alabama avergüenza a estados unidos
Una severa ley innecesaria e incomprensiblemente cruel contra la inmigración ilegal extiende el temor entre extranjeros y ciudadanos por igual y castiga a los grupos más vulnerables. Editorial NYT.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos sólo cerca del 3.5 por ciento de la población de Alabama nació en el extranjero. En 2010, los inmigrantes indocumentados constituían gruesamente hablando el 4.2 por ciento de su fuerza laboral -según cifras del Pew Hispanic Center. Pero quienes redactaron la dura ley de inmigración de Alabama querían convertir su estado en el territorio más hostil del país hacia los inmigrantes ilegales. Están teniendo éxito, como pueden testimoniar los residentes más vulnerables de Alabama.
La ley entró en vigor el fin de semana, después de ser sostenida en gran parte por un juez de distrito federal. Los voluntarios de la línea directa de una organización de derechos de los inmigrantes dijeron que desde entonces han recibido más de mil llamadas de mujeres embarazadas que temen acercarse a los hospitales, víctimas de delitos temerosas de ir a la policía a plantar denuncias, padres con miedo a enviar a sus hijos a la escuela.
Los superintendentes escolares y directores de escuela en todo el estado confirman que la asistencia a clases de niños hispanos se ha reducido considerablemente desde que se divulgara el rumor de que los funcionarios escolares ahora controlan la situación de inmigración de los alumnos nuevos y sus padres.
Esa normativa hace parte del violento intento de la ley de restringir los derechos de los indocumentados, y de complicar sus vidas haciéndoles imposible cerrar contratos, encontrar trabajo, alquilar casas o acceder a servicios oficiales. En otras palabras, los inmigrantes sin papeles se encuentran condenados a vivir aislados, sin empleo, pobres, indefensos y sin educación.
La represión en la educación es particularmente insensata e inconstitucional. En 1982, la Corte Suprema resolvió que todos los niños que viven en Estados Unidos tienen derecho a la educación pública, cualquiera sea la condición de inmigración de sus padres. El razonamiento de los jueces fue inspirado no por compasión, sino por un sentido práctico: no le conviene al país perpetuar a una subclase de gente sin educación.
Funcionarios en Alabama -algunos bien intencionados, otros menos- insistieron en que nada en la nueva ley tiene la intención de privar a los niños de educación. Se supone que los distritos escolares, observaron, deben sólo recopilar los números de niños sin papeles, no sus nombres.
"No sé de dónde viene esa información errónea", dijo el superintendente interino de escuelas del estado, Larry Craven, a NPR. "Si tienen dificultades para entender el idioma, ¿quién sabe que otras cosas les han contado?" Con comentarios como este, no sorprende que muchos de "ellos" se sienten amenazados.
El gobierno de Obama tenía razón en entablar una demanda para tratar de impedir la ley de Alabama. Necesita seguir presionando con su apelación del fallo e impugnar leyes similares en Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur.
El presidente Obama debe mostrar un mayor liderazgo en su defensa de valores estadounidenses fundamentales frente a la hostilidad que se ha apoderado de Alabama y tantos otros estados. Puede empezar anulando el programa de Comunidades Seguras, que fomenta las operaciones de captura de policías de inmigración locales y refuerza la falsa idea de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados representan una amenaza para la seguridad del país.
En cuanto a Alabama, uno debe preguntarse de dónde viene tanta y contraproducente crueldad. ¿Quieren los niños de Alabama ir asustados a la escuela? ¿Deben las mujeres embarazadas tener miedo a la hora de buscar ayuda médica? ¿A quién le puede beneficiar eso?
4 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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