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dictadura nos veía a todos como enemigos


columna de lísperguer
Tour cultural de Fundación Futuro incluye visita a Museo de los Derechos Humanos.

Me parece una gran y esperanzadora iniciativa. Debemos hacer esfuerzos para que conozcamos ese periodo de la historia del país y comprendamos que el régimen militar tenía en la mira a todos los chilenos, que su objetivo fue destruir, junto con la democracia y los valores occidentales que inspiraron nuestras repúblicas, la esencia misma de la identidad nacional, introduciendo el veneno del odio y del terror e infiltrando y usurpando desde nuestras tradiciones religiosas hasta el propósito mismo de las nuestras instituciones, incluyendo el poder judicial que colaborara tan abyectamente con la barbarie militar. Debe llegar el día en que todos miremos con horror ese periodo. Cuanto más urgente es, por eso, sanear nuestras instituciones, especialmente las armadas y judiciales, de los elementos del mal que participaron en ese régimen antinacional o encubren todavía a quienes las utilizan como refugio.
Hay muchas otras fechas posibles para marcar la violencia política y social (asesinato del general Schneider en 1970, matanza de Pampa Irigoin en 1969), para no mencionar las numerosísimas instancias de brutalidad policial de los años sesenta, pero el 11 de septiembre señala el momento en que nuestras propias fuerzas armadas y Carabineros usaron sistemáticamente el terror contra los chilenos, convirtiéndose de facto en fuerzas de ocupación.
lísperguer

fugitivos de la justicia


Recompensa para quienes aporten datos sobre cuatro represores. ‘La Pirincha’ Peralta, ‘Tony’ Tuttolomondo y los hermanos Isach se desempeñaron en la policía rosarina durante la dictadura. El gobierno nacional ofreció ayer una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos para su detención.
[José Maggi] Argentina. El gobierno nacional ofreció ayer una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos para detener a cuatro represores que se desempeñaron en la policía rosarina. Se trata de César Heriberto Peralta, alias ‘Pirincha’, Antonio Tuttolomondo, alias ‘Tony’, y los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia- ofreció ayer 100 mil pesos para aquel que aporte datos ciertos que permitan ubicar a estos sospechosos, en el marco de causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque.
Peralta, de 56 años y prófugo desde el 28 de agosto de 2006, fue un ex oficial de la policía de Santa Fe que reportó en la División Informaciones durante la última dictadura y está acusado de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales, entre ellos el del militante comunista Sergio Schilman.
En tanto Tuttolomundo, de 53 años y prófugo desde el 5 de mayo del 2008, está acusado de delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, un joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores, secuestrado el 16 de diciembre de 1978 por la patota de Feced y asesinado en el mismo Servicio de Informaciones donde había sido torturado. El caso se completa con el montaje de un supuesto enfrentamiento, armado en un operativo en el que la patota, se dirigió al domicilio de Conrado, y asesinó a dos habitantes de la casa, los hermanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes.
Los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, de 57 y 63 años, respectivamente, están acusados en el marco del juicio oral que ventiló el año pasado el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, en la llamada causa Guerrieri. En ese juicio se condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Los hermanos Isach fueron seguidos de cerca por Eduardo Costanzo, quien lo denunció por habitar un chalet en Ostende, lindero con Pinamar. Los datos los acercó a la justicia federal, pero nada se consiguió.
La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esa ley se impulsó un Fondo de Recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.
La identidad de la persona que suministre la información ante la Unidad Especial será mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura. Tanto los miembros de las Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas pueden ser denunciantes.
Quienes puedan aportar información útil para dar con el paradero de los prófugos, pueden hacerlo llamando al (011) 5300?4020, escribiendo a la casilla de correo electrónico unidadespecial@jus.gov.ar, o ingresando al sitio oficial del Ministerio de Justicia, donde están exhibidas las fotos de los fugitivos.
2 de agosto de 2011
©rosario 12

