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banca europea amenaza estabilidad


Los bancos de los países desarrollados "viven peligrosamente", estima el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe semestral sobre "La Estabilidad Financiera Mundial" publicado el 13 de abril en Washington. En los próximos dos años, será exigible un "muro de deudas" por 3,6 billones de dólares.
[Alain Faujas] Europa. Está la parte visible del iceberg, es decir riesgos mundiales incuestionablemente a la baja, una liquidez en alza y utilidades bancarias que se disparan, todo eso ante el asombro general, habida cuenta de la responsabilidad de los bancos en la crisis. Y está la parte sumergida, explorada por el FMI sin ninguna autocensura, sobre todo en Europa: el Fondo estima que la fragilidad de su sistema bancario amenaza la estabilidad financiera mundial.

Recetas para Europa
El sistema bancario mundial se va a enfrentar en los próximos 2 años a un "muro de la deuda": 3,6 billones de dólares en deudas que habrán llegado a su vencimiento y que deberá pagar o refinanciar. Para los bancos irlandeses y alemanes, será exigible entre 40 y 50% de su deuda. Y habrá un problema para el refinanciamiento: será también en ese momento que el financiamiento de las deudas soberanas exigirá más fondos.
Esta competencia por un recurso escaso plantea el riesgo de empujar al alza a las tasas. José Vinals, director del departamento de mercados monetarios y de capitales del FMI, estimó que "30 por ciento de los bancos europeos, que representan un quinto de los activos bancarios totales, disponen de una relación de capital inferior a 8%". Por cierto, aplican las normas de prudencia, pero eso no tranquiliza a los mercados.
Casi todos los bancos griegos, irlandeses, portugueses, numerosas cajas pequeñas y medianas, las cajas de ahorro españolas y algunos bancos regionales alemanes, resistirían mal una nueva crisis porque ya no pueden acceder a refinanciamientos a costos normales en los mercados. El fondo considera que algunos establecimientos "no viables" deberán desaparecer.
¿Qué permitiría restablecer en Europa la confianza de los inversionistas? Pruebas de resistencia "creíbles" para los bancos europeos en junio, dijo Vinals, pero también "incrementar el capital de los bancos en cantidad y en calidad", como han empezado a hacerlo Alemania y España, pues los mercados desean la aplicación de reglas de prudencia más severas y "amortiguadores" más sólidos en caso de crisis.
Tomando en cuenta la situación de los mercados, una parte de esta recapitalización tendrá que venir de fondos públicos. Pero sería deseable que se haga contribuir a los beneficios de los establecimientos. En todo caso, la reducción de los balances no deberá hacerse de una manera brutal, para no provocar una caída en los valores de los activos, especialmente los inmobiliarios.
Hay una gran necesidad de reforzar la transparencia respecto de la calidad de esos activos bancarios, sobre todo mediante auditores independientes. Los inversionistas suelen ser muy desconfiados, porque no conocen con exactitud el valor ni la solidez de los portafolios bancarios, tanto en materia de deudas soberanas como inmobiliarias, dos sectores de alto riesgo.

EUA Pesa en la Economía Mundial
El FMI subraya, sin embargo, que los bancos estadounidenses, que sanearon más rápido sus balances que sus contrapartes europeas, no están por ello a salvo de problemas. Han sido afectados sobre todo por la crisis del mercado inmobiliario, que ellos mismos desencadenaron otorgando préstamos hipotecarios a hogares incapaces de pagarlos, las famosas subprimes. Se encuentran montados sobre un patrimonio inmobiliario importante que hicieron requisar debido a la insolvencia de sus propietarios y que no pueden vender, bajo pena de degradar aún más los precios del sector inmobiliario estadounidense, actualmente a media asta.
El Fondo estima que esta situación contribuye a mantener el endeudamiento de los hogares estadounidenses en un nivel que pesa directamente en la reactivación de la economía mundial. Por ello realizó también un estudio para saber si los bancos soportarían una reducción significativa de sus acreencias hipotecarias de riesgo, lo que tendría como ventaja dar en tres blancos con una sola piedra: limpiar sus balances, relanzar la demanda de los hogares y sanear el mercado inmobiliario.
Sí, responde el Fondo: los 40 bancos más grandes del país pueden soportar el impacto de una desvalorización de 15% a 30% del capital de sus créditos hipotecarios. Para mantener su relación de capital por sobre el 6%, sólo necesitarían encontrar en 5 años 4,4 mil millones de dólares en capitales de refuerzo.
Vinals concluyó la presentación del informe del FMI llamando a los gobiernos de los países desarrollados a abordar las verdaderas causas de la inestabilidad financiera, más que sus síntomas, y a reparar "una vez por todas" su sistema bancario.
18 de abril de 2011
17 de abril de 2011
©la nación

