obama prorroga ley antiterrorista

---

La Ley Antiterrorista, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, permite investigar registros e intervenir llamadas telefónicas aleatorias en busca de extremistas.

---

Estados Unidos. Minutos antes del plazo de la medianoche de este jueves, el presidente Barack Obama firmó y promulgó una iniciativa para prorrogar por cuatro años la Ley Antiterrorista, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que permite investigar registros e intervenir llamadas telefónicas aleatorias en busca de extremistas.
"Es una herramienta importante para que sigamos enfrentando una amenaza terrorista en curso", dijo Obama el viernes, luego de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, en el marco de la cumbre del G8.
Dado que Obama se encontraba en Francia, la Casa Blanca dijo que el presidente usó una máquina especial que permitió replicar su firma real. Dicha máquina sólo se utiliza bajo la debida autorización del presidente.
El Congreso aprobó la extensión de la llamada Ley Patriota por cuatro años y envió el proyecto de ley al Presidente apenas unas horas antes del plazo de vencimiento de las disposiciones, a la medianoche.
El Senado y la Cámara de Representantes realizaron votaciones este jueves en rápida sucesión, luego que los legisladores rechazaron intentos por atenuar el poder de las fuerzas policiales y prevenir abusos a las garantías individuales.
Una expiración de corto plazo no habría interrumpido las operaciones antiterroristas en curso, pero habría impedido que el gobierno obtuviera órdenes judiciales para nuevas investigaciones.
El Congreso llegó a la fecha límite principalmente por la tenaz resistencia de un solo senador, el republicano Rand Paul, quien considera que los poderes para la caza de terroristas son una violación de los derechos de privacidad.
Paul bloqueó la votación final durante varios días mientras exigía una oportunidad para cambiar el proyecto de ley y disminuir la capacidad del gobierno para supervisar acciones individuales.
La prórroga le dio cuatro años más a la intervención de llamadas telefónicas —aquellas autorizadas por una persona en lugar de una línea de comunicaciones o un aparato— a las búsquedas autorizadas judicialmente de registros de negocios y a la vigilancia de individuos no estadounidenses sospechosos y sin lazos comprobados con grupos terroristas.
La intervención de llamadas telefónicas y el acceso a registro de negocios forman una pequeña parte de la Ley Patriota, promulgada luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de la ley, que es permanente, esas disposiciones deben ser renovadas periódicamente ante el temor de que violen los derechos de privacidad. Lo mismo aplica para los sospechosos individuales, que fue parte de la ley de inteligencia de 2004.
[Foto viene de este blog.]
27 de mayo de 2011
©semana

un crimen, dos causas en caso suppo

---

Se desdobló la investigación judicial del asesinato de Silvia Suppo. El juez Rodríguez recibió el expediente que había tramitado su colega de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo y desglosó la parte del supuesto crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.

---

[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, desdobló la investigación del asesinato de Silvia Suppo. Elevó al Tribunal Oral de Santa Fe una parte de la causa para que sean juzgados los dos detenidos por el homicidio, un trapito de Rafaela, Rodrigo Sosa, de 19 años, y su primo, Rodolfo Cóceres, de 21, y resolvió seguir investigando por cuerda separada la hipótesis del crimen por encargo, como le ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el debate, el tribunal estará integrado por los jueces santafesinos María Ivón Vella y José María Escobar Cello, más un tercer magistrado de Rosario o de Paraná que deberá designarlo la Cámara Nacional de Casación Penal en las próximas semanas, mientras que los dos imputados, Sosa y Cóceres, serán asistidos por el defensor oficial, Fabio Procajlo, el mismo que defendió al ex juez Víctor Brusa y a otros represores de la dictadura.
El doctor Rodríguez elevó la causa a juicio oral sin muchas diligencias. Recibió el expediente que había tramitado su colega, el juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo, el 29 de marzo del año pasado, desglosó la parte del crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.
Antes del fallo de la Corte que radicó la causa en el juzgado de Rodríguez, el juez Mognaschi estaba a punto de elevar la investigación a juicio oral en los Tribunales de Rafaela. Incluso, la fiscal Cristina Fortunato había hecho el requerimiento de elevación a juicio, cuando se planteó el conflicto de competencia y Mognaschi tuvo que elevar el expediente a la Corte nacional. Por lo tanto, vale repasar los últimos movimientos de la causa:

*1º de febrero. La fiscal de Rafaela firma la requisitoria de elevación a juicio para que Sosa y Cóceres sean juzgados por un tribunal de Rafaela.

* 21 de febrero. El procurador general de la Nación subrogante, Luis Santiago González Warcalde, dictamina que es competente en la causa el juez Mognaschi.

* 29 de marzo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación "comparte y hace suyos la descripción de los hechos y del trámite de la contienda de competencia", pero como "no puede descartarse que la muerte de Silvia Suppo" esté vinculada a su condición de víctima y testigo de delitos de lesa humanidad, ordena que la causa quede radicada en el juzgado de Rodríguez. El fallo fue votado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus colegas Elena Higth de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zafarroni.

*1º de abril. La Corte notifica al juez Mognaschi.

* 6 de abril. Mognaschi remite el expediente a Rodríguez.

* 11 de abril. El juez Rodriguez recibe el expediente el 325/10 "Cóceres, Rodolfo y Sosa, Rodrigo s/homicidio agravado", se avoca "al conocimiento de la causa" y resuelve tramitar por cuerda separada otro expediente Nº 325 Bis/10 para investigar la hipótesis del crimen por encargo, que cuando se planteó el conflicto de competencia con Mognaschi se negó a profundizar dos veces.

* 20 de mayo. El Tribunal Oral de Santa Fe recibe el expediente 325/10, reserva las pruebas en la Secretaría de Derechos Humanos y le pide a la Cámara Nacional de Casación Penal que "designe un juez ad hoc para integrar el tribunal en la presente causa".

