debaten la matrícula del abogado represor

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Hoy se decide matrícula abogado represor.

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Argentina. El Colegio de Abogados de Rosario debatirá hoy en la Casa del Foro si cancelan o no la matrícula del represor Juan Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en el fallo de la causa Guerrieri. Si bien la condena no está firme, el 15 de abril del año pasado el Tribunal Oral Federal número 1 le dictó la prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común. "El gran tema acá es el artículo 295 de la ley orgánica del Poder Judicial, el cual establece que no podrán formar parte del Colegio aquellos que hayan sido sentenciados por delitos dolosos y con pena efectiva de prisión, y faculta al directorio del Colegio de Abogados a cancelar la matrícula", precisó el presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio, en declaraciones a Trascendental acerca del cónclave que realizarán hoy los 14 directores.
En ese sentido, explicó: "Lo que vamos a discutir es si este artículo se relaciona o no con otros, ya que el artículo 297 nos obliga a velar por el decoro del foro y enaltecer la profesión".
Del Vecchio hizo hincapié "en asegurar el imperio de la ética" como función esencial del Colegio de Abogados. "La ausencia de antecedentes personales negativos son pilares sobre la procuración de la profesión, aunque nos podemos apartar de la ley y cancelarle la matrícula", repasó el presidente del Foro. Amelong fue condenado el año pasado por privaciones ilegales de la libertad y torturas contra 21 personas, así como el homicidio de los 17 desaparecidos que pasaron por los centros clandestinos de detención Fábrica de Armas Domingo Matheu, Quinta de Funes, escuela Magnasco y La Intermedia.
4 de agosto de 2011
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justicia uruguaya recupera la memoria

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Por primera vez un fallo tipifica como desaparición forzada a crímenes de la dictadura. Carlos Calcagno fue procesado como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real.