hacían carrera como polis corruptos


Un juez denunció a policías marplatenses que fraguaban causas con testigos truchos. El juez Juan Tapia denunció el fraguado de causas por parte de dos policías de la comisaría 4ª de esa ciudad. Cuatro vecinos se turnaban como víctimas o testigos. Uno de ellos pertenecía a un foro de seguridad. Las causas eran inexistentes.
[Horacio Cecchi] Argentina. Dos uniformados de la comisaría 4ª de Mar del Plata fueron denunciados por el juez Juan Tapia para que se los investigue por falsa denuncia, falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita, junto a cuatro vecinos. El juez determinó que los nombres de los cuatro vecinos se cruzaban en al menos media docena de investigaciones judiciales en las que aparecían alternadamente como víctimas de robos o testigos casuales. Aportaban decenas de direcciones que luego eran allanadas, acciones en las que, curiosamente, participaba siempre el mismo dúo del orden. El resultado de los allanamientos no resolvió las investigaciones, pero aportó ascensos y chapa a los dos uniformados, estadísticas espuma a la ola de inseguridad y marchas organizadas por uno de los víctimas/testigos/denunciantes, que participaba activamente en un foro de seguridad comunitario.
Durante julio pasado, Tapia recibió un pedido de allanamiento de tres domicilios. Lo realizaba, en el marco de una investigación, la unidad fiscal Oficina de Determinación de Autores del área de Robos y Hurtos de Automotores. En este caso, se trataba de ubicar un Duna celeste cortado, una F100 negra y autopartes robadas. El pedido de la fiscalía llamó a la curiosidad del juzgado por varios motivos: no había denuncia por robo de los autos buscados; en la investigación participaba un policía de la 4ª, pero en jurisdicción de la 5ª; y los dos testigos caminaban casualmente a la madrugada en un barrio extremo al propio sin explicar claramente qué hacían por allí.
Las declaraciones de los dos hombres no cerraban ni por asomo. Uno de ellos se identificó como Sergio Daniel Centurión; el otro, como Rubén Alberto Cagianesa. Este último sostuvo que se topó "con un policía de civil de la 4ª, quien le pidió que se presente y declare todo lo que vio", según figura en la causa. En el juzgado de Tapia no entendían por qué no había realizado la denuncia en la comisaría 5ª, que sí tiene jurisdicción. Los funcionarios policiales que investigaron las denuncias fueron Roberto Oscar Bouzada y Samuel Lanza, del Gabinete de Prevención de la comisaría 4ª.
El nombre del primero de los testigos resonaba en los ecos del juzgado de Tapia. Recorrieron los expedientes por nombres de testigo o de imputado y detectaron que el mismo Centurión aparecía en la IPP 8496/11, ante el mismo juzgado de Tapia y la Fiscalía Nº 7, como víctima de un robo el 2 de mayo pasado. Dijo que fue asaltado por cuatro hombres en la parada de colectivo. Dio ocho domicilios y dijo que los conocía todo el barrio, pero nadie se les animaba. El fiscal Juan Lódola pidió los allanamientos y Tapia concedió en aquella oportunidad siete de los ocho "no incautándose en ninguno de ellos los elementos presuntamente desapoderados a Centurión (...)", sostiene la denuncia del propio Tapia.
El juez continúa con su asombro, "el presunto ‘testigo’ del presunto ‘robo’ a Centurión es Rubén Alberto Cagianesa", quien describió la situación. Otro testigo de la investigación de los dos uniformados de la 4ª citado por Tapia es Maximiliano Damián Maciel, remisero, que aseguró que llevó a los "chicos El Chino y El Castillo", a quienes les vio bolsos y armas y los trasladó a varias direcciones, que fueron allanadas. "En tres registros domiciliarios intervino Roberto Bouzada y en dos registros actuó Samuel Lanza."
El 30 de mayo, la Fiscalía Nº 5 inició la IPP 10.514/11 por denuncia de robo. Esta vez la víctima denunciante fue Cagianesa. También robo de objetos personales. Y sostuvo que "un hombre se acercó a ayudarlo pero ignora si vio el robo". La denuncia la recibió el capitán Bouzada. El hombre que se acercó a ayudar a Cagianesa era nada menos que Centurión, quien sostuvo que conocía a los ladrones y aportó diez domicilios. La investigación fue realizada por Lanza y Bouzada. Otro testigo de la causa fue el mismo remisero Maciel. Ante la negativa inicial del juez Errandonea de aceptar los allanamientos, Centurión amagó con "salir a denunciar ante los medios". Con Centurión se presentó un amigo, Sebastián Marcos Rebeque, quien aseguró que después de visitar a Cagianesa lo robaron de regreso a su casa. Bouzada y Lanza participaron en los allanamientos.
El 21 de marzo, el robo lo sufrió Maciel, y los dos testigos fueron Centurión y Rebeque. Las imprecisiones fueron las mismas, con cinco domicilios aportados, luego allanados a pedido del fiscal Lódola ante el propio Tapia. Los allanamientos estuvieron a cargo de Bouzada y Lanza. El 22 de enero, la víctima fue Centurión, Cagianesa fue el testigo, y los uniformados, el dúo dinámico.
En su denuncia, Tapia sostiene que "(...) las actuaciones permitieron servir de expediciones de pesca para el hallazgo de otros elementos de cargo para formular imputaciones penales y que han servido para la producción de estadística policial de presunta eficacia en el control de la criminalidad". Y citó la investigación del actual juez federal Daniel Rafecas sobre causas fraguadas por la Federal por la coincidencia de que las maniobras apuntaron sobre "víctimas con escasas posibilidades de reaccionar frente al sistema penal, hallazgo casual pero exitoso de material comprometedor que permite reforzar la idea de eficacia policial detrás de los registros de domicilio, testigos fungibles que forman parte de trampas policiales, funcionarios judiciales que compran sin revisar un producto espurio, utilización de estereotipos para promover alertas mediáticas de inseguridad urbana (...)". Señaló las declaraciones de Centurión (activo participante de un foro de seguridad), a tono con el discurso de la inseguridad, y de Rebeque, que esbozó la idea de promover una "marcha a la Municipalidad por la inseguridad" en la IPP 10514/11. Y recordó "el beneficio a las carreras de quienes intervienen en estos procedimientos (Bouzada y Lanza, que eran teniente primero y sargento de la comisaría 4ª al detectarse el primero de los procedimientos; y hoy son capitán y subteniente de la misma dependencia) y el pavoroso efecto de la burocracia de las que están constituidas tanto la agencia policial como la judicial".
2 de agosto de 2011
©horacio cecchi
horaciolqt@yahoo.com.ar
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última etapa en causa díaz bessone