si triunfan en libia, atacarán venezuela


columna de lísperguer
Gobierno libio atacaría blancos civiles.

Estas informaciones desde el frente no son nada de fiar. Los rebeldes no han demostrado ser fuentes fiables. Sus acusaciones no son verificadas por nadie y anuncian como constatación lo que no son más que conclusiones apresuradas y extravagantes. A juzgar por la manera en que utilizan sus armas, en las imágenes por televisión tampoco se advierte que los rebeldes puedan determinar de antemano si sus proyectiles caen en blancos militares o civiles libios. Las mismas imágenes dejan en claro que los rebeldes montan ataques desde zonas urbanas residenciales. Las mismas imágenes hablan de civiles fuertemente armados, dirigidos por mercenarios y asesores militares occidentales. Pese a la propaganda occidental, la mayoría de las víctimas civiles las han causado los ataques de la OTAN. Lo peor: si no se frustra y castiga el ataque occidental, nada impedirá que Occidente ataque a Venezuela o algún otro país sudamericano.
lísperguer

jueces de la dictadura


El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país y muchos de los involucrados son camaristas.
[Irina Hauser] Argentina. El lunes pasado, en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Estela de Carlotto recordó en voz alta lo que le mandó decir en 1978 el entonces juez de menores Gustavo Mitchell a través de un emisario: "El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace, podría aparecer en una zanja". Lo que hacía Estela era buscar a su nieto nacido en cautiverio. Todavía lo busca. Mitchell hoy integra la Cámara de Casación, el tribunal penal de más jerarquía. Justo unos días antes del testimonio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante el Tribunal Oral Federal 6, el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores pasó a ser una prioridad para el organismo. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales. Según pudo rastrear Página/12, actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. En Mendoza, caso emblemático, hay varios jueces acusados en cadena, en historias que combinan sus vinculaciones con crímenes de lesa humanidad y el armado de una red de impunidad (para sí mismos y para los genocidas); en Salta, el presidente de la Cámara Federal quedó envuelto en un escándalo por alertar a su hermana sobre la detención de su hermano militar y procurarle un allanamiento "discreto"; aparecen en la lista nombres conocidos como el juez Conrado Bergesio, por la causa sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble; un camarista cordobés denunciado como personal de inteligencia; otros por demoras; y hasta un planteo que compromete a un juez miembro del propio Consejo.
Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como "la cara civil" de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.
La subcomisión creada dos semanas atrás tiene varias razones de ser, que fueron definidas así: "La trascendencia institucional del tema", "la eventual responsabilidad internacional" por la falta de juzgamiento, y la necesidad de "evitar las demoras" o la "paralización" de este tipo de expedientes, "como fue habitual hasta ahora". Su función será controlar la evolución de las investigaciones, que son instruidas por distintos miembros del Consejo. La integrarán probablemente tres consejeros a designar y estará dentro de la estructura de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la encargada de dar el primer paso para iniciar el camino al juicio político, o para descartarlo.
La experiencia mendocina se convirtió en piedra basal desde que fue destituido el camarista Luis Miret. Con él quedó al descubierto un entramado de complicidades que explican por qué esta provincia tuvo serios escollos para llevar a sus represores al banquillo.

