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alcalde prohíbe la piedad


columna de lísperguer
Alcalde Zalaquett quiere prohibir que ciudadanos alimenten a perros en situación de calle.

Vaya qué pequeña y mezquina es la sensibilidad del alcalde. Para combatir a los vándalos y violentos que interrumpen las manifestaciones y las desvían de su fin, intimidando a los manifestantes y atacando a la policía, o defendiéndose de ella, proponía nada menos que los manifestantes mismos los detuvieran y entregaran a Carabineros, como si las víctimas fuesen culpables de las agresiones de los primeros. Ahora quiere prohibir que se dé de comer a perros en la calle. ¿Cree que el problema de los perros vagos (vale decir, perdidos y abandonados) se soluciona si los dejamos morir de hambre? Vaya qué espectáculo de humanidad quiere brindar Zalaquett a los niños de Chile. Y como el alcalde mira a los ciudadanos como si fuesen sus enemigos, ahora pretende que la culpa de los perros vagos la tenemos nosotros, las viejas locas. Con un poco más de sensibilidad, podría haber pensado en crear programas que faciliten la reunificación entre mascotas perdidas y familias humanas (pues, aparentemente, la gran mayoría de los perros en situación de calle son perros extraviados) o en fomentar la participación ciudadana en planes de adopción. Pudo haber buscado una solución fomentando la piedad, pero prefiere prohibirla.
Nunca lo logrará, ni él ni los muchos nazis que le han precedido en el poder en otros contextos históricos. La piedad es una inclinación natural del alma humana y gobernantes satánicos como Zalaquett no la extirparán de nuestro corazón. No lo logrará porque para católicos y budistas, entre otros, la piedad es una virtud fundamental y uno de los caminos de la redención. Zalaquett no puede pretender que los católicos eliminen de su credo la piedad, porque dejarían de ser católicos. No puede prohibirnos algo que nace en el corazón, antes o más acá de todo credo.
lísperguer

menéndez, excluido de juicio


Luciano Benjamín Menéndez, excluido de juicio por desaparición de gobernador Miguel Ragone.
Argentina. El represor Luciano Benjamín Menéndez, hospitalizado por un infarto desde la semana pasada en San Miguel de Tucumán, fue excluido del juicio por la desaparición del ex gobernador peronista de Salta Miguel Ragone, ocurrido unos días antes del golpe de Estado de 1976, luego que el médico forense de la Corte Suprema constatara la gravedad del estado de salud del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Si el represor no era apartado del proceso debería haberse suspendido a la espera de su recuperación con el riesgo de que se superarán los tiempos procesales y el posterior cierre del juicio.

Menéndez seguía el juicio, que se desarrolla en Salta, por videoconferencia desde San Miguel de Tucumán, donde cumple condena domiciliaria en la casa de uno de sus hijos, pero ante su internación, la Fiscalía, la defensa y las querellas pidieron su apartamiento del proceso. Los jueces Marta Liliana Snopek, Luis Giménez y Carlos Jiménez Montilla, además, ordenaron que se mantenga el monitoreo del acusado con exámenes médicos bimestrales para constatar su evolución.
Ragone fue electo gobernador de Salta en las elecciones del 25 de mayo de 1973 por el Frente Revolucionario Peronista con más del 57 por ciento de los votos, pero el 24 de noviembre de 1974, el gobierno nacional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón intervino Salta y desplazó a Ragone, igual que hizo en las otras provincias gobernadas por sectores de la izquierda peronista: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz.
Ragone entonces volvió a ejercer su profesión de médico hasta que el 11 de marzo de 1976 fue secuestrado cuando salía de su casa a bordo de un automóvil que él mismo conducía y fue interceptado por otros tres vehículos, de los cuales bajaron hombres armados que se lo llevaron por la fuerza.
Durante aquel hecho registrado en los últimos días del gobierno de "Isabel" Perón antes del golpe militar fue asesinado un almacenero, Santiago Arredes, que presenció el secuestro, y también resultó herida de bala una transeúnte, Margarita Martínez de Leal, que se encontraba en el lugar.
El automóvil de Ragone apareció después abandonado a 15 kilómetros de la capital salteña, en la localidad de Cerrillos, y nunca más se supo nada del ex gobernador.
Por aquellos crímenes es enjuiciado, ya separado Menéndez, el ex jefe de la Policía salteña y teniente coronel retirado Miguel Gentil; el ex jefe de la guarnición de Ejército en Salta y coronel retirado Carlos Alberto Mulhall, el ex director de Seguridad de la Policía local Joaquín Guil, el oficial principal Andrés del Valle Soraire y los suboficiales de la Policía Provincial Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.
También se sienta en el banquillo Jorge Héctor Zanetto, un ex gremialista peronista, al que se señala como vocero por entonces de la banda terrorista gubernamental Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), y quien habría amenazado de muerte a Ragone si no se apartaba de la interna del PJ.
2 de junio de 2011
1 de junio de 2011
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el asesinato de kimy pernía


