hora de despenalizar la marihuana
David W. Fleming, abogado, es presidente de la Federación Comercial del Condado de Los Angeles [Los Angeles County Business Federation] y ex presidente de la Cámara de Comercio del Área de Los Angeles [Los Angeles Area Chamber of Commerce]. James P. Gray es un juez del Tribunal Superior del Condado de Orange. 6 de julio de 2008
[David W. Fleming y James P. Gray] La llamada guerra contra las drogas en Estados Unidos nos hace evocar el viejo dicho de que si te encuentras atrapado en un hoyo profundo, lo mejor es dejar de cavar. Sin embargo, la semana pasada el Senado aprobó un paquete de ayudas para combatir el narcotráfico en México y América Central, con un récord de 400 millones de dólares para México y 65 millones para América Central.
Estados Unidos viene gastando 69 billones de dólares al año en todo el mundo durante al menos los últimos cuarenta años, por un total de 2.5 trillones de dólares, en la implementación de su prohibición de las drogas -sin que se vean grandes resultados. ¿Hay alguien que se esté beneficiando con esta guerra? Se nos ocurren seis grupos.
El primero son los señores de la droga en países como Colombia, Afganistán y México, así como en Estados Unidos. Están ganando billones de dólares al año -y sin pagar impuestos.
El segundo grupo son las pandillas callejeras que infestan muchas de nuestras ciudades y vecindarios, cuya principal fuente de ingresos en la venta de drogas prohibidas.
El tercero son esos funcionarios a los que el gobierno paga bien para que luchen contra los dos primeros. Sus poderes y feudos burocráticos crecen con cada dólar que se gasta en el financiamiento de este programa que ha demostrado que no sirve para nada.
El cuarto son los políticos que son elegidos una y otra vez por adoptar posiciones duras -no inteligentes, apenas rudas- sobre las drogas y la delincuencia. Pero mientras más duros nos ponemos en la persecución de delitos por drogas no violentos, más blandos nos ponemos en la persecución de otras formas de delincuencia debido a los limitados recursos que se destinan para financiar el sistema de justicia criminal.
El quinto grupo son la gente que hace dinero con el aumento de la delincuencia. Este incluye a los que construyen prisiones y a los que proporcionan el personal para administrarlas. El sindicato de guardias de prisiones es uno de los grupos de presión más fuertes de California hoy en día, y sus filas siguen creciendo.
Y finalmente están los grupos terroristas en todo el mundo que se financian principalmente con la venta de drogas prohibidas.
¿Quiénes son los perdedores en esta guerra? Prácticamente todo el resto del mundo, y especialmente nuestros hijos.
Hoy hay más drogas en nuestras calles y a precios más baratos que nunca antes. En Estados Unidos hay más de 1.2 millones de personas tras las rejas y un gran porcentaje de ellas por el consumo no violento de drogas. Con nuestra fracasada política antidrogas, para la gente joven es más fácil obtener drogas prohibidas que comprar un six-pack de cerveza. ¿Por qué?
Porque los vendedores de drogas prohibidas no piden a los chicos su carné de identidad. Tan pronto como ponemos fuera de la ley alguna substancia, perdemos nuestra capacidad de regular y controlar el mercado de esta.
Cuando recuperamos la cordura y revocamos la prohibición del alcohol, los homicidios descendieron en un sesenta por ciento y continuó bajando hasta la Segunda Guerra Mundial. La tasa de homicidios de hoy probablemente caería en picado si dejáramos de prohibir las drogas.
¿Así que cuál es la respuesta? Empecemos por despenalizar la marihuana, tal como hicimos con el alcohol. Si lo hiciéramos, según cifras de la contraloría del estado, California ahorraría más de un billón de dólares al año, que ahora gastamos en inútiles intentos de erradicar la marihuana y encarcelar a usuarios no violentos. ¿Sorprende realmente que la marihuana se haya convertido en el cultivo comercial más importante de California?
Podríamos generar billones de dólares gravando el producto, tal como hacemos ahora con el tabaco y el alcohol.
También podríamos reclasificar la mayoría de las drogas de la Tabla I (fármacos que según el gobierno federal no poseen valor medicinal, incluyendo la marihuana y la heroína) como drogas de Tabla II (que requieren una receta), para que el gobierno regule su producción, supervise su potencia, controle su distribución y permita su prescripción por profesionales autorizados (médicos, psiquiatras, psicólogos y otros). Este curso de acción reconocería que algunos problemas médicos, como la drogadicción, es mejor dejarlos en manos de médicos antes que en las de agentes de policía.
La misión del sistema de justicia criminal debería ser siempre protegernos de otros y no de nosotros mismos. Eso quiere decir que los usuarios de drogas que conducen un vehículo motorizado o cometen otros delitos cuando se encuentran bajo la influencia de esas drogas deben ser considerados criminalmente responsables de sus actos, con severas penas. Dicho eso, el sistema no debería ser utilizado para protegernos de nosotros mismos.
Poner fin a la prohibición de las drogas, gravar y regular las drogas y gastar los dólares de los contribuyentes para tratar la adicción y la dependencia son las estrategias que vienen adoptando muchos de los países industrializados del mundo. Esas son las estrategias que funcionan.
©los angeles times
cc traducción mQh
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