Demoras y Sorpresas
El juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor acumula denuncias en el Consejo por cómo tramita las causas, al punto que de sus investigaciones sólo se concretó un juicio oral, por un solo hecho y con Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración lo cuestionó por liberar a un imputado a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impedía, y le objetó su costumbre de abrir casi una causa por víctima en lugar de agrupar hechos y que se hagan los juicios en un tiempo razonable y con los acusados con vida. En Jujuy hay sólo trece procesados pese a que la fiscalía pidió ochenta indagatorias.
El juzgado de Olivera Pastor está ahora bajo una auditoría del Consejo, informaron en el organismo. La semana pasada fue tema central de la reunión de la Comisión Intrapoderes para Agilización de Causas de Lesa Humanidad que creó la Corte. Allí, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, negó que hubiera retrasos en esa jurisdicción, pero recibió un tirón de orejas de los presentes, entre ellos el juez Daniel Rafecas. Rabbi Baldi, para colmo, acaba de ser denunciado porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca iba a detener a su marido, Alejandro Osvaldo Marjanov, por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército, y que allanarían su casa. Aunque era ajeno a la causa, Rabbi Baldi llamó a un inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió que el allanamiento se hiciera "con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana", según declaró el funcionario policial. El militar fue finalmente detenido en Bahía Blanca. Y todo esto sin contar que el trámite de tan delicadas medidas tardó meses porque los jueces se excusaban o tomaban licencia, incluido Olivera Pastor.
Otro juzgado que será "compulsado" por el Consejo es el de Manuel Blanco, de La Plata, denunciado por organismos en 2009 por dilaciones en causas como la de la Unidad 9, la del centro clandestino La Cacha, la de la comisaría 8ª, otras por apropiación de menores y también la de la desaparición de Jorge Julio López.

Pasado y Presente
"Desde que era pinche, Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia" de la dictadura y "conocía la situación de los detenidos en el D2, igual que otros "funcionarios judiciales". Luis Rueda es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba y así lo describió en medio de uno de los juicios en esa provincia el ex comisario Carlos Yanicelli, uno de los acusados. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto y Yanicelli amplió su denuncia el año pasado ante los ex consejeros Carlos Kunkel y Luis Bunge Campos. Ahora está en manos de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba.
Mitchell, el camarista mencionado por Estela Carlotto, ya estaba bajo la lupa en el Consejo por su presunto aporte a la apropiación de por lo menos un menor durante la dictadura. La denuncia fue presentada por María Isabel Chorobik de Mariani (fundadora de Abuelas), dos nietas que recuperaron su identidad, Hebe de Bonafini y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. Pidieron su expulsión al responsabilizarlo por entregar en julio de 1976 un bebé de 20 días, Simón Riquelo, a un subcomisario vinculado con el secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cuyos brazos había sido arrancado.
El relato de Carlotto del lunes último fue girado al Consejo por decisión del TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que lo investiga. La presidenta de Abuelas contó que en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la Casa Cuna, donde sabía que había una chiquita cuyos datos y fechas podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura, asesinada. Se habían llevado ya a la chiquita, pero Estela pudo ver que el juez era Mitchell. Fue a verlo, pero él no la atendió sino que le mandó un mensaje: que se "cuidara" porque "por lo que hacía podía aparecer en una zanja".
En un rubro conexo, hay un expediente contra Bergesio, el juez de San Isidro que tuvo la causa para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Se lo cuestionó por dilatar la definición sobre los estudios de ADN, y por no procurar condiciones mínimas de conservación de las muestras de material genético y sangre (guardadas en una caja fuerte). Se objetó incluso que intervino el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su sucesora en la causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus denunciantes. El 30 de abril se cumplen diez años del trámite de esta causa, y aún no hay muestras de ADN fiables de los jóvenes. Paradójicamente, el camarista Mitchell podría intervenir en esta causa.
Una de las presentaciones más recientes ante el Consejo apunta al juez de Mar del Plata Rodolfo Pradas, sospechado de facilitar la fuga de los acusados de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) antes y después del golpe. Otra dice que el juez Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, desestimó un pedido para la detención de ocho represores a pesar de que estaba excusado.
Así, frente a éstos y otros jueces denunciados, será la nueva subcomisión la que seleccione qué pesquisas son relevantes y cuáles deberían ir al archivo. Por ejemplo, hay denuncias de casi tres años atrás (el plazo de caducidad) contra los santafesinos Marcelo Bailaque y Ricardo Vázquez; otras un poco más nuevas contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo; y una de las más desconcertantes (por el personaje implicado) es la que cuestiona al juez Alejandro Sánchez Freytes, integrante del propio Consejo, por haber dado una indemnización (pensión por invalidez) por "las dolencias" que padece producto de sus "actos de servicio" a Luis Alberto Manzanelli, interrogador en el centro clandestino La Perla.
18 de abril de 2011
©página 12