El 2 de junio de 2001, hombres de Salvatore Mancuso secuestraron y asesinaron al líder embera Kimy Pernía Domico. Diez años después de su desaparición la justicia colombiana no ha establecido los motivos y ni los cómplices de este crimen.
Colombia. En una entrevista del periodista y filósofo francés Bernard Henry Levy a Carlos Castaño en 2001, le preguntó si los atentados a sindicalistas, políticos de izquierda e indígenas eran un asunto arbitrario. El entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia le respondió:
¿Atentados a ciegas nosotros? ¡Jamás!. Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo. Impiden trabajar a la gente. ¡Por eso los matamos!", a renglón seguido el filósofo francés volvió a la carga: "Bueno, y el jefe de los indígenas del Alto Sinú, ¿a quién le impedía trabajar él, ese pequeño jefe indio que bajó a Tierra Alta?"
Levy le preguntaba por el líder indígena de la comunidad Embera Katío, Kimy Pernía Domicó, quien había desaparecido a manos de hombres de Salvatore Mancuso el 2 de junio de 2001. Castaño le respondió vehemencia: "¡La represa! ¡Impedía el funcionamiento de la represa!".
El 23 de febrero de 2008, el ya desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, admitió que fue el quien organizó el asesinato y desaparición de Kimy, dijo además que el crimen fue ordenado por Castaño porque supuestamente el líder indígena negoció tierras con su resguardo para la represa de Urrá, pero que los dineros de esa negociación fueron a parar a las Farc.
El cuerpo de Kimy, según Mancuso, fue desenterrado por los paramilitares después de ser asesinado en algún lugar del nudo de Paramillo en Córdoba y arrojado a las aguas del río Sinú. Desde entonces nadie sabe del paradero de su cuerpo, ni mucho menos algún paramilitar ha confesado ante la justicia los motivos del crimen, ni los intereses ni los autores intelectuales del mismo.
Esas han sido las dos únicas alusiones que se han tenido por parte de paramilitares sobre las razones que llevaron a Castaño a dar la orden de acabar con la vida de Kimy, quien días antes de su desaparición había llegado de Canadá en donde estuvo exponiendo ante el parlamento de ese país, las razones por las que su comunidad se oponía a la construcción de la represa de Urrá, en la que participaba una empresa canadiense.

