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juez destituido por colaboracionista


El juez Miret fue destituido por complicidad con la dictadura. Se lo acusó de inacción en causas de derechos humanos.
Argentina. El Consejo de la Magistratura destituyó hoy al camarista mendocino Luis Miret, al término de un jury de enjuiciamiento donde se lo encontró culpable de "mal desempeño" y posible comisión de delitos. Con esta decisión, Miret perdió su jubilación, sus prerrogativas como magistrado nacional y quedará ahora sujeto a la causa penal que se sigue en su contra en Mendoza por delitos relativos a presunto encubrimiento o falta de investigación de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El camarista había sido acusado de mal desempeño de sus funciones en cinco causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Los casos son previos al golpe de Estado y posteriores a 1983.
Se lo responsabilizó de inacción a la hora de investigar denuncias por tortura y vejaciones en la D2 mendocina, y de haber cerrado en 1987 una causa por robo de bebés de desaparecidos aplicando la ley de Punto Final, cuando la norma no amnistiaba ese delito. Y, además, de haber investigado en 2007 una denuncia contra el jefe de la VIII Brigada de Montaña de Mendoza, Juan Pablo Saá, de quien era amigo.
Miret estuvo suspendido desde septiembre y había pedido su renuncia al Poder Ejecutivo, quien había postergado su intervención por el jury iniciado por el Consejo de la Magistratura.
El jury entendió que Miret como juez subrogante tuvo "noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina".
"Puede concluirse sin hesitación que el magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto", afirmó el fallo.
La referencia es a un grupo de militantes y delegados sindicales detenidos por la policía mendocina en febrero de 1976 y llevados al D2 de Mendoza donde -según relataron en el jury- fueron sometidos a violaciones reiteradas, torturas y otros delitos, precisó la agencia DyN.
Miret debió, "ineludiblemente" como juez de instrucción, formar la correspondiente investigación y al no hacerlo mostró "una conducta incompatible con el ejercicio de la magistratura en un acto de mal desempeño y que podría eventualmente constituir la comisión de un delito", algo que es materia de investigación en la justicia federal de Mendoza.
El jury advirtió que si bien Miret era juez subrogante -su cargo efectivo era defensor oficial- tenía las mismas obligaciones que los magistrados designados en su cargo y tenía "que actuar de acuerdo a la normativa vigente y que establecía la obligación de investigar delitos de su competencia y denunciar aquellos de los que tomara conocimiento".
Miret "dejó librados a su suerte" a los detenidos imputados entonces por delitos de subversión "soslayando el drama del D2 y sin asumir mayores responsabilidades cuando era su deber ineludible hacerlo", consignó el veredicto del jury.
Por voto mayoritario y disidencia de dos consejeros, el senador Eric Calcagno y el diputado Jorge Landau, se descartaron los cargos que enfrentaba por cerrar una pesquisa relativa a una beba robada en la dictadura y que recuperó su identidad 30 años después y por lo ocurrido a Luz Faingold, detenida a los 17 años en febrero de 1976, violada y enviada luego a un instituto de menores por Miret.
El cuerpo estuvo presidido por el juez Carlos Bossi e integrado por su colega Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.
12 de marzo de 2011
11 de marzo de 2011
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según garzón, hh debe volver


Garzón reconoció que hubiera sido su deseo que ’HH’ no fuera extraditado, pero que "ese deseo se vio frustrado después". Condiciones harían posible superar obstáculos en la relación judicial entre EUA y Colombia.