metodistas piden salida de pastor


Líderes de Iglesia Metodista Pentecostal piden salida de López. Directores de la confesión evangélica, que señalaron representar al 60 por ciento de los más de dos millones de fieles, señalaron que el pastor acusado de ser ex CNI tiene que dejar la presidencia.
Santiago, Chile. Representantes de la Iglesia evangélica pidieron este sábado la renuncia del obispo presidente de esa entidad, Roberto López Rojas, a quién se ha vinculado con la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.
A través de documentos de la Marina a los que Efe tuvo acceso y en una entrevista con el obispo López Rojas, éste aseguró el pasado lunes que no estuvo involucrado en "ningún crimen", pero dijo sentirse "honrado" de haber cumplido las funciones que se le asignaron como suboficial de la institución naval, aunque el viernes afirmó no haber pertenecido al organismo de seguridad.
Tres miembros de los 11 directores de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, con más de dos millones de fieles, y dos pastores que dijeron representar a 60 de ellos, pidieron este sábado la renuncia de López Rojas.
"Creemos que el obispo Roberto López debe poner el cargo a disposición para elegir un nuevo presidente", dijeron en una declaración pública los miembros del directorio Eduardo Durán Castro, Ricardo Fierro Carrasco y Daniel Balladares y los pastores Tito Maturana Bravo y Ricardo Fierro Sauterel.

Daños a la Iglesia
"No permitiremos que la actuación de uno de nuestros directores dañe la hermosa labor en pro de nuestro prójimo y nuestra nación", agregaron.
En el currículo de López, quien dirige esa iglesia con más de un siglo de presencia en Chile, figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina, donde también operó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta), entre ellos de "Inteligencia Naval", "Capacitación de inteligencia operacional" y "Guerra especial"
Además, fue agente del Servicio Secreto de la Armada, con operaciones tanto en el ámbito interno como externo de la institución
Su condición de agente aparece confirmada en el "Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT", de la Marina, al que tuvo acceso Efe.
El documento no detalla qué funciones cumplió el obispo en los organismos donde estuvo, pero señala que López también cumplió tareas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
"Como iglesia pedimos perdón a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a los hermanos de nuestro país, por la situación generada por los dichos del obispo Roberto López, que ha causado daño y confusión", sostuvieron los directores de la Iglesia evangélica que piden la renuncia de López.

Programa de Derechos Humanos
En tanto, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indagará la participación de López Rojas en organismos represivos y de espionaje durante la dictadura de Pinochet.
Así lo hizo saber a los periodistas la secretaria ejecutiva del programa, Rossy Lama, quien precisó que "el Programa de Derechos Humanos va a indagar todos los antecedentes relativos al obispo Roberto López".
A mediados de semana, el diputado del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez y la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) entregaron una carta al directorio de la Iglesia Metodista Pentecostal para exigir la destitución del obispo.
18 de abril de 2011
16 de abril de 2011
©la nación

impunidad de prefectura


Todavía no hay nadie de Prefectura condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

[Diego Martínez] Argentina. Prefectura no tiene un solo condenado por su actuación durante la dictadura. Más allá del rol de los Skyvan, de pilotos y tripulantes, la fuerza actuó durante el terrorismo de Estado subordinada a la Armada, en la ESMA pero también en el resto del país. Héctor Febres fue quien más cerca estuvo de la condena: murió días antes, envenenado. También murieron impunes el subprefecto Roberto Rubén Carnot, alias Espejaime, que actuó en la ESMA, y Néstor López, El Alemán, interrogador de Campo de Mayo. Juan Antonio Azic sobrevivió a un intento de suicidio y podría recibir su sentencia este año junto con Acosta, Astiz & Cía. En la causa ESMA está procesado con preventiva Jorge Díaz Smith, continúa prófugo Gonzalo Sánchez, alias Chispa, y seguiría libre Víctor Penna, alias Hugo.
Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS, hay otros diez prefectos procesados: cuatro en la causa Campo de Mayo (Carlos Gerardi, Héctor Omar Maldonado, Servando Ortega y Roberto Rossin), tres en Mar del Plata (Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva y Pedro Luis Bustamante), dos en Bahía Blanca (Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que aconsejó "ralear" del diario La Nueva Provincia a dos delegados gremiales que luego fueron secuestrados y asesinados), y el restante en Goya, Corrientes (Luis Leónidas Lemos). En Bahía Blanca hubo detenciones de prefectos sobre cuyas situaciones procesales debe pronunciarse el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni.
17 de abril de 2011
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heladeras con alas


