pena de muerte vuelve a kabul
[Henry Chu] Algunos países donantes muestran preocupación por el renacimiento de las ejecuciones, especialmente en un país cuya poder judicial es inepto.
Kabul, Afganistán. Una fría noche de octubre en las faldas de una de las montañas que circundan esta ciudad, el chasquido de fuego de armas pesadas desgarró la penumbra. Cuando finalmente el eco se apagó y todo volvió a la calma, había quince personas muertas en un revoltijo de cuerpos ensangrentados.
De este modo revivió el gobierno afgano, después de mantener inactivo a su pelotón de fusilamiento durante tres años y medio, la pena de muerte en este país asolado por la guerra. Funcionarios de gobierno dijeron que habría más ejecuciones.
La reanudación aquí de la pena de muerte ha provocado inquietud entre los numerosos países que proporcionan ayuda militar y económica a Afganistán. Más allá de las aprensiones morales, críticos y activistas de derechos humanos están preocupados de que la pena máxima sea implementada por un poder judicial considerado ampliamente como corrupto e incompetente.
Algunas de esas reservas llevaron al presidente Hamid Karzai a declarar una moratoria de las ejecuciones en 2004, después de que su gobierno llevara a cabo la primera sentencia de muerte en el país desde la caída del régimen talibán en 2001. En ese caso, un hombre fue ejecutado pese a que el juicio había sido criticado por Estados Unidos.
Hoy las fuerzas de Karzai hacen frente a nuevas realidades políticas. Su índice de aprobación ha caído en medio de un fuerte aumento de los ataques de los insurgentes y de crímenes violentos, como secuestros y asaltos. La inseguridad se ha convertido en el principal problema que según los afganos acosa ahora al país.
La puesta en práctica de la pena de muerte fue una medida instantáneamente popular, permitiendo a Karzai aparecer como resuelto en materias de seguridad pública para apuntalar el apoyo a su gobierno. Observadores han dicho que la ejecución colectiva del 7 de octubre se produjo apenas una semana después de uno de los peores atentados suicidas en Kabul, la capital, que mató a treinta personas que viajaban en un bus militar.
El portavoz de Karzai, Humayun Hamidzada, reconoció que la opinión pública jugó un importante papel en la decisión de levantar la moratoria.
"Es deber del gobierno implementar la ley", dijo Hamidzada. "Y, en segundo lugar, la opinión pública lo quería".
"El presidente Karzai mismo se opone a las ejecuciones. No le gustan las ejecuciones. Es por eso que demoró tanto en cerciorarse de que cada caso fuera exhaustivamente investigado".
La oposición personal de Karzai a la pena de muerte lo coloca en una minoría entre sus compatriotas. Durante el severo gobierno de los talibanes, las ejecuciones públicas eran llevadas a cabo en estadios ante miles de espectadores, y la abrumadora mayoría de los afganos todavía apoya la pena de muerte, y no solamente para homicidas.
"Es bueno que el gobierno ejecute a ladrones y secuestradores", dijo Faizuddin, 27, vecino de Kabul que, como muchos otros afganos, sólo tiene un nombre. "Sire como ejemplo para los demás".
Al mismo tiempo, sin embargo, el poder judicial, aunque ha mejorado, sigue siendo una institución endeble. El debido proceso y la imparcialidad judicial son a veces ilusiones en un país con una historia de justicia tribal y de turbas linchadoras y de señores de la guerra que tuercen a voluntad a la policía, tribunales y funcionarios locales.
"Todavía recibimos muchas quejas sobre el poder judicial -sobre la incompetencia de los jueces, sobre los sobornos y la corrupción en los varios niveles de los tribunales", dice Ahmad Fahim Hakim, vicepresidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. "Sería difícil pensar que todos pueden gozar de un juicio justo e imparcial".
Además del juicio y la sentencia, las ejecuciones mismas pueden ser chapuceras.
Dieciséis prisioneros estaban en la lista de ejecuciones del 7 de octubre, incluyendo delincuentes y militantes talibanes que según se aseguró Karzai eran responsables de hechos atroces y que tuvieron un juicio justo. Pero momentos antes de la ejecución, un asesino llamado Timor Shah, posiblemente el más infame de todos, logró escapar.
No está claro cómo lo hizo. Pero se dice que tres guardias fueron arrestados por sospechas de haberlo ayudado.
De acuerdo a un fuente familiarizada con lo que ocurrió esa tarde, de algún modo Shah pudo saltar sobre una muralla y escapar gritando: "¡Dios es grande!" mientras los demás eran formados para ser ejecutados. La fuente pidió no ser identificada por temor a represalias oficiales.
El escape de Shah es sólo una de las muchas cosas que salieron mal, dijo la fuente, cuyo relato reproducimos aquí. (Desde entonces ha sido corroborado en muchos aspectos por una entrevista concedida al Times de Londres por un fiscal que estuvo presente en la ejecución).
Primero, a la policía a cargo de la ejecución le tomó varias horas encontrar un lugar donde realizarla; el ministerio de Defensa se negó a permitir el uso de un sitio en un campamento del ejército.