Esto significa que la investigación llega a juicio oral, tal como la había dejado el juez Mognaschi y con la requisitoria de elevación a juicio que firmó la fiscal Fortunato, el 1º de febrero, en un escrito de dieciocho fojas.
Según la fiscal, las confesiones de Sosa y Cóceres de haber asesinado a Suppo "son verosímiles" y se ensamblan con "las pruebas reunidas de la causa". Y entendió que "se encuentra acreditado con el grado de probabilidad necesaria, no sólo la responsabilidad de los autores, sino la mecánica del hecho, excediendo con creces una sospecha o mera "posibilidad", siendo los elementos incriminantes positivos superiores y preponderantes a los negativos".
"La voluntad realizadora de los imputados ha estado directamente encaminada a la producción del resultado, quedando así evidenciado su claro desprecio por la vida humana que constituye entonces el motivo de la agravación de la figura penal seleccionada", el homicidio agravado. "La poca importancia que los autores le han otorgado a la vida, subestimándola al punto de sacrificarla sin miramientos en aras de alcanzar el éxito en la consumación del delito conexo robo al que consideraron de mayor importancia para salvaguardar su impunidad se presenta aquí en forma diáfana", concluyó Fortunato.
27 de mayo de 2011
©rosario 12

sigue la espera por el adn

---

Argumentos de los Noble Herrera y de las Abuelas ante Casación. Los camaristas decidirían el próximo jueves si hacen lugar al pedido de nuevas muestras para realizar el análisis genético de los hijos adoptados por la dueña de Clarín. Las querellas defendieron la posibilidad de extracción de sangre compulsiva.

---

[Alejandra Dandan] Argentina. "Esta maniobra de usar a Marcela y Felipe como escudos para defender a Ernestina Noble es lo que les está causando el daño moral; no fuimos nosotros, esa responsabilidad no la tiren para este lado", dijo Pablo Llonto durante la audiencia. "Ellos son víctimas, pero no las únicas, porque también están los hermanos que esperan un resultado de este análisis, los tíos, todas las familias. Y además Felipe fue padre, tuvo una hija, Morita Noble Herrera: ella también es víctima, necesita saber quiénes son sus abuelos; alguien le tiene que poner desde la Justicia un nunca más a esta manía de presentar recursos permanentes, terminar con la costumbre de venir a mentir a la Justicia."
Tal vez fueron las palabras más políticas del debate. Ya terminaba la audiencia pública que había sido convocada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal a las once, en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. La sala integrada por Raúl Madueña, Guillermo Yacobucci y Luis García convocó a un plenario oral y público para escuchar a todas las partes antes de resolver el planteo que presentó la defensa de Felipe y Marcela Noble Herrera, que se opone a la extracción compulsiva de sangre que ordenó en diciembre pasado la jueza de primera instancia Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la dilatada causa por la sustracción de identidad de los supuestos hijos de la dueña del diario Clarín.
En la audiencia estuvieron representadas todas las partes, pero no estaban Felipe y Marcela. Estela de Carlotto se sentó entre los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud y Mario Gaitán. Al lado se ubicó simbólicamente el fiscal a cargo de la coordinación de causas de delitos de lesa humanidad, Alfredo Auat, y el fiscal general de Casación, Raúl Plee, en reemplazo notorio de Juan Martín Romero Victorica, quien decidió apartarse por "decoro" y por una recusación, luego de la denuncia pública que hizo en su contra Victoria Montenegro en la causa por robo de menores. Atrás se ubicaron Alcira Ríos y Pablo Llonto, en representación de las familias de las víctimas. Del otro lado, frente a los jueces, los abogados que dicen representar sólo los intereses de Marcela y Felipe –y no los de Ernestina Noble–, entre ellos Alejandro Carrió y Rosana Pigna.
La fiscalía pidió que Casación rechace el pedido de los abogados de Felipe y Marcela: "No se trata exclusivamente de considerar al Estado contra dos personas sino al Estado frente a dos personas y centenares de familias que son víctimas por delitos cometidos por el propio Estado". Y si la Justicia no acepta la extracción de sangre, dijo, "continuaría cometiendo trato inhumano, sería un Estado que seguiría colaborando con aquel ilícito".

Los Argumentos
El debate de tres horas arrancó con la defensa de Felipe y Marcela. Los puntos centrales fueron un planteo de inconstitucionalidad de la decisión de la jueza Arroyo Salgado y la afirmación de que ellos nunca intentaron dilatar la causa. Para eso recordaron que Marcela y Felipe están dispuestos desde 2003 a hacerse la extracción de sangre, aunque todos en la sala sabían que siempre la condicionaron a que la haga el Cuerpo Médico Forense, una medida que las querellas rechazaron desde el comienzo porque cuestionaron un organismo intervenido por la Corte Suprema de Justicia y, como dijo Alcira Ríos, llegó a cobrar dinero por los exámenes: "No lo íbamos a permitir porque los análisis tenían precio y se digitaban".
El otro punto de ataque fueron los resultados del análisis de las prendas íntimas de Marcela y Felipe ordenadas el año pasado por la jueza de primera instancia. Aquellas muestras no sirvieron para extraer el perfil genético porque estaban contaminadas. Carrió dijo que era falso plantear que hubo malicia en el procedimiento y se fundó en declaraciones de algunos testigos, entre ellos el comisario a cargo del operativo, cuya conducta por otra parte fue denunciada en la causa, como recordó más tarde Alan Iud. Ese comisario dijo que Felipe y Marcela siempre estuvieron vigilados y no podían moverse solos, razón por la cual no pudieron haber contaminado las muestras. Dijo además que lo que había ocurrido fue que no habían tenido la ropa puesta el tiempo suficiente como para que se desprenda el perfil genético. Las querellas respondieron a ese planteo, y cada uno a su turno. Sobre ese particular, el abogado de Abuelas recordó que los policías del operativo los habían dejado estar solos entre diez y quince minutos antes del procedimiento.
El resto de los planteos de la defensa giró en torno de fallos de la Corte en causas sobre hijos apropiados. Carrió analizó fallos en minoría para cuestionar la extracción compulsiva frente al derecho de las víctimas. En medio del planteo se abrió paso sin embargo a un pedido sorprendente que fue el que Llonto terminó respondiendo con la idea del "escudo": Carrió pidió que si en todo caso la Cámara habilitaba las pruebas, tuviese en cuenta una serie de consideraciones especiales, entre ellas, permitir que las víctimas no se enteren del resultado y establecer una cláusula para proteger a la acusada: "Debería disponerse al solo efecto de satisfacer la verdad –dijo–; cualquier otro uso que se pretendiera dar a la prueba de histocompatibilidad no debería tener nunca efectos jurídicos, de manera de evitar que las víctimas carguen con todas las consecuencias y eso pueda significar elementos de prueba que pueden eliminar a un ser querido".
Los Contraargumentos
Las querellas basaron su argumentación en la idea de la "última ratio", la última oportunidad que hay para probar o no que Felipe y Marcela sean hijos de desaparecidos. Ese fue uno de los planteos del fiscal, por ejemplo: "Sabemos que es la última posibilidad que tiene el Estado de efectuar (el examen), pero no porque haya existido violación o contaminación ex profeso de las víctimas sino porque entendemos imposible la obtención de otras muestras". Explicó que lo "compulsivo" es "acertado" y hay que entenderlo de acuerdo con el respeto de las garantías constitucionales.
Alcira Ríos señaló que "sólo resta que la Justicia entienda que hay dos intereses, que ya uno está totalmente probado, que es la privación ilegítima de la libertad que los condena a ser personas desaparecidas de por vida; y hay otra parte que quiere seguir eludiendo la responsabilidad amparándose en la impunidad de las responsabilidades que le pueden caber. Es necesario solicitar a esta Justicia que finalmente después de tanto tiempo permita que los familiares accedan a la verdad y justicia, y que las víctimas puedan obtener su libertad".
27 de mayo de 2011
©página 12