El Manto de Impunidad
El crimen de Kimy no fue el único que padeció la comunidad Embera Katío del alto Sinú, desde la llegada del grupo de Mancuso a Tierralta y sus alrededores, unos 25 líderes de la comunidad indígena fueron asesinados.
Existen varias hipótesis sobre el por qué los grupos armados se ensañaron con esta etnia.  
Los Embera Katío, unos 7 mil, han habitado desde tiempos inmemoriales las riveras del río Sinú y San Jorge en el departamento de Córdoba. Con la decisión a mediados de los noventa de construir la central hidroeléctrica de Urrá, comenzó un conflicto con la comunidad del alto Sinú porque los indígenas alegaban que la represa alteraría su vida, sus costumbres y su forma de alimentación centrada en la pesca.
Los indígenas iniciaron una serie de movilizaciones y acciones legales contra la represa. Coincidencialmente, en esa época, Salvatore Mancuso ya había conformado un grupo paramilitar en la parte baja del Nudo de Paramillo que mantuvo un pulso con los frentes V y 38 de las Farc que azotaba a ganaderos y comerciantes de Córdoba con secuestros y extorsiones, y que tenía el control sobre el cultivo de hoja de coca en la zona.
Pernía era un líder indígena que, junto con Alonso Domicó, mayor que él y el joven Lucindo Domicó, lideró la oposición al Proyecto Hidroeléctrico Urrá. En 1995 organizó el Do Wambura ("Adiós río"), una movilización de mil indígenas desde el Resguardo de Karagabí hasta Lorica, para protestar contra el proyecto y exigir que la empresa dialogara con los nativos. Estuvo presente en la ocupación de la Embajada de Suecia en 1996, llevada a cabo por los Embera para denunciar el incumplimiento de los compromisos de la empresa Urrá tras el Do Wambura.
Participó en la presentación de una acción jurídica de tutela contra la empresa Urrá que fue fallada en favor de los indígenas en 1998. Tras el asesinato de Alonso ese año y de Lucindo en 1999, Kimy debió salir de su región y refugiarse en Bogotá.
Como una tenaza los paramilitares también avanzaron por la zona del Urabá y obligaron a la guerrilla a replegarse a las zonas altas del Paramillo.
En medio de este conflicto armado, los líderes indígenas empezaron a ser objetivo de los grupos paramilitares y guerrilleros, y como consecuencia de esta disputa varios de sus líderes empezaron a ser amenazados y asesinados.
A la par, la comunidad indígena logró que la Corte Constitucional  reconociera los reclamos indígenas ordenando a Urrá compensarlos por los daños a su comunidad.
Sin embargo, el crimen de Pernía como el de los otros líderes asesinados o desaparecidos empezó a deambular por despachos judiciales. "No hay una explicación pública sobre el por qué de la persecución al pueblo indígena", dice Viviana Rodríguez de la Comisión Colombiana de Juristas que lleva este caso.
Marta Domicó, hija de Kimy y quien para la época de la desaparición de su padre tenía 25 años, recuerda que el conflicto armado lo sentían los líderes de su comunidad, que no podían participar en las movilizaciones contra la represa. "Estaban señalando a líderes, tenían un control sobre aquellos que estaban protestando, señalándolos directamente", agrega Marta.
Los indígenas protestaban silenciosamente contra los asesinatos y señalamientos pero cuando desaparecieron a Kimy decidieron ir más allá. "Allí empezamos a denunciar", dice la hija del líder asesinado, con lo que lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impusiera medidas cautelares al gobierno colombiano para proteger a la comunidad indígena del Alto Sinú.
Sin embargo, y a pesar de tener este tipo de garantías, los Embera Katío sienten que se ha avanzado poco para aclarar los crímenes contra los líderes de su comunidad y que su comunidad, como lo pretendían los violentos, terminó desintegrada.
"Nos debilitaron del liderazgo, no tenemos cómo proteger a nuestras familias. Desistimos de seguir peleando. Nos atemorizaron, y de los compromisos que tenían con el territorio, el medio ambiente, la salud y la educación, ninguno se ha cumplido", dice Marta.
En el balance que hicieron amigos y familiares de Pernía a diez años de su desaparición y muerte, entre ellos miembros de la Comisión Colombiana de Juristas que llevan el caso ante la justicia colombiana y el sistema interamericano de derechos humanos, la impunidad rodea el caso de los Embera Katío y los daños causados son irremediables.
La investigación de la desaparición y muerte de Pernía no ha avanzado en la Fiscalía, según cuentan los abogados de la comunidad, y no hay ninguna persona vinculada al crimen, mientras que en Justicia y Paz la última noticia, y única, que se tiene es la de Salvatore Mancuso quien confesó su participación en el crimen mientras estuvo en el país y no ha vuelto a hablar del tema en sus versiones libres desde Estados Unidos; mientras que algunos de los paramilitares que participaron en el hecho como alias ‘el Paisa’, un jefe urbano de las Auc en Tierralta fue asesinado.
Por este manto de impunidad, la Comisión Colombiana de Jurista intentará impulsar las investigaciones en la justicia colombiana para verificar con los hombres de Mancuso, "lo que había detrás del crimen de Pernía", explica la abogada Rodríguez.

