lazos del gobierno con paramilitares
[Juan Forero] Detallan vínculos con la elite colombiana. Comandantes acusan al estado de complicidad.
Medellín, Colombia. Altos jefes paramilitares han confirmado en los últimos días lo que grupos de derechos humanos y otros vienen diciendo desde hace años: Que algunos de los personajes políticos, militares y del mundo empresarial ayudaron a levantar a ese poderoso movimiento antiguerrillero que operaba con impunidad, mataba a civiles y transportaba cocaína a ciudades norteamericanas.
Los jefes han mencionado a generales de ejército, empresarios, compañías extranjeras y políticos que no sólo financiaban operaciones paramilitares, sino también trabajaban codo a codo con los combatientes para llevarlas a cabo. En informes que contradicen al gobierno, los comandantes han dicho que su organización, antes que simplemente brotar para llenar un vacío en regiones sin ley del país, había sido construida sistemáticamente por fuerzas más importantes.
"Los paramilitares fueron una política de estado", dijo la semana pasada Salvatore Mancuso, un alto comandante paramilitar, en una audiencia en el Palacio de Justicia de esta ciudad. "Tengo pruebas de que el estado creó a los paramilitares en Colombia".
En un escándalo que empezó a ganar ímpetu el otoño pasado, los investigadores han revelado decenas de casos de colaboración del gobierno con grupos paramilitares. Pero la declaración de Mancuso, apoyada por observaciones que hizo en una entrevista en la cárcel a otro comandante paramilitar, es la primera vez que actores importantes del escándalo describen en detalles cómo la clase política unió fuerzas con ellos.
Decenas de otros comandantes paramilitares deben declarar en una audiencia judicial especial en los próximos días y semanas. Sus testimonios podrían ayudar a descubrir las raíces de la violencia y el tráfico de drogas que han plagado a este país y significado importantes ayudas de Washington.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe dice que ha tomado agresivas acciones para desmantelar a los grupos paramilitares y que su determinación de concluirlo ha hecho posible las investigaciones. Sin embargo, sus investigaciones han resultado en un dolorosa catarsis colectiva para este país.
Iván Duque, un estratega que colaboró en la formulación de la ideología de la coalición paramilitar conocida como las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia [AUC], dijo en una entrevista que el grupo tenía vínculos con todo el mundo de influencia en las regiones donde operaban.
"¿Podían estos tres grupos -estoy hablando de los políticos, los economistas, la gente institucional, vale decir, los militares- haber operado sin estar en contacto con el primer jefe?", dijo Duque, hablando desde la cárcel de Itagui en Medellín, que alberga a decenas de comandantes paramilitares. "Eso es imposible. Eso no puede ser".
Elegido por sus colegas comandantes para hablar con dos periodistas estadounidenses, Duque dijo la semana pasada, ahora que los comandantes paramilitares habían decidido contar sus sucios secretos, también era hora de que confesaran las elites que ayudaron a la AUC. Dijo que los grupos paramilitares tenían diecisiete mil combatientes armados y más de diez mil asociados más, desde cocineros hasta choferes y técnicos informáticos e informantes. Y dijo que eso lo podía ver todo el mundo.
"Hombres armados hasta los dientes", dijo Duque, gesticulando en una oficina puesta a disposición por los gendarmes. "¿Puede realmente viajar por todo el territorio, sin que nadie los vea, ni mire, que nadie colabore con ellos? Es por eso que digo que este es un país de hipocresías, una sociedad de mentiras".
El movimiento paramilitar colombiano empezó hace más de una generación como contrapeso de una creciente fuerza guerrillera marxista y convertido rápidamente en un ejército irregular que cometió terribles masacres y asesinatos, que financiaba gran parte de sus actividades con el tráfico de cocaína. El despacho del fiscal general calcula que los combatientes paramilitares asesinaron a unas diez mil personas desde mediados de los años noventa hasta la primera parte de esta década, cuando sus comandantes empezaron a negociar un acuerdo de desarme con el gobierno de Uribe. La AUC está en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ahora, en una crucial fase post-desarme que exige que los comandantes revelen sus crímenes a cambio de un tratamiento más leniente, Mancuso y los otros empezaron a hablar.
