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juancho, pieza clave de los paras


Atanael Matajudíos Buitrago fue un suboficial del Ejército que entrenó a los paramilitares en el Tolima. Es el único desmovilizado de alto rango que puede ayudar a reconstruir lo que sucedió con los paramilitares en esta región del país.
Colombia. Cuando el Inpec halló muerto en su celda a Diego José Martínez Goyeneche alias ‘Daniel’, se dijo que gran parte de los crímenes cometidos por los paramilitares en el Tolima quedaron sepultados.
Hasta ese día, el 23 de junio de 2009, el ex jefe paramilitar del Bloque Tolima alcanzó a contar en Justicia y Paz algunos detalles de cómo delinquió ese grupo y qué alianzas tuvo con funcionarios públicos y políticos de la región. Alias ‘Daniel’, por ejemplo, no alcanzó a entregarle a la Fiscalía algunas propiedades que, estando preso, explotaban particulares.
Por eso, para la Fiscalía 56 de Justicia y Paz las confesiones de Atanael Matajudíos Buitrago alias ‘Juancho’ pueden ser la clave para la reconstrucción de lo que sucedió en el Tolima. Alias ‘Juancho’ fue segundo de ‘Daniel’ y jefe del Frente Norte ‘Carlos Cárdenas’, que delinquió en los municipios de Piedras, Murillo, Lérida, Ambalema, Venadillo, Alvarado, Santa Isabel y Líbano.
Durante la más reciente formulación de cargos, la Fiscalía reconstruyó ante el Tribunal de Justicia y Paz quién fue este jefe paramilitar y cómo delinquió a dos horas de la capital colombiana.

"Me Desilusioné del Ejército"
Alias ‘Juancho’ contó que si bien se crió en el suroccidente del Tolima, donde las Farc y el M-19 cometían asesinatos, secuestros y extorsiones, no ingresó a los paramilitares porque la guerrilla hubiera atropellado a su familia, sino por desilusión a fuerzas militares de las que hizo parte.
Atanael Matajudíos nació el 9 de agosto de 1971 en Ibagué, donde estudió la primaria y el bachillerato básico. Se graduó de un colegio comercial de Bogotá y a los 18 años ingresó a la Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, donde obtuvo el grado de cabo segundo.
En el Ejército pasó por los batallones Girardot, Contraguerrilla 29 Héroes del Alto del Llano, la Escuela de Logística, el Batallón Jaime Rooke, el Batallón Juanambú, la Escuela de Armas y Servicios de Bogotá y el Batallón de Servicios Francisco Antonio Zea. Cuando hacía el curso para sargento fue retirado por facultad discrecional, una herramienta que tienen las fuerzas armadas para retirar a sus integrantes sin justificación pública.
"Hasta el día que terminé fui un excelente suboficial. Me desilusioné de varias cosas, de algunos comandantes que no debían estar en la institución. Expresé eso y un teniente pidió mi retiro. Para nadie era un secreto que el Ejército había estado aliado con las autodefensas y por eso terminé relacionado con ellos", dijo el ex paramilitar ante los magistrados de Justicia y Paz.
Tras su salida, Matajudíos Buitrago fue contactado por los paramilitares del Bloque Tolima para que los entrenara. Fue bautizado con el alias de ‘Juancho’ y enviado a una escuela paramilitar ubicada en la Hacienda El Tabor, en el municipio de San Luis, en abril de 2002.