Desintegración
Por otra parte, la situación de los indígenas del alto Sinú parece ser desalentadora. Diez años después de lograr que la Corte Constitucional reconociera sus reclamos contra la represa, los Embera Katío sienten los efectos del conflicto, la pérdida de sus territorios ancestrales y el cambio que ha tenido el río en sus vidas.
Efraín Jaramillo, antropólogo y amigo de Pernía, quien además fue exiliado por amenazas de Carlos Castaño, dice que el fallo de la Corte Constitucional, que obligó a la empresa Urrá S.A. a pagar por 20 años a los Emberá por el impacto de la hidroeléctrica, no ha logrado paliar el daño que se le hizo a esta comunidad.
"En 7 años se cumplen los 20 años, en los que Urrá tiene cancelar un monto determinado de plata a los indígenas y después de que esto pase la gente no sabe que va a hacer. Hoy el pueblo Embera tiene dos resguardos, uno el Karagabi con 100 mil hectáreas y el otro es el Iwagadó con 10 mil hectáreas, todos titulados. Sin embargo, ellos dicen que la inundación es la violación de los derechos humanos, porque la tierra para los indígenas hace parte de un derecho fundamental porque garantiza la sobrevivencia y muchos de ellos no tienen cómo hacerlo", explica Jaramillo.
A lo que agrega que al final con la hidroeléctrica se acabó con el último reducto de agua del Caribe colombiano. "No fue una solución definitiva a las inundaciones de las partes bajas del río Sinú que cada año son más devastadoras", dice Jaramillo quien espera que después de 10 años la investigación sobre el crimen de Pernía no termine en la impunidad.
2 de junio de 2011
1 de junio de 2011
©verdad abierta

capturan a robert mendoza


Ex congresista Robert Mendoza capturado por ‘parapolítica’. El ex congresista chocoano Robert Mendoza  fue capturado por sus presuntos vínculos con el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc.
Colombia. El político chocoano fue detenido en Medellín por orden de la Corte Suprema de Justicia, que adelanta investigaciones contra dos de sus colegas, los ex congresistas chocoanos  Edgar Ulises Torres y Odín Sánchez por nexos con paramilitares.
Según lo declarado por Freddy Rendón Herrera ‘El Alemán’, Mendoza, tercero en la lista del ex representante Edgar Torres en el 2002, tenia conocimiento sobre los ofrecimientos que Torres presuntamente realizó a testigos llamados a declarar en la corte.
"Usted tenía que haber dicho la verdad; como no dijo la verdad, Robert, no hay problema; yo lo único que le digo, Robert, ya usted dio su declaración y la Corte la analizará. Lo único que yo le pido, Robert, es que no me llame los muchachos para que Édgar Ulises Torres les de dinero", señaló el ex jefe paramilitar durante una de las audiencia.
Mendoza rechazó las acusaciones de ‘El Alemán’ en contra suya.
Durante una de las audiencias que se llevó a cabo en el juicio contra los políticos chocoanos, Mendoza admitió haber coincidido  en reuniones con paramilitares, sin embargó negó cualquier nexo entre los políticos del chocó y el grupo paramilitar liderado por ‘El Alemán.’  
En esa oportunidad, Mendoza, en calidad de testigo, aceptó que estuvo presente en una reunión convocada por ‘El Alemán’ celebrada en Necoclí. En ese momento, relató Mendoza, el ex jefe paramilitar convocó a los políticos del departamento para hablar de las necesidades de la región y para pedirles que cambiaran la forma de hacer política en la zona.
Según Mendoza, con posterioridad a este hecho, visitó a ‘El Alemán’ en la cárcel de Itagui en cuatro oportunidades. Las reuniones se llevaron a cabo según el testigo por iniciativa del ex paramilitar quien lo llamó a su celular previamente para hacerle cada una de las invitaciones.
En esas reuniones, según contó Mendoza, hablaron sobre las declaraciones hechas por ‘El Alemán’ ante la justicia en las que había salpicado a un gran número de políticos de la región. De igual forma, se refirieron a las declaraciones que el propio Mendoza haría en días después ante la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso contra Sánchez y Torres.
Robert Mendoza fue tercero en la lista del ex representante Edgar Torres en 2002 y reemplazo de él en el Congreso en 2005.
2 de junio de 2011
31 de mayo de 2011
©el espectador
©verdad abierta