Hoy comienzan los alegatos en la causa Díaz Bessone.
Argentina. El gobierno provincial invita a la comunidad a acompañar a familiares, sobrevivientes, querellantes y testigos de la causa Díaz Bessone (ex Feced) en los alegatos de las querellas y la Fiscalía, que se inician hoy y constituyen la última parte del juicio previa a la sentencia.
Hoy, a las 9.30, en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario (bulevar Oroño 940), comienzan los alegatos en la causa Díaz Bessone, recordó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. En el marco de este juicio se investigan delitos cometidos por el terrorismo de Estado en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, por el que se calcula pasaron alrededor de 2.000 personas.
Para hoy está previsto el inicio de los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al día siguiente, alegarán las querellas representadas por la organización HIJOS. La semana próxima, los días 8, 9 y 10, alegarán la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las querellas particulares y la Fiscalía.
"Este es un juicio emblemático que demuestra que llegó la hora de la verdad y la justicia en la provincia de Santa Fe, después de largos años de lucha para poner fin a la impunidad", indicaron desde la Secretaría de Derechos Humanos. "Acompañamos a los testigos, querellantes, familiares y sobrevivientes e invitamos a la comunidad toda a participar de esta instancia histórica", señalaron.
La causa Díaz Bessone (ex Feced) comenzó el 21 de julio de 2010 en el Tribunal Oral Federal Nº 2 y se estima que antes de fin de año podrá conocerse la sentencia. En ella se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos contra 91 personas.
Los delitos que se están juzgando son homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, torturas y asociación ilícita. Este es el primer juicio contra responsables de los delitos cometidos en el centro clandestino de detención de la dictadura que funcionó en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario.
La carátula del juicio es "Díaz Bessone Ramón Genaro, y otros s/ homicidio, violación y torturas", expediente N? 120/08. Los imputados son:

* Díaz Bessone, Ramón Genaro (ex Comandante del II Cuerpo de Ejército)

* Lo Fiego, José Rubén (ex Oficial Principal de la Policía de Santa Fe).

