crece rechazo de guantánamo
carol.williams@latimes.com 10 de julio de 2008
[Carol J. Williams] Miami, Estados Unidos. Críticos del tribunal de crímenes de guerra de Bahía Guantánamo han denunciado consistentemente las confesiones obtenidas bajo coerción que pueden ser utilizadas como evidencia contra los acusados y han protestado repetidas veces de que las severas condiciones de aislamiento de los prisioneros causa problemas mentales que los incapacitan de colaborar en su propia defensa.
Ahora, dicen los críticos, ha surgido evidencias que muestran que el gobierno asesoró a los interrogadores para que destruyan sus apuntes y así eludir las consecuencias legales de sus actos.
A medida que el gobierno de Bush acelera el procesamiento de acusados de terrorismo para antes de las elecciones de noviembre, abogados defensores y activistas de derechos humanos están intensificando sus críticas del sistema de justicia en la prisión en Cuba.
El martes el Comité Judicial del Senado oyó testimonios sobre el tratamiento dado a los prisioneros en la base naval de Bahía Guantánamo, Cuba, y las peticiones de que Estados Unidos renuncia a las técnicas coercitivas de interrogatorio.
"El tratamiento cruel, inhumano y degradante de los prisioneros bajo custodia norteamericana viola las leyes y valores de nuestro país", dijo la senadora Dianne Feinstein, la demócrata de California que preside el comité.
"Daña la reputación de Estados Unidos en el mundo y sirve como arma de reclutamiento para nuestros enemigos", dijo. "Quizás lo más importante es que también ha limitado nuestra capacidad de obtener informaciones de inteligencia fiables y utilizables para ayudar a la guerra contra el terrorismo, prevenir peligros adicionales y llevar a la justicia a los que han tratado de perjudicar a nuestro país".
Feinstein, abogados y agentes federal que se dirigieron al comité, llamaron a cerrar Guantánamo y a transferir a los acusados a tribunales federales estadounidenses.
Las renovadas condenas de las técnicas de interrogatorio coercitivas se hicieron oír tras la revelación esta semana de que el Pentágono había aconsejado a los agentes federales que destruyeran los informes escritos de sus intentos de extraer confesiones o informaciones de los acusados de terrorismo.
El teniente comandante William C. Kuebler, el abogado de la Armada que defiende al joven prisionero canadiense, Omar Khadr, encontró la directriz en una sección no clasificada del manual de ‘operaciones corrientes’ de Guantánamo, 2003, que estaba en vigor en la época en que Khadr era interrogado en la base naval.
Debido a que la misión "tiene problemas legales y políticos que puede implicar que los interrogadores sean llamados a declarar, mantener en un mínimo la cantidad de documentos con información sobre el interrogatorio puede minimizar algunos problemas legales", observa el manual.
Kuebler dijo que la ausencia de informes por escrito de los interrogatorios en Guantánamo y en la Base Aérea Bagram, en Afganistán -adonde fue llevado después de su captura en julio de 2002- lo priva de una base para refutar las presuntas confesiones. Dijo que presentaría una moción para desechar los cargos por conspiración para matar y terrorista contra su cliente.
La capitán de navío de la Armada, Pauline A. Storum, dijo que no sería apropiado comentar documentos que ahora son materia de litigio.
El juez con el caso Khadr el año pasado, el coronel de ejército Peter E. Brownback III, fue retirado hace dos semanas. Aunque el juez presidente dijo que su partida era el resultado del plan de Brownsback de abandonar el servicio activo en junio, algunos observadores relacionaron su remplazo con su negativa a fijar una fecha del juicio hasta que la fiscalía entregue los documentos solicitados por la defensa, incluyendo los apuntes de los interrogatorios.
Entretanto, la organización Human Rights Watch hizo circular el martes un llamado al Pentágono para mejorar las condiciones de detención de los 270 acusados de terrorismo que todavía están en Guantánamo, denunciando que la mayoría de ellos son retenidos en instalaciones similares a las cárceles de la más alta seguridad de Estados Unidos, aunque ninguno ha sido condenado por nada.
Observando que es probable muchos prisioneros sean liberados -como otros quinientos que estuvieron detenidos Guantánamo-, la consultora en contraterrorismo Jennifer Daskal dijo que era "torpe y miope albergarlos en condiciones que es probable que tengan efectos psicológicos perjudiciales y que, a largo plazo, sólo engendrarán odio y resentimiento con Estados Unidos".
El gobierno dice que las detenciones y juicios son justos y humanos.
Se espera que la Corte Suprema resuelva este mes si los detenidos de Guantánamo pueden impugnar su detención en tribunales civiles federales. La resolución del alto tribunal podría determinar si el tribunal realiza el primer juicio antes de las elecciones presidente o si el proceso es abortado por tercera vez desde que el presidente Bush implementara las comisiones militares en 2001.
En una audiencia el mes pasado ante el comité de Feinstein, el ministro de Defensa Robert M. Gates dijo que Estados Unidos estaba "atascado" con la cárcel y el tribunal de Guantánamo porque no eran alternativas aceptables.
Unos setenta prisioneros han sido dejados en libertad, pero sus países de nacimiento no los admiten o no han dado garantías fiables de que no serán maltratados.
Unos ochenta podrían enfrentarse a cargos por crímenes de guerra, pero sólo diecinueve han sido identificados para ser acusados.
El resto cae en una tierra de nadie jurídica en la que no hay o hay muy pocas evidencias en su contra, pero se cree que serían un peligro para la seguridad de Estados Unidos si se le dejara en libertad.
11 de junio de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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