condenan a agente de gatillo fácil

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Ni accidental ni perpetua. La Justicia de Bariloche condenó a 20 años de prisión al policía Sergio Colombil por el asesinato del adolescente Diego Bonefoi en junio del año pasado en el Alto de la ciudad patagónica.

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Argentina. La fiscalía y la querella habían pedido cadena perpetua, mientras que al abogado defensor había solicitado un máximo de seis meses con el argumento de que el cabo había disparado accidentalmente.    

El fiscal Carlos López y el abogado de la querella, Alejandro Pschunder, se habían respaldado en el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, para definir la muerte de Bonefoi como homicidio calificado. Además, el abogado había pedido que se incorpore el inciso 2 para remarcar el "estado de indefensión" del adolescente al momento del ataque, ya que el disparo se produjo "por la espalda" y con el joven desarmado.
López había planteado que su pedido de perpetua se basaba en que "Colombil era consciente de que tenía un arma cargada y lista para tirar, a la vez que (el ex policía) confesó saber que el chico estaba desarmado". A eso se suman las pruebas que chocan con la teoría del accidente que intentó imponer la defensa del policía.
Según lo declarado por el ex cabo, él corría a un grupo de chicos por un supuesto hecho de robo. Entre ellos estaba Bonefoi. Por un defecto de la cartuchera, argumentó, llevaba la pistola en la mano. Al trastabillar cuando estaba cerca del joven "se le escapó un tiro". Las pericias descartaron que la cartuchera tuviera esa anormalidad. Ante estas pruebas, el tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Gregor Joos y Alejandro Ramos Mejía condenaron al capo por "homicidio agravado".
Tras el asesinato de Bonefoi, los vecinos del Barrio Boris Furman realizaron una protesta ante la comisaría y fueron reprimidos por la policía, respaldada por el grupo de élite BORA. Durante esa violenta represión murieron Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.
La investigación por esas dos muertes estaba a cargo del juez de Instrucción Martín Lozada, pero fue apartado como le había ocurrido en la causa de Bonefoi. La recusación la inició la defensa del secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y los principales jefes policiales de Río Negro, luego de que los citara a declarar para establecer sus responsabilidades.

Ni Accidental Ni Perpetua
La Justicia de Bariloche condenó a 20 años de prisión al policía Sergio Colombil por el asesinato del adolescente Diego Bonefoi en junio del año pasado en el Alto de la ciudad patagónica. La fiscalía y la querella habían pedido cadena perpetua, mientras que al abogado defensor había solicitado un máximo de seis meses con el argumento de que el cabo había disparado accidentalmente.
3 de junio de 2011
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reabren caso neruda

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Investigan la muerte del poeta en Chile durante la dictadura. El proceso se suma a otras causas abiertas para determinar responsabilidades en las muertes de importantes personas en manos de los organismos represivos de la Junta Militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990.