* Marcote, Mario Alfredo (ex Oficial de la Policía de Santa Fe).

* Vergara, Ramón Rito (ex Suboficial de la Policía de Santa Fe.)

* Scortechini, José Carlos Antonio (ex Oficial de la Policía de Santa Fe).

* Chomicky, Ricardo Miguel (civil).
2 de agosto de 2011
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marcados por la memoria del horror


Un equipo de especialistas asiste a víctimas de violaciones a los derechos humanos en democracia. El Centro Ulloa, de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, brinda asistencia integral a víctimas de abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías.
[Mariana Carbajal] Argentina. Se creó para intentar suavizar las huellas profundas en la salud psíquica y física de las víctimas del terrorismo de Estado –y de sus familiares– y acompañarlas en su recorrido como testigos en los juicios contra los represores. Pero el Centro Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, amplió sus incumbencias. Y también brinda asistencia integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas en democracia: abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías. Están organizando un equipo, además, que pueda intervenir en casos de trata. La atención no está centralizada en su sede, en la ciudad de Buenos Aires. Para cubrir todo el territorio del país, armaron una red de profesionales, con perspectiva de derechos humanos, de hospitales públicos en las diversas provincias.
"Si creamos este Centro de Asistencia no podemos solo abocarnos a las violaciones de derechos humanos del terrorismo de Estado. Hay muchas marcas en las fuerzas de seguridad, en las estructuras del Estado, de eso que ocurrió. Las marcas son tan profundas que por supuesto se siguen generando violaciones en la actualidad y no podemos dejar por fuera a esas víctimas. La lógica de trabajo es la misma que aplicamos a las víctimas de terrorismo de Estado", explica a Página/12 Fabiana Rousseaux, directora del Centro Ulloa. También ella tiene sus propias huellas del horror de aquellos años oscuros: su padre está desaparecido.
El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DD.HH. Dr. Fernando Ulloa se creó en octubre de 2010: sus incumbencias se ampliaron en febrero último por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Funciona desde hace pocos meses en una casona con patio andaluz en el microcentro porteño, Esmeralda 138, en las mismas habitaciones que albergaron al extinto Banco General de Negocios, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares, de los hermanos Rohm y en cuyo directorio también tenía participación el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. El pasado y el presente deambulan y se chocan por los pasillos. Pero la casona respira el espíritu del psicoanalista Fernando Ulloa –a quien homenajea con su nombre–, fallecido hace tres años, a los 84 años, reconocido por su compromiso social y político, y sus aportes conceptuales y prácticos a la lucha por los derechos humanos.
En realidad, el Centro Ulloa es la continuación de otras iniciativas promovidas desde la Secretaría de Derechos Humanos para dar contención, acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas-testigos del terrorismo de Estado. "Pero estamos también empezando a trabajar con médicos. Este no es un tema solo de salud mental: cuando una persona, luego de testimoniar en cualquier causa, desarrolla una enfermedad autoinmune y se muere, como ha pasado, es un tema muy grave", apunta Rousseaux.

