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la sentencia de padilla


Pese a ser un veredicto de culpabilidad, no lo es por el delito de terrorismo del que lo acusaban.
Es difícil estar en desacuerdo con el veredicto de culpabilidad del jurado contra José Padilla, el terrorista acusado, aunque nunca imputado formalmente. Pero sería un error verlo como una vindicación de la serie de abusos cometidos por el gobierno de Bush contra el sistema jurídico estadounidense en nombre de la lucha contra el terrorismo.
En camino a este veredicto, el gobierno pisoteó repetidas veces la Constitución y su enjuiciamiento de Padilla fue tan cínico e inepto que el delito por el que fue condenado -conspiración para cometer actos de terrorismo en el extranjero- no guarda ninguna relación con la ambiciosa trama para llevar a cabo atentados de destrucción masiva en territorio norteamericano, que al principio proclamó tan ruidosamente el ministerio de Justicia. Incluso con el veredicto de culpabilidad, esta condena sigue siendo un brillante ejemplo de cómo no actuar en casos de terrorismo.
Cuando Padilla fue arrestado en 2002, el gobierno dijo que era un operativo de al Qaeda que había conspirado para detonar una bomba sucia radioactiva en Estados Unidos. Padilla, que es un ciudadano estadounidense, debería haber sido acusado como un delincuente y procesado en un tribunal civil. En lugar de eso, el presidente Bush lo declaró un ‘enemigo combatiente' y lo encerró en un calabozo de la Armada durante más de tres años.
La insistencia del gobierno en que tenía derecho a retener de manera indefinida a Padilla -simplemente porque el presidente lo ordenaba así- fue su primer acto escandaloso en el caso, pero no el último. Padilla fue encerrado en una pequeña celda de castigo, y cuando lo sacaban de esa celda, le vendaban los ojos y cubrían sus oídos. Le negaron acceso a un abogado, incluso cuando estaba siendo interrogado.
El gobierno también insistió en que los tribunales no tenían derecho a cuestionar sus actos. Fue sólo después de que el año pasado la Corte Suprema se mostrara abocada a utilizar el caso de Padilla para decidir si la detención indefinida de un ciudadano estadounidense violaba la Constitución de Estados Unidos que la Casa Blanca decidió repentinamente hacerlo procesar en un tribunal civil. Era obvio que el gobierno estaba tratando de burlar al sistema jurídico e impedir la revisión de la Corte Suprema. J. Michael Luttig, juez de una corte de apelaciones federal, advirtió sobre las consecuencias "para la credibilidad del gobierno ante los tribunales en litigio".
El gobierno ya ha clamado victoria, pero el resultado en el caso de Padilla es, por donde se lo mire, confuso. Probablemente no será juzgado nunca por la conspiración con la bomba sucia, un cargo muy comentado que exige una resolución. (En otra decisión digna de Alicia en el País de las Maravillas, el gobierno retiene a otro prisionero en Guantánamo, Binyam Mohamed, porque fue acusado de conspirar con Padilla en el caso de la bomba sucia por el que Padilla no fue acusado nunca). También existe el peligro de que la condena de Padilla sea revocada en el proceso de apelación debido a los presuntos maltratos que sufrió durante el juicio. Al felicitarse por el veredicto de ayer, un portavoz de la Casa Blanca agradeció al jurado por "defender un principio fundamental de Estados Unidos, que es la justicia imparcial para todos". Es una declaración extraordinaria, ya que el gobierno hizo todo lo posible por privar a Padilla de un jurado y negarle el acceso a una justicia imparcial.
Después de todo eso, ayer todavía hubo algunas buenas noticias: un candidato a terrorista será enviado a la cárcel. Y el gobierno de Bush fue obligado, a regañadientes y en el último momento, a proporcionarle los derechos que le garantiza la Constitución.

20 de agosto de 2007
17 de agosto de 2007
©new york times
©traducción mQh
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