De Entrenador a Jefe
Según la reconstrucción que presentó la Fiscalía, la primera misión de alias ‘Juancho’ fue entrenar a 60 paramilitares que formarían un grupo de contraguerrilla. Lo hizo junto a Mauricio Arias Pérez alias ‘Mateo’ y José Alberto García alias ‘El Teniente’ en la Hacienda El Tabor. Todos alguna vez habían hecho parte de las fuerzas militares.
Aunque ante los tribunales dijo que su intención no era vincularse a las Auc, reconoció que lo hizo cuando ‘Daniel’ le propuso ser jefe de escuadra e incursionar el norte del Tolima. Desde la conformación del bloque, a finales de 1997, el grupo paramilitar delinquía en el sur, principalmente en Espinal, San Luis, Valle de San Juan, Ortega, Ataco, Chaparral, Prado, Purificación, Saldaña, Natagaima, Rovira y San Antonio. La Casa Castaño había ordenado la expansión de las Auc en toda la región y le ordenó a ‘Daniel’ comenzar nuevas incursiones.
Fue así como designó a alias ‘Juancho’ para llevar los primeros paramilitares al norte del departamento. En mayo de 2002 junto a José Alberto Sandoval Quiñónez alias ‘El Primo’, 17 paramilitares pasaron primero por el río Totare y luego se instalaron en los municipios de Alvarado y Piedras. "El Bloque Tolima negoció territorios con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, que tenían presencia en esta zona. Es cuando el Frente Omar Isaza, Foi, cede en el norte del Tolima", leyó la Fiscalía durante la audiencia.
El Foi fue uno de los cinco frentes de las Acmm de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’ y estuvo a cargo de Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’, que delinquió además de Caldas, Antioquia y Cundinamarca, en varios municipios del Tolima. "El 25 de julio de 2002 el Foi entregó parte de la zona norte a alias ‘Juancho’, que además de Alvarado y Piedras tuvo injerencia en Venadillo, Santa Isabel, Lérida, Líbano, Murillo y Ambalema", explicó la Fiscalía. El Foi siguió delinquiendo en Mariquita, Honda, Armero, Guayabal, Fresno, Falan, Palocabildo, Herbeo, Casabianca y Villa Hermosa.
Con 350 paramilitares en todo el territorio, en 2003 alias ‘Daniel’ ordenó el bautizo de los dos grupos que delinquieron en el territorio: El Frente Norte a cargo de alias ‘Juancho’ y el Frente Sur a cargo de Floriberto Amado Celis alias ‘30-30’. "Desde entonces, alias ‘Juancho’ cumplió dos funciones.
‘Daniel’ lo nombró jefe del Frente Norte y segundo del Bloque Tolima", dijo la Fiscalía. Durante las versiones libres, alias ‘Juancho’ ha confesado 72 crímenes, de los cuales 40 están siendo formulados ante los Tribunales. Uno de ellos fue el de un joven de 33 años, ocurrido en noviembre de 2002, señalado de ser un presunto guerrillero. "La víctima murió por impactos de bala y fue arrojado a una fosa en el municipio de Venadillo. Por orden de alias ‘Daniel’ y ‘Juancho’, un grupo de paramilitares citó al joven en una finca y luego asesinó", leyó la Fiscalía.
Lo mismo sucedió en julio de 2003, cuando un señor de 45 años fue asesinado después de que los paramilitares lo señalaran de colaborar con la guerrilla. "El señor conducía un bus y fue contratado por Óscar Oviedo Ramírez alias ‘Fabián’ para transportar unos marranos desde Santa Teresa hasta Las Delicias. Cuando iba de regreso, los paramilitares lo interceptaron y asesinaron delante de su esposa e hijos. A la víctima la señalaron de cuidarle un ganado a la guerrilla", indicó la Fiscalía.
Durante la audiencia, los abogados de las familias reiteraron que las víctimas eran inocentes y pidieron que sus nombres quedaran en limpio.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, alias ‘Juancho’ se retiró del bloque paramilitar el 24 de diciembre de 2004. Antes de la desmovilización, alias ‘Daniel’ lo contactó de nuevo para que le ayudara durante el proceso de desmovilización.
Entre agosto y octubre de 2005 alias ‘Juancho’ concentró a los paramilitares en varios municipios del norte del departamento. Primero lo hizo en Piedras y luego en la Hacienda Tau-Tau, en Ambalema, donde el 22 de octubre 207 de ellos se desmovilizaron.
Durante la formulación de cargos, el exjefe del Frente Norte les dijo a los magistrados de Justicia y Paz que está dispuesto a seguir contando y entregando todos los bienes que no alcanzó a confesar su exjefe alias ‘Daniel’. "Él tenía toda la intención de hacerlo. Pero no imaginamos que fuera a morir de esa forma. Yo ya notifiqué a la Fiscalía de unas discotecas que había en Girardot y Melgar. Estos bienes deben ser para reparar a las víctimas", dijo alias ‘Juancho’.
Aclarando que no está justificando los crímenes que cometió, durante la audiencia alias ‘Juancho’ dijo que en el paramilitarismo hay dos responsables. "El Estado como autor intelectual y nosotros como el autor material. Las autodefensas fueron creadas por el Estado mediante resolución en 1965 para defenderse de la subversión. Cuando vieron que eso se les había salido de las manos, entonces eliminaron las autodefensas en el papel. Pero las autodefensas siguieron en la ilegalidad y luego aparecieron las nuevas generaciones: las Accu y luego las Auc", dijo el ex paramilitar.
La Fiscalía de Justicia y Paz aseguró que los crímenes cometidos por alias ‘Juancho’ fueron sistemáticos. "Además estigmatizó y victimizó a toda la población del norte del Tolima, señalándola de colaborar con la guerrilla", señaló el organismo investigador.
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz, de los 350 paramilitares que integraron el bloque, 48 ingresaron al grupo armado ilegal siendo menores de edad. Del total, 207 se desmovilizaron, 169 están presos y 55 están confesados sus crímenes en versiones libres.
11 de agosto de 2011
9 de agosto de 2011
©verdad abierta

