alimentos sin etiqueta de origen
[Andrew Martin] Industria ganadera ha logrado impedir la implementación de la ley que obliga a declarar el país de origen en el envoltorio de las carnes.
En todos los supermercados estadounidenses las etiquetas informan a los compradores de dónde provienen sus mariscos. Pero esas etiquetas no existen para el caso de las carnes, las frutas o las nueces.
Detrás de la contradicción se oculta una lección en poder político en Washington, donde los cabilderos y miembros del Congreso han logrado posponer la implementación de una ley aprobada hace cinco años que exige que las carnes, frutas y pescados sean provistos de etiquetas de origen.
Ahora que los demócratas controlan el Congreso y con cada vez más dudas sobre la seguridad de los alimentos provenientes de China, los proponentes de la ley de etiquetado dicen que creen que finalmente podrán implementar la ley.
Después de todo, dicen, en una época en que los consumidores están cada vez más preocupados sobre el origen de sus alimentos, ¿por qué no explicitarlo en el envase?
"En primer lugar, este es un derecho básico del consumidor", dice Michael Hansen, científico de la Unión de Consumidores, un grupo activista que publica la revista Consumer Reports y apoya la ley de etiquetado. "La gente está cada vez más preocupada sobre los alimentos que consume".
Pero la ley de etiquetado tiene formidables enemigos, incluyendo al lobby de la carne que de momento ha sido más hábil que sus rivales en el Capitolio. Desde que fuera aprobada la ley de etiquetado como parte de la Ley de Granjas de 2002, sus opositores han logrado bloquear su implementación, excepto en el caso de los mariscos.
Los que se oponen a la ley dicen que creen que es demasiado trabajo y caro y que es simplemente una estrategia de los agricultores y ganaderos estadounidenses para bloquear a los competidores extranjeros más baratos.
Además, dice, los vendedores detallistas pueden colocar etiquetas de origen voluntariamente, como ya lo hacen con la leche sin hormonas y los alimentos orgánicos.
"Nadie ha prohibido que se coloquen etiquetas en esos productos", dijo el ex representante Henry Bonilla, republicano de Texas, que como director del subcomité de asignaciones en agricultura logró retrasar la implementación de la ley de etiquetado. "Si los consumidores lo quisieran, lo habrían exigido".
Los críticos dicen que los vendedores de carne no quieren que los consumidores sepan que una cantidad creciente de la carne para hamburguesas, y las frutas, provienen del exterior.
El destino del etiquetado por país de origen, conocido como COOL, será probablemente resuelto en los próximos meses, cuando el Congreso rescriba las medidas para la agricultura.
La guerra por la ley del etiquetado se produce en momentos en que los agricultores estadounidenses hacen frente a una creciente competencia de todos los rincones del mundo: frijoles de soya de Brasil, trigo de Ucrania y manzanas de China, para nombrar algunas. Entretanto, los consumidores estadounidenses están consumiendo más alimentos producidos y procesados en el extranjero.
Durante la última década, el valor de los alimentos importados casi se duplicó, llegando a 65.3 billones de dólares en 2006.
En Washington, el grupo de presión de la carne ha sido históricamente una operación poderosa y eficiente, con profundos vínculos con el Capitolio y el Ministerio de Agricultura. Junto con la industria de comestibles, el lobby de la carne ha librado una efectiva campaña para bloquear los intentos de implementar la ley.
La ley exige que se coloquen etiquetas de origen en la carne de res, cerdo, cordero, frutas frescas y legumbres, mariscos y cacahuetes. Hasta la fecha, el debate ha sido impulsado fundamentalmente por la industria cárnica. Los ramos de las frutas y maní han jugado un papel mucho más modesto.
Los más grandes partidarios de la ley de etiquetado en el Congreso provienen de los estados de las Grandes Llanuras, donde los ganaderos hacen frente a la dura competencia de Canadá.
Una razón importante de que el etiquetado de los mariscos fuera aprobado en 2004 fue el senador Ted Stevens, republicano de Alaska, que era en ese entonces presidente del poderoso Comité de Asignaciones del Senado. Defendió a los pescadores de Alaska, que se veían beneficiados por una disposición en la ley que establecía que el pescado y mariscos incluyeran no solamente su país de origen, sino además si provenía de piscifactorías o si había sido faenado en el mar.