La declaración de Mancuso se produce en medio de una difícil semana para Uribe, cuyo gobierno ha recibido de Washington, desde su elección en 2002, cuatro billones de dólares principalmente en ayudas par combatir el narcotráfico y ayuda militar. Las autoridades arrestaron a más aliados en el congreso relacionados con comandantes paramilitares, y entonces Mancuso empezó a hacer sus incómodas revelaciones.
"Habló Salvatore Mancuso", decía el semanario Semana, "y la clase política del país tembló".
Uribe sigue gozando de enorme popularidad en Colombia por haber reducido la violencia, pero en Washington, los demócratas del Capitolio están citando recientes revelaciones para impedir la anuencia norteamericana para firmar un tratado de libre comercio con Colombia.
De momento, las autoridades han acusado a catorce miembros del congreso colombiano, siete ex legisladores, el director de la policía secreta y ex gobernadores de haber colaborado con comandantes paramilitares. Una docena de legisladores en activo están siendo investigados. La mayoría han sido estrechos aliados de Uribe, que apoyaron una enmienda constitucional que permite su reelección y aprobaron una ley leniente, conocida como Justicia y Paz, que regula el desarme de los paramilitares.
Aunque Mancuso declaró a principios de año haber ordenado asesinatos y colaborado con unidades militares, su testimonio de la semana pasada fue mucho más explosivo. Habló de haber trabajado estrechamente con tres ex generales, todos los cuales niegan esos lazos.
Las revelaciones de Mancuso -especialmente sobre el general jubilado Rito Alejo del Río, conocido en el estado de Antioquía como el ‘pacificador' de la región de Uraba- han causado la incomodidad de Uribe. Aunque el predecesor de Uribe, Andrés Pastrana, despidió a del Río por colaborar con grupos paramilitares, y aunque Estados Unidos anuló su visado, Uribe lo elogió públicamente diciendo que era un "hombre honorable" y lo defendió en Washington.
"Yo apoyo a todos los generales que estuvieron en Antioquía", dijo Uribe a Radio Caracol antes este año.
Quizás el mayor impacto de Mancuso se produjo cuando dijo que dos ministros actuales del gobierno de Uribe, el vicepresidente Francisco Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se reunieron con altos comandantes paramilitares en los años noventa. Los dos hombres, primos de una influyente familia que posee El Tiempo, el diario más influyente de Colombia, reconocieron haber estado con miembros de los paramilitares en el pasado. Los dos dijeron que lo hicieron para ayudar al proceso de paz en Colombia, y no como parte de un plan siniestro, como afirma Mancuso.
Las acusaciones de Mancuso han llevado a algunos comentaristas a observar que el comandante ha manchado a tanta gente como posible, aunque todavía no rinde cuentas por todos los crímenes que cometió. "Debemos entender la estrategia detrás de los tres días de testimonio que han manchado a personas, instituciones y empresas", dijo El Tiempo, en un editorial del domingo. "Si todo el país es responsable, entonces nadie es responsable".
Sin embargo, el fiscal general Mario Iguarán observó que bajo un nuevo sistema diseñado especialmente para procesar a los comandantes, se les exige que digan la verdad, so pena de perder los beneficios adquiridos bajo los términos de la ley del desarme. "Ese es el principio de la ley Justicia y Paz".
En la entrevista, Duque, el estratega, contó que estaba escribiendo un libro en el que piensa contar la historia de los paramilitares. En el pasado alcalde de una pequeña ciudad y maestro, Duque habló de los profundos sentimientos antimarxistas que lo llevaron a unirse a los grupos paramilitares. "Me enamoré de esta causa", dijo.
Sin embargo, Duque calificó la guerra de Colombia como "sucia, falsa, anárquica, anacrónica" y dijo que los combatientes paramilitares habían matado a innumerables civiles en masacres, contradiciendo persistentes reclamos de que los muertos eran guerrilleros marxistas. Y dijo que los grupos paramilitares también habían asesinado a muchos sindicalistas debido a su "postura ideológica", no por supuestos lazos con la guerrilla, como se dijo. "Fue profundamente injusta", dijo.
Pero Duque, como Mancuso, dijo que los colombianos debían aceptar su responsabilidad. "Colombia podría dar vuelta la hoja", dijo, "si en un acto de fe en nuestro país, nos levantáramos y dijéramos derechamente: ‘Sí, soy culpable. Sí, soy responsable'".