Mientras avanzaba el crepúsculo, la policía llevó a los condenados a las faldas de una montaña en las afueras de Kabul e hizo formar a los hombres. Según el reglamento los prisioneros pueden purificarse y orar, y los prisioneros deben ser ejecutados uno a la vez de un balazo en el pecho.
Pero no ocurrió nada de eso. Después de la fuga de Shah, también otros trataron de escapar. Apanicados, el pelotón de ejecución disparó una lluvia de balas. Algunos de los muertos quedaron completamente desfigurados e irreconocibles.
Hamidzada, el portavoz del presidente, no quiso confirmar ni negar los detalles, diciendo que circulaban relatos sobre la ejecución que eran exagerados. Reconoció que "no se observó todo el procedimiento... El gobierno no está satisfecho con lo ocurrido".
Tampoco lo estaban los reclusos de la cárcel Pul-i-Charki, de Kabul, que montaron una breve huelga de hambre en protesta por la chapucera ejecución.
También mostraron inquietud algunos gobiernos extranjeros, muchos de los cuales, como miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tienen tropas desplegadas en Afganistán.
Gran Bretaña y los Países Bajos, entre los países con los más grandes contingentes militares aquí, condenaron las ejecuciones y llamaron a abolir la pena de muerte -una de las principales prioridades de derechos humanos a nivel mundial de la Unión Europea. El gobierno canadiense también se aseguró de que en Kabul ninguno de los quince ejecutados eran prisioneros capturados por soldados canadienses.
Fuerzas extranjeras entregan rutinariamente a militantes capturados a las autoridades afganas. Pero el renacimiento de la pena capital podría complicar el proceso si las tropas de países que prohíben la práctica empiezan a temer que sus prisioneros corren peligro de ser ejecutados.
En Afganistán, la crítica internacional ha sido recibida con un encogimiento de hombros.
"No pueden decirnos que no ejecutemos a nadie", dijo Hussein Alemi Balkhi, miembro del parlamento. "Nuestra legislación permite las ejecuciones, y si no las llevamos a cabo, estimulará a otras personas a cometer delitos".
Funcionarios de gobierno dicen que los delitos violentos ya han comenzado a reducirse desde las ejecuciones de octubre. Pero es difícil obtener cifras.
Karzai está considerando qué reos del pabellón de la muerte formarán parte de la siguiente tanda de prisioneros que serán ejecutados. Se cree que la lista de ‘prioridades' contiene decenas de nombres.
Kabul, Afganistán. Una fría noche de octubre en las faldas de una de las montañas que circundan esta ciudad, el chasquido de fuego de armas pesadas desgarró la penumbra. Cuando finalmente el eco se apagó y todo volvió a la calma, había quince personas muertas en un revoltijo de cuerpos ensangrentados.De este modo revivió el gobierno afgano, después de mantener inactivo a su pelotón de fusilamiento durante tres años y medio, la pena de muerte en este país asolado por la guerra. Funcionarios de gobierno dijeron que habría más ejecuciones.
La reanudación aquí de la pena de muerte ha provocado inquietud entre los numerosos países que proporcionan ayuda militar y económica a Afganistán. Más allá de las aprensiones morales, críticos y activistas de derechos humanos están preocupados de que la pena máxima sea implementada por un poder judicial considerado ampliamente como corrupto e incompetente.
Algunas de esas reservas llevaron al presidente Hamid Karzai a declarar una moratoria de las ejecuciones en 2004, después de que su gobierno llevara a cabo la primera sentencia de muerte en el país desde la caída del régimen talibán en 2001. En ese caso, un hombre fue ejecutado pese a que el juicio había sido criticado por Estados Unidos.
Hoy las fuerzas de Karzai hacen frente a nuevas realidades políticas. Su índice de aprobación ha caído en medio de un fuerte aumento de los ataques de los insurgentes y de crímenes violentos, como secuestros y asaltos. La inseguridad se ha convertido en el principal problema que según los afganos acosa ahora al país.
La puesta en práctica de la pena de muerte fue una medida instantáneamente popular, permitiendo a Karzai aparecer como resuelto en materias de seguridad pública para apuntalar el apoyo a su gobierno. Observadores han dicho que la ejecución colectiva del 7 de octubre se produjo apenas una semana después de uno de los peores atentados suicidas en Kabul, la capital, que mató a treinta personas que viajaban en un bus militar.
El portavoz de Karzai, Humayun Hamidzada, reconoció que la opinión pública jugó un importante papel en la decisión de levantar la moratoria.
"Es deber del gobierno implementar la ley", dijo Hamidzada. "Y, en segundo lugar, la opinión pública lo quería".
"El presidente Karzai mismo se opone a las ejecuciones. No le gustan las ejecuciones. Es por eso que demoró tanto en cerciorarse de que cada caso fuera exhaustivamente investigado".