del periodismo a la lucha armada

---

Entrevista a Martín Masetti y Juan Pablo Ruiz, directores de ‘La palabra empeñada’. Jorge Masetti entrevistó a Fidel Castro y al Che Guevara en Sierra Maestra, luego fue uno de los fundadores de Prensa Latina y más tarde colaboró con las guerrillas de liberación, hasta desaparecer en Salta en 1964. Su nieto Martín es coautor del documental.

---

[Ana Bianco] El documental ‘La palabra empeñada’ (que se estrena hoy en el Espacio Incaa Km 0 Gaumont) tiene su gran mérito en la sobriedad con que los directores han enmarcado la historia, además de que constituye un testimonio revelador sobre la vida del periodista Jorge Ricardo Masetti, nacido en Avellaneda en 1929. Masetti fue el único argentino que entrevistó a Fidel Castro y al Che Guevara en plena Sierra Maestra y cubrió la guerra de liberación de Cuba. En 1959 fue el fundador y director de la agencia de noticias Prensa Latina, que hizo frente a los monopolios de la información y en la que participaron Rodolfo Walsh, Gabriel García Márquez y Rogelio García Lupo, entre otros. Embebido del oleaje revolucionario de la época, Masetti dejó el oficio de periodista para volcarse a la lucha armada: colaboró primero en la guerra de liberación de Argelia y luego quedó al frente de la avanzada del Che Guevara en la Argentina, bajo el alias ‘Comandante Segundo’. A través de entrevistas a Gabriel García Márquez, Alejandro Doria, Ciro Bustos (integrante del Ejército Guerrillero del Pueblo) y Conchita Dumois, su última compañera, además de material de archivo inédito, los realizadores Martín Masetti y Juan Pablo Ruiz le dan vida a una biografía poco conocida en la Argentina.

¿Qué desean transmitir con la película?
Martín Masetti: –Juan Pablo y yo contamos una historia de vida que merece ser contada: la historia de mi abuelo, Jorge Masetti. Su figura fue tergiversada para sustentar la teoría de los dos demonios. Han estigmatizado a Masetti como un guerrillero loco y dejado de lado toda su labor profesional previa, como el ímpetu que tuvo en la creación de Prensa Latina. Muchos guerrilleros provenían del ámbito académico y eran profesionales destacados, gente que tenía muchísimo que perder y que entregó su vida. Sin embargo, durante el accionar guerrillero en la Argentina se cometieron errores.

¿Por qué el documental está dividido en tres partes?
Juan Pablo Ruiz: –La película está estructurada de esa manera para contar la vida de Masetti en etapas que son los momentos más valiosos de su existencia: la de la Revolución Cubana, cuando tomó contacto con Fidel y el Che y esto produjo un cambio en su vida; la creación de Prensa Latina y cuando decidió pasar a la lucha armada. Por eso hay una secuencia de Masetti periodista en la Argentina, una segunda en Cuba y una tercera sobre el plan estratégico del Che para América latina, y en particular para la Argentina.

¿Cómo fue el nacimiento de Prensa Latina en Cuba?
M. M.: –Prensa Latina fue creada en 1959, después del triunfo de la Revolución, como una agencia de información alternativa. A los jóvenes que hoy analizan la función del periodismo les resultará una propuesta inusual para la época. La premisa de mi abuelo era: "Somos objetivos pero no imparciales". Prensa Latina contaba con poco apoyo financiero y luchaba contra el hostigamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa y las agencias europeas y estadounidenses que acaparaban la información. Los periodistas que trabajaban en Prensa Latina tenían un gran compromiso político. Fue una agencia que contó con el apoyo de la intelectualidad europea y norteamericana, atraída por la naciente Revolución Cubana. Era un periodismo artesanal, construido a fuerza de pasión en la entrega por conseguir la noticia. Era notable la calidad de los profesionales que trabajaron en Prensa Latina: se juntaron Walsh, García Márquez, García Lupo, y fundaron una agencia que fue paradigma del nuevo periodismo. Masetti era el único periodista argentino que había entrevistado a Fidel y al Che en plena Sierra Maestra, antes del triunfo de la Revolución y en pleno cerco al Movimiento 26 de Julio. Al Che le llamaron la atención el coraje y la entrega de este periodista y desde entonces lo tuvo en cuenta para próximos proyectos. Masetti cultivó su amistad con el Che. Ambos compartían el deseo de hacer la revolución en la Argentina. El sectarismo en Cuba hizo que Masetti dejara la agencia en el ’62 y viajara a Argelia en una primera misión militar.

¿Qué motivó a Masetti a regresar a la Argentina?
M. M.: –Ni él ni el Che trataron de exportar la revolución a la Argentina. Era un momento de cambios profundos en el mundo y la idea de llevar a cabo una revolución era plausible. Al palpar el triunfo del Movimiento Independentista en Argelia, se aceleró en mi abuelo la idea de formar una guerrilla en la Argentina. Masetti era el organizador, contaba con una experiencia militar básica pero demostraba entrega, empeño y un convencimiento muy grande. Así se creó una avanzada de guerrilla que terminó trágicamente, con muertos y con problemas dentro del grupo. La guerrilla se conforma con una poética revolucionaria muy grande, pero se rige por la disciplina militar. Masetti, que era un periodista reconocido, terminó desapareciendo en la selva de Orán sin que hasta hoy se hayan logrado recuperar sus restos...

