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los dos lados de la frontera


Uno violento, el otro pacífico. El Paso es la tercera ciudad más segura de Estados Unidos. Ciudad Juárez una de las más violentas de México.
[James C. McKinley Jr.] El Paso, Estados Unidos. Todos los días, cuando se baja del autobús en México y cruza la frontera para ir a su trabajo en el centro de El Paso, Edith Escobedo dice que se siente segura. Durante al menos las siguientes ocho horas, se dice a sí misma, se siente a salvo de la violencia que está destruyendo Ciudad Juárez.
"Allá vivimos con miedo", dijo Escobedo mientras esperaba clientes en la boutique Casa Sylvia. "Es miedo, pura inseguridad. Ni siquiera podemos salir de noche. Me asombra que aquí sea tan diferente. Es otro modo de vida".
Juárez y El Paso sólo están separadas por el angosto Río Grande y un par de puestos fronterizos que han hecho poco para frenar el constante transporte de mercaderías a uno y otro lado de la frontera y las visitas de familia.
Las dos ciudades están tan cerca que la ventana de la oficina del alcalde de El Paso tiene vista al centro de Juárez.
Pero en otras cosas, en estos días las dos ciudades están a mundos de distancia.
El Paso todavía goza de su prestigio como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, mientras que Juárez, una ciudad de 1.5 millones de habitantes que ha sido siempre ruda, se ha convertido en un campo de batalla de los carteles de la droga. El año pasado murieron en las guerras de la droga más de 1.550 personas.
Peor todavía, otros delitos violentos -robo de automóviles, extorsión, asaltos armados- han aumentado mientras las sitiadas autoridades luchan por responder a las balaceras de todos los días.
"Es extraño ser la tercera ciudad más segura de Estados Unidos junto a una zona de guerra", dijo el alcalde John Cook de El Paso, mirando los destartalados barrios de Juárez.
Sin embargo, lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera -una violenta guerra territorial provocado por los intentos del gobierno mexicano de acabar con los carteles- se está cobrando sus víctimas en una miríada de maneras. Los estadounidenses han reducido sus visitas a sus familiares en México, y los mexicanos se aventuran al lado americano sólo en pequeños números, sea porque tienen miedo de dejar sus casas de noche o porque no tienen dinero.
El año pasado, el hospital público local en El Paso trató a 48 personas heridas en balaceras en México y funcionarios policiales en Estados Unidos gastaron gran parte de su tiempo tratando de pensar cómo impedir que la violencia se extienda a sus jurisdicciones.

"Allá reina el caos, la situación es completamente caótica", dijo Fernando Apodaca, un agente de seguros de El Paso, repitiendo la opinión de muchos estadounidenses aquí. "Los criminales controlan la ciudad".
Apodaca, 47, dejó de hacer negocios al otro lado de la frontera, como había hecho durante toda su vida adulta, después de que le robaran el coche a punta de pistola el 17 de septiembre, a plena luz del día.
Los expertos dicen que muchos factores han impedido que la violencia se extienda a El Paso, desde la alta concentración de agentes de policía debido a operaciones de frontera hasta el temor a la pena de muerte que rige en Texas.
Pero algunos tienen otras teorías. El alcalde Cook, por ejemplo, piensa que los  problemas de Juárez empezaron cuando fracasó la campaña mexicana contra el tráfico de narcóticos. La operación destrozó la red de distribución de drogas en el lado mexicano, provocando las guerras territoriales. Eso no ha ocurrido en el lado estadounidense, dijo Cook, pero si ocurriera, dijo, habría un estallido de violencia similar.
Los temores de que la violencia en México se pueda extender a Estados Unidos alcanzan los más altos niveles del gobierno federal. La semana pasada, el ministro de Seguridad Interior, Michael Chertoff, dijo que el gobierno de Bush había diseñado planes para enviar un contingente de agentes federales y soldados a sitios problemáticos si la violencia llegaba a extenderse hacia el lado americano.
El conflicto en Juárez ha llevado a algunos en El Paso a proponer soluciones radicales. En una simbólica resolución de apoyo a Juárez, el concejo del ayuntamiento de El Paso votó hace poco unánimemente para pedir a Washington que considera legalizar las drogas como un modo de poner fin a la violencia. "Pensamos que por lo menos debería ser discutido", dijo el concejal Beto O’Rourke. El lunes, el concejo retrocedió después de que el alcalde vetara la resolución y los miembros locales del Congreso advirtieron que la posición del concejo podría poner en peligro la ayuda federal.
Sin embargo, la fracasada medida fue un signo del deseo general que reina aquí de volver a los días relativamente pacíficos de antes de diciembre de 2006, cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, empezó la campaña actual para erradicar a los carteles de la droga.
Al otro lado del río, las vibrantes calles de Juárez en el pasado se ven ahora oscuras y lúgubres mientras sus habitantes se apresuran por llegar a casa. Los restaurantes, bares y clubes nocturnos que servían a los turistas estadounidenses y a estudiantes y soldados de Fort Bliss están cerrando sus puertas por falta de clientes.