Los cinco Skyvan que Prefectura usó durante la última dictadura.
[Diego Martínez] Argentina. El Skyvan es un avión irlandés fabricado desde 1962 por la compañía Short Brothers. Por sus formas se lo llamó caja de zapatos o heladera con alas. Atrás tiene una rampa que permite el acceso de un jeep y se distingue porque puede despegar o aterrizar en pistas cortas y terrenos poco aptos. La configuración de los aviones que llegaron a la Argentina permitía transportar a 18 pasajeros o hasta 1450 kilos de carga.
Prefectura adquirió en 1971 cinco aviones, todos activos durante la dictadura. Las planillas que el Departamento de Aviación le entregó al fiscal federal Miguel Osorio son de cuatro: faltan las del PA-53. La base de los Skyvan funcionaba durante el terrorismo de Estado en el Aeroparque Jorge Newbery. El hangar de Prefectura tiene 20 metros de ancho, uno menos que las alas de los aviones. En el hangar sólo se guardaban repuestos y asientos, que se sacaban o ponían según la finalidad del viaje. El mantenimiento y las reparaciones se hacían en la base aeronaval de Ezeiza.
Dos de los cinco aviones quedaron en Malvinas, donde sirvieron a la Fuerza de Tareas 80 en tareas de reconocimiento, búsquedas, sostén logístico, traslado de cargas, tropas y vehículos livianos. El PA-54 se accidentó al aterrizar en un hipódromo durante la huida ante un ataque inglés al aeródromo de Puerto Argentino. El PA-50 fue destruido por explosivos británicos en el aeródromo de la Isla Borbón.
Los tres aviones que operaron en el continente estuvieron en el hangar 4 de la base aérea de Morón hasta 1995, cuando los adquirió la empresa CAE Aviation, de Luxemburgo, que brinda servicios a terceros, desde estudios marítimos y reconocimientos hasta filmaciones de carreras. En junio de aquel año la firma británica Hunting Cargo Airlines alquiló los ex PA-52 y PA-53. El primero pasó luego a manos de Babcock Support Services, fue en 2002 la estrella de un documental que la BBC filmó en Belfast para celebrar los cuarenta años del primer vuelo, y en 2006 fue desmantelado para servir como fuente de repuestos. El PA-53 seguía hasta hace dos años en poder de CAE Aviation.
El PA-51 fue vendido en 2003 al correo privado GB Airlink, con base en Florida, y sirve para entregar en el Caribe y el sudeste de los Estados Unidos productos comprados en Miami. "Es para gente que viene de shopping", le explicó el dueño a la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, que a fines de 2009 filmó el aparato y el libro de vuelos con los nombres de los prefectos que los pilotearon durante la dictadura. El avión que el 14 de diciembre de 1977 a la medianoche hizo un extenso vuelo de "navegación", sin pasajeros según el registro de Prefectura, pasa sus días en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida.
17 de abril de 2011
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pilotos de los vuelos de la muerte