La película está sustentada en una buena investigación periodística.
J. P. R.: –Durante un año entero nos dedicamos a recopilar fotos, entrevistas y hasta grabaciones perdidas de los años ’50, como una que Alejandro Doria le dio a Martín. La investigación duró hasta el último día de trabajo. No somos periodistas, pero hemos realizado un trabajo autodidacta. La película tiene un fuerte sustento periodístico. Tomamos testimonios de primera mano de gente que vivió directamente la historia y puede contrarrestar ese aparato que tergiversó a Masetti.

A Gabriel García Márquez se lo ve emocionado en la entrevista. ¿Cómo dieron con él?
M. M.: –Era una entrevista primordial y necesaria. Sabíamos que iba a estar en el Festival de Cine de La Habana del 2008. Lo conocimos en una fiesta con música electrónica y luces de neón, rodeado de jóvenes que pugnaban por sacarse fotos con él. Ante la insistencia nuestra y el amor que le tenía a Masetti, García Márquez finalmente aceptó. A Mercedes, su esposa, le aclaramos que la entrevista no la íbamos a vender, que era sólo para el documental. Nunca nos interesó hacer una película sobre revisionismo histórico ni puntualmente focalizada sobre la lucha armada. Nosotros no provenimos del ámbito académico donde se hacen estos análisis. Al contar una historia de vida, fue difícil entrevistar a la gente sobre temas tan hondos y que afectan su sensibilidad.

¿Qué opinión tienen del libro ‘Muertos de amor’, de Jorge Lanata, que cuenta la historia de la formación y desintegración del EGP?
M. M.: –Es poco serio, falto de rigor histórico. A Masetti se lo puede analizar y no coincidir con sus acciones, pero esa novela basada en hechos históricos carece de una investigación previa y no está a la altura de la trayectoria de Lanata. Me cuesta hablar de él porque me crié escuchando el programa Hora 25 en Rock and Pop, pero me hubiera gustado que tuviera más profesionalismo a la hora de escribir ese libro. La película la empezamos hace cuatro años y el libro salió hace dos. Como lector, tengo el derecho de pedirle a Lanata rigor científico por la talla de periodista que es. A los que quieran profundizar más sobre esta historia, les recomiendo ‘El Che quiere verte’, de Ciro Bustos, que editó Rogelio García Lupo. Es un gran libro, no sólo por lo histórico sino además tiene valor literario. El libro ‘Los que luchan y los que lloran’, de Jorge Masetti –editado por Graciela, una de sus hijas–, y lo digo con cierto pudor, está a la altura de ‘Los 10 días que conmovieron al mundo’, de John Reed. ‘Los que luchan...’ es una crónica periodística que quedó en la historia del periodismo argentino.
27 de mayo de 2011
26 de mayo de 2011
©página 12

ppd llama a derogar ley antiterrorista

---

Bancada PPD llama a derogar Ley Antiterrorista. Ha llegado el momento de derogar esta Ley que fue promulgada durante el régimen militar para castigar la disidencia y las movilizaciones sociales con procedimientos anómalos y sentencias desproporcionadas, sostuvo el jefe de bancada del PPD.

---

Valparaíso, Chile. La bancada de diputados del Partido por la Democracia, encabezada por Pepe Auth, hizo un llamado a derogar la Ley antiterrorista, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción ratificara la sentencia de la justicia militar que absuelve a cuatro comuneros mapuches actualmente en huelga de hambre de 73 días, previamente condenados por el tribunal oral de Cañete a 25 años de prisión en virtud de la aplicación de esta legislación.
"La decisión de los jueces de Concepción hace justicia a la demanda de los huelguistas de un proceso justo. Ha sido nada menos que la justicia militar quien ha dado la razón a los acusados. En consecuencia, esperamos que la Corte Suprema de Justicia pondere adecuadamente el próximo 3 de junio el recurso de nulidad de la sentencia de Cañete", afirmó Auth.
El parlamentario agregó que "los fiscales de la Araucanía han sido excesivamente diligentes en usar la Ley Antiterrorista para criminalizar la causa mapuche. Ha llegado el momento de derogar esta Ley que fue promulgada durante el régimen militar para castigar la disidencia y las movilizaciones sociales con procedimientos anómalos y sentencias desproporcionadas. En Chile no hay terrorismo. Para enfrentar cualquier acto de violencia extrema contamos con una legislación penal adecuada".
Por su parte, el subjefe de la bancada PPD, Marco Antonio Núñez, indicó que "el pueblo mapuche, sus dirigentes y sus organizaciones han sido estigmatizados injustamente como violentistas y terroristas. El Estado y la sociedad son responsables de esta criminalización al descuidar las causas profundas de las deudas pendientes con nuestros pueblos indígenas", agregando que "este es el momento para el Gobierno y el Parlamento de derogar la Ley Antiterrorista en Chile".
"Los parlamentarios del PPD ofrecemos desde ya nuestros votos para el cumplimiento de este objetivo y llamamos al Gobierno a cumplir con las normas internacionales en materia de derechos de nuestros pueblos indígenas, entre ellas el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas", concluyó Núñez.
27 de mayo de 2011
26 de mayo de 2011
©diario de la cámara

condenan a alias pablo por masacre

---

El exjefe paramilitar fue condenado por el asesinato de líderes indígenas en La Guajira.

---

Colombia. Arnulfo Sánchez González alias ‘Pablo’ fue condenado a 26 años de prisión por el asesinato de un grupo de mujeres indígenas de la etnia Wayúu, ocurrido entre el 18 y 20 de abril de 2004.
Así lo decidió el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, que encontró responsable al exjefe paramilitar del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte, de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, desaparición forzada, tentativa de homicidio, tortura y desplazamiento forzado.
Alias ‘Pablo’ fue quien ordenó y dirigió el asesinato de las indígenas Margot Ballesteros Epinayú, Rosa Fince Uriana, Rubén Epinayú, Diana Fince Uriana y a Reina Fince Pushaina, en los corregimientos de Bahía Portete y Bahía Honda, en la Guajira. Tras la masacre, los habitantes de esos pueblos salieron desplazados.
El exjefe paramilitar fue capturado en noviembre de 2010 y desde entonces está preso en La Picota. Por no haberse desmovilizado, es juzgado por la justicia ordinaria.