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[Christian Palma] Santiago, Chile. El juez Mario Carroza abrió ayer una investigación por la querella presentada el pasado martes por el Partido Comunista (PC) para que se investigue el presunto asesinato del poeta y Premio Nobel Pablo Neruda, ocurrida 12 días después del golpe de Estado que instaló la dictadura de Augusto Pinochet.
Este proceso se suma a otras causas abiertas para determinar responsabilidades en las muertes de importantes personas en manos de los organismos represivos de la Junta Militar que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Se trata, además de Neruda, del ex presidente socialista Salvador Allende, del ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva y del ex ministro de Allende José Tohá, padre de la actual presidenta del partido opositor PPD. A esas causas se suman otras 726 solicitudes de investigación por casos de muertes no aclaradas.
Hace unos días, el PC manifestó diversos interrogantes frente a las causas que rodearon el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura (1971), quien murió en la clínica Santa María el 23 de septiembre de 1973, la misma donde falleció Frei Montalva a principios de los ’80. En ese escenario, habían solicitado a Carroza investigar si el poeta –militante PC– murió asesinado y no debido a un cáncer de próstata, según estableció el relato oficial de los hechos. Carroza es el mismo juez que lleva adelante las diligencias para dilucidar la muerte de Allende.
Las dudas las planteó el chofer y asistente personal de Neruda, Manuel Araya, que a comienzos de mayo, en una publicación mexicana, sostuvo que el creador de ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’ fue asesinado con una inyección aplicada por un doctor y no a causa de la afección que padecía.
El juez citará a declarar a Manuel Araya, pues en la querella se estableció que su "declaración es esencial para el establecimiento de los hechos, por lo que se requiere que a la brevedad ponga a disposición del Tribunal todos los antecedentes de que dispone".
Además, el magistrado determinó incautar la ficha clínica y otros antecedentes relacionados con la internación de Neruda en la Clínica Santa María y solicitó al Registro Civil datos respecto de la defunción del poeta como el certificado médico. La Policía de Investigaciones quedó así con una contundente orden para indagar.
Según dirigentes del PC, a los dichos de Araya se adicionan diversas declaraciones como, por ejemplo, la del ex embajador de México en Chile Gonzalo Martínez, que estuvo con Neruda un día antes de su muerte.
"Esta querella ha sido presentada porque han surgido versiones que desmienten lo que hasta ahora considerábamos la versión oficial sobre la muerte de Pablo Neruda", aseguró Guillermo Teillier, presidente del PC chileno.
Algunos recortes de prensa de la época desestimaron la versión dada por la autoridad y se especuló que el asesinato evitaría el exilio de Neruda y su probable rol opositor contra el gobierno de Augusto Pinochet en el exterior.
Con todo, ayer la Fundación Pablo Neruda –que administra todo el legado del poeta, incluida sus casas-museo en Santiago, Isla Negra y Valparaíso– desmintió, a través de un comunicado, la versión de Araya.
"No existe evidencia alguna ni pruebas de ninguna naturaleza que indiquen que Pablo Neruda haya muerto por una causa distinta del cáncer avanzado que lo aquejaba."
La misiva agrega que "no parece razonable construir una nueva versión de la muerte del poeta, sólo sobre la base de las opiniones de su chofer, el señor Manuel Araya, quien viene insistiendo en este asunto sin más prueba que su parecer".
Neruda y Allende eran grandes amigos. A partir del 11 de septiembre, día del golpe de Estado que incluyó un cobarde bombardeo a La Moneda y que terminó por derrocar al ex presidente socialista, Neruda vio afectada su salud hasta que falleció por sus complicaciones de un cáncer de próstata, sumado al deterioro emocional y del asedio de las fuerzas golpistas, que arrasaron con sus bienes. Eso hasta ahora.
Araya, de 65 años, en una conversación con AFP, añadió que "el asesino fue Pinochet, que mandó a matar a Neruda para que no se le vaya del país, porque su carácter de intelectual no le convenía para tenerlo de opositor".
Sin embargo, la fundación describe que el golpe militar, la muerte de Salvador Allende y la persecución desatada contra otros de sus amigos "agravó su estado de salud, hasta el punto de que, en las difíciles condiciones creadas por la represión de esos días, tuvo que ser trasladado de emergencia desde su casa de Isla Negra –en la costa chilena– a la Clínica Santa María, el 19 de septiembre".
Sin embargo, el ex colaborador del Vate agrega que "lo llevamos a internar por seguridad, porque corría peligro. Estaba preocupado y nervioso, pero bien de salud, temía que lo mataran".
3 de junio de 2011
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cae capo de banda de los 40

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En Barranquilla fue asesinado el jefe de la banda de los ’40’,  Wildon Javier Daza Mejía, conocido como el ’Gabi Daza’, que había sido liberado por vencimiento de términos.

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Colombia. Según informa el diario El Heraldo de Barranquilla, Daza fue acribillado por dos sujetos en el norte de Barranquilla, cuando, al parecer, salía de la casa de un familiar.
El paramilitar había estado preso durante diez meses procesado por los delitos de narcotráfico, sicariato y extorsión como integrante de la ‘Banda de los 40’, pero un juez le dio el beneficio de casa por cárcel. Según fuentes oficiales, un juez penal del Circuito Especializado adjunto de Barranquilla tomó esta decisión, argumentando enfermedad del detenido. Meses después el caso se cayó por vencimiento de términos.
"Medicina Legal certificó que tenía problemas cardiovasculares graves, y ese fue el argumento de la decisión del juez. Sin embargo, existen reportes médicos de la cárcel que señalan que meses atrás Daza Mejía estaba en buenas condiciones", dijo una fuente oficial.
La ‘Banda de los 40’ fue un grupo paramilitar que heredó el imperio de ‘Jorge 40’. Su comandante general era ‘Salomón’ y estaba compuesto por 180 integrantes, de los cuales 24 eran funcionarios públicos. La banda tenía una ‘oficina de cobros’, una cooperativa y una empresa de seguridad privada en la Costa Caribe, además de una sólida estructura militar durante 2006 y 2007 en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.
Alias ‘Gabi Daza’ fue capturado el 4 de octubre de 2009, después de que las autoridades lo incluyeran en la lista de los 20 delincuentes más buscados de la Costa Atlántica. Ya detenido, la Policía le solicitó al Inpec trasladar a ‘Gabi Daza’ a otra cárcel, porque el detenido seguía delinquiendo en la capital del Atlántico.
"Informes de inteligencia indican desde su sitio de reclusión (‘Gabi’) estaría liderando el accionar criminal en la comisión de hechos punibles como la extorsión, tráfico de drogas y homicidios selectivos, al igual que contarían con medios de comunicación, computadores y visitas no autorizadas", señala la Policía de Barranquilla, en un reporte el 11 de noviembre del 2009.
Por esta razón, el integrante de la ‘Banda de los 40’ fue enviado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, desde donde era trasladado con frecuencia a Barranquilla para asistir a las audiencias ante el juez que lo procesaba.
En una de esas diligencias, cuenta una fuente de la cárcel, ’Gabi Daza’ aseguró estar enfermo, por lo que debió ser hospitalizado en un centro médico de la Costa desde el 24 de mayo pasado. Desde ese momento, solicitó a un juez que le levantara la medida.

