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uribe y noguera, jefes del paramilitarismo


columna de lísperguer
Piden investigar a ex presidente Uribe por sus nexos con paramilitares.

Jorge Aurelio Noguera Cotes, el encarcelado ex director (2002-2005) del servicio de inteligencia colombiano DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), se le acusa, entre otros muchos crímenes, del asesinato de Alfredo Correa de Andreis, Zully Codina y Fernando Pisciotti. Pisciotti, representante de la Cámara y ex alcalde del municipio de El Banco, Magdalena, fue asesinado en 2003. Pisciotti se había acercado al jefe del servicio secreto a pedirle ayuda para combatir la presencia paramilitar en su región, sin saber que este era, él mismo, uno de los jefes del paramilitarismo e infiltrado en el gobierno como el enlace entre el ex presidente Uribe y las milicias de extrema derecha. Uribe y Noguera decidieron su asesinato y encargaron la misión a una milicia. A Noguera el presidente lo retiró de su cargo antes de que se presentasen cargos contra él, y lo nombró cónsul general en Milán.
En Colombia, el servicio secreto depende directa y únicamente del presidente de la República, el que empieza su jornada como presidente reuniéndose con su jefe a primeras horas de la mañana.
lísperguer

piden investigar a uribe


El abogado de las víctimas en el proceso a Jorge Noguera, pidió investigar al expresidente por nexos con paramilitares. También pidió condenar al exdirector del DAS.
Colombia. Alirio Uribe, abogado de la parte civil de las víctimas, pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia compulsar copias para investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por la infiltración de los paramilitares en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
En este caso la investigación deberá hacerla la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada constitucionalmente de procesar a los presidentes.
El jurista, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, señaló a Uribe como coautor  de los seguimientos que el DAS  hizo a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos.
"El asesinato de la periodista Zully Codina y del sociólogo Alfredo Correa Andreis ocurrieron en el marco de ataques y señalamientos a periodistas opositores y defensores de derechos humanos por parte del mandatario", afirmó el jurista.
Por los señalamientos que hizo ante los medios de comunicación, en los que acusaba a algunos de los opositores de su gobierno de guerrilleros, el ex presidente Uribe tendría responsabilidad penal, indicó el jurista.
Así mismo, el defensor de las víctimas señaló a Uribe como responsable por línea de mando, de las actividades ilegales al interior del organismo de inteligencia, entre ellas la creación del G3, el grupo de inteligencia estratégica que hacía seguimiento a opositores del gobierno.
Además, el abogado solicitó al alto tribunal abrir investigación contra los ex detectives del DAS Javier Valle Anaya,  Gean Carlo Auque y Enrique Ariza.

Condenar a Noguera
En la etapa final del juicio contra Noguera, el representante de las víctimas pidió la condena del ex director del DAS por su "militancia dentro del paramilitarismo".
En concordancia con los alegatos de la Fiscalía, la parte civil del proceso estableció que el ex director del DAS debe ser condenado los asesinatos de Alfredo Correa de Andreis, Zully Codina y Fernando Pisciotti.
El abogado señaló a Noguera Cotes como responsable de la supresión de antecedentes, del suministro de información de inteligencia  y del saboteo de operaciones contra paramilitares del Bloque Norte.
"Consideramos que existen suficientes pruebas para condenar por homicidio agravado a Jorge Aurelio Noguera Cotes" señaló el jurista.
Según el abogado, "los crímenes se hicieron con soporte en información de inteligencia…Noguera puso a disposición del Bloque Norte listados de sindicalistas, incluso cuando estaban en Ralito, se seguían entregando listados con nombres de sindicalistas a los paramilitares".
Uno de los casos más discutidos en este proceso, es la responsabilidad de Noguera, en el asesinato del sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis, a quien el DAS primero capturó e intentó culpar de ideólogo de la guerrilla.
Según el abogado, los incentivos de los paramilitares para asesinar a Correa, serían los estudios ambientales que estaría realizando el profesor universitario en un puerto, destinado por ‘Jorge 40’ para el envío de droga.
En cuanto al asesinato de Fernando Pisciotti, ocurrido el 9 de diciembre de 2003, la defensa de las víctimas señaló que antes de ser asesinado, el político, se reunió con Noguera con el fin de denunciar la incidencia de los paramilitares en el municipio del Banco Magdalena.
Días después es torturado y asesinado por paramilitares, por las denuncias que realizó y que tenían que ver con el tema de parapolítica en departamento de Magdalena.
Adicional a estas pruebas, el abogado indicó que la información sobre sindicalistas encontrada en el computador de ’Jorge 40’, coincide con la base de datos del organismo de inteligencia.     
Los alegatos finales de la audiencia contra Noguera se aplazaron hasta el 4 de abril por solicitud de la Defensa.
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
©verdad abierta

