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problemas con el poder judicial iraquí


[Lori Hinnant] Detenidos norteamericanos enviados a tribunales iraquíes para ser procesados hacen frente a un poder judicial atascado en el caos de la guerra.
Bagdad, Iraq. Los jueces iraquíes y sus familias viven rodeados de muros de contención antiexplosivos de 3.5 metros. Cientos de abogados se han marchado del país. Los críticos se quejan de juicios demasiado rápidos en un sistema judicial sobrecargado.
Este es la agrietada situación del sistema de justicia criminal en Iraq: el destino de muchos de los veinticinco mil detenidos que se encuentran ahora bajo custodia norteamericana, que son a menudo retenidos durante meses o años sin que se les formulen cargos.
Entre ellos se encuentra Bilal Hussein, un fotógrafo de la Associated Press que fue detenido por soldados norteamericanos el 12 de abril de 2006, en Ramadi. La primera audiencia de Hussein está programada para el domingo.
Los militares no han dado a conocer ninguna acusación específica -que en el actual sistema judicial no se exige sino en la primera audiencia-, pero han mencionado toda una gama de sospechas para vincular al fotógrafo con actividades subversivas. Entre estas aseveraciones está la de que entregó documentos de identificación falsos a un francotirador que intentaba evadir a las fuerzas norteamericanas y tomó fotografías en sincronización con atentados de los insurgentes.
La pesquisa de la Associated Press no corroboró las acusaciones contra Hussein, que fue parte del equipo de fotógrafos de la AP que ganó el Premio Pulitzer en 2005. La AP dice que no cuenta con evidencias contundentes de que Hussein fuera otra cosa que un fotógrafo cubriendo una zona de conflicto.
La primera versión clara de los cargos de las fuerzas armadas será presentada en la audiencia. No está claro si el juez instructor a cargo pedirá otra sesión o empezará a revisar las evidencias y alegatos.
El juez deberá entonces decidir si desechar el caso o iniciar la fase de juicio por una comisión de tres jueces -lo que, en algunos casos, puede ser algo más que otro examen de las evidencias presentadas antes bajo el sistema iraquí.
Iraquíes y activistas familiarizados con los tribunales iraquíes se quejan de que juicios que duran menos de una hora son seguidos casi inmediatamente por el veredicto. Algunos dice que el retraso en los tribunales se cuenta en los miles de casos, incluyendo casos criminales normales que no implica a detenidos por Estados Unidos.
De acuerdo a una hoja de datos del Destacamento 134, que dirige las operaciones de detención de Estados Unidos, el sistema judicial iraquí "continúa evolucionando".
"Hay miles de abogados que son amenazados y a los que se les ha pedido que abandonen sus casos. Los cientos de abogados que se han marchado han dejado una enorme brecha en el sistema judicial de Iraq", dijo un abogado iraquí que defiende a un hombre acusado de colocar una bomba improvisada. "Esto está retrasando los procesos judiciales y denegando a miles de personas sus derechos legales".
El abogado habló a condición de conservar el anonimato debido a que teme por su seguridad.
El subsecretario de Justicia, Busho Ibrahim, dijo: "Tenemos montones de detenidos y los jueces no pueden mantener el ritmo con la avalancha de casos".
Estados Unidos espera reducir para julio el número de detenidos en su poder en Iraq en dos tercios. Todavía no está claro cuántos detenidos serán dejados en libertad ni cuántos serán entregados a un poder judicial iraquí sobrecargado.
Antes de que empezara la campaña represiva en Bagdad a principios de año, dijo Busho, su ministerio tenía a seis mil detenidos bajo su custodia. Ahora hay más de nueve mil bajo custodia iraquí, además de los veinticinco mil en manos de las fuerzas armadas norteamericanas.
En Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el jueves que realizó en octubre su primera visita a un campo de detenidos administrado por Iraq. El CICR ha visitado varias instalaciones con detenidos desde la invasión de tropas norteamericanas en 2003, pero le tomó tres años de conversaciones con las autoridades iraquíes para obtener un acceso similar a sus prisiones, dijo la portavoz Dorothea Krimitsas.
El ministro de Defensa, Robert Gates, dijo el miércoles durante su visita a Bagdad, que los gobiernos de Estados Unidos e Iraq negociarían en los próximos meses la transferencia de campos y prisioneros a control iraquí.
De momento, sin embargo, las burocracias combinadas de los tribunales iraquíes y de las fuerzas norteamericanas han demostrado ser un enorme peso para las familias y los detenidos.
Abid Abbas, 60, dijo que soldados norteamericanos allanaron su vecindario en julio y se llevaron a sus dos hijos, así como a algunos vecinos. Todos fueron acusados de pertenecer al Ejército Mahdi, la temida milicia chií dirigida por el clérigo agitador Muqtada al-Sáder.
Abbas, que insiste en que sus hijos son inocentes, dijo que él y su esposa tenían un permiso de una hora para verlos en el Campamento Cropper, justo en las afueras de Bagdad, en octubre. Pero los hijos -Allaa, 30, y Safaa, 20- estaban en realidad en el Campamento Bucca, cerca de la frontera kuwaití, a 548 kilómetros al sur.
En la puerta de Bucca, dijo Abbas, "los norteamericanos me preguntaron a través de un intérprete si yo era chií o sunní". Respondieron que eran "chiíes", dijo, y entonces les tomaron las huellas digitales y los hicieron rellenar algunos formularios. Entonces se les dio otra fecha para visitar a sus hijos: el 27 de enero.
"Estamos esperando esta fecha con la esperanza de poder volver a verlos", dijo.

El 44 por ciento de los 5.625 detenidos por Estados Unidos que han sido procesados desde que se estableciera el poder judicial iraquí en 2003, ha sido condenado, de acuerdo a cifras militares. No se sabe cuántas sentencias de muerte se han dictado, pero se cree que son bastante comunes en delitos relacionados con la seguridad.
El poder judicial iraquí, como muchos europeos, es inquisitorial antes que contenciosa.
Los jueces asumen el papel normalmente reservado en Estados Unidos a los fiscales. Las audiencias iniciales son clave: Un juez instructor decide los hechos del caso, y considera si debería o no haber un juicio.
Es un sistema que se remonta a la época de Napoleón y es utilizado en muchos países europeos.
Los sistemas judiciales de Jordania, Egipto, Yemen y Kuwait se parecen más al sistema norteamericano. El del Líbano presenta similitudes con el sistema iraquí, pero Iraq actualmente tiene sus propias complicaciones.
El principal tribunal, la cárcel y los jueces y sus familias están protegidos dentro del nuevo Complejo Ley y Orden, un recinto rodeado por muros de contención antiexplosivos de 3.5 metros de alto en los bordes del bastión chií de Ciudad Sáder, en Bagdad.
Para septiembre, al menos 31 jueces habían sido asesinados desde la invasión norteamericana, de acuerdo al Consejo Judicial Superior iraquí, que supervisa a los tribunales. Más de ciento cincuenta abogados han sido igualmente asesinados, y muchos más han abandonado el país, de acuerdo al abogado iraquí.
"Si ganas un caso, serás atacado por el otro lado; pero si lo pierdes, tu propio cliente se encargará de tu muerte", dijo.
Dijo que su cliente de 39 años estaba parado en la puerta de su casa cuando estalló una bomba cerca de un convoy militar norteamericano en el oeste de Bagdad hace ya casi dos años.
"Compareció ante un juez iraquí por primera vez el mes pasado, y la audiencia duró quince minutos, mientras el juez controlaba sus antecedentes y leía los cargos en su contra", dijo el abogado.
Predijo que la próxima audiencia no duraría más de treinta minutos, y que su cliente sería condenado -"probablemente a tres o cinco años de cárcel".