La oposición personal de Karzai a la pena de muerte lo coloca en una minoría entre sus compatriotas. Durante el severo gobierno de los talibanes, las ejecuciones públicas eran llevadas a cabo en estadios ante miles de espectadores, y la abrumadora mayoría de los afganos todavía apoya la pena de muerte, y no solamente para homicidas.
"Es bueno que el gobierno ejecute a ladrones y secuestradores", dijo Faizuddin, 27, vecino de Kabul que, como muchos otros afganos, sólo tiene un nombre. "Sire como ejemplo para los demás".
Al mismo tiempo, sin embargo, el poder judicial, aunque ha mejorado, sigue siendo una institución endeble. El debido proceso y la imparcialidad judicial son a veces ilusiones en un país con una historia de justicia tribal y de turbas linchadoras y de señores de la guerra que tuercen a voluntad a la policía, tribunales y funcionarios locales.
"Todavía recibimos muchas quejas sobre el poder judicial -sobre la incompetencia de los jueces, sobre los sobornos y la corrupción en los varios niveles de los tribunales", dice Ahmad Fahim Hakim, vicepresidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. "Sería difícil pensar que todos pueden gozar de un juicio justo e imparcial".
Además del juicio y la sentencia, las ejecuciones mismas pueden ser chapuceras.
Dieciséis prisioneros estaban en la lista de ejecuciones del 7 de octubre, incluyendo delincuentes y militantes talibanes que según se aseguró Karzai eran responsables de hechos atroces y que tuvieron un juicio justo. Pero momentos antes de la ejecución, un asesino llamado Timor Shah, posiblemente el más infame de todos, logró escapar.
No está claro cómo lo hizo. Pero se dice que tres guardias fueron arrestados por sospechas de haberlo ayudado.
De acuerdo a un fuente familiarizada con lo que ocurrió esa tarde, de algún modo Shah pudo saltar sobre una muralla y escapar gritando: "¡Dios es grande!" mientras los demás eran formados para ser ejecutados. La fuente pidió no ser identificada por temor a represalias oficiales.
El escape de Shah es sólo una de las muchas cosas que salieron mal, dijo la fuente, cuyo relato reproducimos aquí. (Desde entonces ha sido corroborado en muchos aspectos por una entrevista concedida al Times de Londres por un fiscal que estuvo presente en la ejecución).
Primero, a la policía a cargo de la ejecución le tomó varias horas encontrar un lugar donde realizarla; el ministerio de Defensa se negó a permitir el uso de un sitio en un campamento del ejército.
Mientras avanzaba el crepúsculo, la policía llevó a los condenados a las faldas de una montaña en las afueras de Kabul e hizo formar a los hombres. Según el reglamento los prisioneros pueden purificarse y orar, y los prisioneros deben ser ejecutados uno a la vez de un balazo en el pecho.
Pero no ocurrió nada de eso. Después de la fuga de Shah, también otros trataron de escapar. Apanicados, el pelotón de ejecución disparó una lluvia de balas. Algunos de los muertos quedaron completamente desfigurados e irreconocibles.
Hamidzada, el portavoz del presidente, no quiso confirmar ni negar los detalles, diciendo que circulaban relatos sobre la ejecución que eran exagerados. Reconoció que "no se observó todo el procedimiento... El gobierno no está satisfecho con lo ocurrido".
Tampoco lo estaban los reclusos de la cárcel Pul-i-Charki, de Kabul, que montaron una breve huelga de hambre en protesta por la chapucera ejecución.
También mostraron inquietud algunos gobiernos extranjeros, muchos de los cuales, como miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tienen tropas desplegadas en Afganistán.
Gran Bretaña y los Países Bajos, entre los países con los más grandes contingentes militares aquí, condenaron las ejecuciones y llamaron a abolir la pena de muerte -una de las principales prioridades de derechos humanos a nivel mundial de la Unión Europea. El gobierno canadiense también se aseguró de que en Kabul ninguno de los quince ejecutados eran prisioneros capturados por soldados canadienses.
Fuerzas extranjeras entregan rutinariamente a militantes capturados a las autoridades afganas. Pero el renacimiento de la pena capital podría complicar el proceso si las tropas de países que prohíben la práctica empiezan a temer que sus prisioneros corren peligro de ser ejecutados.
En Afganistán, la crítica internacional ha sido recibida con un encogimiento de hombros.
"No pueden decirnos que no ejecutemos a nadie", dijo Hussein Alemi Balkhi, miembro del parlamento. "Nuestra legislación permite las ejecuciones, y si no las llevamos a cabo, estimulará a otras personas a cometer delitos".
Funcionarios de gobierno dicen que los delitos violentos ya han comenzado a reducirse desde las ejecuciones de octubre. Pero es difícil obtener cifras.
Karzai está considerando qué reos del pabellón de la muerte formarán parte de la siguiente tanda de prisioneros que serán ejecutados. Se cree que la lista de ‘prioridades' contiene decenas de nombres.
henry.chu@latimes.com
22 de diciembre de 2007
20 de diciembre de 2007
©los angeles times
cc traducción mQh
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