Colombia. El juez español Baltasar Garzón abogó este viernes para que el exjefe paramilitar colombiano Ever Veloza García, alias ’HH’, extraditado a EE.UU. en 2009, pueda volver a Colombia para colaborar de una manera más efectiva con la justicia.
"Estamos en la situación en la que quizás tengamos que hacer todo lo posible para que ’HH’ vuelva a desarrollar esa acción de colaboración con la justicia para dar credibilidad al proceso, porque si no el proceso va a caer", afirmó Garzón en una conferencia de prensa en Ginebra.
El magistrado español trabaja actualmente de consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tras ser suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010 al abrirle un juicio oral el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo.
Garzón añadió que "las víctimas necesitan cuando menos ese reconocimiento, esa restauración y que la acción de los tribunales sea totalmente implacable y exhaustiva, si no es así, tendremos que buscar otra fórmula para que esa reparación se produzca".
A pesar de su extradición, el proceso de ’HH’ ha avanzado tanto, que podría ser el primer paramilitar extraditado con una condena en Colombia en el marco de Justicia y Paz.
Esta semana ’HH’, exjefe del Bloque Bananero, de las AUC, denunció las falsas desmovilizaciones de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada, Héroes de Tolová y Pacífico.
Garzón reconoció que hubiera sido su deseo que ’HH’ no fuera extraditado, pero que "ese deseo se vio frustrado después".
Explicó que "cuando se acordaron las extradiciones en 2008 hubo una parálisis del proceso de Justicia y Paz".
La ley de Justicia y Paz fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31.000 paramilitares que se desarmaron en un proceso del gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas a mediados de 2006.
"Creo que hoy se pueden estar removiendo los obstáculos que impedían que la cooperación entre Estados Unidos y Colombia se produzca y agilice, creo que no hay ningún obstáculo y por tanto es la voluntad de los dos países y sobre todo de los sistemas judiciales de los dos países para establecer el modo y la mecánica", afirmó hoy Garzón.
El juez español consideró que, "evidentemente, si no hay colaboración por parte de los jefes paramilitares el proceso de Justicia y Paz se complica más, sobre todo por el tiempo que lleva la ley en vigor y los escasos resultados que se tienen hasta este momento".
Por eso, añadió, "se tiene que implementar y favorecer masivamente a los jueces y a la fiscalía general de la nación, de la unidad de Justicia y Paz, que están desarrollando esta labor".
"Creo que merece la pena. Las víctimas exigen esa reparación, conocer la verdad, y ha de darse una respuesta judicial que es imprescindible porque si no la ley de Justicia y Paz no tiene sentido", subrayó Garzón.
12 de marzo de 2011
11 de marzo de 2011

©semana

familia allende se hace parte


Familia Allende se hace parte en investigación por muerte del ex presidente. "Si es necesaria una nueva exhumación, ésta se hará" dijo la senadora Isabel Allende, que junto con su hermana Carmen Paz se hizo parte de la investigación que inició la Corte Suprema.
Santiago, Chile. Dispuestas a aportar todos los antecedentes y dar paso a las indagatorias que sean necesarias, se manifestaron las hijas del ex presidente Salvador Allende, la senadora PS Isabel Allende  y su hermana Carmen Paz, quienes representaron a la familia para hacerse parte de la investigación que inició la Corte Suprema sobre la muerte del ex Mandatario durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.
La senadora Allende destacó la convicción de la familia respecto a la versión del suicidio "en un gesto de consecuencia y de coherencia política", pero apuntó que es fundamental que la justicia haga su trabajo y se llegue a una certeza jurídica.
"Como familia, hemos decidido colaborar y haremos todo lo necesario para ello. Presentaremos nuestros testimonios y si es necesario una nueva exhumación se hará la exhumación, tenemos que dar el ejemplo si estamos justamente pidiendo que otros actores y otros organismos presten su colaboración", sentenció.
Subrayó que, a diferencia de lo que ocurrió durante la dictadura, "hoy día tenemos un poder judicial que toma conciencia de la importancia de la verdad histórica y creemos que no es lo mismo nuestra convicción, la que puedan tener los médicos, a que sea una certeza jurídica que va a tener que ser investigada".
Apuntó que además ello "va a significar que se tiene investigar el contexto en que esto se da, porque esto viene con antelación y la participación de una cantidad de actores que se pusieron de acuerdo para llegar al punto que se llegó en 1973".
Una vez que haya resultados de la investigación, la familia y sus abogados evaluarán "si se deducen querellas por delitos penales, considerando que se creó con anterioridad el ambiente para llegar al golpe, hubo una asociación, un grado de acuerdo con antelación", dijo la parlamentaria.
Aunque destacó la convicción de la familia y dijo que "es muy difícil desvirtuar la evidencia que los médicos tienen porque estuvieron hasta el final" con el ex Presidente, la legisladora sostuvo que "de todos modos cuando decimos que los tribunales van a establecer una certeza jurídica significa que efectivamente se está abierto a investigar todo".
Recalcó que "es bueno para el país que la justicia establezca las verdades, aquí nadie va a manipular nada y le hace bien al país establecer la verdad total de los hechos ocurridos en  septiembre de 1973".
La abogada Pamela Pereira explicó que el hecho de hacerse parte implica que "el rol que va a jugar la familia, por los derechos que le otorga la ley, es muy determinante", subrayando que "si bien es cierto que cada cual tiene derecho a tener la opinión que estime, lo cierto es que en esta causa existen múltiples antecedentes que ya se están agregando, algunos conocidos y otros desconocidos".
Por eso apuntó que "lo mejor es no prejuzgar, no imaginar opiniones que no se sustenten en antecedentes que estén acreditados en la investigación que se está haciendo. Y lo que está en curso es acreditar lo que se ha dicho más algunos antecedentes que ya están".
12 de marzo de 2011
11 de marzo de 2011
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guerra contra los nuevos paramilitares