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[Adrián Pérez] Argentina. En un fallo sin precedentes, la Justicia de Uruguay utilizó la figura de desaparición forzada para tipificar los delitos cometidos por un ex militar durante la dictadura. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno ratificó la semana pasada la pena de prisión dictada por la jueza Mariana Mota Cutinella contra Carlos Calcagno, procesado como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real. El ex coronel está acusado por el secuestro y la desaparición de dos integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo detenidos en Paraguay en el marco del Plan Cóndor. Se trata de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, militantes del PVP que el 28 de marzo de 1977 fueron secuestrados en Asunción.
Desde 1975, Santana e Inzaurralde desarrollaron una intensa actividad opositora en Uruguay como miembros fundacionales del PVP. Con la llegada del golpe de Estado, en 1976, y según declaró Inzaurralde ante las fuerzas paraguayas, se produjo la desintegración de ese grupo en Argentina. Fue entonces cuando ambos militantes decidieron abandonar el país con la intención de llegar hasta Brasil, donde esperaban conseguir visas en una oficina de la ONU para viajar a Europa como exiliados políticos. Ese objetivo los llevó a ingresar clandestinamente en Paraguay, en marzo de 1977, donde fueron detenidos por la policía paraguaya en una pensión de Asunción.
Los dos militantes fueron interrogados y torturados en el Departamento de Investigaciones paraguayo. Calcagno, que comandaba la Compañía de Contrainformación uruguaya desde 1976, viajó expresamente a Asunción en misión de inteligencia. Un documento rescatado de los Archivos del Terror confeccionado por autoridades paraguayas lo ubican como miembro de un grupo de tareas encargado de los interrogatorios a los integrantes del PVP. El 16 de mayo de ese año, los dos uruguayos fueron trasladados en un avión militar argentino rumbo a Buenos Aires.
Un parte del comisario paraguayo Alberto B. Cantero elevado a Pastor M. Coronel, jefe del III Departamento de Investigaciones, detallaba las funciones de un "equipo de trabajo" que interrogó a Inzaurralde y Santana entre el 5 y el 7 de abril de 1977. Según ese documento, el "equipo" lo integraban el coronel Benito Guanes, el teniente coronel Galo Escobar, el teniente primero Angel Spada y el sargento Juan Carlos Camicha, de Paraguay; los agentes José Montenegro y Alejandro Strada del SIDE argentino; y el mayor Carlos Calcagno, de Uruguay.
"Interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron mayormente datos nuevos a los ya conocidos y que en su oportunidad esa jefatura ya elevara a la superioridad", concluyó el informe, que calificó como "anodino" el resultado de la indagatoria. Ese documento, además, adjuntaba antecedentes históricos sobre los movimientos de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), la Resistencia Obrera Estudiantil (ROE) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33), sobre Inzaurralde y Santana. También acerca de las acciones del PVP antes de mayo de 1976 y después de esa fecha. El fallo menciona que la prueba documental elaborada por las autoridades paraguayas, que involucra a Calcagno, fue rescatada de archivos llevados por la dictadura de Alfredo Stroesner.
"Esta es una medida esperanzadora porque da la impresión de que nuestra jurisprudencia comienza a abrirse a la legislación internacional", le dijo a Página/12 Mirtha Guianze, fiscal nacional en lo Penal de Segundo Turno. También sostuvo que el criterio de desaparición forzada citado por el TAP uruguayo remite a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso de lesa humanidad en Uruguay. En este sentido, Diego García–Sayán, presidente de la CIDH, afirmó en una entrevista publicada el 8 de julio en el diario Brecha: "La aplicación de la figura de la desaparición forzada bajo ninguna circunstancia se interpreta como una aplicación retroactiva de la ley penal, sino como aplicación inmediata en base a un delito que todavía se prolonga. Por ello, de aplicarse la figura de desaparición forzada, la discusión de si se trata o no de crímenes de lesa humanidad –y por tanto imprescriptibles– pasa a un segundo plano, porque el delito debe sancionarse al estar cometiéndose ahora mismo".
Esta es la primera vez que un tribunal de segunda instancia reconoce la figura de desaparición forzada para crímenes cometidos durante la dictadura militar en Uruguay. "De aquí en adelante tenemos que dar batalla para que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura no prescriban –alertó Guianze–, porque en caso de que no sean considerados como delitos de lesa humanidad pueden prescribir en noviembre."
4 de agosto de 2011
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lavaban activos para autodefensas

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Acusados por lavar activos de ex jefe de autodefensas.

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Colombia. Un fiscal acusó  a tres personas de lavar dineros de Jairo Andrés Angarita Santos, alias ‘Comandante Andrés’, jefe del Bloque Sinú y San Jorge de las autodefensas, asesinado el 10 de diciembre de 2006 en Medellín.
De acuerdo con lo establecido por un Fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de dominio, las personas acusadas se vendían, se compraban y se enajenaban bienes del exjefe de las autodefensas. Durante las operaciones eran empleadas personas cuya capacidad económica era insuficiente para solventar el monto de las transacciones efectuadas.
Por este hecho la Fiscalía encontró pruebas para acusar a Gonzalo Riaño Vargas, Jaime José Pareja Alemán y Juan Manuel Díaz Banda, como presuntos integrantes de dicha red de testaferros. Según la investigación también hicieron parte los ya condenados en este proceso Rodrigo Manuel Brieva Caraballo y Antonio María Petro Hernández, quienes, según lo establecido por la Fiscalía, iniciaron la operación de blanqueo de capitales.
Rodrigo Manuel Brieva Caraballo y Antonio María Petro Hernández también fueron acusados, junto con Gonzalo Riaño Vargas y el abogado Jaime José Pareja Alemán, por su presunta participación como testaferros del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Este último era, dentro de las estructuras de las autodefensas, el superior inmediato de Angarita Santos.
4 de agosto de 2011
2 de agosto de 2011
©fiscalía
vía verdad abierta

21 años por asesinato de ana varela

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Condenados asesinos de la Secretaria de Gobierno de Cabrera, Cundinamarca.