fila para elegir color de piel


Esposas de represores elegían a las prisioneras de cuyas hijas se apropiarían.
[Alejandra Dandan] Argentina. Entre las escenas que Rosa Roisinblit recordó a modo de denuncia, habló de la ESMA. "Hay muchas historias para decir hasta dónde llegó la audacia de la dictadura", dijo. "Como para citar un ejemplo: la gente que estaba secuestrada en la ESMA, las chicas embarazadas, las ponían en fila, mientras las esposas de los marinos iban pasando y mirando el aspecto y elegían si querían una rubia de ojos celestes o les gustaba un varón de ojos negros y así, esa era la audacia que tenían, la crueldad que tenían, la aberración que tenían, al elegir ellas por la apariencia de la madre el bebé que iban a tener".
Rosa Roisinblit hizo de todo en esos años. ¿Usted dígame qué no hice?, preguntó varias veces. Viajó a Naciones Unidas para denunciar lo que estaba pasando en el país, buscó en Estados Unidos los métodos genéticos para identificar a los nietos; visitó al Papa Juan Pablo II para llevarle la tercera carpeta que le presentaban con denuncias; estuvo en la Embajada de Israel, en la DAIA: de todos lados se fue con las manos vacías. "Los jueces no sabían qué hacer con los chicos que recibían –dijo en un momento– porque no había antecedentes en el mundo entero de chicos secuestrados por razones políticas." ¿Usted dice que los jueces no sabían de dónde llegaban los niños?, le preguntó la presidenta del Tribunal María del Carmen Roqueta. "Si yo creo que sí sabían, pero parece que las instrucciones eran no devolvernos los nietos."
1 de junio de 2011
31 de mayo de 2011
©página 12

