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en cárceles de mujeres en iraq


Mujeres encarceladas sufren maltratos. Algunas no saben por qué fueron arrestadas, y muchas son retenidas durante meses sin ver a un juez.
[Kimi Yoshino] Bagdad, Iraq. Tristes, miran con ojos cansados desde detrás de los barrotes de la cárcel de Kadhimiya. Las súplicas son desesperadas: "Juro que soy inocente". "Los detectives nos violaron". "Llevo ocho meses aquí y todavía no he visto a un juez".
Casi doscientas mujeres, algunas con sus hijos y bebés viviendo con ellas en sus celdas, se encuentran encarceladas en la única cárcel de mujeres de Bagdad. Sospechosas de asesinato comparten litera con mujeres acusadas de delitos de poca monta. Algunas no saben por qué fueron arrestadas.
"Las consideramos inocentes a todas, hasta que se pruebe que son culpables", dijo Abdul Qadir, asesor jurídico del vicepresidente iraquí Tariq Hashimi. "Tienen derechos constitucionales que garantizan su tratamiento".
Pero en país plagado por la corrupción, la protección de los derechos constitucionales es elusiva. Algunas mujeres informan que sus abogados han sido asesinados en camino a la cárcel. Otras dicen que los jueces han sido sobornados.
Una revisión del Times de casi tres horas de video -filmados dentro de la cárcel y proporcionados por Hashimi, que encabeza un llamado a respetar los derechos de los reclusos y a fundar un sistema judicial creíble- sugiere que los problemas son profundos y sistemáticos.
Los ministerios de Justicia, Información y Derechos Humanos negaron repetidas peticiones de un periodista para visitar la cárcel.
"Causará contradicciones y polémicas", dijo Busho Ibrahim, subsecretario de Justicia, encargado de las cárceles. "La gente empezará a hacer preguntas sobre derechos humanos y sobre si las reclusas son culpables o no... No puedo garantizar que no se violen los derechos humanos. Hemos tenido cuatro o cinco acusaciones, pero después de investigarlas resultaron ser falsas".
Pero en cartas escritas por reclusas abundan las historias de injusticias y tratos inhumanos, y la evidencia reunida por miembros del parlamento y activistas de derechos humanos indica que los problemas empiezan desde el momento en que una mujer es detenida.
"Esto no es aceptable en ninguna guerra nunca", dice la reclusa Suad Aziz Abbas, ex directora de una escuela primaria con treinta años de servicio, en uno de los videos.
Ella y su hija, una estudiante universitaria recién casada, fueron acusadas de homicidio, condenadas y sentenciadas a reclusión perpetua. Fueron detenidas cuando Abbas buscaba a su hijo único, un ingeniero del petróleo, que desapareció en 2004. Había pedido ayuda al ministerio de Derechos Humanos y en otros lugares, pero en vano.

"Siéntate y cállate"
Cuando oficiales de inteligencia del ministerio de Información la llamaron para decirle que habían encontrado a su hijo, ella se dirigió de inmediato al lugar -pero sólo para ser arrestada. No está claro a quién mataron Abbas y su hija; funcionarios de la cárcel se niegan a responder preguntas sobre el caso.
"Me dijeron que me sentara y que no hiciera preguntas", dijo Abbas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. "Saquearon mi casa. Robaron todo. Me sentenciaron a prisión perpetua sin tener testigos oculares, sin pruebas. No conozco ni al asesino ni a la víctima".
Su hijo había muerto hacía un año, un hecho del que se enteró sólo después de recibir un informe de la morgue. Había sido torturado. Su cuerpo fue quemado.
En un memorándum confidencial dirigido a Midhat Mahmoud, presidente del Supremo Consejo Judicial de Iraq, el jefe de gabinete de Hashimi pidió que se revisaran el caso de Abbas y varios otros. Mahmoud no respondió a preguntas del Times sobre el caso de Abbas, ni sobre las acusaciones de otras mujeres que dicen que fueron violadas, golpeadas y maltratadas.
Una mujer dijo a Hashimi que había confesado un asesinato porque fue torturada por los detectives.
"Amenazaron con violarme", dijo. "Me desnudaron y me torturaron con electricidad y otros objetos. Después de que me torturaran admití haber cometido ese crimen".
Las acusaciones de las mujeres son rara vez investigadas, dijo Farah Saraj, directora de asuntos de la mujer de Hashimi, que encabeza los intentos de reformas en la cárcel.
Wijdan Salim, ministro de Derechos Humanos, dijo que las mujeres hacen las denuncias después de que ha pasado un buen tiempo. En otros casos, sus lesiones no son documentadas propiamente -un problema que está tratando de resolver contratando a una doctora para que trabaje en la cárcel.
"Estamos presionando al consejo judicial; estamos presionando al ministerio de Información", dijo Salim. "Estamos tratando de tener expedientes para trabajar mejor. Todo será mejor, paso a paso".
Más a menudo que no, las mujeres tienen pocos recursos, dijo Hania Mufti, de la Misión de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas para Iraq. "Las quejas son numerosas y se hace poco", dijo. "Todavía hay muy poca voluntad política como para acusar criminalmente a funcionarios que torturen".
En los raros casos en que se hace algo, dijo Mufti, el castigo es administrativo, no penal, tales como la suspensión o despido de agentes de policía o gendarmes.
Ibrahim negó que hubiese problemas, diciendo que podía "contar con los dedos de mis manos" los reclamos de torturas y maltratos: "Si la reclusa tiene quejas, tiene derechos y enviaremos a un detective". El único problema que reconoció Ibrahim fue que había retrasos serios en el poder judicial, un tema que dice que no controla.
Según la Constitución iraquí, los detenidos deben ser llevados ante un juez dentro de veinticuatro horas después de su detención. Durante esa audiencia, el juez determina si se sigue adelante y se formulan cargos y empieza el proceso de investigación. Pero normalmente toma meses o más que una mujer sea llevada ante un juez para enterarse de qué la acusan.
Después del aumento del nivel de tropas norteamericanas en Iraq y la campaña de seguridad en Bagdad, los retrasos se han hecho todavía peores, dijo Ibrahim, agregando que ha instado al consejo judicial a acelerar el proceso y contratar más jueces. Desde que empezara la campaña en febrero de 2007, el número de reclusos ha crecido de nueve mil a dieciséis mil, dijo.
Funcionarios del Supremo Consejo Judicial dijeron que había creado 54 comisiones judiciales para investigar los retrasos.

Sin Límite
Qadir, el asesor jurídico de Hashimi, dijo que los retrasos no se limitaban a la audiencia inicial. Las investigaciones toman meses, así como el proceso de liberación de detenidos que han sido absueltos.
"No hay límites en ningún nivel", dijo Qadir.
Una reclusa dijo que llevaba cuatro años en la cárcel sin que su caso fuera presentado a tribunales, dijo Amal Qadhi, parlamentaria.
"La acusan de robo", dijo Qadhi. "Tiene unos veinticinco años y ha intentado suicidarse cinco veces, porque ha estado esperando demasiado tiempo".

31 de marzo de 2008
22 de marzo de 2008
©los angeles times kimi.yoshino@latimes.com
cc traducción mQh
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