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Colombia. Los exintegrantes de autodefensas, Rodolfo Gutiérrez González y Edgar Daniel Gómez Martínez, aceptaron haber cometido el asesinato de la secretaria de Gobierno de Cabrera, Cundinamarca, y fueron condenados a 21 años de prisión.
Gutiérrez González y Gómez Martínez, miembros del frente Sumapaz del Bloque Centauros, fueron sentenciados por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué como coautores de los delitos de homicidio agravado, secuestro simple y concierto para delinquir.
Esa decisión judicial surge de los hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2003, cuando Ana Cornelia Varela Molina, secretaria de Gobierno de Cabrera, estaba en la Notaría de Pandi, Cundinamarca, de donde fue sacada por dos hombres que la llevaron por la vía a Icononzo, Tolima, que la asesinaron de varios disparos.
Ana Cornelia Varela fue secretaria de gobierno de dicho municipio durante 15 años. Antes de su asesinato, según denuncias del Partido Comunista Colombiano del martes 16 de diciembre de 2003, "La funcionaria pública venía siendo objeto de allanamientos y amenazas por parte del Ejército quienes la sindicaron de ser colaboradora de las FARC".
En la misma denuncia el partido aseguró que "es de dominio público que el Hotel Villa Luz de Pandi, es el centro de operaciones de un comando de paramilitares que siembran el terror en la región. Se evidencia una vez más la complacencia del Ejército y la Policía con las bandas paramilitares, supuestamente desmovilizadas pero en la práctica amparadas por el gobierno nacional."
Según lo establecido en la investigación los asesinos  señalaban a la víctima como supuesta encargada de finanzas de las Farc.
4 de agosto de 2011
2 de agosto de 2011
©fiscalía
vía verdad abierta

alcalde quiere silenciar protesta ciudadana

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columna de lísperguer

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Alcaldía de Quilpué anuncia querella contra vecinos y animalistas que protestan contra matanzas indiscriminadas de perros callejeros.

Esta denuncia no parece tener otro fin que intimidar a los vecinos. Si el alcalde quiere realmente que la ciudadanía sepa la verdad sobre sus acciones, y las de los denunciados, debería interponer una denuncia por calumnias, proceso mediante el cual los tribunales establecen la verdad o falsedad de los hechos denunciados. Con la denuncia por injurias sólo se quiere decir que el alcalde y otros funcionarios se sienten ofendidos, y no se ataca la cuestión de fondo sobre la veracidad de las acusaciones. Y uno se puede sentir ofendido porque lo miraron fijo. Si el denunciado no tuvo intención de ofender, el juicio simplemente se estanca.
Pero lo más grave es que existen muchos testimonios, incluso gráficos, de los actos ilegales de funcionarios de la municipalidad, que salen a recoger perros en las calles y aceptan la entrega voluntaria pese a que ambas cosas están explícitamente prohibidas por la jurisprudencia administrativa. La entrega voluntaria autorizada por el último dictamen de Contraloría sólo se justifica en caso de enfermedad del perro en que sea necesario aplicar eutanasia médica, y en caso de que existan evidencias fundadas de que el can tiene rabia, en cuyo caso deberá ser observado durante diez días. Si se confirma su estado, se le puede aplicar eutanasia para aliviar su sufrimiento. La muerte de un perro no se justifica en ningún otro caso.
Por otra parte, antes de aceptar una entrega voluntaria, el vecino debe probar que es efectivamente dueño de la mascota, cosa que en Chile, y en San Antonio, es imposible, porque no existe un registro canino obligatorio. Cualquiera puede capturar a perro de la calle, o del vecino, y llevarlo a la municipalidad para que lo maten. En estos casos, la municipalidad se haría culpable de robo o de complicidad en la usurpación de identidad (cuando un vecino pretende ser dueño de un perro que no es de su propiedad).
Hay otras acusaciones más graves, pues muchos vecinos denuncian que los funcionarios matan a los perros a palos en el vertedero o que los envenenan. Además, también se ha denunciado hace poco que funcionarios del alcalde se han acercado a vecinos a amenazarlos por haberles fotografiado cuando salen a matar perros.
En lo que va de año la municipalidad ha matado a 69 perros, lo que es una cifra demasiado alta como para pretender que se trata de la aplicación de la eutanasia médica. El único modo de poner fin a estos abusos de las autoridades es introducir un sistema de fiscalización ciudadana que corrobore caso por caso la veracidad de los informes veterinarios y permitir que los funcionarios subalternos se nieguen a ejecutar órdenes ilegales sin temer por ello perder sus empleos.
Algo huele mal en San Antonio, pero no son los perros sino el alcalde y sus cobardes y mediocres subalternos.
lísperguer