La tardía guerra contra las llamadas "bacrim". Hoy el gobierno nacional tiene en marcha una nueva estrategia, denominada D-6, que le apunta a desarticular estas bandas criminales emergentes. Pero, ¿por qué es tan tardía su reacción?
[Juan Diego Restrepo E.] Colombia. Las dejaron coger ventaja. Las vieron crecer impávidamente y poco o nada se hizo en el pasado para contrarrestar sus expresiones de violencia. Hoy, cuando su dominio territorial es amplio y sus tenazas contra la población civil son asfixiantes, el Gobierno nacional despierta de su letargo y decide confrontar las llamadas "bandas criminales emergentes", conocidas como "bacrim". Es la nueva guerra nacional.
Y suena extraño que sea la nueva guerra nacional, cuando estos grupos armados de origen paramilitar tomaron fuerza a mediados del 2006, después del último proceso colectivo de desmovilización y dejación de armas, ocurrido el 16 de agosto de ese año que involucró a cientos de paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas.
El término "bacrim" no es un invento de la prensa ni de analistas especializados en el tema de seguridad, es una definición que las mismas autoridades militares y de policía le dieron a esos nuevos grupos criminales en el año 2006, cuando se conformó bajo la responsabilidad de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional una oficina de coordinación interinstitucional e información que articularía los procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales. Según se dijo en su momento, esta nueva dependencia apoyaría el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y el DAS para hacerle frente a esa nueva expresión de violencia.
En sus inicios, esa dependencia comenzó a generar informes sobre las "bacrim", georeferenciando su ubicación a lo largo y ancho del país, revelando sus estructuras y precisando su modus operandi. Los primeros documentos indicaron que para el año 2006 se habían conformado 22 estructuras armadas integradas por cerca de 4 mil hombres. No obstante, no se volvió a saber nada de esa oficina. ¿Alguien puede dar razón de ella?, ¿a dónde fueron a dar sus análisis?
La situación era tan preocupante a finales de 2006 que el Primer Informe de Desarme, Desmovilización y Reinserción realizado en mayo de 2007 por una unidad de análisis especializado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) recomendó el "fortalecimiento de la oficina de Coordinación Interinstitucional de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, encargada de coordinar la información y operaciones en contra de las llamadas "bandas criminales". No es claro si efectivamente se atendió la recomendación o no de la CNRR.
Lo que sí puede constatarse es que hace más de cuatro años se identificaron los riesgos ligados a estas "bandas criminales emergentes", pero poco o nada se hizo para evitar el desangre producido por estas estructuras armadas en diversas regiones del país. Su consolidación territorial así lo demuestra.
Hoy el Gobierno nacional tiene en marcha una nueva estrategia, denominada D-6, que le apunta a desarticular estas bandas criminales emergentes. Pero, ¿por qué es tan tardía su reacción?
El cambio de actitud sería entendible si, por ejemplo, hubiese habido en este país un cambio radical en la orientación ideológica de quienes llegaron a la conducción del Gobierno central el 7 de agosto de 2010. Pero no fue así. Resulta que el hoy Presidente de la República era el Ministro de Defensa en el año 2006, justamente cuando se comenzó a difundir el término "bandas criminales emergentes", y el Director de la Policía Nacional es el mismo de hace cuatro años, el general Óscar Naranjo.
Una posible respuesta podría tener relación con las "ronchas" que levantaban las llamadas "bacrim" en la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Su existencia y crecimiento evidenciaban el fracaso de la política de reinserción impulsada con los antiguos miembros de las Auc y las falencias de un proceso de desmovilización que, en el fondo, llevó a una reacomodo de las fuerzas armadas ilegales liderado por mandos medios que no se acogieron a estos acuerdos, además, quedaba en entredicho la eficacia de la política de Seguridad Democrática. Decenas de informes nacionales e internacionales realizados por especialistas independientes advirtieron los riesgos, pero todos fueron desacreditados. El objetivo era acallar el asunto.
Esa tendencia al silencio la compartió inicialmente el gobierno de Santos. En sus primeros meses, sectores de su gobierno y comisionados afines a las directrices de la política de Seguridad Democrática cuestionaron internamente el Segundo Informe de Desarme, Desmovilización y Reinserción preparado por especialistas adscritos a la CNRR durante el 2010 y divulgado en diciembre de ese año. Consideraban "exagerado" las advertencias que indicaba que las llamadas "bacrim" se habían fortalecido con el paso de los años y de ellas hacían parte numerosos desmovilizados de las Auc.
Pero los hechos confirman hoy lo que tanto se negó en su momento: en el país operan siete organizaciones criminales (Paisas, Rastrojos, Urabeños, Erpac, Águilas Negras, Nueva Generación y Renacer), integradas por cerca de seis mil hombres diseminados en 17 departamentos y 152 municipios.
El presidente Santos ha dicho que son "bandas criminales. No son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado. Que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales". Tal afirmación permite deducir que hay una estructura superior a las "bandas criminales". Así las cosas, ¿cuáles son esas "bandas de crimen organizado" de las que hacen parte?, ¿se les tiene identificadas?, ¿dónde operan?, ¿quiénes son sus líderes?, ¿en qué negocios, legales e ilegales se mueven?, ¿tienen conexiones con grupos criminales del exterior?
Una lucha tardía y una mala caracterización del "enemigo" pueden derivar en una sucesión de fracasos cuyas consecuencias las sentiremos todos los colombianos, no sólo aquellos que viven en las zonas de influencia de estas "bandas criminales". En esta confrontación, el presidente Santos y el general Naranjo tienen una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá si la nueva estrategia fue exitosa o se convirtió en un fiasco, como la primera vez.
[El autor es periodista y docente universitario.]
11 de marzo de 2011
9 de febrero de 2011
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indulto no incluye a militares