declaró rosa roinsinblit


"La vicepresidenta de Abuelas declaró en la causa por el robo de bebés Yo creía que a mi hija la iban a juzgar". Rosa Roinsinblit tiene casi 97 años. Ayer declaró en el Tribunal Oral Número 6 y relató el secuestro de su hija y la recuperación posterior de un nieto con quien perdió la relación cuando detuvieron a los apropiadores.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Lo que no me imaginé nunca –explicó Rosa Roinsinblit ante el Tribunal Oral Número 6 que juzga el plan de apropiación ilegal de niños– es que el bebé iba a nacer en un campo de concentración, porque no hablábamos de desaparición en ese momento, sino de gente detenida. Yo pensaba que a mi hija la iban a juzgar, a condenar y yo esperaba, pero el apuro mío era que ella tenía que volver a casa para tener a su bebé. Pasó el tiempo y siguió pasando inexorablemente."
Patricia tuvo a su hijo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estaba secuestrada en un campo de la Aeronáutica en Morón, pero la llevaron a parir a la ESMA. La atendió el represor Jorge Luis Magnacco. "Yo no sabía todo eso, pero un buen día dos abuelas que estaban en Ginebra me dijeron: ‘Rosa, hay señoras liberadas de la ESMA y que fueron testigos del parto de tu hija, tenés que hablar con ellas’."
Rosa se contactó con Sara Osatinsky y Ana María Larralde, entre otras. Su nieto había nacido en el espacio llamado la Pequeña Sardá: "En ese momento me enteré de que en la Esma había una camilla o más bien una mesa de cocina y sobre esa mesa tuvo el parto mi hija, el 15 de noviembre de 1978, y una de ellas, como era enfermera, le puso el goteo para apurar las contracciones".
Patricia le puso a su hijo Rodolfo Fernando y lo tuvo sobre su vientre hasta que le cortaron el cordón umbilical.
En la audiencia de ayer no estaba Magnacco ni otros represores. El fiscal Martín Niklison guió la primera parte de las preguntas. Cuando preguntaba por fechas o nombres, Rosa en ocasiones pedía un momento: "Han pasado muchos años y muchos nombres no van a acudir a mi memoria –dijo alguna vez–. Puedo darme el lujo de no recordar aunque todo el mundo dice que tengo mucha memoria."
A Patricia la secuestraron el 6 de octubre de 1978. Era estudiante de medicina y militante de Montoneros con José Manuel. Ambos tenían una hija de 15 meses que estuvo secuestrada durante unas horas con sus padres, en un auto, mientras la patota buscaba lugar para dejarla. Mariana se crió con los abuelos y años más tarde sería la primera en identificar a su hermano.
Rosa era muy ingenua en ese momento, aseguró. Cuatro o cinco días después del secuestro, recibió una llamada de su hija. "Era una situación muy confusa, todo lo que me decían lo creía. Ella me dijo: ‘Me están atendiendo muy bien’; y yo le creía. Después deduje que la estarían encañonando con una pistola para que dijera eso." Alguien le dijo que iban a liberarla. Y le advirtió que se quedara cerca del teléfono: cuando el niño naciera iban a volver a llamarla.
"Y me quedé cerca del teléfono esperando. Estuve esperando hasta que me di cuenta de que no era así. Y se fueron despertando cosas en mí que no conocía."
"Dije tantas cosas, ya... –dijo Rosa Roinsinblit cuando el Tribunal le preguntó al final si todavía quería agregar algo–. Lo único que quisiera decir es que le pido a mi nieto que no me prive de la niñez de mis bisnietos, que no me haga lo que me hizo la dictadura con él, que yo no disfruté de su niñez, y que para una abuela es llevarlos a una plaza, a dar vueltas en la calesita, y no la vida que yo llevo con las Abuelas, dando testimonio por el mundo entero para que se conozca lo que pasó en Argentina, porque lo que pasó no nos pasó solamente a nosotras, le pasó a toda la sociedad."
Rosa había vuelto a uno de los nudos de su historia. La relación con su nieto Guillermo, recuperado e identificado en 2000, que tuvo un comienzo casi perfecto, un encuentro "idílico" pero que poco después quedó roto cuando la Justicia investigó y condenó a los apropiadores.
Rosa es vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Cumple 97 años en agosto. Ante el Tribunal Oral Federal 6 documentó la historia de Abuelas, el trabajo por encontrar el modo de identificar a los nietos, pero sobre todo habló del secuestro de su hija: Patricia Julia Roinsinblit, embarazada de ocho meses; de su yerno José Manuel Pérez Rojo y del nieto.