zoológico debe ser abolido

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columna de lísperguer

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En Quilpué implementan programa para llevar a escolares al zoológico.

No se entiende cómo ha podido decidir la municipalidad de Quilpué que estas visitas al zoológico podrían incentivar la asistencia escolar. ¿Cuál será la relación entre una cosa y otra? ¿Que los niños asistirán más a menudo a la escuela para ir al zoológico? ¿Cuántos días al año irán los chicos al zoo para que el programa tenga sentido?
Lo peor, además, es que se contribuye a la educación de los chicos con instituciones aberrantes, inculcándoles en este caso la idea de que con los animales puede hacer uno lo que quiera, que es normal cazarlos y encerrarlos de por vida en jaulas indecentes sin ningún motivo atendible. El zoológico es una institución que no tiene razón de existir y donde se violan gravemente los derechos animales. El mero encierro ya es maltrato. Muchos estudios han demostrado que los animales encerrados en zoológicos sufren toda una serie de patologías -incluyendo la demencia- asociadas al encierro y al tedio. Una investigación reciente sobre la condición de los chimpancés en zoológicos ingleses y estadounidenses revela que sufren todos enfermedades mentales producto del cautiverio, cuyos síntomas más evidentes son el consumo de feces, la automutilación y balanceos repetitivos. Ya en los años cincuenta el etólogo Henry F. Ellenberger comparó el zoológico con la cárcel y el hospital psiquiátrico en su sugerente artículo ‘The Mental Hospital and the Zoological Garden’.
¿Cree alguien que puede ser instructivo llevar a los alumnos a presenciar este espectáculo deprimente de animales encerrados, enloquecidos, tristes, deprimidos, angustiados, que ven en los chiquillos los cachorros de la especie maldita que los encarceló? ¿Deben los chicos acostumbrarse a este espeluznante y desgarrador espectáculo y a considerar como normal el maltrato que es el cautiverio?

Sugiero leer
1. Chimpancés en el zoológico
2. Contra el zoológico

lísperguer

van a declarar en juicio contra cáceres

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Los llamados a declarar en el juicio a exsenador Cáceres. La Corte Suprema llamó a declarar a los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, ‘Ernesto Báez’, ‘Jorge 40’ y ‘Juancho Dique’, en el juicio al exsenador Javier Cáceres por ‘parapolítica’.