Antecedentes de los prefectos imputados y sus superiores. Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano, Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru, tenían en 1977 el grado de oficiales principales. Detalles de sus legajos y conceptos. De quiénes dependían.
[Diego Martínez] Argentina. El prefecto retirado en servicio Alejandro Domingo D’Agostino y los ex prefectos Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru son desde el lunes los tres primeros imputados por los vuelos de la muerte en los Skyvan de Prefectura, denunciados desde 1983. En Necochea vive impune el prefecto general retirado Hilario Fariña, ex jefe de la División Aviación (DAVI), que integraban catorce pilotos y una docena de mecánicos. También están libres los superiores inmediatos de los acusados: el prefecto principal Roberto Antonio Salinas, jefe de la sección Operaciones, "incondicional" según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. Murió en 2003 el mecánico que participó del vuelo del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David "El Gallego" Fernández, quien según sus superiores tenía un "elevado concepto de la corrección y la fidelidad".
Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano tenían en 1977 el grado de oficiales principales. D’Agostino, oriundo de Bahía Blanca, era jefe de la subsección "servicios generales" de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en Aeroparque. Diecisiete días después del vuelo de la muerte, Zaldúa lo elogió por el "dominio de sus reacciones emotivas" y aseguró que "aun en situaciones críticas se mantiene sereno". "Coopera sin reservas en cualquier tarea que se le encomienda", celebró.
D’Agostino se retiró en 1994 y fue reincorporado tres años después como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura, cargo que aún ocupa. Consultado por Página/12 el lunes, antes de conocer la denuncia, afirmó que no responde preguntas porque permanece en actividad y aconsejó formularlas a Prefectura. Anoche aclaró que ya se presentó ante el juzgado de Sergio Torres. "Soy inocente de todo y la única forma de hablar es a través del juzgado", advirtió.
De Saint Georges y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas Argentinas, igual que Carlos Giasone y Fernando Paganini, también ex pilotos de los Skyvan. Hasta fines de 1977 sus calificaciones eran óptimas. En el caso de De Saint Georges, Salinas destacó "su amor a la institución, que representa orgulloso". Fariña elogió "su lealtad" y lo calificó como "incondicional para el servicio". En el caso de Arru, lo consideraban "un excelente oficial" que "vuelca toda su responsabilidad y criterio personal, siempre exitoso".
En mayo de 1978, luego de que trascendiera la intención de De Saint Georges de postularse en Aerolíneas, Zaldúa apuntó que notaba "ciertas reservas para brindarse por entero a la institución". Comenzó por esos días contra los cuatro pilotos "una política agresiva, a efectos de afianzar el principio de autoridad", tal como propuso el prefecto general Oscar René Elola, quien los cuestionó por "falta de vocación y apego institucional". "Total falta de lealtad e indiferencia hacia la institución", agregó el prefecto general Alberto Severo (sic) Mancuso. Página/12 intentó infructuosamente comunicarse con Arru. En el caso de De Saint George, sus familiares apuntaron los teléfonos del cronista pero el piloto no devolvió los llamados.
Un detalle llamativo que señaló el fiscal Taiano en su escrito surge de los legajos de conceptos de los pilotos, donde se registra la cantidad de días, horas y décimas de horas de vuelo. Quien verificó los datos cada mes, durante años, en el caso de los tres imputados, fue el prefecto mayor Eduardo Gutiérrez. Por alguna extraña razón, en diciembre de 1977 no aparece su rúbrica sino la del prefecto mayor Armando Marcelo Nattero. Fue justamente ése el mes del vuelo por el que el juez federal Sergio Torres podría ordenar sus detenciones.
17 de abril de 2011
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represión en honduras


Nora Cortiñas y Pérez Esquivel explican la situación posgolpe. Son miembros de la Comisión de Verdad que trata los abusos cometidos durante y después del golpe de junio de 2009 contra Manuel Zelaya. Y avisan que el gobierno de Lobo puede terminar denunciado ante la CPI.
[Mercedes López San Miguel] Honduras. La Madre dice "nos llevamos bien" y el Nobel sonríe. Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Adolfo Pérez Esquivel están juntos en la lucha par la verdad y la justicia también en Honduras. Ambos trabajan en la Comisión de Verdad que se instaló en ese país un año después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en junio de 2009. Afirman a Página/12 que los integrantes de la comisión están siendo amenazados, perseguidos e incluso atacados. Ello pone en riesgo la elaboración de un informe que debería estar terminado en octubre de este año.
El actual gobierno de Porfirio Lobo no reconoce el trabajo que están llevando a cabo Cortiñas, Pérez Esquivel, el jurista canadiense Craig Scott y la directora de la Comisión de Derechos Humanos de Ecuador Elsie Monge, entre otros, porque su gobierno instaló su propia Comisión de la Verdad. Pero sobre todo porque el informe investiga los casos de violaciones a los derechos humanos durante y después del golpe. "Si se confirman los crímenes vamos a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional", afirma el Nobel de la Paz argentino.

