confesó reunión con jorge 40
Ex gerente de Incora acepta que se reunió con ’Jorge 40’. El ex gerente del Incora en Magdalena, José Fernando Mercado Polo, aceptó que se reunió con Rodrigo Tovar Pupo alias ’Jorge 40’. El paramilitar logró en complicidad con funcionarios del instituto que le titularan miles de hectáreas de campesinos desplazados.
Colombia. El ex funcionario aceptó de esta manera ante un fiscal de la Unidad de Terrorismo los cargos de concierto para delinquir con paramilitares y falsedad en documento público con el que despojaron a cientos campesinos de sus tierras en Chibolo, Pivijay y El Difícil entre otros municipios. Mercado Polo fue capturado de inmediato y recluido en una cárcel de Santa Marta.
Mercado Polo pretende de esta manera acogerse a sentencia anticipada por el proceso que adelanta la Fiscalía por el despojo masivo de tierras por parte de paramilitares y testaferros del ex jefe del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo alias ’Jorge 40’ que se dio en el Magdalena entre 2002 y 2006.
VerdadAbierta.com pudo comprobar que no fueron solo 37 los predios que robó el grupo paramilitar. Después de revisar decenas de documentos de la entidad, que consiguió mediante una tutela, pudo documentar que solamente en un año, el 2003, el Incora había revocado 134 títulos a campesinos de 13 municipios de Magdalena, en zonas en donde delinquió el jefe paramilitar. *
Los títulos que revocó se los había otorgado la misma entidad entre los años ochenta y noventa para atender a años de reclamos por la tierra de los campesinos de esa región, a cada campesino le había asignado una unidad agrícola familiar, que en esa zona oscilaba entre las 20 y 30 hectáreas.
Pero después de que los paramilitares se tomaron a sangre y fuego la región, y forzaron a miles de campesinos a desplazarse, la entidad, con el nuevo nombre de Incoder, revocó los títulos de los campesinos desplazados y, en muchos casos, se los re-adjudicó a terceros.
En versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, un paramilitar desmovilizado que hizo parte de la banda de ‘Jorge 40’, Óscar José Ospino Pacheco alias ‘Tolemaida’, ha confirmado lo que los documentos sugieren: que las AUC consiguieron que el Incoder les legalizara el despojo a los campesinos.
‘Tolemaida’ dijo que otro paramilitar conocido con el alias de ‘Córdoba’ fue quien sirvió de puente entre la gerencia del Incora y ‘Jorge 40’ para legalizar el robo de predios a las familias campesinas, desplazados por los paramilitares a finales de los años noventa.
El otro testigo que está colaborando con la justicia, pero cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, le dijo a las autoridades que participó en varias reuniones entre ‘40’ y funcionarios del Incora, y en ellas se organizó cómo se revocarían los predios adjudicados a campesinos y cómo se les titularían a los paramilitares.
Los documentos sustentan estas versiones. Entre febrero y marzo de 2003, el Incora revocó la adjudicación de 134 predios, dos en promedio por día, argumentando que los campesinos abandonaron la tierra o incumplieron con el pago de un crédito que les otorgaron quince años atrás. Se aprecia lo exagerado de la cifra, si se tiene en cuenta que entre 1996 y 2002, es decir, en los siete años anteriores, apenas se habían revocado los títulos de 80 predios.
Las revocatorias de 2003 incluyeron predios con extensiones desde 47 metros cuadrados, equivalentes a una huerta, hasta de 69 hectáreas, una gran hacienda. Estas cancelaciones de títulos ocurrieron en 12 municipios del Magdalena, pero se concentraron sobre todo en cuatro de ellos, justo los que mayor desplazamiento forzado registraron a causa del terror de ‘Jorge 40’.
En su defensa ante la justicia, conocida por VerdadAbierta.com, el entonces gerente del Incora en Magdalena, José Fernando Mercado Polo, aseguró a las autoridades que nunca tuvo conocimiento de desplazamientos forzados de campesinos en la zona, ni mucho menos que ‘Jorge 40’ hubiera asesinado o intimidado a alguien para robarle sus tierras. Sin embargo, Mercado Polo decidió confesar que si se reunió con ’40’ y de allí salieron las adjudicaciones irregulares a testaferros e incluso desmovilizados del Bloque Norte.
La Fiscalía también capturó en diferentes ciudades de la Costa a Edgar Rafael Navarro Quintero, quien ocupó por encargo la dirección del Incora Magdalena; Carlos Arturo Vásquez Vásquez, fue coordinador del Incora en Fundación y es funcionario del Incoder; Ernesto Martín Gámez Goelkel, coordinador del Incora en Plato (Magdalena); José Eugenio Lozano Andrade, coordinador del Grupo de Propiedad del Incora; y Milleth Antonio Villa Zabaleta, ex concejal de Chibolo, según informó el diario El Espectador.
El 21 de enero de este año, el ente acusador había dictado medida de aseguramiento contra Luz Cenit Curiel, exasesora jurídica; Gómez Goelkel, Vásquez Vásquez y Lozano Andrade.
En el proceso por el despojo de las tierras también están vinculados Carlos Peñaranda Massón, registrador seccional de Plato; Armando Andrade Palacio, notario de Ariguani, y José Norberto Bedoya Prada, exconcejal de Fundación, también serán llamados a indagatoria.
En enero, la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias al fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la titulación fraudulenta.