El gobierno de Piñera negó que se fuera a liberar a condenados por delitos de lesa humanidad. El oficialismo chileno presenta mañana en el Congreso un proyecto que pretende entregar unos nueve mil indultos para descongestionar los recintos penales. Tuvo que aclarar que la medida no alcanzará a pinochetistas tras las rejas.
[Christian Palma] Santiago, Chile. El tema es complejo. Por un lado, la crisis carcelaria en Chile es un asunto innegable que quedó de manifiesto con la muerte de más de 80 presos en el hacinado penal de San Miguel a fines de 2010, lo que tiene sentido con el proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera que pretende entregar unos 9 mil indultos para descongestionar los recintos penales. La iniciativa, no obstante, roza con una de las premisas más defendidas por la actual administración en campaña y que era terminar con la ‘puerta giratoria’ que permite a los reos cumplir penas o menores o simplemente no cumplirlas, dado el colapso del sistema. Y, peor aún, chocó de manera frontal con un tema mucho más sensible todavía: los derechos humanos, por más que el gobierno aclarara que eso no es así.
El proyecto, que ingresará mañana al Congreso, se divide en cuatro medidas bastante obvias: evitar que sean encarceladas las personas que no paguen multas en dinero, reemplazar las condenas inferiores a un año por servicio comunitario, el establecimiento de criterios técnicos objetivos para el otorgamiento de la libertad condicional y la aplicación del ‘indulto conmutativo’ para aquellas personas que cumplan reclusión nocturna y salida libre. A ellos se sumarán aquellas mujeres que cometieron delitos menores, que cumplieron dos tercios de su pena y presentan una conducta intachable.
En este sentido, el vicepresidente de la república, Rodrigo Hinzpeter, (Piñera está de gira por Europa) aclaró que las medidas buscan que "sean los delincuentes violentos y agresivos los que estén en las cárceles y no quienes han cometido por primera vez un delito no peligroso o no violento o quienes no han tenido los recursos para pagar una multa". Sostuvo además que si bien se podrían incluir indultos masivos, ésa no es la principal medida para combatir la crisis carcelaria. "El indulto va a ser una cuestión marginal, muy pequeña y a casos muy acotados, aquí estamos buscando otras medidas para el uso racional de la cárcel", insistió.
En esa línea, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, agregó respecto de beneficios para personas de más de 80 años o enfermos terminales –rango etario en el que están la mayoría de los militares condenados por violación a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet– que no incorporan dentro de este paquete una legislación para esos casos. "Creemos que tenemos que construir los consensos y todavía no vemos que esos consensos estén disponibles", declaró. Aunque aclaró que "nos asiste la convicción de que hay que avanzar en esa dirección y que durante la tramitación de este paquete de medidas bien podría imponerse un acuerdo de unidad nacional que no está pensada para ningún grupo en particular, pero que tampoco pretende discriminar a ningún sector en específico."
En este escenario, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo estar "tranquila momentáneamente" frente a la no inclusión de procesados por violaciones a los DD.HH. entre los beneficiados; no obstante sostuvo que "existe un cuerpo y una normativa internacional de leyes que habla de la protección que se debe dar a la humanidad para que estos hechos no vuelvan a suceder y, por tanto, es impensable otorgar beneficios". Pidió además que se zanje en forma definitiva esta situación, porque "no queremos pensar que, aprobado este proyecto, en un año más vamos a estar de nuevo con la posibilidad del indulto a los violadores a los derechos humanos".
Los diputados de la UDI –uno de los partidos de derecha que da sustento al gobierno de Piñera–, María Angélica Cristi y Jorge Ulloa, declararon sentirse "decepcionados". "Nos parece tremendamente lamentable que se haya dejado fuera de la conmutación de pena a los mayores de 80 años y a las personas gravemente enfermas. Esto tiene nombre y apellido, y es un nuevo portazo que se les da a militares condenados por violaciones a derechos humanos, enfermos, muchos de ellos con cánceres terminales", dijo Cristi, reconocida adherente de Pinochet. "El gobierno se asustó frente a los reclamos y gritos destemplados de personeros de la Concertación", añadió.
El ex colaborador de Pinochet, Alberto Cardemil, actual diputado de RN (otro de los partidos de derecha), reforzó lo anterior al declarar que "no es una señal de buen gobierno anunciar un proyecto que signifique una definición de principios y después bajarlo por un par de críticas destempladas motivadas por el afán de venganza, más que el afán de justicia", sentenció.
Desde la otra vereda, el senador socialista Camilo Escalona fue tajante. "Con respecto a la solicitud de diputados de derecha de otorgar libertad a los violadores de derechos humanos, con el argumento de que ‘defendían la Patria’, les recuerdo que asesinar mujeres, violaciones masivas a los derechos humanos y que personas desaparecieran, fue posible porque había un sector político que entendía que eso era ‘defender la Patria’, como la diputada Cristi."
11 de marzo de 2011
9 de marzo de 2011
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desde las entrañas del terror