La Banda de los 40
Este grupo paramilitar quedó al descubierto cuando se capturó a Édgar Ignacio Fierro alias ’don Antonio’, en sus computadores los investigadores encontraron datos sobre la existencia de una organización con una estructura jerarquizada militar, política y financieramente, que había infiltrado organismos de seguridad del Estado, que cobraba comisiones a los contratistas de las entidades públicas territoriales, que extorsionaba a los comerciantes con cuotas mensuales, así como también a empresas bananeras, a transportadores, a los ganaderos, a estaciones de gasolina, a las ARS y a los hospitales.
El Frente de ’Don Antonio’ imponía candidatos a las alcaldías con presiones armadas y financiamiento, asesinaba a quienes condenaba -a su juicio- como ladrones de ganado, drogadictos o ladrones y se enfrentó a otras bandas que pretendieron disputarles el territorio, también extorsionando a la gente ofreciéndole a cambio protección.
El grupo tenía un estricto código interno que establecía la muerte para aquellos miembros de quienes sospechaban se podían torcer o hubieran sido desleales. También perseguían y asesinaban a quienes ellos presumían eran simpatizantes o militantes de los grupos guerrilleros. En el computador de ’Don Antonio’ había información detallada de la comisión de más de 600 homicidios cometidos entre 2003 y diciembre de 2005 en Atlántico y parte del Magdalena.
Pero la historia de los computadores de ’Don Antonio’, no terminó con la revelación de la información que guardaba.
A partir de un análisis que hizo la Fiscalía Quinta de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, durante los meses siguientes a 2006, y con base en indicios graves de que algunos miembros estaban delinquiendo, el fiscal ordenó el 22 de noviembre de 2006 la interceptación de los abonados telefónicos de varios ex integrantes del Frente José Pablo Díaz y del Bloque Norte.
Fue así como se tuvo la certeza de la existencia de vínculos entre servidores del Estado de diferentes niveles y de diversas entidades, con los miembros de una banda que tenía la misma estructura y división del trabajo a la de los grupos paramilitares que se habían desmovilizado. Los jefes de esa banda sostenían, además, de acuerdo con los registros de ingreso a la penitenciaría de Itagüí, reuniones periódicas con ’Jorge 40’ en la cárcel. Esta situación le permitió a la Fiscalía establecer la existencia de una nueva organización que se hacían llamar las Nuevas Autodefensas del Atlántico y que coordinaba homicidios, secuestros y cobraban extorsiones, entre otros delitos.

El Reagrupamiento
La banda era comandada por Miguel Villarreal Archila, quien se identificaba al interior de la organización con los alias de ’Salomón’, ’Sandra’ y ’El Viejo’. Aunque Villarreal Archila no pertenecía al Frente José Pablo Díaz, era jefe de un grupo que se movía entre Cartagena y Ciénaga, incluidos los cuatros municipios costeros del Atlántico. Su función era cobrar el impuesto a los narcotraficantes que embarcaban la droga por las costas de Bolívar, Atlántico y parte de Magdalena y le entregaba cuentas directamente a ’Jorge 40’ en reuniones mensuales que hacían en la Sierra Nevada.
Al igual que el Frente José Pablo Díaz, la banda --llamada de los 40 por su lealtad a ’Jorge 40’--, tenía una estructura militar y otra financiera. La financiera tenía una subestructura o brazo armado que se llamaba el "kit de cobros" y adicionalmente una "oficina de cobro" autónoma dedicada única y exclusivamente al narcotráfico, al cobro de impuestos de embarque y al recaudo de cuentas en las que obtenían una comisión por cobrarlas.
También tenían una cooperativa, Cocoagro, que según las autoridades de policía judicial era una cooperativa agrícola en la que estaban como inversionistas personas reconocidas de la región. Uno de los mayores accionistas, el mayor Bermejo, terminó suicidándose, y también poseían una empresa de vigilancia privada llamada Seguridad Tayrona, con sede en Santa Marta.
La Banda de los 40 estaba conformada en realidad, según pudo identificar plenamente la policía, por 180 personas. De los cuales 107 pertenecían a la estructura del Atlántico. De estos, 24 eran funcionarios públicos, en particular de las agencias de seguridad del Estado como la Policía Nacional, DAS, CTI, Ejército y Armada Nacional. Estos funcionarios informaban a los miembros de la banda sobre posibles acciones de la fuerza pública contra ellos y a cambio recibían un sueldo.
La Banda delinquía principalmente en Barranquilla y Atlántico. Su estructura en Bolívar y Sucre era más pequeña e inestable, pues en esos departamentos le competía la "Oficina de Cobro de Envigado" que tenía interés en controlar el Golfo de Morrosquillo para el tráfico de drogas. En Cartagena, La Banda de los 40 estaba integrada por 46 personas, de las cuales 17 restantes eran funcionarios de los organismos de seguridad del Estado. En Sucre eran sólo 27, seis de los cuales eran funcionarios de los organismos de seguridad.
Antes de ser extraditado a Estados Unidos a comienzos de octubre de 2008, Archila o alias ’Salomón’ alcanzó a contar ante Justicia y Paz, que ellos pagaban mensualidades en los comandos de policía de los corregimientos y municipios costeros y en algunos CAI de Barranquilla. En el DAS y la Sijin sobornaban a algunos para que les borraran antecedentes y les informaran sobre órdenes de capturas en su contra y en algunos casos para que fabricaran pruebas contra sus enemigos.
La Banda de los 40 llegó a tener una sólida estructura militar durante 2006 y parte de 2007 en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. El comandante general era ’Salomón’, pero tenía como jefe político a Mario Marenco Egea, conocido como el "Gordo", quien había trabajado con Carlos Mario García, alias "Gonzalo" o el "Médico", comandante político de ’don Antonio’. Marenco tuvo injerencia directa en las elecciones de 2007 en Magdalena y Atlántico e ingresaba a La Picota en Bogotá e Itagüí, donde se reunía con los políticos presos y con el ex comandante Rodrigo Tovar.
3 de junio de 2011
©verdad abierta