La Masacre
A pesar de que el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 2010 hizo ya una primera reconstrucción detallada de la masacre de Bahía Portete en la Alta Guajira, ocurrida entre el 18 y el 20 de abril de 2004,  aún quedan muchas verdades por contar de este horripilante crimen que dejó tres muertos, al menos dos desaparecidas (aunque el número exacto es aún desconocido),  y varios heridos.
¿Qué exactamente condujo la masacre y las consecuencias que tuvo para los miembros de la comunidad wayúu, un pueblo que representa una quinta parte de la población indígena total de Colombia y el 48 por ciento de la población guajira?
La masacre puso al descubierto la ineficacia estatal para detener el avance paramilitar en estos territorios habitados por indígenas, aún cuando estos grupos estaban supuestamente comprometidos en un cese de hostilidades. Y también permitió ver cómo algunos miembros de la misma comunidad wayúu se aliaron con los paramilitares, sin que por ello lograran detener la ola de cruda violencia que aplastó a su pueblo, y en especial a sus mujeres.

Los Antecedentes
Desde mucho tiempo antes de que llegaran los paramilitares a la alta Guajira, ya distintos clanes wayúu se disputaban el control y el usufructo del puerto naturalmente profundo en Bahía Portete, aislado del mundanal ruido y resguardado, ideal para contrabandear sin ser percibido por autoridad alguna.
Para la década de los 60 el señor Simón Barros Epieyu, conocido como ‘Simón Bala’ (‘bala’ no por su relación con las armas, sino como una forma de pronunciar su apellido), era quien manejaba el puerto de Portete, en nombre de su comunidad.
Cuando murió en 1984, su hijo, José María Barros Ipuana, conocido como ‘Chema Bala’, heredó este mando. A partir de esa época y coincidiendo con la etapa de la bonanza de la producción de marihuana en la región, Portete floreció y era la fuente de riqueza del norte de La Guajira. Y, tal como lo relata el informe del Grupo de Memoria Histórica, la pelea por el control del puerto, y de la tajada que dejaban los tráficos ilegales que por allí pasaban, entre otras cuestiones, terminó enfrentando a ‘Chema Bala’ y su familia con otras familias guajiras de tradición, los Fince Epinayú, los Uriana Fince y los Ballesteros Epinayú.
Las tensiones llevaron al cierre temporal del puerto desde mediados hasta fines de los noventa. Después los paramilitares irían a aprovecharse de estas pugnas internas para dividir y reinar.
Cuando los ‘paras’ de Mancuso y de ‘Jorge 40’ llegaron a la media y alta Guajira en 2001, los jefes tradicionales del contrabando y del narcotráfico local hicieron su cálculo sobre cómo podrían resistir la arremetida y mantener su poder y su negocio. Algunos concluyeron que era mejor aliarse con ellos, intentando ser sus iguales; otros, incluyendo varios jefes wayúu, se les subordinaron y creyeron hacerse un espacio prestándoles servicios. Pero otros más, orgullosos indígenas wayúu que no se habían dejado someter ni por los colonizadores españoles, se les resistieron.
Así ese pueblo indígena aportó víctimas y victimarios a la cruenta expansión paramilitar que se les vino encima. La gente corriente tuvo que sobrevivir como pudo "respirando el mismo aire de los paramilitares", como le dijo una mujer wayúu, habitante de la alta Guajira, a VerdadAbierta.com.

Los Detonantes de la Masacre
Hay dos fuentes que documentan la masacre: el registro judicial que juiciosamente han realizado los investigadores y fiscales de Justicia y Paz y de la justicia ordinaria; y la gente que vivió la tragedia. Ambas miradas son válidas y necesarias.
Según la Fiscalía antes de la masacre, entre enero de 2003 y marzo de 2004, fueron asesinadas por lo menos catorce personas en la región. Fueron muertes hiladas entre sí, que fueron apretando el nudo de violencias que estalló el siguiente abril.
En marzo de 2003 el hermano de ‘Chema Bala’, Nicolás Barros Ballestero fue con su sobrino, Arturo Epinayu, al municipio de Uribia a denunciar que había paramilitares en su región de Portete. Apenas regresaron los mataron.
No pasó un mes, cuando el 26 de abril de 2003 hombres del Frente Contrainsurgente Wayúu -FCW (el eufemístico nombre que se pusieron los paramilitares para vestir de ropaje político su lucha por el control del negocio del narcotráfico y demás lucrativos contrabandos)  asesinaron a los policías investigadores Luis Eduardo Perdomo Cotes y a Wilson Antonio Barbosa Rinco, en un estadero que tenía la familia Fince por Puerto Nuevo. Meses después, a fines de ese año,  la justicia llamó a declarar a Rolando Ever Fince, Alberto Ever Fince y Gregoria Delfina Mieles Medina, como testigos de los asesinatos. Cuando regresaron a su negocio, el primer día de 2004 fueron asesinados por desconocidos. Hoy se cree que fueron miembros de las Auc.
Luego de estos homicidios, y días antes de la masacre de Portete, varios integrantes de la comunidad wayúu emboscaron a hombres armados del FCW y, según varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, les robaron unos kilos de cocaína que llevaban. Estas fuentes y la Fiscalía coinciden en que en la emboscada fueron asesinados todos los paramilitares, y que no quedó rastro, pues los incineraron ahí mismo donde los mataron. Aseguran los investigadores judiciales que este episodio fue el que causó la masacre de Portete que se extendió desde 18 hasta el 20 de abril de 2004.
Y que los paramilitares se ensañaron contra las mujeres wayúu, porque sabían que en una sociedad matriarcal ellas era la fortaleza; acabarlas sería la peor venganza.