revisarían fallo sobre masacre de narcos


El Ejército presentó a cuatro narcotraficantes como guerrilleros de las Farc como muertos en combates en 2004. Pero se descubrió que ’Cuco’ Vanoy pagó 500 millones de pesos a la ’Oficina de Envigado’ por asesinarlos y pedirán que se revise el fallo que absolvió a varios militares.
Colombia. La Procuraduría General de la Nación y a Fiscalía General de la Nación solicitarán ante altos tribunales una acción de revisión sobre la investigación por el asesinato de cuatro personas ocurrida el 28 de febrero de 2004 en inmediaciones de la IV Brigada del Ejército y por cuyas muertes el entonces jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, le pagó a la llamada ‘Oficina de Envigado’ 500 millones de pesos.
La acción de revisión fue solicitada el 25 de enero de 2011 por Olimpo Castaño Quintero, magistrado con funciones de control de garantías de la Unidad de Justicia y Paz, quien tomó la decisión luego de escuchar la confesión del ex comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien admitió el hecho.
En esa masacre, perpetrada en la Unidad Residencial Parques del Estadio, contigua a la IV Brigada, murieron Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo a manos de soldados del Pelotón Urbano Antiterrorista perteneciente al Batallón Yariquíes de la IV Brigada del Ejército, bajo el mando del capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio.
El hecho fue presentado públicamente por oficiales de esta unidad castrense como una acción contra supuestos milicianos de la guerrilla de las Farc que pretendían atentar contra esa guarnición militar. Así lo comunicó el entonces coronel Guillermo Granados Mesa, para esa época comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes.
No obstante, los hechos tenían otras motivaciones ligadas a una disputa entre narcotraficantes y el ex jefe del Bloque Mineros. Vanoy Murillo explicó en versión libre ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que Berrío Torres había sido declarado "enemigo de las autodefensas" luego de quedarle mal con un pago de 460 millones de pesos, producto de una multa impuesta por el ex jefe paramilitar tras descubrir que Torres Berrío lo intentó engañar al tratar de sacar 80 kilos de base de coca oculta en un camión del corregimiento La Caucana, de Tarazá, el 17 de junio de 2002 para vendérselo a un traficante de Medellín y no a él, como estaba dispuesto en el Bajo Cauca antioqueño.
"Le puse precio a su cabeza", reconoció Vanoy Murillo y agregó que para el crimen contrató a la llamada ‘Oficina de Envigado’, a la que le pagó 500 millones de pesos por la muerte de Berrío Torres.
Lo confesado por este ex jefe paramilitar contradice lo dicho inicialmente por los oficiales de la IV Brigada del Ejército, lo que impulsó al magistrado Castaño a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación analizar la viabilidad de ordenar una acción de revisión y presentarla ante los tribunales.
Al respecto, VerdadAbierta.com estableció que la solicitud será presentada ante dos instancias judiciales: de un lado, ante el Tribunal Superior de Medellín, donde se pedirá que se revise el procedimiento realizado por el coronel Guillermo Granados, el capitán Rogelio Echeverri y doce soldados más; de otro lado, ante la Corte Suprema de Justicia, para que revise la actuación del hoy general en retiro Oscar Enrique González Peña, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Comandante de la IV Brigada y luego de pasar por varias guarniciones militares asumió como Comandante del Ejército en noviembre de 2008, cargo que ocupó hasta agosto del 2010. Se espera que en este caso responda por línea de mando.
De aceptarse la reapertura de la investigación, también es probable que se vean vinculados algunos funcionarios judiciales, entre ellos Darío Leal, quien en el momento del allanamiento estaba adscrito a la Fiscalía Delegada ante el Gaula de la IV Brigada y avaló el procedimiento sin asistir al lugar de los hechos y posteriormente a lo ocurrido emitió una orden de allanamiento del apartamento 906 de la Unidad Residencial Parques del Estado.
Así como también Carlos Camargo Hernández, quien como Fiscal 9 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos asumió inicialmente la investigación y en un fallo proferido el 4 de mayo de 2006 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el capitán Echeverri y dos de sus soldados y de paso precluyó la investigación, exonerándolos de toda responsabilidad.
En caso de que ambas instancias judiciales se nieguen a revisar este caso, se abriría el camino para que sea la Corte Penal Internacional la que asuma la investigación, entre otras razones porque ya es un asunto que se conoce allí, según explicaron fuentes cercanas a este proceso.
Abogados que conocen este caso se mostraron satisfechos por la decisión de la Fiscalía y la Procuraduría de solicitar la acción de revisión. "Celebramos que en los próximos días se presente esa solicitud, no obstante, creemos que algunos funcionarios deberían explicar por qué se tardaron tanto, pues la orden del magistrado se dio hace ya seis meses".
Se espera entonces que ante la solicitud de revisión las altas cortes admitan el caso y lo reabran con el fin de esclarecer lo ocurrido el 28 de febrero de 2004 en la Unidad Residencial Parques del Estadio en Medellín y determinar las responsabilidades en la muerte de cuatro personas.
11 de agosto de 2011
8 de agosto de 2011
©verdad abierta