prisión por vuelos de la muerte

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Prisión y millonarios embargos a pilotos argentinos por "vuelos de la muerte".  La resolución está en el marco de la "megacausa" que investiga los crímenes cometidos en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante el régimen militar.

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Argentina. Un juez de Buenos Aires procesó con prisión y ordenó este jueves millonarios embargos de los bienes de tres pilotos de la Prefectura Naval (guardacostas) ya detenidos por su presunta participación en los llamados "vuelos de la muerte" en la última dictadura militar en ese país (1976-1983), informaron fuentes judiciales.
También dictó medidas similares para un ex suboficial naval y un abogado involucrados en ese crimen de lesa humanidad, apuntaron.
El juez federal Sergio Torres dispuso un embargo por 56 millones de pesos (13,6 millones de dólares) a los pilotos Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru, acusados de haber tripulado, entre otros, el avión desde el que presuntamente se arrojó al mar a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a la monja francesa Léonie Duquet.
Procesó, además, al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, con el mayor de los embargos, por 618 millones de pesos (150 millones de dólares), y al el ex suboficial naval Ricardo Ormello con 40 millones de pesos (9,7 millones de dólares), según el fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Único Civil
Además, el magistrado, quien ordenó la detención de los cinco imputados el 10 de mayo, revocó este jueves el beneficio de prisión domiciliaria que le había concedido a Torres de Tolosa, después de que el cuerpo médico forense confirmara que el letrado puede cumplir la prisión en una cárcel común.
Torres de Tolosa fue el único civil que participó de estos vuelos, según denunció el ex marino Adolfo Scilingo, quien en 1995 desveló esta metodología de exterminio que utilizaron durante la dictadura y desde 2007 cumple una condena de 1.084 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo español.
Ormello, quien fue detenido en la ciudad argentina de Mendoza (oeste), "habría confesado a compañeros de trabajo su activa participación" en los "vuelos de la muerte", en los que los detenidos de forma ilegal durante el último régimen de facto eran arrojados vivos al mar, según informó el CIJ.

Megacausa
Los arrestos se produjeron en el marco de la "megacausa" que lleva adelante el juez Torres y que investiga los crímenes cometidos en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante el régimen militar.
En abril, el fiscal Eduardo Taiano había pedido el arresto de los tres pilotos, en lo que constituyó la primera vez que la Justicia identificó uno de los "vuelos de la muerte".
Hasta su detención, De Saint Georges y Arru viajaban tres veces por mes a Madrid como comandantes de vuelos de la estatal Aerolíneas Argentinas, mientras que D’Agostino es jefe de la división Veteranos de Guerra de la Prefectura, según la prensa local.
Villaflor y Duquet estuvieron secuestrada en la ESMA junto a la también monja francesa Alice Domon, quien permanece desaparecida desde la dictadura, durante la que desaparecieron 30.000 personas, según coinciden el gobierno argentino y organizaciones de derechos humanos.
3 de junio de 2011
2 de junio de 2011
©la nación

los impuestos del bloque bananero

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Los paramilitares que delinquieron en el Urabá se financiaron con aportes de los bananeros, ganaderos y comerciantes, algunos entregados de forma voluntaria y otros, mediante extorsión.

