atacando a los ilegales
12 de mayo de 2009
Estados Unidos. ¿Qué tiene la inmigración ilegal que trastorna a gente de otro modo cuerda, llevándoles a proponer remedios inhumanos e poco prácticos para resolver el problema? Sin embargo, es frustrante tener viviendo en las sombras de nuestra sociedad a once o doce millones de personas. Nos dirán: No deberían haber venido aquí ilegalmente. Deberían haberlo hecho a través de los canales apropiados, y no saltar por encima de otros inmigrantes que buscan un futuro en Estados Unidos. Además, este es un momento de profundas tensiones económicas y lucha por los recursos. Empujados por la necesidad, ciudadanos estadounidenses se están agolpando en lugares de trabajo, aceptando empleos en huertos y campos junto con los inmigrantes ilegales que hacían antes la mayor parte del trabajo.
Pero eso no es ninguna excusa para legalizar la discriminación, que es precisamente lo que ocurrirá con una propuesta de referéndum que está ahora en la fase de recolección de firmas para las elecciones de junio del próximo año. De aprobarse, exigirá que los padres de los recién nacidos en California demuestren la ciudadanía o la residencia legal para recibir el certificado de nacimiento de sus bebés. Los que no pudieran pagar recibirán por 75 centavos un certificado que observa que el bebé "es hijo de padres extranjeros". El ministerio de Seguridad Interior debería tomar nota de la discrepancia. Y finalmente, ignorando conscientemente resoluciones previas de la Corte Suprema de California, la medida tratará de negar el acceso a la salud a los inmigrantes ilegales. Esos son beneficios federales, más allá del alcance de las leyes del estado.
Por supuesto, el objetivo real de la Revolución de los Contribuyentes [Taxpayer Revoluion], la organización anti-impuestos que patrocina la iniciativa, no es marcar a estos niños con una letra escarlata, ni intimidar a las mujeres embarazadas para que renuncien a cuidados médicos cuando empiece el parto. Capitalizar los renovados sentimientos contra los inmigrantes que acompañan siempre a los períodos de penuria económica, el objetivo último de la organización es echar por tierra generaciones de derecho constitucional y negar la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes ilegales.
Aunque ni la Corte Suprema ni el Congreso han resuelto explícitamente si los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en suelo estadounidense tienen o no derecho a la ciudadanía según la enmienda número catorce, se ha creído durante largo tiempo que sí lo tienen. Si existiesen dudas genuinas sobre esa creencia, sería bueno que iniciásemos un debate. Pero no lo introduzcáis sigilosamente en un proyecto promovido como una herramienta para "reducir la delincuencia" e impedir que los "extranjeros" con antecedentes penales vuelvan a Estados Unidos, atraídos por la presencia de sus hijos estadounidenses.
Este proyecto no considera el peso de la ley, las costumbres y complejas ramificaciones sociales implicadas en el reconocimiento y retiro de la ciudadanía. Es simplista y mal intencionado.
9 de mayo de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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