Miguel Ángel Calabozo, un sobreviviente de la ESMA que declaró por primera vez. Lo secuestraron en noviembre de 1978. Mataron a su compañera. Lo torturaron. Pasó por el staff y la Pecera. Declaró ayer por primera vez. Contó que a la ESMA también iban con frecuencia militares uruguayos.
[Alejandra Dandan] Argentina. Nuevamente la Escuela de Mecánica de la Armada en sus dimensiones más siniestras. A Miguel Ángel Calabozo lo secuestraron el 18 de noviembre de 1978, a la espera de un compañero en una pizzería de Pompeya. Militaba en Montoneros, le habían secuestrado un año antes a su compañera, embarazada de cuatro meses, a la que ejecutaron antes del parto, pasó dos Navidades en la ESMA, a una de las cuales la describió como una escena del "neorrealismo italiano", y a poco de llegar lo sometieron a trabajo esclavo en el staff. Ante el Tribunal Oral Federal 5, durante la audiencia de ayer, contó por primera vez el relato de ese infierno. Entre el público, no sólo estaban aquellos sobrevivientes que todavía no lograran escucharlo con tranquilidad, sino su hijo, a quien intentó hacerlo partícipe de lo que hasta ahora no había podido terminar de decirle.
Miguel Ángel no habló de corrido; no hizo gala de nada. Enumeró momentos, situaciones desordenadas, como puede hacerlo un detenido sobre lo que sucede en los tiempos monocordes de una prisión. Pese a las escenas delirantes, sus tonos no cambiaban. Habló de las visitas con un carcelero a un autocine; de un partido en la cancha de River; de las vueltas a su casa en colectivo, en salideras planeadas por los represores para extender –como dijo alguna vez uno de los fiscales– el sistema del terror fuera de las fronteras del centro clandestino. Y mencionó los nombres de aquellos que "cayeron" por él, al cantar una cita.
En su declaración, hubo datos novedosos para la causa pese al paso del tiempo y la extensa revisión de la ESMA. Mencionó a dos militares uruguayos en el centro clandestino y la idea de una cremación de Rodolfo Walsh. Hasta ahora no había hablado porque cuando lo intentó durante el Juicio a la Juntas se había desatado una revuelta y el fiscal Julio Strassera, dijo, le dijo que no hacía falta que declarase.