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Colombia. La Unidad de Justicia y Paz no sabe a ciencia cierta cuánto dinero recaudó ilegalmente los paramilitares el Urabá. Sin embargo, sabe que se valieron de varias formas de financiación para mantener a sus tropas y cometer delitos a lo largo del territorio.
Así lo aseguró un fiscal durante una audiencia de control de legalidad contra el extraditado alias ‘H.H.’, jefe paramilitar del Bloque Bananero, que cobró impuestos ilegales a bananeros, comerciantes, ganaderos y narcotraficantes entre 1998 y 2004, hasta cuando los 447 paramilitares a su cargo se desmovilizaron en Turbo, en el Urabá antioqueño.
"Alias ‘H.H.’ confesó en una versión libre que no llevaban contabilidad. Que confirmaban cuentas y luego las quemaban. Él y Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’ han contado en versiones libres cómo financiaron sus grupos", dijo la Fiscal ante un magistrado de Justicia y Paz.
La historia de las extorsiones y los impuestos ilegales en el Urabá antioqueño por parte de los paramilitares se remonta a 1998. Antes de ese año, el Bloque Bananero se financió con los recursos directos que enviaba Vicente Castaño, jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), por medio de las oficinas de cobro que tenía en Medellín.
La Fiscalía documentó que esas oficinas estuvieron ubicadas en El Poblado, Belén y Envigado, y que los encargados de manejar la plata eran alias ‘Merchán’ y ‘Lucas’. "Esos dineros se manejaron primero informalmente porque no podían hacer transacciones en bancos. Luego, utilizaron las Convivir (organizaciones de seguridad privada) para canalizar ese dinero", dijo la Fiscalía a partir de las versiones libres de los paramilitares.
En 1998, cuando el Bloque Bananero ya delinquía en el Urabá con el Frente Turbo a cargo de alias ‘H.H.’ y el Frente Arlex Hurtado a cargo de alias ‘Pedro Bonito’, el grupo paramilitar empezó a autofinanciarse cobrando impuestos ilegales. "Alias ‘Pedro Bonito’ ya tenía contactos porque era miembro de la Asociación de Bananeros de Colombia, y tuvo acceso a los listados de productores de banano asociados", explicó la Fiscalía.

Banano y Cocaína
La comercialización del banano, el contrabando y el narcotráfico estuvieron relacionados. En versiones libres, los exjefes paramilitares contaron que todos los barcos que llegaban a los puertos y que transportaban mercancía de contrabando tenían que pagar 600 mil pesos por carga.
En los barcos bananeros los paramilitares buscaron otra forma de financiación, utilizando la técnica de "preñar al barco". Eso significaba camuflar kilos de cocaína en las panzas de los barcos para transportar la droga hacia el centro y norte de América. En una versión libre, alias ‘H.H.’ confesó que pagaban entre $7 y $8 millones de pesos a la Armada Nacional para que apagara los radares y así en este tipo de operativos las lanchas no fueran detectadas.
"Cuando el barco ya estaba cargado en altamar, en la noche los paramilitares enviaban lanchas rápidas con buzos experimentados. Ellos se sumergían y pegaban la droga en la parte inferior del barco. La operación se repetía cuando el barco llegaba a su destino", contó la Fiscalía.
Alias ‘H.H.’ contó que las lanchas rápidas se escondían en un sitio conocido como ‘El Hueco’, en el Golfo de Urabá y que cada barco que zarpaba hacia Panamá podía cargar hasta 6.000 kilos de cocaína. La Fiscalía estimó que cada mes, entre 1998 y 2004, de los puertos del Urabá salieron en promedio  4.000 kilos de cocaína, una carga que le significó millones para el Bloque Bananero.
Cuando el pago por la droga no era dinero, los exjefes paramilitares confesaron que el trueque era por armas. Los paramilitares se refirieron a Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar, que estuvo integrado por ocho subgrupos paramilitares en el país. "En versiones libres, los paramilitares han contado que ‘Macaco’ cambiaba drogas por armas provenientes de Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Una vez echaron tantos fusiles en una lancha, entre 2.000 y 3.000 armas, que ésta se hundió", dijo la Fiscalía.
Ya en tierra las cosas no era distinta. En algunos casos de forma voluntaria y en otros mediante extorsión, los paramilitares del Bloque Bananero cobraron cuotas mensuales a los dueños de fincas bananeras en el Urabá. En un listado suministrado por alias ‘Pedro Bonito’, que antes de ser paramilitar fue un terrateniente y empresario del banano, aparecen los nombres de los finqueros y de las empresas del banano a las cuales estaban afiliados.
En la tabla, expuesta ante el magistrado de Justicia y Paz, se podía ver que la cuota mínima mensual que cobraban a un finquero era de $1 millón 200 mil pesos y la más alta de $18 millones de pesos al mes. El único que no pagaba era Ramiro Vanoy alias ‘Cuco Vanoy’, el exjefe paramilitar del Bloque Mineros, propietario de La 14, una finca ubicada en la zona de Bajirá.

