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el debido proceso de padilla


El camino de cinco años hacia un veredicto es una impugnación del gobierno. Editorial del Washington Post.
Washington, Estados Unidos. Finalmente tuvo José Padilla su día en la corte. Después de pasar casi cinco años bajo custodia de las autoridades federales, Padilla y otros dos acusados fueron condenados ayer por tres cargos de terrorismo. Los tres meses que duró el juicio en el sur de Florida fueron extraordinarios porque no llamaron demasiado la atención: Los fiscales presentaron evidencias contra Padilla, un ciudadano estadounidense y miembro de al_Qaeda que quería realizar actos violentos para fomentar los objetivos de este grupo extremista. Los abogados de la defensa trataron de desacreditar esas aserciones y ofrecieron interpretaciones alternativas de las pruebas. Un jurado aceptó el punto de vista del gobierno y entregó su veredicto en menos de 48 horas, dejando a Padilla frente a la posibilidad de tener que pasar casi quince años en prisión, a menos que gane la apelación.
Lo extraordinario y reprochable fue todo el tiempo que tuvo que esperar Padilla para obtener el tipo de debido proceso que la mayoría de los estadounidenses dan por sentado.
Padilla fue detenido en Chicago en 2002 por sospechas de que estaba tratando de ensamblar una ‘bomba sucia'. Fue primero designado como ‘testigo material' y más tarde como ‘combatiente enemigo' y encerrado en celdas de aislamiento o en calabozos militares durante años por un gobierno empecinado en excluirlo del sistema de tribunales federales donde habría podido hacer uso de sus derechos, incluyendo el acceso a un abogado. En este universo alternativo, los interrogadores del gobierno libres del control de las autoridades, utilizaron técnicas como privaciones sensoriales y de sueño, confinamiento solitario y otras formas de apremios en un intento de obtener información del prisionero. Padilla, en resumen, fue hecho ‘desaparecer' en un sistema que aplica métodos que rechazamos en los términos más severos cuando son utilizados por estados policiales en el resto del mundo.
Finalmente el gobierno accedió a formalizar a Padilla ante un tribunal federal sólo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se manifestara dispuesta a repudiar el tratamiento dado por el gobierno a Padilla y ordenara su transferencia a tribunales federales.
¿Prueba el ordenado transcurso del caso de Padilla en la corte que todos los casos de terrorismo pueden y deben ser tratados en tribunales estadounidenses? No; aunque los defensores de las libertades civiles argumentarán lo contrario, hay verdaderos combatientes enemigos que no pueden ser juzgados en tribunales civiles. Pero toda persona detenida por el gobierno -sea o no un ciudadano estadounidense- debe gozar de un debido proceso para impugnar su detención. El presupuesto debe ser que los ciudadanos estadounidenses deben confiar en que las cortes federales presidan las acusaciones. Y la aberrante desaparición de Padilla en el limbo debe ser recordada como una aberración que no debe volver a ocurrir.

24 de agosto de 2007
17 de agosto de 2007
©washington post
©traducción mQh
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