El Comienzo
Miguel Ángel se sentó alrededor de las diez de la mañana en la pizzería de Pompeya. En una mesa aparte, un grupo de marinos de civil lo vigilaba. Tenían unos walkie talkie, y Miguel Ángel los imaginó como un grupo de amigos que se organizaban para el fútbol. Con esa memoria entrenada por los prisioneros, ayer mencionó uno a uno los nombres de cada uno de los ocupantes de esa mesa: Alfredo Astiz, que poco después manejó el Fiat 128 naranja con el que se lo llevaron a la ESMA; Gerónimo (Adolfo Miguel Donda Tigel); Gerardo; Fafa (Claudio Orlando Pittana), que tiempo después se confesaba como parte de la Triple A, y Claudio, un suboficial de Prefectura (Juan Antonio Azic).
En el sótano de la ESMA recibió la primera paliza grave, dijo. Lo torturaron. "Se presentó el capitán Acosta llamándome por mi nombre de guerra, diciéndome que él era Dios, que tenía que cantar, que ellos tenían todo el tiempo del mundo y que yo era un pedazo de carne con dos ojos y que estaba a su disposición, cosa que evidentemente después se demostró que era cierto." El Tigre Acosta lo enfrentó con otro secuestrado. Escuchó además a Jorgelina Ramos, que había caído un año antes con su mujer, Mariel Silvia Ferrari, en la Iglesia de Pompeya. Mariel estaba embarazada. Tiempo después, él supo que no había sobrevivido: uno de sus compañeros le dijo que aparecía como "trasladada" en ciertos archivos y que alguien le había dicho que habían cometido un error, porque no se le notaba la panza.

El Staff
Después de los interrogatorios y picanas, entró al "staff". "Eso implicaba que el régimen fuera menos riguroso con relación a otros detenidos", explicó. Para el otoño, lo mandaron a la Pecera, un lugar de oficinas vidriadas que al fondo tenía un comedor en el cual comían y se reunían a hacer lo que llamó "informes políticos". Durante ese período, conoció a dos militares uruguayos, vestidos usualmente de civil que ingresaban periódicamente a la ESMA. No se acordó de los nombres, pero dijo que tanta era la familiaridad que en una ocasión le apostó a uno de ellos un paquete de cigarrillos: Miguel Ángel aseguraba que Somoza iba a perder en Nicaragua, el otro que iba a ganar. "Ellos venían a la ESMA y hablaban conmigo, me describieron con lujo de detalles métodos de tortura de ellos, hacían alarde de cómo torturaban a una madre arriba de su hija o a la hija arriba de la madre para torturar a las dos a la vez."
Adentro de la ESMA elevaba los informes con un alias, un número de identificación alusivo al GT 3.3.2. En el primer tiempo escribía a mano; para los informes de los diarios usaba una Olivetti eléctrica: la suya, la misma que usaba en su casa.

Las Salidas
Los militares pensaban que él y otros secuestrados estaban "en un proceso de recuperación entrecomillas", explicó. "No sé cómo surge eso, pero algunos nos dicen: ‘Ustedes son recuperables, van a realizar tareas’." A mediados del ’79, uno de sus compañeros se iba a Venezuela. En la ESMA se hizo una despedida en la que estuvo Emilio Massera: "Hizo un discurso diciendo que vamos a estar en el mismo lugar, juntos, y que podíamos compartir otras cosas, que eso que estábamos viviendo era nada más que una circunstancia".
En el alegato de la fiscalía de Alejandro Alagia, en el circuito integrado por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo se encuadraron las visitas que muchos prisioneros hicieron a sus familiares como otra de las dimensiones del terror. Un modo de paralizar a las familias, alentar la falsa posibilidad del regreso, evitar las denuncias, someter a esos grupos de familiares al encierro.
"Al principio eran conversaciones telefónicas", explicó Miguel sobre sus propias visitas. "Primero cada quince días, después me llevaban una o dos horas; el primer día me lleva Ricardo Miguel Cavallo, que evidentemente queda a mi cargo", dijo pronunciando la doble elle con "y" como si buscara acentuar la idea del "cabayo".
En el ’79 se enteró de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Estábamos informados porque leíamos todos los diarios y revistas; fue un momento de gran conmoción porque no sabíamos cuál iba a ser la decisión sobre nosotros: una de las variables era que nos mataran."
Los marinos llevaron a un grupo de prisioneros a la isla El Silencio de el Tigre, que había sido de la Curia. En marzo de 1980 fue liberado. Ricardo Cavallo se lo dijo poco antes: "Mirá, mañana te vas de alta". Pero, dijo, "tuve que seguir teniendo llamadas y teniendo reuniones incluso una vez. Hasta que en un momento, al año y medio, me fui a vivir a Salta", dijo.