Hoy, los dos lados del debate sobre la etiqueta de origen dicen que el etiquetado del marisco justifica sus argumentos.
Por ejemplo, en marzo, el Instituto de Mercadeo de Productos Alimenticios, una organización gremial, dijo que el etiquetado del marisco había costado diez veces más que los cálculos originales y no había logrado aumentar las ventas del marisco estadounidense.
Pero los Pescadores Unidos de Alaska cuentan otra historia, diciendo que el etiquetado de origen ha logrado aumentar la demanda y el precio de su salmón silvestre. Y con las actuales preocupaciones sobre el marisco chino, el etiquetado del marisco da a los consumidores la opción de comprar otra cosa, dicen sus defensores.
La iniciativa detrás del etiquetado de origen empezó a mediados de los años noventa, cuando los ganaderos se sintieron frustrados por la llegada de carne de res importada, especialmente de Canadá, como consecuencia de los acuerdos comerciales que abrieron las fronteras a las importaciones.
La idea detrás de la propuesta era que, si tuviesen la opción, los consumidores probablemente preferirían los artículos de Estados Unidos por encima de los importados, aunque costasen más. Pero el etiquetado de origen no es solamente una cuestión de patriotismo o un deseo de ayudar a los agricultores estadounidenses. Parte de su atractivo es una mejor supervisión de los alimentos, y algunos partidarios de la medida han utilizado la preocupación de los consumidores poniendo en duda la seguridad de la carne de países como México, Uruguay y Canadá. Las exportaciones chinas constituyen una cifra desdeñable de carne en Estados Unidos.
"El consumidor, al ver la etiqueta del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, naturalmente asumirá que es un producto estadounidense", dijo Bill Bullard, presidente del fondo de Acción Legal de Ganaderos y Rancheros, Agentes de Bolsa de Estados Unidos, una organización de ganaderos conocida como R-Calf. Dijo que el efecto para los vendedores de carne era que "pueden ofrecer un producto más barato y venderlo con la reputación de la industria ganadera norteamericana".
Los opositores del etiquetado de origen dicen que la medida es simplemente proteccionismo, y apoyados en denuncias falsas sobre los productos importados. Los vendedores de carne estadounidenses podrían dejar de comprar ganado importado, dados los costes de separar y llevar archivos de esos productos.
También dicen que sería difícil y caro etiquetar la carne molida, como para las hamburguesas, ya que incluye a menudo carne de diferentes reses.
"Dicen que la calidad de la carne es mejor en Estados Unidos", dice Mark D. Dopp, vicepresidente de asuntos de regulación y abogado general del Instituto Americano de la Carne, un grupo gremial. "Las normas son las mismas. Para esta gente, decir de dónde vienen esos productos inferiores es simplemente un sin sentido".
La legislación para el etiquetado de origen tuvo tropiezos hasta la Ley de Agricultura de 2002, en parte debido al fuerte respaldo de Thomas A. Daschle, entonces el líder de la mayoría en el Senado, donde hay un fuerte apoyo al proyecto. Como compromiso, el etiquetado de origen sería voluntario durante los dos primeros años antes de convertirse en obligatorio en 2004.
Pero esos esfuerzos fueron rápidamente anulados por el lobby de la carne.
Justo después de aprobarse la ley, la ministro de agricultura de la época, Ann M. Veneman, la calificó de "desafortunada" y sugirió que el etiquetado de origen podría violar acuerdos comerciales, ganándose el fuerte reproche de los partidarios de la ley en el Congreso.
Durante el cargo de Veneman, los altos personeros del ministerio de Agricultura incluían a funcionarios con vínculos con la industria de productos cárnicos. Por ejemplo, su jefe de personal, Dale Moore, era el antiguo director de asuntos legislativos de la Asociación Nacional de Ganaderos [National Cattlemen's Beef Association]. El mismo grupo gremial empleaba a su directora de comunicaciones, Alisa Harrison, y al subsecretario Charles Lambert, que debería supervisar el programa de etiquetado.
La Asociación Nacional de Ganaderos [National Cattlemen's Beef Association], que representa a ganaderos y vendedores, se opone a las etiquetas de origen.