Una noche hace poco, tres mariachis esperaron en el frío durante cinco horas a que apareciera algún turista por Avenida Juárez. Pero no llegó nadie. Hace un año, dijeron, turistas, jóvenes y soldados norteamericanos llenaban la avenida, mientras los vendedores ambulantes voceaban sus mercaderías sórdidas y sagradas, orientando a la gente hacia las farmacias, el mercado de la ciudad, clubes de striptease, restaurantes y cantinas.
"Normalmente estaba lleno de gente todos los días", dijo Luis Olivier, un cantante de cuarenta años. "Pero desde que empezaron las ejecuciones, ya no viene nadie".
El alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, dice que su ciudad tiene un departamento de policía con una espantosa falta de personal y mal equipado, pese a los programas para reclutar a nuevos agentes y purgar a los agentes corruptos. Reyes calculó que Juárez necesitaba al menos cuatro mil agentes de policía para recuperar el control de las calles. Sólo tiene mil seiscientos.
Dijo que los tres mil soldados y agentes federales enviados por Calderón para mitigar la violencia sólo habían tenido un éxito limitado. Los soldados, por ejemplo, no sabían nada de cómo trabajar en términos policiales y patrullaban formando largas columnas, que son fácilmente visibles y evitadas.
En los últimos seis meses, los asesinatos se han hecho más frecuentes, más osados y más espeluznantes. Un cuerpo fue decapitado y colgado de un puente. Otros fueron metidos en gigantescas calderas.
La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes reclutados en otras ciudades para pelear por los barones de la droga en guerra. Pero al menos cuarenta de las víctimas eran transeúntes inocentes, y entre ellos algunos habitantes de El Paso.
"Esta es una guerra de verdad y el ayuntamiento, desgraciadamente, es el teatro de esta guerra", dijo Reyes.
No en El Paso, una prolija ciudad del desierto con seiscientos mil habitantes. Allá el año pasado hubo dieciséis asesinatos y los delitos violentos bajaron en un cuatro por ciento, dice la policía. Las calles de El Paso son conocidas por ser algo apagadas, antes que peligrosas.
El Paso es una ciudad donde la gente se siente tan segura que dejan sus pertenencias en el coche o salen a pasear de noche por sus calles. El mayor problema que ha tenido la policía hace poco es una serie de robos en supermercados de barrio, dijo el jefe de policía Gregory Allen. Algunos dicen que las diferencias culturales explican la paradoja.
Howard Campbell, antropólogo de la Universidad de Texas, El Paso, dijo que la mayoría de los habitantes de la ciudad estadounidense son inmigrantes recientes o sus hijos, que tienden a ser cautos, respetuosos de la ley y de las autoridades. Eso, junto con el Fort Bliss y la fuerte presencia policial, crean una atmósfera de ley y orden, dijo el profesor Campbell.

Para algunos de los veinticinco mil residentes de El Paso que van a sus trabajos diarios en El Paso, cada cruce está fraguado de peligros.
Sus temores no son infundados. Marisela Granados de Molinar, 48, era gerente de oficina en el despacho del fiscal general mexicano en Juárez, pero había vivido durante décadas en El Paso, con su marido, José A. Molinar Jr., encargado de una bodega. Durante los últimos once años ella partía a su trabajo al otro lado de la frontera, sin preocuparse nunca de que podía ser atacada, dijo su marido.
Pero el 3 de diciembre, Granados accedió a llevar a su jefe -Jesús Martín Huerta Hiedra-  al otro lado de la frontera porque (ella) tenía un pase especial para cruzar en uno de los puentes internacionales y quería ir al Wal-Mart. Los pistoleros los sorprendieron en una esquina a eso de las 4:15 p.m. y les metieron 85 balas en el coche.
Molinar dijo que supo que algo había salido mal cuando su esposa no le llamó durante su almuerzo, como hacía siempre. Era una rutina que tenían, un chequeo de seguridad. Se enteró del asesinato por la televisión, corrió a la escena del crimen para quedarse estupefacto junto al cuerpo sin vida de su mujer.
"Nunca tuvo miedo", dijo. "Pensaba que ella no era lo suficientemente importante como para preocuparse".

7 de febrero de 2009
22 de enero de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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