Walsh
Alguna vez dentro de la ESMA escuchó en el sótano un comentario como al paso: "Walsh, el escritor que tiramos a la parrilla". Evidentemente, explicó, querían decir que lo habían cremado, aunque nunca tuvo más datos. ¿Cavallo?, preguntó en un momento, ante una pregunta de uno de los integrantes del Tribunal. "Físicamente estaba mucho más flaco", dijo y cabeceó con la cabeza hacia delante. Ahí enfrente, estaba ese mismo hombre frió y duro, al que había descripto una y otra vez. "¿A quién se refiere con el gesto?", insistieron en el Tribunal. "Al señor que está entre los dos abogados, usaba bigotes y de vez en cuando también usaba anteojos".
11 de marzo de 2011
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violación en la cárcel


Tras la denuncia del desarmadero, en el penal de San Martín violaron a un preso. Después de publicada la información en Página/12 sobre las actividades ilegales en el penal, fue desplazado un oficial de poca relevancia. Los presos denunciantes están siendo derivados a otras cárceles. En el penal, no elevaron la denuncia del preso violado.
[Horacio Cecchi] Argentina. Una semana después de la denuncia de que en la Unidad Penal 48 los presos salían a robar autos, que había un desarmadero y venta de drogas, el Servicio Penitenciario Bonaerense desplazó a un oficial que aparece escrachado en fotos y denuncias de los presos. La medida fue tomada un día después de publicada la información en la tapa de Página/12. A su vez, a los denunciantes, presos universitarios a quienes el director del penal los conoce como "los retobados", comenzaron a apartarlos del pabellón de estudiantes, para derivarlos luego a otras unidades, donde serán recibidos no precisamente con las palmas. Pero en tanto, el lunes 7, a las 2 de la madrugada, dos internos violaron a otro después de que la guardia liberara el pabellón. El delito no fue denunciado ni por el médico que lo atendió ni por la guardia. Al día siguiente, otro preso fue internado en un hospital externo después de que le atravesaran un pulmón de un facazo.
El oficial se llama Eloy Guerra. Es el mismo que, según consta en el expediente judicial, aparece en fotos junto a un grupo de presos, todos vestidos con partes del uniforme del SPB y que fuera denunciado como proveedor de armas, marihuana, pasta base, cocaína y Rivotril, según informó en su nota el periodista Horacio Verbitsky.
Ocho días después de presentada la primera denuncia sobre el desarmadero penal y la banda de presos y carceleros, y horas después de que fuera pública la información, comenzó el castigo sobre los denunciantes, los internos estudiantes universitarios a quienes comenzaron a alojar en otros pabellones, para luego enviarlos a otros penales. A juzgar por los antecedentes, el castigo era previsible: según confió a este cronista un investigador del fuero judicial de San Martín, el director de la unidad, Raúl Galeano, suele decir que "el problema en el penal son los estudiantes, que siempre se me retoban".
Mientras tanto, pocas horas después de publicada la nota en este diario, dos internos violaron a un preso que fue arrojado a la celda luego de liberar el pabellón, es decir, abandono de la guardia. La víctima, de 28 años, de conducta ejemplar 10 en los últimos tres años, estaba alojado en el penal contiguo, la U46. Sin motivo valedero informado, el domingo a última hora fue trasladado a la U48. Lo enviaron al peor pabellón, según consignan presos, abogados y funcionarios judiciales: el Pabellón 12, de Tránsito. Hacinado al doble de su capacidad, al recién llegado lo entregaron en la celda 2, donde fue atacado por dos de los tres internos, le asestaron varios facazos –uno le provocó una herida importante en un brazo– y le robaron las zapatillas. Después de controlado, lo violaron.
Ayer, el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Por la Memoria, presentó un hábeas corpus protectivo a favor de la víctima. En el texto cita la denuncia de uno de los testigos quien aseguró que "al momento del hecho se encontraba un oficial de apellido Lavallén, quien dejó actuar a los detenidos y según nos comenta le dijo: ‘Denunciame, total tu jueza ya me cagó la vida’, y se retiró del pabellón". El inspector de vigilancia adjutor Ezequiel Lavayén es quien recorría el 12 en ese momento. La jueza a la que se refiere en la denuncia es María del Carmen Rodríguez Melluso, del Juzgado de Ejecución 1.
Luego de la violación, la víctima fue trasladada a sanidad, donde lo primero que dijo al médico fue: "Fui violado y quiero denunciarlo". El médico le suturó el brazo, lo revisó y sacó la conclusión de que tenía algún rasponcito en el ano. Tampoco hizo la denuncia como corresponde por tratarse de un delito gravísimo. La reacción de la guardia fue de tarde de siesta de pueblo: levantaron el teléfono y llamaron a la fiscalía 3. "Si fue violado comuníquese a la 14", respondieron desde la fiscalía. La 14, donde se encuentra el fiscal Miguel Angel Vieira Miño, es la unidad de investigación de Delitos Sexuales. Los guardias cortaron pero no volvieron a llamar. El secretario de Ejecución Penal de la Defensoría, Juan Manuel Casolati, se enteró el martes 8 a las 22.30 por un llamado telefónico del familiar de un preso, poniéndolo en aviso de que en "la celda 2 del pabellón 12 hay un preso violado".
Casolati se presentó el miércoles por la mañana y recibió el testimonio de la víctima, hizo un acta, y constató que las actuaciones realizadas por la guardia no habían superado la prueba del primer llamado. Ayer, se presentó en la fiscalía 14 para realizar la denuncia por violación, dio testimonio y entregó el acta correspondiente. En su testimonio citó que "los internos denuncian que el Servicio entrega muchachos a los presos pesados".
Ayer se agregó el hábeas corpus presentado por los internos universitarios a la jueza Rodríguez Melluso. En él solicitan dejar de ser desplazados del pabellón universitario y trasladados a otros penales, pidieron mantener la posibilidad de continuar con sus estudios, reclamaron por la comida y el cese de los hostigamientos.
11 de marzo de 2011
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condenan a ciro ramírez