Impuesto al Pan
"En el Urabá ha sido difícil reconstruir las finanzas del Bloque Bananero. Quienes dieron aportes o pagaron extorsiones no se atreven a contar por miedo a terminar involucrados en un proceso penal. Sin embargo, por las versiones de los paramilitares tenemos algunas pistas de cómo le cobraron al comercio", dijo la Fiscalía.
En listados entregados por los paramilitares, la Fiscalía pudo documentar que el Bloque Bananero cobró impuestos ilegales al comercio incluyendo a las panaderías. En las tablas aparecieron los nombres de negocios de calzados, alimentos, fumigadoras, hoteles, apuestas y prestamistas gota a gota. "A las empresas de bebidas, gaseosas, cerveza y combustibles les dieron un tratamiento especial por su compleja distribución. Por versiones, supimos que a la gaseosa les cobraban $2 millones por mes, y a los de la cerveza $6 millones por mes", indicó la Fiscalía.
Los exjefes paramilitares calcularon que en Nueva Colonia recaudaban $800 mil pesos al mes, en Currulao entre $1 millón y $1 millón 200 mil pesos, en Apartadó entre $24 y $25 millones, y en Chigorodó entre $10 y $11 millones de pesos.
Los cobros incluyeron también a las fincas ganaderas teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas. "En el Urabá, los paramilitares cobraron a los ganaderos entre $5.000 y $10.000 pesos por hectárea. Se estima que por mes recaudaban entre $30 y $40 millones, y al año entre $360 y $480 millones de pesos", señaló la Fiscalía.
Con las extorsiones, los exjefes paramilitares del Bloque Bananero confesaron que sostuvieron a la tropa, integrada por grupos rurales y urbanos. En 1996 el costo de la tropa rural fue de $1 mil 940 millones y en 2004 éste ascendió a $2 mil 970 millones. Lo mismo sucedió con el grupo de los urbanos. En 1996 el Bloque gastó en ese grupo $3.300 millones mientras en 2004 éste aumento a $4.270 millones.
"También cobramos peajes. A todo camión que pasara le cobrábamos de a $50.000 pesos. Al que no quería se le retenía y se le dejaba por allá atrás en lo oscuro y lo poníamos a esperar lo que quisiéramos", dijo en versión libre Benito Martínez alias ‘El Caimán’, un paramilitar encargado de supervisar los retenes ilegales el Urabá.
3 de junio de 2011
2 de junio de 2011
©verdad abierta

eua rechaza informe sobre drogas

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EE. UU. en contra de informe que pide replantear la lucha antidrogas. El documento, revelado por EL TIEMPO.COM, propone "experimentar con modelos legales de regulación".

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[Sergio Gómez Maseri] Estados Unidos. Estados Unidos se declaró en contra de las conclusiones del reporte de una Comisión Internacional que declaró la actual guerra contra las drogas como un "fracaso" y pidió descriminalizar el consumo de sustancias ilícitas, entre otras cosas.
"La drogadicción es una enfermedad que puede ser prevenida y tratada. Volver las drogas más disponibles –como este reporte sugiere- hará más difícil mantener nuestras comunidades seguras y saludables", dijo a EL TIEMPO un portavoz de la Casa Blanca.
De acuerdo con la Casa Blanca, "los esfuerzos de la administración Obama para reducir el consumo de drogas no parte de una cultura de guerra contra las drogas sino del reconocimiento que el consumo afecta nuestra economía, salud y seguridad pública. El fondo del asunto es que el esfuerzo balanceado –que aplica EE.UU.- si está marcando una gran diferencia". (El debate también se calentó en Colombia. Lea reacciones de diversos sectores políticos)
Según Washington, el consumo de drogas en el país es la mitad de lo que era hace 30 años y la producción de cocaína en Colombia –gracias al enfoque actual de combatir las fuentes- se ha reducido en un 61 por ciento a lo largo de la última década.
Así mismo, mencionan como EE.UU. se ha alejado de la política de criminalizar el consumo enviando a miles de consumidores no violentos a centros de tratamiento en lugar de la cárcel.
De acuerdo con estadísticas suministradas por la Casa Blanca a este diario, en los últimos 5 años se ha presentado una reducción del 48 por ciento entre consumidores de cocaína para la franja de edad entre los 18 y los 25, al igual que una caída del 68 por ciento entre personas que dan positivo cuando se realizan exámenes en puestos de trabajo. (Presidente Santos le dio la bienvenida al informe)
Para EE.UU. "la legalización no es el camino" pues sus estudios demuestran que el uso ilegal de drogas conduce a accidentes de tránsito, enfermedades mentales, y más admisiones en salas de emergencia.
Citan a su vez un reciente estudio de la Rand Corporation en el que se concluye que la legalización de la marihuana en California -como se propuso el año pasado- no reduciría de manera dramática las ganancias de los carteles mexicanos, que también se dedican a otros negocios lucrativos como el tráfico de cocaína, metanfetamina, el secuestro y la extorsión.
Dicho eso, la Casa Blanca aclara que EE.UU. se ha alejado de la política de criminalizar el consumo pues sabe que el problema no se solucionará "a punta de arrestos". (Colombia tiene derecho a exigir, dice César Gaviria)
Mencionan, por ejemplo, como el año pasado la administración Obama se apartó del enfoque tradicional en la lucha contra las drogas al presentar una estrategia que se enfoca tanto en la salud pública como en seguridad ciudadana y que trata de problema de la droga como una enfermedad.
Y sostienen que Obama ha invertido un record de 10 mil millones de dólares en programas para reducir el consumo en E.U.
Así mismo, destacan leyes y directivas aprobadas recientemente que prevén el envió de consumidores no violentos a centros de tratamiento en lugar de la cárcel.
En agosto de 2010, Obama firmó una ley que eleva el nivel mínimo de cocaína y crack que se requiere para que una persona sea enviada a prisión en caso de ser detenida portando la sustancia.
3 de junio de 2011
2 de junio de 2011
©el tiempo