¿Lo ven como un patrón?
Sí. Por eso hablamos de la importancia del acompañamiento del testigo: el testimonio en el juicio no es volver a contar sino volver a vivir. Y eso trae consecuencias. Algunas personas, como el papá del Negrito Avellaneda (Floreal tenía 15 años cuando fue secuestrado; su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976) no podemos decir que murió después del testimonio. Pero como profesionales podemos decir que hay algo del cuerpo que se desadormece después de que toda su vida fue pensada en función de llegar a ese testimonio, a que se haga justicia. ¿Y luego qué viene? Lo vimos en otros casos, en otras provincias. Hay algo que se descongela en el cuerpo. Muchas de estas personas jamás han podido ir a hacerse estudios básicos, indispensables, como un electrocardiograma o una mujer estudios ginecológicos. Son cuerpos marcados por la memoria del horror. En el Centro escuchamos gente que llega derivada de un juzgado, de una fiscalía, que dice: "Yo tengo esta enfermedad hace muchos años, pero jamás pude ir a un médico". No se animaron, tal vez, porque viven en pueblos chicos, donde el médico del lugar pudo estar vinculado con represores.
Una de las asesoras del Centro Ulloa es Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Psicología de la UBA y profesora de posgrado en el Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. El equipo se integra con profesionales más jóvenes, como la psicóloga Juliana Serritella, coordinadora del Área de Terrorismo de Estado, y Virginia Delgado, psicóloga y psicopedagoga. "Cuando se funda este Centro, se establece un puente entre las violaciones de los derechos humanos durante el terror de Estado y las actuales, que tienen que ver con la actuación, aun en un marco democrático, de las fuerzas de seguridad de manera inadecuada", puntualiza Stolkiner.
La formación de una red de profesionales en distintos hospitales, que puedan dar respuesta a víctimas de violaciones de derechos humanos, es una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. "El Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado (CATE) –del cual depende el Ulloa– surge en 2005 con el objeto de volver a instalar el tema de la actualidad del terrorismo de Estado en la salud mental y en la población en general. No se trataba de un hecho del pasado, sino que retornaba sistemáticamente en las consultas y las profesionales daban una respuesta muy curiosa, sobre todo en el interior del país, cuando se acercaba una víctima de terrorismo de Estado tres décadas después a atenderse: ‘Vaya con los de los derechos humanos, esto es un problema de los derechos humanos, nosotros no tenemos nada que ver con el tema’. Dentro de la Secretaría, planteamos la necesidad de que ningún profesional del país, que tenga una matrícula y que sea funcionario público también, pudiera decir que no tenía nada que ver con el problema del terrorismo de Estado, porque la gente, sobre todo en el interior de país, veía acotada su posibilidad de asistencia", dice Rousseaux.

¿Qué particularidad puede tener la intervención de profesionales de la salud mental o médicos de la red que han armado?
Nuestra mirada particular y específica es pensar la representación subjetiva que cada uno tiene respecto de esa violación de derechos. A veces viene gente que uno puede interpretar que no ha sufrido una violación efectiva de derechos humanos en la definición estricta y, sin embargo, hay una interpretación subjetiva. Nos llamaron para intervenir en el primer juicio oral que se va a llevar adelante por el caso de Marita Verón en Tucumán, en el acompañamiento a las víctimas-testigos que van a declarar. Finalmente no nos vamos a ocupar, pero sí pensamos que tenemos que acompañar a víctimas de trata, que es un trabajo casi a la inversa del que hacemos con víctimas de terrorismo de Estado.

¿Cuál es la diferencia?
Por la posición subjetiva de las víctimas. Pareciera ser que lo que hay que construir es la condición de sujeto de derecho en ese caso. Nos parece muy importante –como en el caso de la causa de Automotores Orletti, que muchos testigos venían de Uruguay– qué pasa con el post testimonio y cómo nosotros sostenemos y armamos una red de contención luego de que declaren en el juicio, que es el momento más riesgoso y en el que tal vez la Justicia no piensa, porque está enfocada en el testimonio. Actualmente brindan asistencia a unas quinientas personas, víctimas del terrorismo de Estado. Hay una propuesta de hacer un espacio grupal para mujeres que han sufrido violaciones sexuales en los centros clandestinos.
[* Para consultas sobre el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, dirigirse a Esmeralda 138, llamar al 11-4328-2463 o escribir a centroulloa@jus.gov.ar.]
2 de agosto de 2011
1 de agosto de 2011
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uribe y subalternos en apuros