El Encuentro
Cuando Rosa terminó de detallar centenares de trámites, datos, episodios y documentos, Niklison le preguntó qué sucedió con su nieto. "El tiempo pasa –le dijo Rosa– y pasa inexorablemente. Un día mi nieta, que trabajaba en Abuelas, recibió una llamada anónima donde le decían de un caso de un chico que había nacido en noviembre de 1978, donde intervino la aeronáutica. Enseguida se dio cuenta de que era nuestro caso."
Aunque las Abuelas suelen hacer las búsquedas con discreción, su nieta, que era mucho más joven, salió corriendo a buscar a su hermano. "Agarró unos documentos y se fue al lugar donde trabajaba." Cuando llegó, preguntó por Guillermo. Alguien lo llamó en voz alta. Y Guillermo apareció.
"A mí me parece que podemos ser hermanos", le dijo ella. "El se rió, no quiso saber de nada, pero mi nieta fue muy convincente porque ese mismo día Guillermo estaba en la Casa de las Abuelas y pedía que le saquen sangre porque quería saber si esa chica era su hermana."
Rosa estaba en Boston. Cuando confirmaron la identidad, suspendió la estadía. Compró un regalo a su nieta y un buzo blanco con un escorpión rojo para él. "Si la cosa camina bien –se dijo–, se lo doy; si no, paciencia." Cuando llegó, lo vio en el estudio de un abogado. "Yo estaba sentada y entró él, un muchacho delgado, alto, de un metro ochenta, y le dije: ‘Bueno, yo soy tu abuela’. Y él me dijo: ‘¡Ya lo sé, Baba!’, porque mi nieta me llama Baba. Así que él ya sabía, así que así nomás, me abrazó, me besó y fue un encuentro idílico."
Rosa habló del buzo. Que a él le encantó porque era de River. De cenas, de cumpleaños. "Son detalles, pero muestran lo bien que se desarrollaban las cosas, que cambiaron el día en que la Justicia citó a los apropiadores, los indagó, los procesó, los condenó y los metió en la cárcel. Ahí cambió todo: ellos cometieron un delito, fabricaron una falsa partida de nacimiento, presentándose como los padres, en fin... cosas que componen un delito. Pero eso no le gustó al chico y entonces empezó a repudiarme."
Rosa tomó agua durante toda la declaración. Y en ese momento volvió a hacerlo. La apropiadora era Teodora Jofré y su marido Francisco Gómez. Ella era empleada doméstica de uno de los jefes de la aeronáutica, y él se convirtió en el jardinero que cuidaba el parque del centro clandestino donde estuvo Patricia.
"El repudio hacia mí era y no era –dijo Rosa–. Yo lo llamaba por teléfono y él me decía: ‘¿Para qué me llamás?’, pero no me cortaba. Y yo seguía insistiendo, seguía llamando." Un día, Rosa le dijo algo distinto: "Decime, Guillermo, si esa señora a quien vos llamás mamá es mi hija". Porque "él ya conocía todo, sabía la verdad y creo que hizo un click porque empezamos a vernos, no con mucha frecuencia pero nos veíamos".
Guillermo se casó. Rosa fue al civil, pero no a la Iglesia: "Menos mal que no fui –dijo–, porque la madrina era la apropiadora." Algo del vínculo con su nieto, sin embargo, siguió estando. La relación sigue prendida con "alfileres", como dice Rosa, y ella no ve a sus bisnietos, como dijo una y otra vez. Sin embargo, Guillermo les puso a sus hijos el apellido de sus padres biológicos.
1 de junio de 2011
31 de mayo de 2011
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en uruguay campea la impunidad


La Corte de Uruguay ratificó que los crímenes de la dictadura fueron "delitos comunes".
Uruguay. La Suprema Corte de Justicia ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar no son crímenes de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. El fallo considera que en 1976, fecha del delito juzgado, no existía la figura de la desaparición forzada, creada por ley en octubre de 2006, por lo cual no se puede imputar ese ilícito a hechos ocurridos en aquel entonces.

El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es respuesta a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ, que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 "homicidios muy especialmente agravados". Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, quien había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de "desaparición forzada", considerados de lesa humanidad.
El fallo explica que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito. De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1 de noviembre próximo, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.
El Frente Amplio fracasó el 19 de mayo en la Cámara de Diputados en la aprobación de un proyecto que anulaba la Ley de Caducidad, que dio impunidad a policías y militares que violaron los derechos humanos. Ese texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Caducidad, a efectos de postergar la prescripción de la mayoría de los casos.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (por la que se desiste de juzgar a asesinos y torturadores) fue aprobada en 1986 durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos plebiscitos. La administración de Tabaré Vázquez (2005-2010) dio una nueva interpretación a la Caducidad, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Álvarez (1981-1985) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.
1 de junio de 2011
31 de mayo de 2011
©página 12