Las Versiones de la Masacre
La causa madre de la horripilante masacre que subyace a cualquier detonante específico fue, por supuesto, la violenta arremetida de los paramilitares comandados por ‘Jorge 40’ en la alta y media Guajira con la ambición de dominar unos puertos ideales para todo tipo de tráfico ilegal. A lo cual también ayudó la inoperancia de las autoridades civiles y militares de la región. No obstante, las tesis difieren sobre los detalles específicos. Una que sostienen varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com es que ‘Chema Bala’, aliado con los ‘paras’, quiso dar la batalla final con los Fince Epinayú para asegurarse Portete de una vez por todas. La segunda, también avalada por fuentes creíbles, es que fue la venganza del FCW contra los Fince porque atestiguaron ante la justicia en contra de ellos por la muerte de los policías, y habían emboscado a sus hombres.
En su investigación, el Grupo de Memoria Histórica estableció que la masacre fue planeada y coordinada por ‘Jorge 40’ y por Arnulfo Sánchez alias ‘Pablo’, jefe del FCW en la alta Guajira,  en compañía de ‘Chema Bala’. Un día antes de la masacre, un sargento del Batallón Cartagena a quien llamaban ‘Felipe’ transportó a los paramilitares desde Carraipía hasta la alta Guajira en dos carros y pasaron, sin problema, varios retenes. El informe cuenta que  el 18 de abril entre 40 y 50 paramilitares, distribuidos en cinco camionetas y una moto, llegaron a Portete a las siete de la mañana.
La Fiscalía encontró en sus investigaciones que fueron 40 los hombres que llegaron a Portete, y que venían con el mandato explícito de encontrar a los hombres de la familia Fince y como no los hallaron torturaron a mujeres y niños, y como no consiguieron que hablaran mataron a unas mujeres.
Los testimonios recogidos por el informe del Grupo de Memoria es similar. Aseguran que los paramilitares llegaron con lista en mano identificando a miembros de algunas familias como los Fince Uriana, los Fince Epinayú, los Cuadrado Fince y los Ballesteros Epinayú. "Durante el recorrido, los victimarios entran a las casas de quienes tenían en sus listas y eran reconocidos por las mujeres (que los acompañaban) y los informantes locales" explica el informe. Sacaron de sus casas a Margoth Fince Epinayú, a Rosa Cecilia Fince y a Rubén Epinayu y las torturaron y asesinaron.
Otras tres mujeres que se llevaron, al Diana Fince Uriana, Reina Fince Pushaina y una tercera que  no ha sido identificada, nunca más aparecieron.  Las investigaciones judiciales dieron cuenta de los mismos tres muertos (con nombres ligeramente cambiados) y de las dos desaparecidas. Reportó además tres heridos, Moyo Perez Uriana, Lilia Epinayu y Tito Aguilar Epinayu.
Los paramilitares cortaron las cabezas de las matronas wayúu, sin importar su edad y el respeto que tenían en su comunidad, y las clavaron en estacas a las puertas de los ranchos.
La masacre causó tal terror  que la gente de la ranchería salió despavorida. La Fiscalía determinó que únicamente por la masacre se desplazaron 350 personas. Pero un reporte de la Defensoría del Pueblo pudo identificar a 888 personas en situación de desplazamiento de la comunidad wayúu viviendo temporalmente en Maicao, Uribia y Maracaibo en Venezuela, a raíz de la arremetida paramilitar. Las violaciones a los derechos de estos pueblos indígenas no pararon con la masacre.  Los líderes de Portete las han denunciado por seis años consecutivos, y los han amenazado por ello.

Desmovilizados Contradictorios
En la versión libre realizada el 15 de 12 del 2009 el postulado José Gregorio Alvarez Andrade alias ‘Pedro’ confesó:
"La masacre de la alta Guajira en la que tuve participación en el mes de abril de 2004, murieron aproximadamente 5 o 6 personas indígenas wayúu.  Esto fue en Bahía Portete y Puerto Nuevo en la alta Guajira. En el tiempo que estuve en Carreipia el comandante ‘Lucho’ nos reunió en la finca Los Perujano donde nos informa que íbamos a quedar a cargo del comandante ‘Pablo’ (quien siguió delinquiendo en esa zona y en noviembre de 2010 fue capturado en Bogotá). No le conozco el nombre. Participaron alias ‘Lucho’, ‘Pablo’, un sargento del ejército del batallón Cartagena de alias ‘Felipe’ y el chofer de apellido Hernández.  Nos trasladaron de Carreipia a la alta Guajira como a las 4 de la tarde; íbamos de camuflado y yo llevaba el armamento y los camuflados, armamento largo y corto. Nos fuimos en una camioneta del  Ejército y los demás muchachos se fueron en carros de pasajero. Llegamos a una ranchería de propiedad del señor José María Chemas Barros, conocido como alias ‘Chema Bala’. ‘Chema Bala’ estaba en Venezuela pero él tenía conocimiento que el grupo estaba en la finca. Ahí nos reunimos con el comandante ‘Pablo’ o ‘07’.  Él tenía aproximadamente 20 hombres y todos estaban ahí.  Estaba alias ‘Sinaí’, ‘El Diablo’, ‘Moña’, y yo que fui comandando, el grupo mío de 12 hombres. En esa época el comandante del Ejército era el capitán Restrepo, pero no sé si tenía conocimiento de estos hechos. Con el señor ‘Pablo’ me reuní como a las 8 de la noche y nos dijo lo que se iba a hacer, que era contrarrestar el accionar de unos paisanos que les decían "Los Cococonitos" porque al parecer estos indígenas le habían hecho una emboscada a las Auc y les habían matado a 2 muchachos.  Nosotros comenzamos el operativo como a las 5 de la mañana metiéndonos en las rancherías donde pensábamos que podían estar estas personas, porque no los teníamos ubicados con exactitud. Había un indígena que era el traductor entre el comandante ‘Pablo’ y los indígenas. Este indígena pertenecía a las autodefensas. En total íbamos como 40 miembros del grupo entre uniformados y de civiles, todos al mando del comandante ‘Pablo’.  Llevábamos 5 carros. Llegamos como a cinco o seis rancherías y entrabamos a la fuerza, incluso se quemaron chozas y hubo gente desplazada.  Se golpeaba a las personas y se torturaban.  Las personas que asesinamos se encontraron en varias rancherías. Terminamos el operativo como a las 3 de la tarde cuando se metió una patrulla de antinarcóticos, pero ya teníamos a varios retenidos".
Sin embargo, dos años antes el propio ‘Jorge 40’ había dado otra versión.  Afirmó que ‘Chema Bala’ no pertenecía a las Auc y que sólo lo conocía como un miembro de las familias que tenían control del puerto. En dicha versión del 8 de noviembre de 2007 ‘Jorge 40’ aseguró, sin pestañear, que la masacre se trató de "una operación militar" en contra del grupo armado organizado de los hermanos Vicente Gutiérrez Epinayu y Silverio Fince Epinayu, ya que dicho grupo había secuestrado a un ciudadano libanés que fue finalmente rescatado por las autodefensas. Esta última afirmación nunca pudo ser comprobada por la Fiscalía.
En octubre de 2004 ‘Chema Bala’ fue  capturado en Venezuela y entregado a las autoridades colombianas. En su proceso de judicialización pidió ser juzgado por la tradición wayúu. Su petición fue negada. No quiso acogerse a Justicia y Paz, pues siempre sostuvo que nunca perteneció a las Auc. En 2008 ‘Chema Bala’ fue condenado a 40 años de prisión junto con su sobrino Adrian Agustín Bernier Barros. En mayo de 2008,  fue extraditado y en julio de 2009 fue condenado por una Corte Federal de Estados Unidos a 20 años de prisión. Hoy cumple su pena en Oakdale Federal Correctional Complex (FCC) en Louisiana.
 Alias ‘Pablo’ fue capturado el 13 de noviembre de 2010 en Bogotá y enfrenta una investigación por su autoría en la masacre.