El ex presidente y ex funcionarios investigados por corrupción. En la última semana, dos hombres de confianza del ex mandatario colombiano fueron enviados a la cárcel. Supuesta compra de votos para la reelección y escuchas ilegales a políticos y jueces forman parte de las causas contra el uribismo.
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. En la última semana, dos hombres de confianza de Álvaro Uribe, ex presidente colombiano, fueron enviados a la cárcel. Ambos, así como el mandatario mismo, están siendo investigados por su supuesta responsabilidad en grosos actos de corrupción. Se trata de su secretario presidencial, el abogado Bernardo Moreno; y de quien fuera su candidato para reemplazarlo en la presidencia, Andrés Felipe Arias, también conocido como Uribito. Los últimos días, a punto de encarar los procesos judiciales en su contra, éstos la pasaron entre clubes, tribunales, cárceles y pasillos, intentando convencer de su inocencia. "Obstruyendo la Justicia", concluyeron un par de jueces que decidieron detener a los dos altos ejecutivos incluso antes de que se los juzgue, lo que ha sido motivo de controversia nacional los últimos días.
Se aclaró pues, según acusó la fiscalía y aceptaron los jueces, que, en libertad, los dos uribitos estarían acomodando, quizá comprando y manipulando testimonios que los desfavorecen, como el de Jorge Lagos –ex director del DAS (servicio secreto) e importante testigo en el caso de escuchas ilegales–, quien denunció que Moreno le pidió a su abogado considerar versiones que lo salpican. Quizás hoy, si otro juez está de buen humor y autoriza su traslado, Bernardo y Andrés compartan cuarto en la guarnición militar donde ya está el segundo, que se negó a ser huésped de La Picota. Sus abogados alegan que allí, como preso, no estaría seguro. Sin embargo, en los últimos dos meses, Arias visitó el penal en diez ocasiones, incluso días no autorizados, por lo que pudo "influir para inducir a los otros coimputados" a que se oculte la verdad, según argumentó el magistrado Orlando Fierro Perdomo. "Clientelismo judicial", dicen cerca de Uribe para esquivar ese halo criminal que los envuelve ahora que la Fiscalía comenzó a acusar por cuanto escándalo se descubrió durante los ocho años de gobierno de Uribe: corrupción para conseguir la reelección, para entregar subsidios a campesinos, para perseguir a la oposición, la prensa y la Justicia misma.
Ahora, "una injusticia", dice el mismo ex mandatario cuya popularidad, aunque sigue siendo alta (60 por ciento), va en picada desde que llegó al cargo de fiscal general de la nación la abogada liberal y protestante Viviane Morales Hoyos. Desde hace unas semanas, cuando la experimentada ex congresista comenzó a acusar a los muchachos de Uribe y a pedir su detención, el país está que arde. No, por favor no; se niega a aceptarlo el ex mandatario, acusando a Colombia de tierra desagradecida y lanzando otro quejido molestón. "Profundamente adolorido por la medida de aseguramiento contra Bernardo Moreno, expreso que es inaceptable que se prive de la libertad a un ciudadano al acusarlo de obstruir la Justicia por el hecho de defender su honra", explicó en un comunicado Álvaro Uribe Vélez la tarde de este 30 de julio, cuando el encarcelamiento de su mano derecha le partió el corazón, ya herido desde el martes 27, al ser también apresado su ex ministro Andrés Felipe. "Algunos aplauden la cárcel de Arias y tapan, tapan y tapan el clientelismo judicial que politiza la Justicia", afirmó en su cuenta de Twitter. Arias está acusado de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por haber entregado subsidios del programa Agro Ingreso Seguro –creado para que campesinos pobres reactivaran la agricultura– a grandes terratenientes, políticos, modelos y empresarios que financiaron la campaña presidencial de Uribe.
Moreno está siendo judicializado por las escuchas ilegales a magistrados, opositores, periodistas, jueces y otros que andaban revelando o investigando los nexos de parlamentarios, también uribistas, con paras y mafiosos. A Moreno se lo acusa de concierto para delinquir, interceptación ilícita de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad en documento privado. Sabas Pretel, también ministro de Uribe y actual embajador en Italia, también es investigado por supuesta compra de votos de congresistas a favor de la reelección presidencial. "Frutos prodridos o huevitos podridos de ocho años de uribismo", diría el columnista Antonio Caballero, quien asegura que la huella de Uribe en Colombia es la admiración y el orgullo por la inmoralidad.
2 de agosto de 2011
1 de agosto de 2011
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murió yoshio harada