montaje en caso bombas


Diputados Gutiérrez y Jiménez denuncian ilegalidad y abusos contra imputados del llamado "caso bombas".
Valparaíso, Chile. Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, junto a una Misión de Observación que en abril revisó las condiciones de detención de dichos imputados en la Cárcel de Alta Seguridad, reclamó el cierre de dicho recinto penal y una reforma radical de la Ley Antiterrorista.
Los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Tucapel Jiménez (PPD) se reunieron ayer en la sede del Congreso Nacional en Santiago con familiares y abogados de los imputados por el llamado "caso bombas", para dar a conocer un informe de una Misión de Observación de organizaciones de derechos humanos que constató en abril pasado las severas condiciones de encierro que sufrieron dichas personas en la Cárcel de Alta Seguridad.
Los catorce imputados (doce hombres y dos mujeres) son acusados por la el Ministerio Público de la colocación de artefactos explosivos en diversos inmuebles de instituciones públicas y privadas. Fueron detenidos en agosto de año pasado y permanecieron ocho meses privados de libertad hasta que en mayo se les otorgó arresto domiciliario. Actualmente la causa se encuentra en audiencia de preparación del juicio oral.
Un conjunto de organizaciones de derechos humanos (Observatorio Ciudadano, Codepu, Comisión Ética contra la Tortura, Cintras, Comisión Chilena de Derechos Humanos) conformaron una Misión de Observación para verificar las condiciones de detención de los imputados en la unidad especial de alta seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad. La visita se realizó el 2 de abril pasado y, de acuerdo al informe elaborado, se constataron periodos de encierro de 22 horas, allanamientos corporales denigrantes a quienes los visitaban y tomas de muestras de sangre a la fuerza, entre otras situaciones.
El abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los imputados, afirmó que los éstos han estado sometidos a un proceso injusto, plagado de irregularidades procesales de parte del Ministerio Público, y además habrían sido objeto de tortura. Agregó que en esta causa ya han sido desechadas 4.550 pruebas de un total de siete mil durante la audiencia de preparación del juicio oral y aún restan dos semanas de esta fase.
El diputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el informe entregado ratifica que a su juicio "la situación de ilegalidad e injusticia en que se les ha tenido privados de libertad e incoado un proceso a estas personas".
"En una sociedad civilizada con estado de derecho y un ordenamiento jurídico democrático estas cosas no deberían ocurrir, pero están ocurriendo en Chile cotidianamente. A través de este caso queremos dar cuenta de una situación de injusticia generalizada por la cual atraviesan cientos de chilenos recluidos en estas cárceles de máxima seguridad. Hay que cerrar ese penal porque no hay justificación alguna que amerite que haya personas en celdas individuales por 22 horas, en condiciones de insalubridad, como este informe arroja", puntualizó.
También cuestionó la aplicación de la Ley Antiterrorista señalando que "fue diseñada en los tiempos de la dictadura pero fue profundizada en los tiempos de la Concertación para enjuiciar discrecionalmente a cualquier persona por delito terrorista. Aquí hay un tema que hay que cambiar, así como también corregir este curso casi delictual del estado chileno".
El diputado Tucapel Jiménez, junto con reafirmar que a su juicio la Ley Antiterrorista no pasa ningún test democrático en ningún país del mundo, manifestó que "como Poder Legislativo tenemos una deuda pendiente y un desafío, que nos recomienda este informe, de poder fiscalizar la independencia con que deben actuar los cuerpos legales".
"Este informe lo vamos a llevar el miércoles a la Comisión de Derechos Humanos para consensuarlo con el resto de los colegas y ver la posibilidad de patrocinar una comisión investigadora para ver la real independencia de la justicia chilena", indicó el parlamentario.
1 de junio de 2011
30 de mayo de 2011
©diario de la cámara