obispos solidarizan con estudiantes


Obispos: Las protestas responden a un sistema basado en la codicia y la ganancia ilimitada. Monseñor Ignacio Ducasse, secretario general de la conferencia Episcopal, manifestó la preocupación de la Iglesia por el conflicto estudiantil y reiteró el llamado a estudiantes y autoridades a retomar el diálogo.
Chile. La Conferencia Episcopal de Chile hizo hoy un llamado a retomar entre el diálogo entre estudiantes y autoridades de forma de lograr una pronta solución frente a la crisis educacional que ha afectado al país durante casi tres meses.
"El país no puede avanzar bajo presiones ni represión, tampoco bajo amenazas ni provocaciones. En esta hora de decisiones, la instalación del diálogo es la clave para valorizar con objetividad demandas y propuestas, recuperar las confianzas", aseguró Monseñor Ignacio Ducasse, obispo de Valdivia y Secretario General de la CECh.
En este sentido, la Iglesia reiteró las palabras de esta mañana de Monseñor Ricardo Ezzati, asegurando que la protesta estudiantil y otras movilizaciones sociales son la expresión de un creciente malestar social a nivel global que, entre otros factores, se explica por "modelos estructurales basados más en la codicia y la ganancia ilimitada, que en el servicio al desarrollo integral de las mayorías".
Monsenór Ducasse reiteró además la preocupación de la Iglesia por la desigualdad que existe en la educación en Chile, asegurando que al Estado le corresponde asegurar este derecho, como también le compete "que ningún joven quede privado de estudiar en razón de su condición socioeconómica, velando a su vez por la calidad de la educación y la correcta administración de los recursos públicos".
En relación a los actos de violencia que se han desarrollado al término de las marchas por la educación, los obispos aludieron a la violencia política de épocas pasadas, recordaron que la recuperación de la democracia fue una tarea colectiva y fundada sobre acuerdos y generosidad a través del diálogo.
"Esta es una hora en que Chile espera de la clase política responsabilidad y vocación de Estado", sentenció.
11 de agosto de 2011
10 de agosto de 2011
©soyChile-Santiago