Actuó en películas sensacionalistas y artísticas japonesas.
[Mark Schilling] Murió el martes 19 de julio en Tokio, de neumonía, el actor Yoshio Harada, que hizo de todo, desde rebelde de cabellos largos hasta irascible abuelo en una carrera que duró cuatro décadas. Tenía 71 años.
Harada fue favorito de generaciones de directores japoneses por sus duras facciones, voz grave y sorda y distintiva presencia, con matices de oscuridad y agresividad que lo convirtieron en un antihéroe natural en su juventud. Más tarde tuvo más papeles como actor de carácter y menos como actor principal, pero fue siempre solicitado y trabajó en más de cien películas en toda su carrera.

Nacido en Tokio, Harada entró al mundo del cine relativamente tarde, en 1968, pero una serie de papeles como rebelde y forajido en películas sensacionalistas de los estudios New Action en Nikkatsu lo lanzaron al estrellato. También apareció en las varias películas artísticas producidas por la Art Theater Guild, como ‘El asesinato de Ryoma’ [The Assassination of Ryoma] (1974), de Kazuo Kuroki y ‘Preparation for the Funeral’ (1975) y ’Tsigoineruwaizen’ (1980), de Seijun Suzuki.
Entre los directores para los que trabajó se encuentran Azuma Morisaki, Kaizo Hayashi, Kihachi Okamoto, Genjiro Arata, Rokuro Mochizuki, Jun Ichikawa, Katsuhito Ito, Toshiaki Toyoda y Koji Wakamatsu. Siguió trabajando hasta el fin, incluyendo las dos películas del maestro del indie, Hirokazu Kore’eda: ‘Caminando’ [Still Walking] (2008) y ‘El deseo’ [I Wish] (2011).
Harada fue visto por última vez en público el 11 de julio durante el estreno de la comedia de Jun Sakamoto, ‘Oshikamura Sodoki.’
2 de agosto de 2011
19 de julio d 2011
©variety

gordon, capo de la mafia carabinera


Director General de Carabineros Eduardo Gordon vive en un inmueble de mil millones pagando 32 mil 457 pesos de arriendo. Alto mando de Carabineros vive en lujosas casas fiscales pagando irrisorios arriendos.
Santiago, Chile. Mientras oficiales y carabineros de menor grado deben pagar arriendos de 60 a 140 mil pesos por casas fiscales de escasas comodidades y de humildes condiciones, los treinta y cinco primeros generales de Carabineros, todos el alto mando, cancelan mensualmente cómo  arriendo 32 mil 457 pesos como máximo y como mínimo 29 mil 210 pesos.   
En un documento entregado por la Dirección de Planificación y Desarrollo a través del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Nrmas de Carabineros de Chile se detalla el avalúo fiscal de cada inmueble, además si la vivienda es de propiedad de la "DIBICAR", Fiscal, Privada o "MUTUCAR", de los treinta y cinco generales de Carabineros más importantes de Chile, sólo diez no registran asignación de inmueble: Eduardo Muñoz Poblete, Iván Whipple Mejías, Ismael Verdugo Bravo, Héctor Saldaña Tobar, Bruno Villalobos Krumm, Richard Quezada Romero, Marcos Tello Salinas, Ivan Bezmalinovich Hidalgo, Cristián Fuenzalida López y Sergio Gajardo Oelckers.
De los que si reciben el provechoso privilegio, se encuentra el propio Director General de Carabineros Eduardo Gordon Valcarel, que vive en una vivienda avaluada fiscalmente en mil millones ciento ochenta y dos millones novecientos once mil cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos. (1.182.911.459) por la que paga mensualmente un abultado arriendo de treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos a los que debemos sumar por gastos de administración diecisiete mil seiscientos cuarenta pesos y dice que no corresponde que cancele gastos comunes.
Las viviendas del resto de los generales están avaluadas fiscalmente en $113.987.488, $120.446.496, $95.126.187, $92.228.309, $97.069.542, $98.162.494, $85.278.475, $61.409.351, $122.919.364, $75.326.158, $113.270.162, $181.488.606, $37.734.404, $111.852.838, $97.069.542, $134.451.857, $86.078.961, $57.367.230, $66.209.684, $532.377.069, $97.069.542, $122.648.872, $61.219,771 , $57.888.199 los beneficiarios son: Gustavo Gonzáles Jure, Eduardo Vera Altamirano, Eduardo Muñoz Poblete, Aquiles Blu Rodríguez, José Ortega Hernández, Patricio Reyes Morales, Gerardo González Theodor, Carlos Carrasco Hellwig, Jorge Rojas Langer, Alfonso Muñoz Medina, Luis Valdés Bunting, Claudio Veloso Martínez, Eliacer Solar Rojas, Luis Merino Briceño, Cristián Yevenes Rebolledo, Jorge Villarroeal Altamirano, Gustavo Navarrete Ruíz, Alejandro Contreras Olate, Roberto Araya González, Juan Rodríguez Arias, Rodolfo Pachecho Kuts, Marcia Raiman Vera, Jorge Constanzo Melgarejo, Claudio Espinoza Rojas y Julio Fonseca Arévalos de ellos ninguno paga más de treinta mil pesos mensuales por estos arriendos.