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Colombia. Durante la audiencia preparatoria del juicio que se adelanta al exsenador Javier Cáceres Leal por presuntos nexos con el Bloque Héroes de los Montes de María, el Alto Tribunal recibirá, a través de video conferencia desde Estados Unidos, los testimonios de los extraditados jefes paramilitares Salvatore Macuso y Rodrigo Tobar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Asimismo, durante el juicio se escucharan las versiones de Iván Roberto Duque, alias `Ernesto Báez’, líder político del Bloque Central Bolívar y Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’, uno de los comandantes del Bloque Héroes de los Montes de María.
En la diligencia, los magistrados de la Sala Penal de la Corte, también solicitaron los testimonios del destituido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, del gobernador de Nariño, Antonio Navarro, y del ministro del interior, Germán Vargas Lleras, como integrantes del directorio de los partidos, Polo Democrático Alternativo y Cambio Radical, en los que el exparlamentario militó.
Los testigo citados por la Corte serán llamados a responder los interrogantes sobre si Cáceres Leal, expresidente del Senado, se alío con paramilitares para alcanzar una curul en el senado, en el año 2006.
Javier Cáceres empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998 llegó por primera vez al Senado, fue reelegido en 2002, cuando fue uno de los fundadores del Polo Democrático y llegó de nuevo al Senado en 2006, con el partido Cambio Radical. En julio de 2009 llegó a la presidencia del Senado.
A principios de Julio de este año, la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador por el delito de concierto para delinquir agravado, después de determinar la existencia de suficientes pruebas que incriminan al exsenador con paramilitares al mando de ‘Juancho Dique’.
Cáceres fue capturado el 14 de marzo por miembros del CTI, atendiendo la decisión de la Corte de llamarlo a indagatoria para definir si lo acusaba o no formalmente del delito de concierto para delinquir. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota.
En entrevista concedida a Caracol Radio la semana de su captura, Cáceres explicó que su única relación con los paramilitares se remitía a una reunión que había tenido con Carlos Castaño en el año 2000 por razones humanitarias y a su asistencia cuatro años después a Ralito durante el proceso de desmovilización de los paramilitares. "Estoy tranquilo, confío en que mis jueces naturales me llamen a indagatoria y tengo la absoluta seguridad de que todos los cargos contra mi serán desvirtuados" señaló el congresista.

Los Testimonios contra Cáceres
A principios de julio de 2010, en el juicio contra el ex congresista Miguel Ángel Rangel, ‘Juancho Dique’, relató, ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los detalles de una presunta reunión que tuvo con el senador Cáceres en Yanguma, un corregimiento al norte de Bolívar.
Según ‘Dique’, el exsenador de Cambio Radical presuntamente le pidió que respetara la actividad política de varios líderes de la región que estaba respaldando. ‘Dique’ aceptó y como contraprestación le ofreció al senador hacer parte del movimiento político impulsado por los paramilitares en Bolívar.
"Yo te respeto la vida de los líderes, pero te invito a hacer parte de nuestro proyecto", dijo el desmovilizado al describir el acuerdo que, dice, se suscitó entre los dos y que le generó réditos políticos a esas personas por quienes supuestamente bogó Cáceres.
Añadió que durante el encuentro dialogaron acerca de la desmovilización y que pactaron nuevas reuniones que no se pudieron llevar a cabo por la llegada del proceso de paz con el Gobierno Nacional. El ex jefe paramilitar aseguró que a partir de esa reunión se programaron nuevas reuniones que supuestamente definirían la adhesión de Cáceres al movimiento, sin embargo, con el inicio del proceso de desmovilización, estos encuentros finalmente nunca se realizaron.
"Primero discutimos sobre el proceso de negociación de Ralito. Llegamos al acuerdo de respetarle a los líderes y cuadramos otras reuniones. Yo le dije (a Cáceres) te respeto pero a cambio te invito a nuestro proyecto", explicó el ex paramilitar.
Sobre las elecciones al Congreso de 2006, ‘Dique’ aseguró que la elección de Cáceres al Senado fue presuntamente influenciada por los paramilitares puesto que líderes políticos de la región apoyados por las autodefensas terminaron, según él, dando un presunto apoyo a la campaña de Cáceres al Senado.
"Sí unos líderes que tuvieron relaciones con las autodefensas se fueron con Cáceres, en esa votación (la de Cáceres) hubo votos de las autodefensas", aseguró ‘Dique’ a los magistrados de la Corte Suprema.
Además de ‘Juancho Dique’, otros desmovilizados de estructuras paramilitares que operaron en los Montes de María y en la zona urbana de Cartagena han salpicado al senador Cáceres en sus versiones libres, entre ellos, Sergio Córdoba Ávila alias ‘101’ o ‘Caracortada’, Alexis Mancilla García alias ‘Zambrano’, Emiro Correa alias ‘Convivir’ y Eugenio José Reyes Regiño alias ‘Geño’. Estos dos últimos aseguraron que ‘Juancho Dique’ se reunió en varia oportunidades con congresistas, candidatos a alcaldías y gobernaciones de la región en una finca ubicada en jurisdicción de Turbana, cerca de Cartagena, entre ellos, el senador Javier Cáceres.
En versiones libres rendidas a finales de 2007, alias ‘Zambrano’ (hombre de confianza de ‘Juancho Dique’) aseguró que los paramilitares apoyaron la campaña al Congreso de Cáceres para el año 2002 y que el ex congresista se reunió en varias oportunidades con ellos. En esa oportunidad, ‘Zambrano’ aseguró "de igual manera contribuimos con los votos del señor Javier Cáceres, que estaba en ese tiempo aspirando al Senado. Estuvo (Cáceres) en reuniones con el comandante directo mío, alías Juancho (Dique) y alias Roger, en Casaloma y en Calamar (Bolívar)".
4 de agosto de 2011
1 de agosto de 2011
©verdad abierta