Medellín, Colombia. Altos jefes paramilitares han confirmado en los últimos días lo que grupos de derechos humanos y otros vienen diciendo desde hace años: Que algunos de los personajes políticos, militares y del mundo empresarial ayudaron a levantar a ese poderoso movimiento antiguerrillero que operaba con impunidad, mataba a civiles y transportaba cocaína a ciudades norteamericanas.Los jefes han mencionado a generales de ejército, empresarios, compañías extranjeras y políticos que no sólo financiaban operaciones paramilitares, sino también trabajaban codo a codo con los combatientes para llevarlas a cabo. En informes que contradicen al gobierno, los comandantes han dicho que su organización, antes que simplemente brotar para llenar un vacío en regiones sin ley del país, había sido construida sistemáticamente por fuerzas más importantes.
"Los paramilitares fueron una política de estado", dijo la semana pasada Salvatore Mancuso, un alto comandante paramilitar, en una audiencia en el Palacio de Justicia de esta ciudad. "Tengo pruebas de que el estado creó a los paramilitares en Colombia".
En un escándalo que empezó a ganar ímpetu el otoño pasado, los investigadores han revelado decenas de casos de colaboración del gobierno con grupos paramilitares. Pero la declaración de Mancuso, apoyada por observaciones que hizo en una entrevista en la cárcel a otro comandante paramilitar, es la primera vez que actores importantes del escándalo describen en detalles cómo la clase política unió fuerzas con ellos.
Decenas de otros comandantes paramilitares deben declarar en una audiencia judicial especial en los próximos días y semanas. Sus testimonios podrían ayudar a descubrir las raíces de la violencia y el tráfico de drogas que han plagado a este país y significado importantes ayudas de Washington.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe dice que ha tomado agresivas acciones para desmantelar a los grupos paramilitares y que su determinación de concluirlo ha hecho posible las investigaciones. Sin embargo, sus investigaciones han resultado en un dolorosa catarsis colectiva para este país.
Iván Duque, un estratega que colaboró en la formulación de la ideología de la coalición paramilitar conocida como las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia [AUC], dijo en una entrevista que el grupo tenía vínculos con todo el mundo de influencia en las regiones donde operaban.
"¿Podían estos tres grupos -estoy hablando de los políticos, los economistas, la gente institucional, vale decir, los militares- haber operado sin estar en contacto con el primer jefe?", dijo Duque, hablando desde la cárcel de Itagui en Medellín, que alberga a decenas de comandantes paramilitares. "Eso es imposible. Eso no puede ser".
Elegido por sus colegas comandantes para hablar con dos periodistas estadounidenses, Duque dijo la semana pasada, ahora que los comandantes paramilitares habían decidido contar sus sucios secretos, también era hora de que confesaran las elites que ayudaron a la AUC. Dijo que los grupos paramilitares tenían diecisiete mil combatientes armados y más de diez mil asociados más, desde cocineros hasta choferes y técnicos informáticos e informantes. Y dijo que eso lo podía ver todo el mundo.
"Hombres armados hasta los dientes", dijo Duque, gesticulando en una oficina puesta a disposición por los gendarmes. "¿Puede realmente viajar por todo el territorio, sin que nadie los vea, ni mire, que nadie colabore con ellos? Es por eso que digo que este es un país de hipocresías, una sociedad de mentiras".
El movimiento paramilitar colombiano empezó hace más de una generación como contrapeso de una creciente fuerza guerrillera marxista y convertido rápidamente en un ejército irregular que cometió terribles masacres y asesinatos, que financiaba gran parte de sus actividades con el tráfico de cocaína. El despacho del fiscal general calcula que los combatientes paramilitares asesinaron a unas diez mil personas desde mediados de los años noventa hasta la primera parte de esta década, cuando sus comandantes empezaron a negociar un acuerdo de desarme con el gobierno de Uribe. La AUC está en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ahora, en una crucial fase post-desarme que exige que los comandantes revelen sus crímenes a cambio de un tratamiento más leniente, Mancuso y los otros empezaron a hablar.