Jueces y Partes
Luego del reportaje emitido por el programa en La Mira de CHV sobre la corrupción y privilegios con los que cuentan los hijos, sobrinos o familiares del alto mando de Carabineros, comenzó a circular críticas profundas a la justicia militar, ya que es calificada como parcial y poco ecuánime. Para algunos abogados, la justicia militar es una deuda que tiene el sistema con el derecho.
Por ejemplo en mayo de este año y tras conocerse y analizar los sistemáticos votos del general de Carabineros e integrante de la Corte Marcial, Ismael Verdugo, se destacó que normalmente favorecía a sus compañeros de armas.
Así sucedió en el caso Mendoza Collio; proceso en el que emitió el único voto en contra del procesamiento de su par del GOPE, (4 a favor, 1 en contra), o el caso del prefecto de Carabineros procesado por abuso sexual, Daniel Ruiz, donde repitió el escenario siendo el único que votó a favor, entre otros casos.
Situación que abre la polémica entre abogados sobre la real transformación a la justicia militar en Chile, ya que para el abogado y litigante Pelayo Vial aún hay una deuda. Esto, porque al ser militares que juzgan a militares de su misma línea se producen desigualdades en derecho.
Opinión que también comparte el abogado Lorenzo Morales, quien lleva varias causas en la marcial, acotando que la justicia militar necesita una transformación estructural más consistente ya que lo hecho hasta ahora son sólo cambios cosméticos. Esta situación quedó en evidencia en el mencionado reportaje de CHV cuando el vocero elegido por Carabineros de Chile para explicar, justificar y defender los casos de corrupción al interior de la institución fue el juez militar coronel Arancibia. Quien al ser quien es responde en nombre de la institución, pone en tela de juicio si los subalternos que deseen cuestionar algunos procedimientos internos o abusos podrán tener derecho a acceder a un debido proceso cuando es un vocero o "relacionador público" instaurado por el Alto Mando quien podría revisar sus causas.

Nuevas Denuncias
A las ya numerosas acusaciones de corrupción en contra de Carabineros publicados por diversos medios de comunicación chilenos y extranjeros se suma  la investigación que lleva adelante la Primera Fiscalía Militar de Valparaíso rol causa número 382-2007 por corrupción por mal uso de viáticos en donde se menciona al actual General Director de Carabineros Eduardo Gordon  por su participación en el caso mientras era Jefe de Zona de Valparaíso. En la causa se menciona que se presionó al subteniente Asher Gruen para que ocultara información clave para conocer la verdad sobre las graves acusaciones por supuestos delitos de malversación de fondos y corrupción por mal uso de viáticos.
2 de agosto de 2011
31 de julio de 2011
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