ocho años para ex senador merlano

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Aunque en el 2008, una juez especializada absolvió al exsenador sucreño Jairo Merlano de sus nexos con paramilitares, la Corte Suprema de Justicia retomó el caso, revocó la decisión y lo condenó a ocho años y cuatro meses de prisión por aliarse con grupos ilegales para llegar al Senado.

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Colombia. El Alto Tribunal condenó al ex parlamentario luego de considerar que existen pruebas suficientes para corroborar los nexos que el senador mantuvo con paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Edwar Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’, Uber Enrique Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’, Rodrigo Antonio Mercado Peluffo alias ‘Rodrigo Cadena’ y Marco Tulio Pérez, alias el ‘Oso’.
Según lo informó El Tiempo, la Corte encontró culpable a Merlano de los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector. En su decisión el Alto Tribunal ordenó el traslado de pruebas que obran en el proceso contra Merlano Fernández para investigar a María Claudia Beltrán, la juez que en junio de 2008 absolvió al ex senador.
Jairo Merlano Fernández fue electo senador por el partido Cambio Radical en el 2002 y reelecto en el 2006, con una votación de más de cincuenta mil votos, en ambos periodos. Su fórmula a la cámara de representantes fue la excongresista conservadora Muriel Benito Revollo, quien se encuentra condenada por ser una de las principales aliadas del paramilitarismo en Sucre.
En el 2006, la Corte Suprema abrió investigación en contra de Merlano por sus vínculos con el Bloque Héroes de los Montes de María, atendiendo los testimonios de decenas de habitantes del norte de Sucre que afirmaron haberlo visto en febrero de 2002 haciendo política con alias el ‘Oso’.
Según lo publicó Semana, en esa oportunidad la Corte acusó a Merlano de ser parte del grupo paramilitar que encabezaban ’Diego Vecino’ y ’Cadena’, argumentando que su pertenencia a las autodefensas habría facilitado su llegada al Senado.
Sin embargo, al ser capturado, Merlano fue uno de los primeros congresistas en renunciar a su fuero, para que su investigación pasara a manos de la justicia ordinaria. Cuando el proceso pasó a la Fiscalía se suponía que el ‘Oso’, quien está rindiendo versión en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sería llamado como testigo clave del proceso. Pero eso jamás pasó.
El 19 de junio de 2008, la juez tercero especializada de Bogotá, María Claudia Beltrán absolvió al ex congresista de los delitos por los que se le acusaba, argumentando que las pruebas eran insuficientes para comprobarle los hechos que se le imputaban.
Pero, pese a sus intentos por evadir su juicio en la Corte, en enero de este año, la Sala Penal del Alto Tribunal, retomó su proceso, valiéndose de la jurisprudencia del 15 de septiembre de 2009, en la que decidió retomar la competencia para juzgar a los ex congresistas, así hubiesen renunciado a su fuero.
Conforme a la decisión de la Corte, el sábado 30 de julio agentes del CTI recapturaron al exparlamentario.
4 de agosto de 2011
3 de agosto de 2011
©verdad abierta