Los 36 predios, ubicados en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto, en Chivolo, fueron despojados entre 1997 y 2000 por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ a sus primeros dueños.
La expropiación de tierras consistió en que, el Incora declaró los predios en estado de abandono y los transfirió a nombres de ex miembros del Bloque Norte de las Auc y testaferros a ‘Jorge 40’.
Historia del Despojo
En 1997, ’Jorge 40’ se instaló en la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Entre 1997 y 2000 se revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
El 15 de julio del 1997, ’Jorge 40’ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chivolo, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
Una vez que los campesinos se atrevieron a denunciar del despojo, el Programa de Tierras de Acción Social documentó el caso y solicitó la protección de los predios robados por los hombres de ’40’. Con estas medidas se inició el trámite para la restitución de los predios en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en donde inicialmente se negó la devolución de los predios.
Deicy Jaramillo, fiscal 3 de Justicia y Paz, la Procuraduría, el Proyecto de Tierras de Acción Social, la oficina nacional de Incoder y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) apelaron la decisión, que fue juzgada en última instancia por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la atribución ilegal de tierras a testaferros de ‘paras’, decisión que abre la posibilidad que miles de hectáreas que campesinos consiguieron a través del Incora y que fueron despojados bajo la figura del abandono vuelvan a sus dueños originales.
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
4 de junio de 2011
3 de junio de 2011
©verdad abierta
[Horacio Cecchi] Argentina. Otra vez el caso Diego Bonefoi conmueve a Bariloche y por extensión a Río Negro. Ayer, la Cámara Primera del Crimen condenó a 20 años de prisión al cabo Sergio Colombil por haber baleado en la nuca al chico de 15 años, cuando éste escapaba, desarmado, en una plaza del barrio Furman. Los jueces aplicaron una condena fuerte al ex cabo, pero rechazaron el pedido de perpetua de la fiscalía por considerarla inconstitucional, porque no habilita la gradación de la pena, no tiene fines humanitarios, y el condenado es joven. Evitaron de ese modo, aplicar el artículo del Código Penal que castiga con perpetua a policías que cometieron un crimen semejante al de Bonefoi.
[Óscar Ranzani] Argentina. Desde su creación en 1999, la institución Memoria Abierta se dedica a preservar, recuperar, catalogar y difundir el acervo documental de las organizaciones de derechos humanos que la integran y de otros archivos para abrirlos a la consulta pública, entre otras tareas imprescindibles como, por ejemplo, el aporte de documentación a procesos judiciales. Su misión fundamental es preservar la memoria de lo sucedido durante el terrorismo de Estado para enriquecer la cultura democrática. Conformada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Memoria Abierta venía recibiendo muchas consultas de docentes y personas, en general, que querían trabajar el tema de la memoria en las casas, en las escuelas o en distintos espacios. Y muchos fueron los pedidos en relación al cine sobre la dictadura. "Por otro lado, en el trabajo de recolección de archivos durante todos estos años, nosotros fuimos tratando de recuperar las películas que nos íbamos cruzando y llegó un momento en que tuvimos una gran cantidad de material y una necesidad muy clara del público y surgió este proyecto", dice Liora Gomel, responsable de Comunicación de Memoria Abierta. El proyecto se llama ‘La dictadura en el cine’ y consiste en un catálogo ordenado alfabéticamente y también de manera cronológica y por temas sobre las 444 películas que hacen referencia al terrorismo de Estado en la Argentina. Se presentará hoy a las 19 en el Malba (Figueroa Alcorta 3415), con la presencia de Lita Stantic, Ricardo Piglia y Gonzalo Aguilar.
[Irina Hauser] Argentina. La Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña de Clarín, se sometan "a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas" que les pertenezcan de "manera indubitable" para poder determinar si son hijos de desaparecidos. El tribunal, así, hizo lugar a un reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo y movió un casillero una causa judicial que ya lleva diez años de indefinición. Sin embargo, simultáneamente, fijó un límite y sólo habilitó la comparación de los perfiles genéticos de los jóvenes con el ADN de las familias de personas "detenidas o desaparecidas con certeza" hasta el 13 de mayo de 1976, en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio del mismo año en el de Felipe. La obtención del material genético no será inmediata, ya que algunas de las partes apelarán y el tema inevitablemente desembocará a la Corte Suprema, que tendrá la palabra final sobre la discusión de fondo.
[Diego Martínez] Argentina. El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían "la sartén por el mango" y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.
Municipalidad recoge perros de la calle sin motivos justificados.
Argentina. La sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la orden de extracción "con o sin consentimiento" de muestras de sangre, saliva o cabello "pertenecientes indubitativamente" a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Sin embargo, limitó la comparación de los perfiles de ADN con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos de familiares de personas detenidas o desaparecidas hasta el 13 de mayo de 1976 en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio de 1976 en el caso de Felipe, en base a las fechas del documento de adopción presentado por la dueña del grupo Clarín. "Se aferran a un expediente de adopción que está viciado", sentenció Pablo Llonto, abogado de una de las familias querellantes. En diez días las partes podrán apelar ante la Corte Suprema.
[Douglasd Martin] Murió el martes en Tel Aviv, Arthur Goldreich, que ayudó a dirigir la lucha armada contra el apartheid en Sudáfrica y estuvo una vez encargado de una finca donde Nelson Mandela, haciéndose pasar por su criado, conspiraba contra el régimen. Tenía 82 años.