muerte de cepeda fue crimen de estado


Catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el asesinato del ex senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el Gobierno reconoció públicamente su responsabilidad. Paso a paso así fue el proceso por el crimen del político.
Colombia. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en nombre del Estado colombiano reconoció que el asesinato del ex senador Manuel Cepeda Vargas fue cometido por agentes del Estado en complicidad con paramilitares y que la justicia colombiana fue incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen.
El ministro pidió perdón en nombre del Estado colombiano por no haber protegido adecuadamente al senador de la UP y asumió la responsabilidad por los agentes estatales que cometieron el crimen.
"En nombre del Estado colombiano pido perdón público por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas". Las palabras de Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, se produjeron 17 años después del crimen perpetrado por agentes del Estado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá.
Fue la primera vez que el Estado colombiano reconocía su responsabilidad por el crimen de un dirigente político.
Vargas Lleras dijo además que "Colombia se encuentra ante el reto de reivindicar a los colombianos víctimas de la violencia" y reconoció que Cepeda defendió sus ideas y los valores democráticos.
El ministro del Interior se solidarizó con la familia y los copartidarios de Cepeda. El ministro Vargas Lleras hizo este pronunciamiento catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenara al Estado colombiano por el asesinato del líder político de la UP en un acto público ante el pleno del Congreso de la República, en donde se vio una silla vacía con la bandera de ese movimiento político en homenaje al congresista asesinado.
El acto se da luego de que en el fallo, emitido en junio de 2010, la Corte Interamericana exigió al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la falta de protección del líder político, por su asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia.
El senador Manuel Cepeda Vargas, comunicador social de profesión y opositor del gobierno, fue asesinado, el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, en un crimen cometido por militares que actuaron en complicidad con paramilitares. El político, miembro de la UP y del Partido Comunista Colombiano, fue abaleado, cerca de las nueve de la mañana por Justo Gilberto Zúñiga Labrador y por Hernando Medina Camacho, dos sargentos del Ejército, quienes fueron condenados a 43 años en prisión.
El crimen de Cepeda Vargas se realizó cuando el senador se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. Según la descripción de los hechos que la Corte hace en la sentencia, "el automóvil del Senador fue interceptado y los autores materiales hicieron varios disparos de arma de fuego que le causaron la muerte instantáneamente".
Sin embargo, aunque otros miembros del Ejército y paramilitares, entre ellos el jefe paramilitar Carlos Castaño, han sido investigados como autores intelectuales del crimen, todavía no se ha emitido ninguna condena al respecto en la justicia colombiana.
Cepeda Vargas, quien fue consejero de redacción del semanario "Voz", en el que publicó una columna política, fue elegido como Representante a la Cámara del Congreso durante el período 1991-1994. Meses antes de su asesinato, el político se convirtió en el último senador electo de la UP, movimiento que, según la decisión de la Corte, experimentaba el exterminio de sus militantes, por ser considerado como "enemigo interno" en virtud de la doctrina de "seguridad nacional", lo que ponía a sus militantes en un nivel de mayor vulnerabilidad y aumentaba el riesgo a sus militantes.
Por los días de su elección, el político había denunciado un plan denominado ‘Golpe de Gracia’, con el que la extrema derecha en complicidad con miembros de la Fuerza Pública estaba exterminando a dirigentes de la UP y del Partido comunista Colombiano PCC, por lo que el dirigente solicitó medidas de seguridad para la protección de varios miembros de su partido político.
El 8 de agosto de 1994, un día antes de su asesinato, el Senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían asesinados. Su muerte se dio en medio de una situación de violencia sistemática contra los miembros de Unión Patriótica (UP), un movimiento político nacido de los acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc en 1984.
Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.
A su magnicidio de Cepeda Vargas se sumó a los asesinatos de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80.

El Paso a Paso del Caso Cepeda
El 16 de diciembre de 1993, las organizaciones Corporación Reiniciar, Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denuncian al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la persecución de miembros del partido político Unión Patriótica.
El 12 de marzo de 1997, la Comisión admitió llevar el caso sobre la presunta persecución y exterminio de militantes de la UP.
El 5 de marzo de 2005, las organizaciones denunciantes (El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la fundación "Manuel Cepeda Vargas") piden a la Comisión que finalice la búsqueda de una solución amistosa con el Estado sobre la denuncia acerca del exterminio de líderes y militantes de la UP, y que en lo respectivo al caso específico de Cepeda Vargas, se tramite una diligencia separada de los demás casos.
El 5 de diciembre de 2005, La Comisión decide adelantar un reclamo por la muerte del ex senador Manuel Cepeda.
El 14 de noviembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia por el caso Manuel Cepeda.
"La Comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos y protección judicial", y además solicito que la Corte ordene al Estado medidas de reparación.
El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.
Sin embargo, después de que el Consejo hiciera pública su decisión, Iván Cepeda Castro, hijo del ex senador, decidió no recibir el dinero. Dijo que lo iba a donar a un fondo para beneficiar con educación a los hijos de las víctimas del genocidio de la UP. Y agregó que también iba a donar la indemnización de la Cidh.
La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes de las víctimas el 3 de febrero de 2009.
Entre 26 y 27 de enero de 2010 se realizaron, en la sede del Tribunal en San José de Costa Rica, la audiencia pública en la que las partes, la defensa y el Estado Colombiano, expusieron sus alegatos finales.
El 26 de mayo de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, condenando al estado colombiano.

