batahola por programa secreto
Greg Miller contribuyó a este reportaje. 26 de julio de 2009
[Julian E. Barnes] Washington, Estados Unidos. El domingo, los legisladores demócratas criticaron al ex vicepresidente Dick Cheney por haber ordenado que el programa contraterrorista de la CIA se ocultase a los parlamentarios. Dos senadores cuestionaron la legalidad de ese ocultamiento.
Los republicanos fueron mucho más circunspectos, aunque algunos reconocieron que la Casa Blanca debió haber informado al Congreso.
Qué era exactamente el programa secreto de inteligencia sigue siendo un misterio, pero algunas fuentes dijeron que la CIA había iniciado una pesquisa interna.
No está claro el alcance que quieren darle a la investigación los legisladores, pero la última polémica podría alimentar demandas de un reexamen de la relación de la CIA con el Congreso durante el gobierno de Bush.
Los demócratas en el Congreso -en particular, la presidente de la Cámara, Nancy Pelosi- han acusado a la CIA de engañar al Capitolio sobre elementos claves de su ahora terminado programa de interrogatorios violentos, que incluía el simulacro de asfixia por inmersión conocido como el submarino.
Los republicanos, que han atacado a los demócratas por criticar a la CIA, probablemente se opondrán a cualquier investigación.
También el domingo, legisladores republicanos criticaron al fiscal general Eric H. Holder Jr., por considerar el nombramiento de un fiscal especial para investigar las acusaciones de que la CIA se excedió en la interpretación de las reglas del gobierno de Bush cuando autorizó las técnicas coercitivas de interrogatorio.
Los demócratas manifestaron su apoyo a Holder, pero algunos siguieron defendiendo sus propias alternativas para investigar las acusaciones contra el gobierno de Bush.
Pero los demócratas se unieron en su condena a Cheney por ordenar que la CIA no revelara detalles sobre el todavía secreto programa de inteligencia. Un portavoz de Cheney se negó a hacer comentarios.
El director de la CIA, Leon E. Panetta, canceló el programa el 23 de junio, poco después de enterarse de su existencia, y convocó inmediatamente a sesiones especiales con legisladores para discutir el programa.
Las fuentes se han negado a proporcionar detalles sobre lo que implicaba el programa o qué se quería alcanzar con él, pero han dicho que se situaba en el continuum entre el recabamiento de informaciones de contraespionaje y acciones encubiertas. Fue formulado después de los atentados del 11 de septiembre, pero nunca estuvo completamente operacional.
"Un montón de gente pensaba que eran Jason Bourne y propusieron ideas", dijo un ex agente de la CIA, refiriéndose a super espía literario y asesino a sueldo del gobierno. "Hubo programas muy extremos que fueron discutidos en 2001, pero que yo sepa, seis meses después esas ideas habían sido abandonadas".
En ‘Fox News Sunday’, la senadora Dianne Feinstein (demócrata de California), presidente del comité de inteligencia, dijo que Panetta contó a los líderes del Congreso que Cheney ordenó a la agencia mantener en secreto detalles del programa en el Capitolio. Lo llamó un "gran problema".
"Creo que si los comités de inteligencia hubiesen sido informados, podrían haber controlado el programa, podrían haber pedido informes regulares sobre él, podrían haber sacado conclusiones sobre él a medida que se iba desarrollando", dijo Feinstein. "Ese no fue el caso, porque nos mantuvieron ignorantes del programa. Eso es algo que no debe ocurrir nunca, nunca más".
Calificó el hecho de que no se informara al Congreso como "ilegal".
Aunque la ley exige que los comités parlamentarios sean "mantenidos completamente al día" sobre las actividades de inteligencia, hay alguna libertad para programas altamente sensibles y rutinarios.
El jefe de bancada de la mayoría en el Senado, Richard J. Durbin (demócrata de Illinois) dijo en el programa ‘This Week’, del canal ABC, que el Congreso debería investigar si Cheney u otros ordenaron que el programa no fuera revelado a los legisladores.
Líderes del Congreso pueden proteger la existencia de programas secretos, dijo Durbin. No revelar el programa, agregó, viola el equilibrio de poderes de la Constitución.