¿Por qué deciden formar parte de la Comisión de Verdad?
Nora Cortiñas: –La represión al pueblo hondureño sigue porque el gobierno de Lobo, un gobierno constitucional entre comillas, está reprimiendo a los maestros, a los sindicatos fuertes y a los periodistas. Tiene un blanco claro: cuanto más combativo es un grupo, más lo reprime.

Adolfo Pérez Esquivel: –Los golpes de Estado en América latina no se pueden hacer sin el consentimiento de la embajada norteamericana. En Estados Unidos no tienen golpes de estado porque no hay una embajada de Estados Unidos (risas). El derrocamiento de Mel Zelaya en Honduras es un test para toda la región. Se instalan gobiernos con cierto tinte constitucional, que son apoyados por sectores civiles y la Corte Suprema en un marco de pseudo legalidad. Pero es un golpe de estado.

N. C.: –La comisión investiga y denuncia las violaciones de los derechos humanos durante el golpe y como consecuencia del golpe. Venimos de visitar las comunidades de Zacate Grande y la Flor, en el Departamento de Choluteca. Los que trabajan en la comisión reciben amenazas, persecuciones, llamados intimidatorios. Pedimos apoyo para que la comisión siga trabajando. Queremos que se los proteja.

A. P. E.: –Tuvimos dos reuniones importantes. Una fue con el espacio G16 que está representado por diversas embajadas, la Unión Europea, había representantes del PNUD (Naciones Unidas) y del FMI, donde les expusimos la situación para que estén al tanto y para que apoyen la Comisión de Verdad. La reunión con la Corte Suprema de Justicia nos dejó la sensación de que se va a desentender del tema. Recibe la información pero no quiere intervenir.

N. C.: –La Corte Suprema es la misma que estaba cuando se dio el golpe. Acá están todas las amenazas físicas (muestra varios papeles) de cada mes, una de las personas de seguridad nuestra fue golpeada brutalmente.

(El texto acerca de la golpiza dice: "Marzo de 2010: Se intentó secuestrar a un miembro del equipo de seguridad. Viajaba en un taxi en Tegucigalpa, a eso de las 9 de la mañana, cuando cuatro hombres armados y sin identificación lo abordaron. Los sujetos lo atacaron, le causaron graves heridas en la cabeza; eso causó que perdiera la audición en forma permanente en el oído derecho"¨)

¿Hay denuncias de desaparecidos?
A. P. E.: –Desaparecidos, asesinados, torturados en cárceles. Hay periodistas golpeados, perseguidos, intimidados.

N. C.: –Es una intimidación para que no haya más manifestaciones.

A. P. E.: –Es una avanzada sobre la democracia en América latina para imponer las democracias entre comillas, restringidas y proclives a los centros de poder. Estados Unidos instala más bases militares o las amplía. Va a ampliar la base de Palmarola, en Honduras, con más efectivos.

¿Están en contacto con el Frente Nacional de la Resistencia?
N. C.: –Esta comisión es autónoma y tratamos de no tener ninguna relación para que siga siendo independiente. Para que no haya sospechas de que tenemos un partidismo político.

Una vez hecho el informe, ¿lo van a presentar ante alguna instancia judicial internacional?
A. P. E.: –Ante Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y lógicamente a todos los organismos internacionales y hondureños. En la situación actual se trata de crímenes de lesa humanidad. El caso de Honduras encaja en la competencia de la Corte Penal Internacional. Si se constatan los crímenes de lesa humanidad, habría competencia de la CPI.

N. C.: –No le podemos entregar un documento a un gobierno que está formado por gente que dio el golpe...

A. P. E.: –La gran preocupación del gobierno es que no se lo reconozca internacionalmente. Lobo quiere la reincorporación de Honduras a la OEA y el reconocimiento de las embajadas. Sabemos que el presidente colombiano Santos invitó a Chávez y a Lobo a Bogotá. ¿Qué pasó con esa reunión? Lo ignoramos. Me parece muy bien la posición del gobierno argentino. Si la OEA acepta a Honduras, es una amenaza para todo el continente. En esto la Unasur juega un papel fundamental a favor del estado de derecho.
17 de abril de 2011
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