La Decisión de la Cidh
El año pasado, la CIDH encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato del ex senador. Entre las consideraciones más importantes, el Tribunal ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. Además el Estado fue considerado como responsable en la falta de diligencia de la investigación, obstrucción de justicia y falta de reparación adecuada a favor de los familiares.
Según la decisión de la Cidh, el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un "patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP" y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluyó que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen.
En la decisión también se concluyó que el Estado violó los derechos a la honra, el libre pensamiento y los derechos políticos, por las constantes declaraciones de funcionarios que vinculaban las Farc con la UP y le ordenó darle a los familiares del Senador asesinado, seguridad y protección, ya que a pesar de que habían pasado casi 16 años desde su asesinato, varios miembros de la familia Cepeda estaban amenazados.
Según la Corte, el Estado colombiano además del reconocimiento público de su culpabilidad el Estado tendría que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda. También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia.
11 de agosto de 2011
10 de agosto de 2011
©verdad abierta

asegurado hijo de hernán giraldo


Por presunto homicidio.
[Colombia] El ex jefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona deberá permanecer en la cárcel mientras es investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Yolanda Marina Hernández.
La Fiscalía ordenó medida de aseguramiento a Daniel Eduardo Giraldo Contreras, alias ‘Grillo’, hijo del ex jefe paramilitar del Bloque Norte de las Auc Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’ extraditado a estados unidos en mayo de 2008 por narcotráfico.
‘Grillo’ es investigado por su presunta responsabilidad por línea de mando en el asesinato de Yolanda Marina Hernández, perpetrado por integrantes del Frente de Resistencia Tayrona de las autodefensas, del que era uno de sus cabecillas.
Según la investigación de la Fiscalía, la víctima fue retenida en el corregimiento Guachaca, jurisdicción de Santa Marta, el 8 de agosto de 2003 y posteriormente fue asesinada de varios disparos. Según miembros del desmovilizado grupo paramilitar a Yolanda Hernández la asesinaron por ser colaboradora de la Policía Nacional.
De acuerdo con la decisión adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH a Giraldo Contreras se le acusa por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Alias ‘Grillo’ fue capturado en Falan, Tolima, en enero de 2010 por agentes del CTI de la Fiscalía, luego de ser acusado del asesinato de Albeiro Fraija Pedrozo, un investigador del CTI.
11 de agosto de 2011
9 de agosto de 2011
©fiscalía
vía verdad abierta

