antiterrorismo ilegal
10 de mayo de 2009
[Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. La "respuesta ilegal contra el terrorismo" del gobierno de Bush no solamente ha minado la credibilidad moral y prestigio de Estados Unidos en el extranjero, y proporcionado a al Qaeda su mejor herramienta de reclutamiento, sino también ha debilitado las alianzas estadounidenses con otros gobiernos, que son necesarias para luchar contra la amenaza que representa el extremismo islámico, dijo el martes un alto funcionario del ministerio de Justicia de Obama.
Las observaciones de Todd Hinnen, el subsecretario de Justicia para ley y programas de la División de Seguridad Nacional del ministerio, fueron mucho más allá de algunas de las primeras críticas contra el gobierno de Bush de parte del presidente Obama y sus funcionarios políticos. Y se produjeron en un día en que el fiscal general Eric H. Holder Jr. estaba exigiendo una fuerte corrección de ruta, distanciándose de las políticas de Bush para acercarse a lo que los funcionarios dijeron que estaba más en conformidad con el estado de derecho.
Hinnen, que dirige el equipo de abogados del ministerio de Justicia encargados de la estrategia, el desarrollo de políticas y del análisis legal de asuntos de la seguridad nacional, dijo que el nuevo gobierno se encargará de las consecuencias dejadas por sus predecesores, tanto en Estados Unidos como en el extranjero sobre temas tales como los interrogatorios coercitivos, las ‘entregas extraordinarias’ y la detención indefinida de sospechosos de terrorismo en Afganistán, Bahía Guantánamo y en cárceles secretas de la CIA en todo el mundo, sin el debido proceso.
"Durante años, las conversaciones con aliados extranjeros sobre cómo combatir al terrorismo se han ido a pique en un impasse fundamental, debido al uso que hacen autoridades antiterroristas de métodos fuera de, y según muchos, en disconformidad con el estado de derecho", dijo Hinnen a un público compuesto por expertos del gobierno y particulares en el Instituto para una Política Exterior en el Cercano Oriente [Institute for Near East Policy], de Washington.
Sus observaciones fueron especialmente significativas porque hasta 2007 Hinnen fue un alto funcionario del gobierno de Bush para el contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional.
Hinnen dijo que el nuevo gobierno estaba tratando de "superar el impasse y definir un espacio para las discusiones constructivas con aliados extranjeros y en organizaciones multilaterales", pero que el esfuerzo había sido extremadamente exigente dada la inclinación de la Casa Blanca de Bush a conducir una campaña global contra el terrorismo que aparentemente violaba las leyes estadounidenses, el derecho internacional y los tratados internacionales.
"En las últimas semanas, el gobierno ha puesto fin claramente a políticas del gobierno anterior que son, para decirlo amablemente, las menos destinadas a existir como parte de un marco jurídico perdurable y basado en principios", dijo Hinnen. "El ministerio de Justicia ha liberado y rechazado una serie de memorandos que son considerados por muchos como un intento de torcer el estado de derecho para apoyar conclusiones que son fundamentalmente contrarias a este".
Hinnen no quiso comentar sobre si el ministerio de Justicia, que está investigando a los abogados del gobierno de Bush que escribieron esos memorandos, consideraría el intento de "torcer el estado de derecho" en respaldo de políticas posiblemente ilegales como algo que debiese ser tratado en tribunales.
En Praga, Holder siguió su serie de visitas semanales a contrapartes europeos, y dijo que los investigadores de ambos continentes debían trabajar más estrechamente y actuar más rápidamente para capturar y procesar a sospechosos de terrorismo, de tráfico de drogas y pornografía infantil según los nuevos acuerdos.
Funcionarios del ministerio de Justicia del gobierno de Bush se sintieron frustrados por el lento ritmo de la extradiciones de sospechosos de terrorismo, especialmente con países europeos que criticaron a menudo las políticas antiterroristas de Washington. El sistema está mejorando, dijo Holder, agregando que está tratando de forjar mejores y más estrechas relaciones con Europa y buscando su apoyo para cerrar Guantánamo a principios del próximo año.
La nueva ley de extradición y los nuevos tratados jurídicos están diseñados para facilitar el trabajo de las autoridades iniciando investigaciones conjuntas en el extranjero, lo que los funcionarios del ministerio de Justicia dijeron que eran necesarias para frenar los delitos graves cada vez más globales.
Según los términos de los nuevos acuerdos, los sospechosos pueden ser extraditados si son acusados de actos que son delitos en su propio país y en el país que esperar procesarlos.
28 de abril de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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