Preguntas Pendientes
Este abominable crimen y la ruta de su esclarecimiento aún tienen preguntas pendientes. Poco se sabe de las investigaciones sobre los miembros del Batallón Cartagena, que supuestamente participaron en la masacre, según coinciden varias de las versiones. Sí existen, sin embargo, investigaciones abiertas de la Procuraduría sobre algunos de sus miembros por quejas allí presentadas.
Tampoco se conoce qué poderes políticos locales pudieron ser responsables de permitir el cruento avance paramilitar, y por qué guardaron silencio aún cuando su pueblo estaba siendo masacrado.
Es de esperar que el recientemente capturado ‘Pablo’ contribuya a esclarecer esta masacre, y revele qué hilos de poder se movieron esos años en la puja por el control del tráfico ilegal de drogas, de armas, cigarrillos, licores y demás en esos años. También podría su testimonio, si dice la verdad, ayudar a esclarecer de una vez por todas, si ‘Chema Bala’ no fue miembro de las Auc, como lo ha asegurado, o si por el contrario como estableció la justicia sí lo fue y supo de la masacre de Portete.
También al pueblo wayúu le falta hacer el juicio que no ha realizado para determinar cuáles miembros de sus clanes pudieron haber traicionado a su pueblo sin importarles que los ‘paras’ hubieran cometido este terrible crimen que quiso doblegarle el espíritu a toda la comunidad. Sería un paso importante para que estos crímenes no se vuelvan a repetir.
27 de mayo de 2011
25 de mayo de 2011
©verdad abierta

cae chacal de los balcanes

---

Ratko Mladic fue detenido en Serbia después de 16 años. Se acusa a Mladic de ser el responsable de la muerte de siete mil musulmanes entre hombres y niños en Srebrenica en 1995. Serbia comenzó el proceso de extradición del ex general al tribunal de crímenes de guerra en La Haya.

---

[Vesna Peric Simonjic] La Haya, Holanda. El despiadado líder militar serbio Ratko Mladic se encontraba anoche en una celda a punto de enfrentar un juicio por crímenes de guerra. Las autoridades estuvieron 16 años buscando a quien se cree fue el responsable de la peor masacre de civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Mladic, de 69 años, fue alojado en una celda para crímenes de guerra en Belgrado, luego de un arresto domiciliario en una casa humilde de un familiar suyo, en una pequeña aldea al norte de Serbia. Cargaba consigo dos pistolas, pero se entregó sin resistencia. Fue arrestado por efectivos serbios de seguridad a las 5.30 de ayer en la aldea de Lazarevo. Se encontraba en una casa de ladrillos amarillos que había pertenecido a su primo, Branko Mladic. Los vecinos nunca lo habían visto. Según dijo Rasim Ljajic, un ministro serbio que se ocupa de crímenes de guerra, cuando Mladic salió de la casa estaba pálido y parecía aun más viejo que los 69 años que tiene.
Esta detención allana el camino para que Serbia se integre a la Unión Europea. El país era considerado una nación paria por la Unión Europea, por haber fracasado en arrestar al hombre responsable de la muerte de siete mil musulmanes, hombres y niños, en Srebrenica, en 1995. Increíblemente, Mladic era considerado como un héroe por muchos compatriotas por su rol en las guerras balcánicas de la década del ’90.
"Damos por terminado un período difícil de nuestra historia; hemos quitado la mancha del rostro de Serbia", dijo el presidente Boris Tadic en un anuncio a toda pompa. Dijo que Serbia había comenzado el proceso de extradición del ex general al tribunal de crímenes de guerra en La Haya, donde se lo condenará a cadena perpetua en caso de encontrarlo culpable de genocidio y otros cargos.
La casa donde fue encontrado el genocida venía siendo vigilada desde hace meses. La esposa de Mladic, Bosiljka –quien intentó declararlo muerto el año pasado–, y su hijo dijeron que se encontraban shockeados y sorprendidos por la noticia que terminó con años de búsqueda, falsos escondites y obstáculos por parte de las autoridades serbias. A pesar de los millones de dólares que pesaban sobre su cabeza, Mladic pudo vivir un largo tiempo abiertamente en Serbia antes de tener que esconderse, una vez que las autoridades comenzaron a cercar sus pistas. Cuando Slodoban Milosevic estaba en el poder, Mladic iba a ver partidos de fútbol y no reparaba demasiado en esconderse. Pero cuando Milosevic fue destituido en 2000, la búsqueda de su paradero se tornó más seria, y a partir de allí dejó de mostrarse en público por diez años.
Se cree que los ultranacionalistas fieles a Mladic, que permanecían en el ejército serbio y en la policía tras la caída de Milosevic, lo tenían escondido. También se supone que esos remanentes fueron responsables de las filtraciones en las investigaciones acerca del paradero de Mladic. La presión que ejerció la Unión Europea y la OTAN sobre el gobierno reformista serbio para dar con el genocida hizo que éste se convirtiera en el primer obstáculo para la integración de Serbia a la Unión Europea.
El verdadero punto de inflexión se dio con el repentino arresto en 2008 del líder de los serbiobosnios, Radovan Karadzic, casi irreconocible por la barba y el pelo largo, posando como un gurú new age. El había estado viviendo con bajo perfil en Belgrado bajo un nombre falso. A partir de ahí comenzó a acelerarse el ritmo de la cacería.
Hubo numerosas redadas. En noviembre de 2008, una fábrica privada y la casa de su dueño fueron allanadas en el pueblo central de Valjevo. En 2009, la policía internacional allanó la casa de la hermana de Mladic, en la parte controlada por Serbia de Sarajevo.
Mladic está acusado de homicidio y otros crímenes contra la humanidad, uno de los cuales está considerado la peor atrocidad de la guerra en Bosnia: la masacre de al menos siete mil musulmanes en el pueblo Srebrenica, en julio de 1995. También enfrenta cargos por el asedio de tres años y medio sobre la capital bosnia de Sarajevo, el cual dejó más de 10 mil muertos durante bombardeos indiscriminados contra la ciudad. Junto con Radovan Karadzic, Mladic se convirtió en un símbolo de la campaña serbia de limpieza étnica en la guerra. Karadzic, en juicio en La Haya, envió su solidaridad a Mladic por su arresto. Un cartel que decía "Mladic héroe" fue colgado en la entrada de la casa donde fue arrestado. La policía serbia prohibió ayer todas las reuniones y elevó los niveles de seguridad a lo largo del país en caso de una reacción violenta del nacionalismo.
27 de mayo de 2011
©the independent
©página 12