El ministerio de Agricultura estimó que el coste de administración del programa en su primer año sería de 1.9 billones de dólares, una cifra que la Oficina de Contraloría del Gobierno dijo que era dudosa y no estaba respaldada por los archivos del departamento.
Pero la verdadera anulación del etiquetado de origen ocurrió en el Congreso.
En 2003, un año de que el etiquetado entrara en vigor, Bonilla logró un retraso de dos años en la obligatoriedad del etiquetado.
Dos años más tarde, nuevamente debido en gran parte a los esfuerzos de Bonilla, la Cámara aprobó un proyecto de ley de asignaciones que prohibía que el ministerio de Agricultura gastase dinero para echar a andar el etiquetado de origen hasta septiembre de 2007.
De acuerdo al Center for Responsive Politics, un grupo independiente que estudia los gastos de las campañas, en 2006 Bonilla recibió de la industria ganadera 158.328 dólares para fondos de campaña, convirtiéndolo en el principal receptor en el Congreso. También fue el principal receptor de fondos de campaña de la industria ganadera en 2004, con 132.900 dólares y segundo en 2002, con 78.350 dólares.
Bonilla, que fue derrotado en 2006 por Ciro Rodríguez, dijo que era normal que los presidentes de comités recibieran contribuciones de las industrias que supervisan. Además, dijo que su distrito era una región fundamentalmente ganadera y agrícola.
Bonilla no disputa que él impidió que la ley de etiquetado entrara en vigor. Pero dijo que era una mala idea que habría sido costosa no solamente para los ganaderos y vendedores, sino también para las tiendas de abarrotes.
Pero ahora, con los demócratas a cargo del Congreso, los partidarios de la ley de etiquetado están tratando de montar su propio grupo de presión y guerra de relaciones públicas en el Capitolio. Y de momento, están recibiendo una acogida más cálida de parte de algunos líderes del Congreso.
Por ejemplo, la representante Rosa L. DeLauro, demócrata de Connecticut y sucesora de Bonilla en el subcomité, es partidaria de la ley de etiquetado. DeLauro recibió 100.750 dólares en contribuciones de la industria agrícola para su campaña de 2006, cuatro mil de los cuales provenientes de la industria ganadera.
"Tendremos una ley obligatoria COOL a más tardar en 2008", declaró.
En todos los supermercados estadounidenses las etiquetas informan a los compradores de dónde provienen sus mariscos. Pero esas etiquetas no existen para el caso de las carnes, las frutas o las nueces.Detrás de la contradicción se oculta una lección en poder político en Washington, donde los cabilderos y miembros del Congreso han logrado posponer la implementación de una ley aprobada hace cinco años que exige que las carnes, frutas y pescados sean provistos de etiquetas de origen.
Ahora que los demócratas controlan el Congreso y con cada vez más dudas sobre la seguridad de los alimentos provenientes de China, los proponentes de la ley de etiquetado dicen que creen que finalmente podrán implementar la ley.
Después de todo, dicen, en una época en que los consumidores están cada vez más preocupados sobre el origen de sus alimentos, ¿por qué no explicitarlo en el envase?
"En primer lugar, este es un derecho básico del consumidor", dice Michael Hansen, científico de la Unión de Consumidores, un grupo activista que publica la revista Consumer Reports y apoya la ley de etiquetado. "La gente está cada vez más preocupada sobre los alimentos que consume".
Pero la ley de etiquetado tiene formidables enemigos, incluyendo al lobby de la carne que de momento ha sido más hábil que sus rivales en el Capitolio. Desde que fuera aprobada la ley de etiquetado como parte de la Ley de Granjas de 2002, sus opositores han logrado bloquear su implementación, excepto en el caso de los mariscos.
Los que se oponen a la ley dicen que creen que es demasiado trabajo y caro y que es simplemente una estrategia de los agricultores y ganaderos estadounidenses para bloquear a los competidores extranjeros más baratos.
Además, dice, los vendedores detallistas pueden colocar etiquetas de origen voluntariamente, como ya lo hacen con la leche sin hormonas y los alimentos orgánicos.
"Nadie ha prohibido que se coloquen etiquetas en esos productos", dijo el ex representante Henry Bonilla, republicano de Texas, que como director del subcomité de asignaciones en agricultura logró retrasar la implementación de la ley de etiquetado. "Si los consumidores lo quisieran, lo habrían exigido".