Por nexos con paramilitares. La Corte Suprema de Justicia condenó al exparlamentario a siete años y seis meses de cárcel.
Colombia. En la mañana de este jueves se conoció que la Corte Suprema condenó al excongresista conservador Ciro Ramírez a 90 meses de prisión. Ramírez es señalado de haber tenido nexos con paramilitares.
La Sala Penal le impuso a Ramírez además una sanción pecuniaria de más de 3.400 millones de pesos.  Cabe recordar que en febrero del 2008 Ramírez fue capturado por sus vínculos con los paramilitares. Desde entonces permanecía en la cárcel La Picota.

El Caso contra Ciro Ramírez
El 15 de abril de 2009, el entonces vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, ratificó la acusación contra el exsenador Ciro Ramírez luego de conocer unas supuestas conversaciones entre el excongresista y alias ‘Mi Sangre’, desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las AUC.
En ese entonces, la emisora La FM también reveló un documento en el que supuestamente el exparamilitar Gilverto Saavedra, alias ’El Doctor’, establece que fue uno de los contactos entre Ramírez y alias ’Mi Sangre’.
’El Doctor’ era uno de los narcotraficantes cercano a los ‘Mellizos’ Mejía Múnera. De acuerdo con la Fiscalía, en las grabaciones del exsenador Ramírez y ’Mi Sangre’ se pactan reuniones y se fijan encuentros personales para tratar "contratos", que según las autoridades se refieren a tratos con el narcotráfico.
’Mi Sangre’ también hizo parte de varias facciones paramilitares, entre ellas el Bloque Capital al mando de Miguel Arroyave.
En las grabaciones, supuestamente Ramírez también invita a su casa a Gilverto Saavedra, ’El Doctor’, a quien llama ‘el Patrón’.
El ex senador Ramírez ya había sido acusado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y de promoción de grupos al margen de la ley. A pesar de que para la fecha varios congresistas ya eran investigados por vínculos con paramilitares, fue la primera vez que un senador investigado por parapolítica era vinculado al narcotráfico.
En 2006, la revista Semana tuvo acceso a varias horas de grabaciones efectuadas, entre abril y septiembre de 2005, por organismos de inteligencia antinarcóticos extranjeros en los que el nombre del político aparece en conversaciones que sostienen varios narcotraficantes y delincuentes.
"La operación se diseñó para perseguir y arrestar una gigantesca banda de narcotraficantes vinculados con paramilitares, la cual actuaba en cinco países.
Nuestra sorpresa fue muy grande cuando, durante los controles electrónicos a los teléfonos de los ‘narcos’, empezamos a oír que mencionaban al senador Ciro Ramírez. Lo más desconcertante fue cuando empezamos a oír al propio senador conversando con los ‘narcos’", dijo en ese entonces a Semana un agente de una de las agencias antidrogas que participaron en la investigación.
Ciro Ramírez nació en Moniquirá, Boyacá, y ha tenido una larga carrera como funcionario público. Fue diputado de la Asamblea de Boyacá y en tres ocasiones alcanzó la curul para representar a su departamento en la Cámara. Fue senador en tres periodos consecutivos y en una ocasión alcanzó a ser el vicepresidente del Senado. También ha sido presidente del Directorio Nacional Conservador, partido en el cual ha recibido varias distinciones.
11 de marzo de 2011

10 de marzo de 2011
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