les queda una semana

---

Casación definirá el próximo jueves. Una semana para decidir sobre las extracciones a los Noble Herrera.

---

Argentina. La Cámara Nacional de Casación Penal dará a conocer el próximo jueves 2 de junio si avala o no la toma de muestras de sangre y saliva sin consentimiento de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. Hoy se realizó una audiencia en la que el fiscal Raúl Plee solicitó que se rechazara la apelación de los abogados de los hermanos Noble Herrera y se llevara a cabo la medida ordenada en primera instancia por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
A lo largo de dos horas, los jueces escucharon hoy los argumentos, comenzando por el de los apelantes abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera, a quienes se opusieron el fiscal Raúl Plee, los querellantes Abuelas de Plaza de Mayo y los letrados de dos familias que buscan bebés nacidos en centros clandestinos de detención.
El Tribunal anunció la resolución para el jueves próximo, 2 de junio, a las 12, aunque se descuenta que cualquier decisión será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como anunciaron todas las partes.
En la apertura, los abogados de los jóvenes sostuvieron que debe revocarse la decisión de la juez federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, ratificada por la Cámara Federal, que ordenó la toma de muestras de sangre, saliva o cabellos "con o sin consentimiento" de las víctimas. La magistrada busca con esa decisión obtener el ADN y cruzarlo con todas las muestras existentes o de futuro almacenamiento en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que funciona en el hospital Durand, para determinar si fueron bebés apropiados en la última dictadura.
Los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña argumentaron que sus clientes, Felipe y Marcela, se oponen a la extracción compulsiva por ser "inconstitucional" y "violatoria de su derecho a la autonomía", además de verse eventualmente obligados a aportar con los resultados pruebas que podrían incriminar a la persona a quien "aman", en alusión a la directora de Clarín, imputada en la causa. Además dijeron a los camaristas que si el caso llegase a la Corte en su opinión habría "por lo menos cuatro votos" contra la decisión tomada para con los Noble, en base a posturas sentadas en otros fallos del máximo tribunal relativos a extracciones compulsivas de sangre por apropiaciones de nacidos en centros clandestinos de detención, algo que fue luego rebatido por los querellantes.
La postura de los abogados de los Herrera Noble fue contrarrestada en primer término por el fiscal ante Casación, Raúl Plee, quien estuvo a favor de rechazar la apelación y ordenar el estudio de histocompatibilidad dispuesto en diciembre pasado. "Se han dado los motivos de necesidad y razonabilidad" que fundamentan la medida", en el marco de la cual "se están respetando los principios de identidad" de las víctimas en un caso "donde se han agotado todas las demás posibilidades".
Las exposiciones fueron seguidas por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sentada junto al abogado del organismo Alan Iud y el fiscal Plée, quien reemplazó a su colega Juan Martín Romero Victorica, denunciado por supuesta protección a un apropiador de una beba nacida en cautiverio y que se apartó de la causa por razones de "delicadeza y decoro". Plée, el más breve de los expositores, se manifestó a favor de rechazar la apelación porque se sabe que "es la última posibilidad que tiene el Estado de efectuar una medida de estas características".
"Entendemos que concretamente resulta imposible la obtención de muestras y esa frustración es inexorable, porque la defensa se opone a cualquier clase de búsqueda alternativa para extraer ADN para el informe de histocompatibilidad", dijo. "Hubo privación ilegal de la libertad deliberada, la sustracción de un menor es delito de lesa humanidad y hay una deliberada negativa a informar dónde están los desaparecidos y la prole de ellos, fruto de los nacimientos en cautiverio comprobados. Estamos en presencia de un delito que en el tiempo ha ido continuando en su ejecución", advirtió.
"Aquí no se trata de considerar al Estado versus dos personas sino el Estado frente a dos personas y a centenares de familias que son víctimas de un delito cometido desde el propio Estado", agregó en referencia a los Noble y a las familias que buscan bebés apropiados en la dictadura.
A su turno el abogado de Abuelas consideró que "hay sobrados elementos" para barajar la hipótesis de que los dos jóvenes son "hijos biológicos de desaparecidos" por lo cual la medida del análisis sin consentimiento "es legal, constitucional y se adecua a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo Iud. "El fundamento de la medida es la imposibilidad de obtener ADN por vías alternativas", argumentó.
La causa penal se abrió hace diez años con denuncia de Estela de Carlotto ante el entonces juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, y desde entonces se consideran probadas las irregularidades en las adopciones y sólo falta el análisis biológico para determinar la identidad de los dos jóvenes.
27 de mayo de 2011
26 de mayo de 2011
©página 12