Mark Waller, abogado de Colorado y reservista de la Fuerza Aérea que trabajó como fiscal en Iraq de marzo a julio de 2006, dijo que el sistema iraquí se basaba en el "sentido común": un sólo juez escuchaba a los dos lados. Pero los amplios poderes de investigación del juez -similares a los del gran jurado estadounidense- también permitían la corrupción y las deficiencias.
En una audiencia, Waller recordó que el relator de la corte sólo apuntaba lo que decía el juez instructor, antes que hacer una transcripción. Ese documento era usado luego como un elemento clave por los jueces.
"En Estados Unidos nuestro sistema es contencioso... La fiscalía, la defensa y el juez trabajan todos independientemente y se retan unos a otros para presentar resultados", dijo Waller. "En Iraq es sólo una persona la que hace todo eso".
Waller también se mostró crítico de las labores de policía que se imponen a soldados que deben "recoger evidencias y construir el caso para la fiscalía".
Pero las complicaciones empiezan en la colección de testimonios y versiones.
"Y el principal motivo es que los iraquíes tienen miedo. No podemos hacer que declaren, porque tienen miedo de las represalias..., que no podemos decir que nunca ocurren", dijo Waller.
También observó que el trabajo de investigación era secundario. "Mi papel como soldado era protegerme a mí mismo y a mis compañeros", dijo. "No estoy pensando necesariamente en recoger evidencias ni en el caso ante tribunales".
Miranda Sissons, subdirectora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Oriente Medio dijo que el caos de la guerra se había extendido hacia la sala de tribunales.
"Estamos en una situación en que todavía hay juicios de veinte minutos, basados en expedientes sin testigos ni una defensa digna de mencionar", dijo Sissons, que supervisaba las audiencias ante el Tribunal Supremo iraquí -el más alto tribunal del país.
Ziad Najdawi, un abogado jordano que ayudó a dirigir el equipo de la defensa de Saddam Hussein, describió a los tribunales iraquíes como "un sistema anárquico que confunde incluso a los jueces".
Una preocupación, de acuerdo a Negad el-Borai, director del Grupo para el Desarrollo Democrático, de El Cairo, Egipto, es que las detenciones prolongadas sin formulación de cargos y el héctico sistema de juicios podrían enquistarse en Iraq.
"Los jueces no podrán trabajar en condiciones normales", dijo en un e-mail.
El sistema jurídico iraquí permite el habeas corpus -el derecho a una revisión en tribunales sobre la legalidad de la detención-, pero no se aplica en casos relacionados con la seguridad, que es el caso de los detenidos por los militares norteamericanos. Las fuerzas armadas norteamericanas dice que revisan la situación de cada prisionero cada seis meses, pero sin la presencia de abogados de los detenidos y sin evidencias a favor de los detenidos.
Jonathan Hafetz, abogado del Centro Jurídico Brennan, de Nueva York, ha representado a dos ciudadanos norteamericanos referidos a un tribunal iraquí por los militares. Uno espera juicio; el otro, Muhammad Munaf, fue acusado de colaborar en el secuestro, en 2005, de tres periodistas rumanos en Bagdad y sentenciado a la muerte en la horca.
"Nunca tuvo nada parecido a un juicio justo... Nada de lo que vimos nos hace confiar en el sistema", dijo Hafetz.
De acuerdo a un escrito de la defensa presentado en un tribunal federal norteamericano, todo el juicio de Munaf -incluyendo la sentencia de muerte- no duró más de noventa minutos y "no se presentaron al tribunal ni testigos ni evidencias".

Sinan Salaheddin, Hamid Ahmed y Sameer N. Yacoub en Baghdad; Carley Petesch y David B. Caruso en Nueva York; y Jamal Halaby en Amán, Jordania, contribuyeron a este reportaje.

13 de enero de 2008
7 de diciembre de 2007
©fwdailynews
cc traducción mQh
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