dos policías contra la ley
8 de mayo de 2010
Dos agentes de policía combaten la ley de inmigración de Arizona. Ambos se sienten traicionados por ella y dicen que interferirá con una misión fundamental de la policía: proteger a la gente.
[Paloma Esquivel] Tucson, Estados Unidos. Tras quince años de patrullar en los barrios de aquí, el agente Martín Escobar aprendió que se requiere un enorme esfuerzo para generar confianza en una zona donde muchos temen la deportación. Repetidas veces ha asegurado a personas en su comunidad que la policía está aquí para ayudar y que los residentes no serán entregados a agentes de inmigración.
"Tienes que construir relaciones", dice. "Y yo he hecho eso. Ahora confían en mí".
Entonces llegó el recién aprobado boletín SB 1070, la ley estadual que convierte en un delito carecer de documentos de inmigración y exige que la policía determine si la gente a la que controlan están legalmente o no en el país.
"Va a destruir todo lo que he logrado en convencer a la gente de que los agentes somos buenos, que estamos aquí para protegerlos", dijo Escobar, que cuando era adolescente fue interrogado por autoridades federales sobre su condición legal.
Después de aprobada la ley, Escobar, 45, decidió que no podía ser neutral. Ahora está en el centro de una controversia. La semana pasada, interpuso una querella contra el estado, ciudad y condado, diciendo que la ley impedirá las investigaciones policiales y provocará más delincuencia.
El agente David Salgado, diecinueve años veterano del Departamento de Policía de Phoenix, presentó una querella separada en un tribunal federal, reclamando que la ley permite señalamientos raciales. Ambos ven la ley como una afronta al trabajo policial.
Y ambos dicen que se sienten traicionados por una ley que piensan que se dirige no solamente contra los inmigrantes ilegales, como alegan los patrocinadores de la ley, sino también contra gente como ellos: mexicano-estadounidenses que han encontrado su hogar en Arizona.
Los partidarios dicen que la ley es una herramienta necesaria en la lucha contra la delincuencia porque la inmigración ilegal ha hecho que el estado sea vulnerable a la violencia, al narcotráfico y a los secuestros. Hace poco el asesinato de un ranchero de Arizona y el tiroteo de un sheriff la semana pasada, aunque no ha sido todavía nadie acusado en los incidentes, ha sido atribuido a inmigrantes ilegales.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad a la codicia homicida de los carteles de la droga", dijo el gobernador en la ceremonia de promulgación de la nueva ley.
Cambios en la ley después de su aprobación, trataron de disipar las preocupaciones sobre el señalamiento racial, pero ambos Escobar y Salgado piensan que las revisiones no hacen mucho para solucionar lo que ven como los problemas fundamentales de la ley.
Las agencias de policía de Arizona han ofrecido comentarios tibios. La Asociación de Policía de Phoenix, respaldó decididamente la ley, diciendo que solucionaría el delito de inmigración ilegal y permitiría que los agentes de policía hagan su trabajo sin verse impedidos por restricciones innecesarias. El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha utilizado a sus alguaciles para implementar las leyes de inmigración.
La reacción de sus colegas agentes también ha sido ambivalente, dicen Escobar y Salgado. Muchos han llamado para manifestar su respaldo. Otros dicen que está mal que un policía se involucre en ese tipo de causas porque su deber es implementar las leyes, estén o no de acuerdo con ellas.
La semana pasada, el director del Departamento de Policía de Phoenix, Jack Harris, se pronunció contra la ley, diciendo, como Escobar, que hará que las víctimas y testigos dejen de llamar a la policía.
"Esta ley no soluciona el problema de la inmigración", dijo Harris en una rueda de prensa. "Sólo implica nuevos problemas para las policías locales".
Escobar había querido ser agente de policía desde que estaba en la primaria, cuando vivía en Tucson y miraba ‘Adam-12’ en televisión.
Inmigrante de Sonora, México, cuya familia luchó durante muchos años, quería ser respetado y admirado, dijo, como eran los hombres en uniforme en la serie.
El sentimiento lo conservó, incluso después de que fuera parado, en su propio barrio, por agentes de la Patrulla Fronteriza e interrogado sobre su residencia cuando estaba en la secundaria.
"Todavía puedo recordar en qué calle ocurrió", dijo. "Me pararon y empezaron a preguntarme cuál era mi situación de residencia. Me asusté muchísimo. Me quedé pensado: ‘¿Cómo voy a probar que estoy aquí legalmente? Eso es lo que sentí, con miedo, preguntándome si acaso había hecho algo mal".
Ahora patrulla en el mismo barrio en el lado sur de Tucson, una lugar conocido por las drogas y las pandillas. Se pregunta si como policía terminará preguntando a los niños en la calle sobre su situación de residencia.
Como agente de policía hispanohablante, a menudo ha sido llamado en casos de emergencia. Se enorgullece de ser capaz de obtener información de la gente que se identifica con él porque, como ellos, es inmigrante. Y piensa que esas capacidades lo hacen mejor para el trabajo al que aspiraba.
"Me encanta mi trabajo", dijo. "Adoro ser agente de policía. Pero debido a mis convicciones, mis creencias, mis experiencias de crecer en esta comunidad, decidí que daría un paso adelante y diría esto es lo que quiero hacer".
"Sabía cuáles serían las consecuencias: la pérdida de amistades, ser la minoría en un grupo bastante grande. Pero yo creo en lo que estoy haciendo".
Los legisladores cambiaron la redacción de la ley para abordar algunas objeciones que surgieron con la querella de Escobar. Inicialmente, la ley exigía que la policía determinara la situación de inmigración de una persona si los agentes tenían alguna sospecha razonable sobre su legalidad durante cualquier "contacto legal". Eso provocó temores de que un agente podría interrogar a alguien que preguntara por una dirección. La semana pasadas, los legisladores cambiaron la ley para exigir que la policía se concentre en las personas que paran, detienen o arrestan, mientras implementan las leyes existentes. Si eso es suficiente para resolver las inquietudes surgidas sobre el señalamiento racial está abierto a debate.
Salgado, 51, del Departamento de Policía de Phoenix, cuya querella contra el gobernador y la ciudad de Phoenix fue presentada el mismo día que la de Escobar, dijo que, como policía escolar, su experiencia preocupaba bastante.
Recuerda que cuando trabajaba en una escuela primaria, atrapó a un cimarrero eterno de sexto llamado Raúl al que pilló deambulando por la calle en horas escolares. Hablando con el niño se enteró de que no tenía papeles.
"Eso es lo que me preocupa con esta nueva ley", dijo Salgado. "¿Tenemos que entregarlo a la policía? ¿Qué va a hacer con él el Servicio de Inmigración y Aduanas? ¿Qué hacemos con él?... Ese es el problema que tengo".
Ambos agentes dicen que piensan que la ley de Arizona será declarada finalmente inconstitucional. Varias organizaciones de derechos civiles también han presentado querellas.
Sin embargo, Escobar y Salgado dicen que implementarán la ley si los tribunales la mantienen.
"Yo hice un juramento’, dijo Escobar. "Defenderé las leyes que tenga que defender... Mi corazón no estará en ello, pero yo soy un agente de policía".
©los angeles times 
0 comentarios