líderes piden legalizar drogas

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Líderes del mundo dicen que fracasó lucha antidrogas y piden legalizar. Del grupo hacen parte Kofi Annan, Carlos Fuentes y los ex presidentes Gaviria, Zedillo y Cardoso.

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[Sergio Gómez Maseri] Una Comisión de Alto Nivel compuesta por mandatarios, ex presidentes y figuras de renombre internacional publicó un crítico reporte que cataloga de fracaso la guerra contra las drogas y pide un replanteamiento total de la estrategia antinarcóticos del planeta.
En su reporte, la ‘Comisión Global de Políticas de Drogas’ pide a los países acabar con criminalización y experimentar con la regulación del uso de sustancias hoy ilícitas.
"La lucha contra las drogas ha fracasado y con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo.
A 50 años del inicio de la Convención de la ONU sobre Drogas Narcóticas y 40 años de que el presidente Nixon lanzara la guerra contra las drogas, son necesarias, y de manera urgente, reformas fundamentales a nivel nacional y en las políticas globales de las drogas", dice el informe obtenido por ELTIEMPO.COM
Entre los miembros de la Comisión figuran el Primer Ministro de Grecia, George Papandreou, el ex secretario General de la ONU Kofi Annan, el ex jefe de la Reserva Federal de EE. UU. Paul Volcker, el ex secretario de Estado George Shultz y los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Cardoso (Brasil), entre muchos otros.
De acuerdo con el reporte, pese a las enormes sumas de dinero que se han invertido en la criminalización y otras medidas represivas contra los productores, estas no han logrado reducir ni la demanda ni el consumo.
"Victorias aparentes en la eliminación de una fuente o organización narcotraficante son diezmadas casi de inmediato con la aparición de otras fuentes o narcos. Las medidas represivas contra los consumidores impiden medidas de salud pública para reducir el Sida, las muertes por sobredosis y otras consecuencias nocivas del consumo", sostiene el documento.
La Comisión plantea una serie de recomendaciones, como acabar con la criminalización, estigmatización y el marginar a las personas que usan drogas, pero que no le causan daño a otros.
Pide, a su vez, que se experimente con modelos legales de regulación de drogas (especialmente para el caso de la marihuana) con el objetivo de diezmar el poder de las organizaciones criminales y que se debe traducir en mejores condiciones de seguridad en los países.
También sugiere que se pongan a disposición diferentes modalidades de tratamiento asistido para drogadictos como los que se han puesto en práctica en muchos países de Europa y Canadá para el caso de la heroína.
Para la Comisión, así como debe cambiar el enfoque frente a los consumidores también debe hacerse frente aquellos eslabones bajos de la cadena como vendedores o cultivadores, que son víctimas también del problema.
"El arresto de miles de ellos en las últimas décadas solo ha llenado las cárceles sin reducir la disponibilidad de la droga. Parece no existir límite en la cantidad de personas dispuestas a meterse en el negocio para salir de la pobreza o sostener a su familia. Esos recursos, por tanto, deberían invertirse en otras cosas ", sostiene el reporte.
La Comisión planea un modelo de prevención que no se limite a campañas de "cero tolerancia" o decir "no a la droga" -pues los considera simplistas- y sugiere enfocarse más en grupos de alto riesgo con estrategias basadas en información creíble.
Otro énfasis del reporte es que los gobiernos se deben enfocar en acciones represivas contra las organizaciones criminales, pero no con el simple objetivo de reducir el mercado sino para disminuir su poder, influencia y capacidad de intimidación.
En otra recomendación el grupo pide a los países dejar atrás las  políticas y estrategias antidrogas guiadas por "conveniencia política" y reemplazarlas por políticas responsables en términos fiscales y que estén basadas en la ciencia, salud, seguridad y derechos humanos.
La Comisión se integró como seguimiento al esfuerzo realizado en el 2009 por los ex presidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo, que en su momento publicaron un reporte pidiendo un cambio de paradigma en las políticas antidrogas.
El informe será presentado oficialmente este jueves en Nueva York.
Según Gaviria, que será uno de los participantes en la conferencia de lanzamiento, "no podemos seguir ignorando como el crimen la violencia y la corrupción que genera la droga son el resultado de política antidrogas fallidas. Es hora de romper el tabú que existe para discutir todas las opciones, incluidas alternativas a la prohibición".  
Por su parte, el ex presidente de Suiza, Richard Dreifuss, destacó la contundente evidencia recopilada en Europa y que demuestra los beneficios humanos y sociales de abordar el problema de la droga desde una perspectiva de salud pública y no de crimen.
"Estas políticas deben ser adoptadas a nivel mundial, con cambios requeridos a las convenciones internacionales sobre control de drogas", dijo Dreifuss.