citan a general por falsa desmovilización


Fiscalía llama a interrogatorio a general (r) Mario Montoya. Por el caso de la presunta falsa desmovilización de la Cacica La Gaitana de las Farc en 2006.
Colombia. Se venía venir. Desde que La F.M. reveló que la Fiscalía indagaría de manera preliminar al excomisionado Luis Carlos Restrepo, a un general y a un coronel del Ejército por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc en el Tolima en el año 2006, el nombre del general en retiro Mario Montoya sonó.
Meses después, en la tarde de este miércoles se conoció que la Fiscalía lo llamó a interrogatorio por la presunta falsa desmovilización, en la que el 6 de marzo de 2006, con bombos y platillos, fueron presentados por el gobierno en La Tebaida, Tolima, 62 guerrilleros de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc. La columna era desconocida hasta entonces, e incluía 26 fusiles, otras armas y una avioneta. Se felicitaron el presidente, el alto comisionado, el general Mario Montoya: "¡El primer frente de las Farc desmovilizado en bloque"!, dijeron, mientras saludaban la genialidad de la inteligencia militar, capaz de tales golpes a la moral de la guerrilla.
Los desmovilizados lucían uniformes nuevos e impecables; algunas de las botas estaban marcadas con insignias de la VI Brigada; algunos de los fusiles que entregaron eran hechizos, otros no funcionaban y los demás no eran la dotación regular de las Farc. Pronto se supo que el líder del grupo, Raúl Agudelo, conocido como ’Olivo Saldaña’, había estado preso los dos años anteriores a la desmovilización, que habría organizado desde la cárcel, donde se habría reunido varias veces con Restrepo. El grupo, que el gobierno en su momento calificó como muy cercano a ’Alfonso Cano’, entregó una avioneta, supuestamente comprada por la guerrilla en tiempos del Caguán para transportar munición, pero a los pocos días se descubrió que había sido decomisada por las autoridades y estaba en una base militar en Corozal.
Por estos mismos hechos la Contraloría llamó a rendir declaración juramentada al excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y y exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega.
Montoya, que hace apenas unos días era embajador de República Dominicada, regresó a Colombia, donde tiene 17 investigaciones preliminares en la Fiscalía.
Según algunos cables revelados por Wikileaks, mientras estuvo al frente del comando del Ejército entre 2006 y 2008, el oficial nunca tuvo la confianza de Estados Unidos por sus presuntas violaciones a los derechos humanos. Y su salida se dio hace dos años y medio tras el primer escándalo de "falsos positivos" cuando once muchachos de Soacha fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña.
Aún así, el general (r) Montoya no tiene en la actualidad ninguna investigación penal o disciplinaria.
11 de agosto de 2011
10 de agosto de 2011
©semana



quiénes pagan la educación


columna de lísperguer
Presidente Piñera explica de dónde viene el dinero que paga la educación.

Qué extravagante creencia la del presidente, de que si la educación fuera gratuita, los más pobres terminarían financiando la educación de los más ricos -por los impuestos. Pero, ¿está diciendo que los pobres pagan los mismos impuestos que los ricos? De todos modos, el origen de toda nuestra riqueza es el trabajo, y el capital, en tanto que es la forma que adopta el trabaja ahorrado y, por lo general, apropiado, de modo tal que en realidad los trabajadores, pobres y menos pobres, son los que pagan absolutamente todo, incluyendo el sueldo del presidente y los privilegios de las clases ricas y de la clase política que nos gobierna a todos, en nuestro nombre, pero que sin que podamos elegir a sus miembros. No creo que después de tantos siglos de explotación a los pobres les preocupe financiar la educación de los ricos: lo han hecho siempre. Y financian no solamente la educación, sino que todo, sus empresas, sus bancos, sus negocios, incluso sus empleadas y jardineros. Así que cuando se quiere una educación pública a costas del estado, lo que se quiere es que esas clases privilegiadas devuelvan esos capitales a la sociedad para reinvertirlos en el bien común -lo que ciertamente esas clases no han hecho nunca. Esta es una realidad que ve todo el mundo, incluso en el extranjero -por ejemplo, el editorialista del diario El País, que escribe que "una enseñanza pública, de calidad y gratuita, (...) es la mejor garantía para una nación próspera en democracia"-, pero no nuestro propio presidente.
lísperguer


policías secuestran a estudiantes


Vehículo vr1545 secuestra a 2 menores y 1 estudiante.
Santiago, Chile. A las 17:40 fueron secuestrados en la calle Serrano con Alameda los menores Aramis R. de 17 años, Erick de 16 años y el estudiante de la Universidad de las Américas de la carrera de la Pedagogía en Matemáticas, Pablo Vásquez de 25 años. Fueron secuestrados por cuatro civiles que se negaron a identificarse ante mi presencia, Patricio Mery, director de Panoramas News. Ante la consulta por el procedimiento, respondieron que eran de la BIPE [Brigada de Operaciones Policiales Especiales], pero no quisieron mostrar sus identificaciones. Los civiles se trasladaban en un vehículo Galloper azul marino patente VR 1545. Los civiles no se identificaron en ningún momento. No sabemos del paradero de estos jóvenes que según el testimonio de sus compañeros sólo iban caminando por la calle. Organismos de recursos humanos presentaron un recurso de protección para los secuestrados.
10 de agosto de 2011
9 de agosto de 2011
©panorama news