La declaración de Mancuso se produce en medio de una difícil semana para Uribe, cuyo gobierno ha recibido de Washington, desde su elección en 2002, cuatro billones de dólares principalmente en ayudas par combatir el narcotráfico y ayuda militar. Las autoridades arrestaron a más aliados en el congreso relacionados con comandantes paramilitares, y entonces Mancuso empezó a hacer sus incómodas revelaciones.
"Habló Salvatore Mancuso", decía el semanario Semana, "y la clase política del país tembló".
Uribe sigue gozando de enorme popularidad en Colombia por haber reducido la violencia, pero en Washington, los demócratas del Capitolio están citando recientes revelaciones para impedir la anuencia norteamericana para firmar un tratado de libre comercio con Colombia.
De momento, las autoridades han acusado a catorce miembros del congreso colombiano, siete ex legisladores, el director de la policía secreta y ex gobernadores de haber colaborado con comandantes paramilitares. Una docena de legisladores en activo están siendo investigados. La mayoría han sido estrechos aliados de Uribe, que apoyaron una enmienda constitucional que permite su reelección y aprobaron una ley leniente, conocida como Justicia y Paz, que regula el desarme de los paramilitares.
Aunque Mancuso declaró a principios de año haber ordenado asesinatos y colaborado con unidades militares, su testimonio de la semana pasada fue mucho más explosivo. Habló de haber trabajado estrechamente con tres ex generales, todos los cuales niegan esos lazos.
Las revelaciones de Mancuso -especialmente sobre el general jubilado Rito Alejo del Río, conocido en el estado de Antioquía como el ‘pacificador' de la región de Uraba- han causado la incomodidad de Uribe. Aunque el predecesor de Uribe, Andrés Pastrana, despidió a del Río por colaborar con grupos paramilitares, y aunque Estados Unidos anuló su visado, Uribe lo elogió públicamente diciendo que era un "hombre honorable" y lo defendió en Washington.
"Yo apoyo a todos los generales que estuvieron en Antioquía", dijo Uribe a Radio Caracol antes este año.
Quizás el mayor impacto de Mancuso se produjo cuando dijo que dos ministros actuales del gobierno de Uribe, el vicepresidente Francisco Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se reunieron con altos comandantes paramilitares en los años noventa. Los dos hombres, primos de una influyente familia que posee El Tiempo, el diario más influyente de Colombia, reconocieron haber estado con miembros de los paramilitares en el pasado. Los dos dijeron que lo hicieron para ayudar al proceso de paz en Colombia, y no como parte de un plan siniestro, como afirma Mancuso.
Las acusaciones de Mancuso han llevado a algunos comentaristas a observar que el comandante ha manchado a tanta gente como posible, aunque todavía no rinde cuentas por todos los crímenes que cometió. "Debemos entender la estrategia detrás de los tres días de testimonio que han manchado a personas, instituciones y empresas", dijo El Tiempo, en un editorial del domingo. "Si todo el país es responsable, entonces nadie es responsable".
Sin embargo, el fiscal general Mario Iguarán observó que bajo un nuevo sistema diseñado especialmente para procesar a los comandantes, se les exige que digan la verdad, so pena de perder los beneficios adquiridos bajo los términos de la ley del desarme. "Ese es el principio de la ley Justicia y Paz".
En la entrevista, Duque, el estratega, contó que estaba escribiendo un libro en el que piensa contar la historia de los paramilitares. En el pasado alcalde de una pequeña ciudad y maestro, Duque habló de los profundos sentimientos antimarxistas que lo llevaron a unirse a los grupos paramilitares. "Me enamoré de esta causa", dijo.
Sin embargo, Duque calificó la guerra de Colombia como "sucia, falsa, anárquica, anacrónica" y dijo que los combatientes paramilitares habían matado a innumerables civiles en masacres, contradiciendo persistentes reclamos de que los muertos eran guerrilleros marxistas. Y dijo que los grupos paramilitares también habían asesinado a muchos sindicalistas debido a su "postura ideológica", no por supuestos lazos con la guerrilla, como se dijo. "Fue profundamente injusta", dijo.
Pero Duque, como Mancuso, dijo que los colombianos debían aceptar su responsabilidad. "Colombia podría dar vuelta la hoja", dijo, "si en un acto de fe en nuestro país, nos levantáramos y dijéramos derechamente: ‘Sí, soy culpable. Sí, soy responsable'".
23 de mayo de 2007
©washington post
©traducción mQh
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