Los Miembros de la Comisión
-Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ghana.

-Louise Arbour, ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos, presidente de International Crisis Group, Canadá.

-Richard Branson, empresario, activista de causas sociales, fundador de Virgin Group, cofundador de The Elders, Reino Unido.

-Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, Presidente de la Comisión.

-Marion Caspers-Merk, ex Secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Salud de Alemania

-María Cattaui, miembro de Petroplus Holdings Board, ex secretaria general de International Chamber of Commerce, Suiza

-Ruth Dreifuss, ex presidente de Suiza y ministra de Asuntos Internos

-Carlos Fuentes, escritor e intelectual público, México

-César Gaviria, ex presidente de Colombia

-Asma Jahangir, activista por los derechos humanos, ex Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Pakistán

-Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, Francia

-Mario Vargas Llosa, escritor e intelectual público, Perú

-George Papandreou, Primer Ministro de Grecia

-George P. Shultz, ex Secretario de Estado, Estados Unidos (Presidente  Honorario de la Comisión)

-Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, España

-Thorvald Stoltenberg, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Noruega

-Paul Volcker, ex Director de la Reserva Federal de Estados Unidos y de la  Economic Recovery Board

-John Whitehead, banquero y funcionario público, director del World Trade Center Memorial Foundation, Estados Unidos

-Ernesto Zedillo, ex presidente de México
3 de junio de 2011
1 de junio de 2011
©el tiempo

zalaquett, el hijo del demonio

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columna de lísperguer

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Alcalde Zalaquett, de Santiago, quiere prohibir alimentar a perros de la calle. Multas desproporcionadas.
Irrita sobremanera la falta de sensatez del alcalde. En algún momento, al principio de sus exploraciones mentales sobre la observación de que hay perros en la calle, debe haber pensado que la causa es que sus dueños los abandonan. En ese caso, inmanentemente, la solución es ubicar a esos dueños irresponsables y devólverselos y multarlos, lo que, en ausencia de la obligatoriedad de la inscripción de las mascotas en la libreta familiar, es prácticamente imposible. De todos modos, la solución para un perro abandonado es la búsqueda de otra familia humana adoptiva.
Por otro lado, si se hubiese informado mejor, habría concluido que la mayoría de los perros que ve en la calle no son abandonados, sino perdidos. Entonces, si todavía tuviese algo de humano en su corazón, habría pensado que la solución es reunir a esas mascotas perdidas con sus familias humanas.
Pero al alcalde no le interesa la verdadera razón de porqué están esos perros en la calle. Sólo quiere que desaparezcan y se las ingenia para que seamos nosotros, los ciudadanos, los que cometamos el crimen de hacerlos desaparecer. ¿Querrá también que nos sentemos a mirar cómo se muere un perro de hambre?
¿Cómo convencerle de que un perro perdido no merece que se le trate de esa manera, que es como un niño perdido, que extraña a su mamá y papá, que no sabe dónde está y que se muere de sed y hambre? ¿Que está desesperadamente solo? También las familias humanas sufren la pérdida de sus mascotas.

Zalaquett debe saber que cada perro en situación de calle en particular está en una situación muy precaria, en todos los sentidos. No deberían estar en la calle, sino con su familia humana. Si se imprimiera en su alma que los perros piensan y sienten como niños de cuatro años, no podría sino escandalizarse de que se les reprima, encierre, persiga, golpee y mate cuando en realidad son personas que necesitan evidente y urgentemente ayuda, y una familia humana.
Debiera pensar también que a muchos nos duele que nuestras autoridades quieran hacernos vivir en una sociedad donde se deja morir de hambre a personas no humanas que cometieron el desatino de perderse. No queremos que nuestros hijos crezcan en una sociedad tan terriblemente cruel, injusta e impía y tan, tan terriblemente estúpida.
lísperguer