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mano dura con la pornografía infantil


Ofreció fotos pornográficas -que nunca tomó- de él con su hija de menos de tres años. ¿Cometió algún delito? Un editorial del Washington Post dice que sí.
Michael Williams se jactaba en un chatroom en la red de que tenía fotografías de él mismo en actos sexuales con su hija de menos de tres años. Le contó a otra persona en esa chatroom que estaba dispuesto a entregar un enlace con fotos a cambio de fotografías de otros niños en actos o poses provocativas. Sus infames afanes estaban siendo vigilados por un policía encubierto; agentes de la policía federal obtuvieron luego una orden de allanamiento y encontraron en el ordenador de Williams fotografías de niños en actos sexuales.
Williams fue acusado de posesión de pornografía infantil y de solicitación bajo la Ley sobre Recursos Procesales y Otras Herramientas para Terminar Hoy con la Explotación Sexual de los Niños (PROTECT), de 2003. La base de la segunda acusación fue la oferta online de Williams de entregar fotos de su hija a un agente encubierto. Esas fotos no existían, pero los fiscales concluyeron que Williams había violado la ley que prohíbe la publicidad o promoción de "todo material o presunto material de modo que refleje la creencia, o que tiene la intención de llevar a otros a creer, que el material o presunto material" es pornografía infantil.
Williams puso en duda la constitucionalidad de la disposición sobre solicitación, punto de vista que fue acogido por una comisión de la Corte de Apelaciones federal del 11 Circuito, que encontró que la ley era vaga, demasiado amplia y en violación de la garantía de la Primera Enmienda en cuanto a la libertad de expresión. La Corte Suprema oirá mañana los alegatos en el caso de Williams; debería revocar la resolución de la corte de apelaciones.
Llegamos a esta conclusión con temores de que la ley sobre solicitación pueda ser utilizada para fastidiar a artistas y académicos serios que tratan temas difíciles o controvertidos, o incluso padres que toman inocentemente fotos de sus hijos. La ley, sin embargo, exige pruebas de que la persona comercializaba intencionalmente el material como pornografía infantil -una disposición que debería proteger a aquellos que lo hacen sin motivos sexuales.
Más convincente es el profundo interés del gobierno en proteger a los niños. A diferencia de la pornografía centrada en actividades sexuales de adultos, la pornografía infantil no es nunca un "delito sin víctima". Los niños no están de estado de consentir su participación en actos sexuales, y son explotados y manipulados por adultos con la intención de satisfacer sus propios impulsos. El crecimiento de internet ha proporcionado a los pedófilos un acceso sin paralelo a materiales de esa naturaleza. Para ahogar la demanda del producto, aquellos que comercializan pornografía infantil deberían ser criminalmente responsables, incluso si han exagerado o si anuncian fraudulentamente el material que intentan vender.

29 de octubre de 2007
©washington post
©traducción mQh
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