Los críticos dicen que los vendedores de carne no quieren que los consumidores sepan que una cantidad creciente de la carne para hamburguesas, y las frutas, provienen del exterior.
El destino del etiquetado por país de origen, conocido como COOL, será probablemente resuelto en los próximos meses, cuando el Congreso rescriba las medidas para la agricultura.
La guerra por la ley del etiquetado se produce en momentos en que los agricultores estadounidenses hacen frente a una creciente competencia de todos los rincones del mundo: frijoles de soya de Brasil, trigo de Ucrania y manzanas de China, para nombrar algunas. Entretanto, los consumidores estadounidenses están consumiendo más alimentos producidos y procesados en el extranjero.
Durante la última década, el valor de los alimentos importados casi se duplicó, llegando a 65.3 billones de dólares en 2006.
En Washington, el grupo de presión de la carne ha sido históricamente una operación poderosa y eficiente, con profundos vínculos con el Capitolio y el Ministerio de Agricultura. Junto con la industria de comestibles, el lobby de la carne ha librado una efectiva campaña para bloquear los intentos de implementar la ley.
La ley exige que se coloquen etiquetas de origen en la carne de res, cerdo, cordero, frutas frescas y legumbres, mariscos y cacahuetes. Hasta la fecha, el debate ha sido impulsado fundamentalmente por la industria cárnica. Los ramos de las frutas y maní han jugado un papel mucho más modesto.
Los más grandes partidarios de la ley de etiquetado en el Congreso provienen de los estados de las Grandes Llanuras, donde los ganaderos hacen frente a la dura competencia de Canadá.
Una razón importante de que el etiquetado de los mariscos fuera aprobado en 2004 fue el senador Ted Stevens, republicano de Alaska, que era en ese entonces presidente del poderoso Comité de Asignaciones del Senado. Defendió a los pescadores de Alaska, que se veían beneficiados por una disposición en la ley que establecía que el pescado y mariscos incluyeran no solamente su país de origen, sino además si provenía de piscifactorías o si había sido faenado en el mar.
Hoy, los dos lados del debate sobre la etiqueta de origen dicen que el etiquetado del marisco justifica sus argumentos.
Por ejemplo, en marzo, el Instituto de Mercadeo de Productos Alimenticios, una organización gremial, dijo que el etiquetado del marisco había costado diez veces más que los cálculos originales y no había logrado aumentar las ventas del marisco estadounidense.
Pero los Pescadores Unidos de Alaska cuentan otra historia, diciendo que el etiquetado de origen ha logrado aumentar la demanda y el precio de su salmón silvestre. Y con las actuales preocupaciones sobre el marisco chino, el etiquetado del marisco da a los consumidores la opción de comprar otra cosa, dicen sus defensores.
La iniciativa detrás del etiquetado de origen empezó a mediados de los años noventa, cuando los ganaderos se sintieron frustrados por la llegada de carne de res importada, especialmente de Canadá, como consecuencia de los acuerdos comerciales que abrieron las fronteras a las importaciones.
La idea detrás de la propuesta era que, si tuviesen la opción, los consumidores probablemente preferirían los artículos de Estados Unidos por encima de los importados, aunque costasen más. Pero el etiquetado de origen no es solamente una cuestión de patriotismo o un deseo de ayudar a los agricultores estadounidenses. Parte de su atractivo es una mejor supervisión de los alimentos, y algunos partidarios de la medida han utilizado la preocupación de los consumidores poniendo en duda la seguridad de la carne de países como México, Uruguay y Canadá. Las exportaciones chinas constituyen una cifra desdeñable de carne en Estados Unidos.
"El consumidor, al ver la etiqueta del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, naturalmente asumirá que es un producto estadounidense", dijo Bill Bullard, presidente del fondo de Acción Legal de Ganaderos y Rancheros, Agentes de Bolsa de Estados Unidos, una organización de ganaderos conocida como R-Calf. Dijo que el efecto para los vendedores de carne era que "pueden ofrecer un producto más barato y venderlo con la reputación de la industria ganadera norteamericana".
Los opositores del etiquetado de origen dicen que la medida es simplemente proteccionismo, y apoyados en denuncias falsas sobre los productos importados. Los vendedores de carne estadounidenses podrían dejar de comprar ganado importado, dados los costes de separar y llevar archivos de esos productos.