"Tener un programa de esa envergadura y ocultarlo a los líderes del Congreso no sólo es inapropiado; también podría ser ilegal", dijo Durbin.
Respondiendo a Durbin, el senador Jon Kyl, de Arizona, el jefe de la bancada republicana, dijo que los legisladores no deben "saltar a sacar conclusiones" y deben recordar que Cheney tenía la responsabilidad de proteger la seguridad nacional.
En CNN, el senador Judd Greeg (republicano de North Hampshire) dijo que no notificar a los líderes parlamentarios fue inapropiado. Pero acusó a los demócratas de socavar a la CIA con constantes críticas.
"Necesitamos una CIA extraordinariamente robusta y fuerte", dijo Gregg.
"Este intento nacional de parte de algunos de nuestros colegas del otro lado del anfiteatro, en lo esencial socaba nuestra capacidad de proteger y elaborar planes de inteligencia y es, creo, perjudicial en el largo plazo", agregó.
Los republicanos han argumentado que la decisión de nombrar un fiscal especial para investigar a los interrogadores de la CIA podría minar la seguridad nacional debilitando innecesariamente a la comunidad de inteligencia.
"Estos son temas de alto riesgo", dijo a Fox News el senador John Cornyn (republicano de Texas). "Porque si congelamos la capacidad o la disposición de nuestros operativos de inteligencia y otros para obtener informaciones que son necesarias para proteger a Estados Unidos, eso podría acarrearnos desastrosas consecuencias".
El senador John McCain (republicano de Arizona), el ex candidato presidencial republicano que ha sido muy crítico de las prácticas de interrogatorio del gobierno de Bush, accedió en que no debería nombrarse a un fiscal especial.
"Todos sabemos cómo se hicieron esas cosas malas. Todos sabemos que los operativos que las hicieron, las hicieron obedeciendo órdenes", dijo McCain al programa ‘Meet the Press’, del canal NBC. "Si seguimos con este programa, dañaremos nuestra imagen en el mundo; en eso estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos. Es hora de avanzar, no de retroceder".
El presidente Obama dijo que no buscará castigar a los interrogadores de la CIA, sino que dejará el asunto en manos del fiscal general para que decida si perseguir o no a los que elaboraron esas políticas.
Entre los demócratas que hablaron el domingo, Durbin manifestó su apoyo inequívoco a un fiscal especial.
"No queremos que el fiscal general tenga miedo de hacer preguntas cuando se trata de violaciones a la ley", dijo. "Aquellos que obedecieron la ley y lo hicieron apropiadamente... no serán perseguidos. Pero los que fueron más allá, los que quebrantaron la ley, deben rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley".
Otros demócratas continuaron proponiendo diferentes tipos de investigaciones. Feinstein prefería que el comité de inteligencia revisara los interrogatorios de los llamados detenidos de alto valor, que estuvieron en manos de la CIA.
El senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), presidente del comité judicial, dijo que un fiscal especial dificultaría la tarea de formar una comisión independiente para investigar acusaciones contra ilegalidades cometidas por el gobierno de Bush.
La comisión independiente funcionaría solo si algunos testigos gozaran de inmunidad, lo que podría obstaculizar la investigación del fiscal especial, dijo Leahy. Agregó que no interferiría si Holder nombrar a un fiscal prosecutor, pero temía que una investigación de ese tipo se atacara solamente a los interrogadores de bajo nivel, ignorando a los responsables de esa política.
"No quiero que ocurra que los castigados sean básicamente la gente que estuvo en primera línea, las tropas de bajo rango, cuando fueron sus superiores los que les ordenaron violar la ley", dijo Leahy.
Algunas organizaciones de derechos humanos elogiaron a Holder por considerar el nombramiento de un prosecutor. Jameel Jaffer, director del Proyecto Seguridad Interior de la Unión Americana por las Libertades Civiles, dijo públicamente que las evidencias disponibles mostraban que el gobierno de Bush violó leyes nacionales e internacionales al autorizar la tortura.
"Es hora de confrontar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno anterior", dijo Jaffer en una declaración. "Iniciar una investigación criminal es un paso crucial para restaurar la autoridad moral de Estados Unidos en el extranjero y restablecer el imperio de la ley en casa".
13 de julio de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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