gobierno tenía pocas esperanzas de ejercer su autoridad ahí.
Problema de Larga Data
El tráfico de drogas entre altos oficiales de las fuerzas de seguridad de Guatemala ha sido un problema de larga data. En 2005, oficiales norteamericanos llevaron bajo engaño a Virginia a Adán Castillo, entonces el más alto oficial antinarcóticos, y lo arrestaron a él y otros dos altos oficiales por el contrabando de varias toneladas de cocaína.
Funcionarios norteamericanos dijeron que habían ayudado a las autoridades guatemaltecas en revisiones de antecedentes de todos los nuevos contratos de las fuerzas de seguridad. Pero el proceso de control no se aplicó a las contrataciones anteriores, y muchos elementos corruptos continúan en la fuerza policial. Los oficiales norteamericanos expresaron también su frustración ante la resistencia para implementar un plan que cree una comisión respaldada por Naciones Unidas para ayudar al sistema de justicia criminal.
El dinero de las drogas se ha filtrado no solamente en la fuerza de policía, sino también en el congreso guatemalteco, dijeron funcionarios norteamericanos. "El dinero involucrado, y la debilidad de las instituciones, lo hace inevitable", dijo un funcionario norteamericano.
Fuentes de inteligencia en la región dicen que los investigadores han vinculado a agentes parias acusados del asesinato de D'Aubuisson con bandas guatemaltecas de narcotraficantes que controlan el lucrativo negocio de los traficantes colombianos y mexicanos.
Oficiales guatemaltecos dice que justo antes del secuestro, y durante las dos horas que fueron retenidos los salvadoreños, Herrera y los otros agentes parias hicieron diecisiete llamadas con dos celulares a El Salvador, un hecho que sugiere una trama para arrestar a los confederados en ese país. Los agentes presuntamente llevaron a los legisladores a una granja y los golpearon y torturaron antes de matarlos y prender fuego a sus cuerpos.
El 25 de febrero los cuatro agentes fueron asesinados en las celdas de la prisión. Las autoridades guatemaltecas arrestaron a veinte gendarmes de la prisión, incluyendo al alcaide.
Alamanni, la defensora del pueblo para los derechos humanos en El Salvador, dijo que pensaba que los asesinatos en la cárcel eran todavía más inquietantes que el asesinato de los legisladores.
"Este caso muestra que el poder de los criminales es tan fuerte que están retando al estado a que ponga fin a su control de las instituciones legales del país", dijo. "El mensaje es claro, no solamente para el gobierno de Guatemala, sino también para El Salvador: ‘Mataremos a cualquiera que queramos. Somos más poderosos que el estado'".
hector.tobar@latimes.com
chris.kraul@latimes.com
Tobar informó desde Ciudad de Guatemala y Kraul desde San Salvador.
7 de mayo de 2007
11 de marzo de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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