También dicen que sería difícil y caro etiquetar la carne molida, como para las hamburguesas, ya que incluye a menudo carne de diferentes reses.
"Dicen que la calidad de la carne es mejor en Estados Unidos", dice Mark D. Dopp, vicepresidente de asuntos de regulación y abogado general del Instituto Americano de la Carne, un grupo gremial. "Las normas son las mismas. Para esta gente, decir de dónde vienen esos productos inferiores es simplemente un sin sentido".
La legislación para el etiquetado de origen tuvo tropiezos hasta la Ley de Agricultura de 2002, en parte debido al fuerte respaldo de Thomas A. Daschle, entonces el líder de la mayoría en el Senado, donde hay un fuerte apoyo al proyecto. Como compromiso, el etiquetado de origen sería voluntario durante los dos primeros años antes de convertirse en obligatorio en 2004.
Pero esos esfuerzos fueron rápidamente anulados por el lobby de la carne.
Justo después de aprobarse la ley, la ministro de agricultura de la época, Ann M. Veneman, la calificó de "desafortunada" y sugirió que el etiquetado de origen podría violar acuerdos comerciales, ganándose el fuerte reproche de los partidarios de la ley en el Congreso.
Durante el cargo de Veneman, los altos personeros del ministerio de Agricultura incluían a funcionarios con vínculos con la industria de productos cárnicos. Por ejemplo, su jefe de personal, Dale Moore, era el antiguo director de asuntos legislativos de la Asociación Nacional de Ganaderos [National Cattlemen's Beef Association]. El mismo grupo gremial empleaba a su directora de comunicaciones, Alisa Harrison, y al subsecretario Charles Lambert, que debería supervisar el programa de etiquetado.
La Asociación Nacional de Ganaderos [National Cattlemen's Beef Association], que representa a ganaderos y vendedores, se opone a las etiquetas de origen.
El ministerio de Agricultura estimó que el coste de administración del programa en su primer año sería de 1.9 billones de dólares, una cifra que la Oficina de Contraloría del Gobierno dijo que era dudosa y no estaba respaldada por los archivos del departamento.
Pero la verdadera anulación del etiquetado de origen ocurrió en el Congreso.
En 2003, un año de que el etiquetado entrara en vigor, Bonilla logró un retraso de dos años en la obligatoriedad del etiquetado.
Dos años más tarde, nuevamente debido en gran parte a los esfuerzos de Bonilla, la Cámara aprobó un proyecto de ley de asignaciones que prohibía que el ministerio de Agricultura gastase dinero para echar a andar el etiquetado de origen hasta septiembre de 2007.
De acuerdo al Center for Responsive Politics, un grupo independiente que estudia los gastos de las campañas, en 2006 Bonilla recibió de la industria ganadera 158.328 dólares para fondos de campaña, convirtiéndolo en el principal receptor en el Congreso. También fue el principal receptor de fondos de campaña de la industria ganadera en 2004, con 132.900 dólares y segundo en 2002, con 78.350 dólares.
Bonilla, que fue derrotado en 2006 por Ciro Rodríguez, dijo que era normal que los presidentes de comités recibieran contribuciones de las industrias que supervisan. Además, dijo que su distrito era una región fundamentalmente ganadera y agrícola.
Bonilla no disputa que él impidió que la ley de etiquetado entrara en vigor. Pero dijo que era una mala idea que habría sido costosa no solamente para los ganaderos y vendedores, sino también para las tiendas de abarrotes.
Pero ahora, con los demócratas a cargo del Congreso, los partidarios de la ley de etiquetado están tratando de montar su propio grupo de presión y guerra de relaciones públicas en el Capitolio. Y de momento, están recibiendo una acogida más cálida de parte de algunos líderes del Congreso.
Por ejemplo, la representante Rosa L. DeLauro, demócrata de Connecticut y sucesora de Bonilla en el subcomité, es partidaria de la ley de etiquetado. DeLauro recibió 100.750 dólares en contribuciones de la industria agrícola para su campaña de 2006, cuatro mil de los cuales provenientes de la industria ganadera.
"Tendremos una ley obligatoria COOL a más tardar en 2008", declaró.
6 de julio de 2007
2 de julio de 2007
©new york times
©traducción mQh
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