primeras masacres del bloque calima


Durante una versión libre colectiva, varios exjefes paramilitares y expatrulleros reconocieron su participación en tres masacres que dejaron 12 muertos y cientos de desplazados en el Valle del Cauca.
Colombia. Para reconstruir la cronología del Bloque Calima y esclarecer sus crímenes más atroces, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz versionó de manera conjunta a Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’; Jair Alexander Muñoz Borja, alias ’Sisas’; Henry Rodríguez Gómez, alias ’Darío’; Robert Enrique Oviedo Yanes, alias ’El Chacal’; José Ruperto García Quiroga, alias ’El Gato’; Delfín Caicedo Ramos, alias ’Pescado’; y Wilberto Ramos Osuna, alias ’Foca’.
Durante dos días los postulados contaron cómo estaba organizado el grupo paramilitar en sus inicios y los primeros crímenes con los que pretendieron combatir a las guerrillas y aterrorizar a la población para quitarle su supuesto apoyo a los grupos subversivos.
Los hombres de los hermanos Castaño llegaron al Valle desde Urabá a mediados de 1999 y cometieron sus primeros asesinatos el 31 de julio en el corregimiento de La Moralia, Tuluá.
En su recorrido hacia La Moralia, los paramilitares capturaron a alias ’El Flaco, un guerrillero que se convirtió en su informante y quien les señaló a sus primeras víctimas.
Durante las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, ’El Flaco’ señaló a Orlando Urrea y su hija Sandra Patricia. Él tenía 45 años, y ella, que era estudiante de enfermería, fue señalada como supuesta amante de alias ’Óscar’, uno de los jefes del Sexto Frente de las Farc.
Las masacres, además de ser una supuesta forma de combatir a la guerrilla, también fueron implementadas por los paramilitares como un sistema de control de la población civil por medio del terror.
Jair Alexander Muñoz Borja, alias ’Sisas’, quien fue jefe de algunos frentes del Bloque Calima, reconoció que las Auc torturaron física y psicológicamente a sus víctimas para sacarles información. Además, agregó que "si se podía matar en frente de la población reunida, se hacía para meter miedo".
En las incursiones a los pueblos en las que los paramilitares asesinaron a supuestos colaboradores de grupos armados, también saquearon las viviendas y establecimientos comerciales de las personas que no tenían nada que ver en el conflicto.
Al respecto, Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’, exjefe militar del Bloque Calima, dijo que eso estaba prohibido y algunos hombres lo hicieron por su cuenta.
En las primeras masacres, el Bloque Calima dejó grafitis alusivos a las Auc y dañó los teléfonos públicos para marcar su territorio e intimidar a la población para que, según ellos, dejaran de prestarle colaboración a la guerrilla.
Las siguientes son las masacres que alcanzaron a ser tratadas durante las dos audiencias de versión libre.

Masacre de El Placer
En la versión libre, alias ’El Cura’ contó que los paramilitares salieron por orden de ’Rafa Putumayo’ y ’Román’ -ambos jefes paramilitares asesinados- desde el municipio de Zarzal con la misión de hacer una "operación" en el corregimiento de Santa Lucía, ubicado en Tuluá.
Pero por información de dos de sus colaboradores conocidos con los alias de ’El Flaco’ y ’Jason’, decidieron incursionar primero en El Placer para asesinar a unos supuestos colaboradores de la guerrilla.
Los paramilitares atravesaron cinco municipios en camiones para llegar a su objetivo y no fueron detectados en la carretera porque  previamente habían "coordinado con la fuerza pública".
Para tomarse la población, los 85 paramilitares se dividieron en dos grupos bajo el mando de alias ’Sisas’ y ’Catori’. El primero quedó encargado de prestar seguridad a las afueras del caserío, mientras los hombres del segundo grupo sacaron a los pobladores de sus casas y asesinaron a los que sus informantes señalaron como auxiliadores de la guerrilla.
En la madrugada del 23 de agosto de 1999, allí asesinaron a cinco campesinos.
Al llegar a El Placer, los paramilitares devolvieron los camiones, que posteriormente fueron quemados por guerrilleros de las Farc, quienes de paso asesinaron a los conductores.
Al respecto, ’El Cura’ dijo que esos vehículos pertenecían al extraditado narcotraficante Diego León Montoya, alias ’Don Diego’, quien fue uno de los primeros patrocinadores de las Auc en el Valle del Cauca.
Durante su operación delincuencial los paramilitares también dañaron los teléfonos de Telecom, pintaron grafitis alusivos a las autodefensas y saquearon el caserío.
En su retirada los paramilitares tuvieron un prolongado combate de doce horas con las Farc y, según contaron, uno de sus hombres fue asesinado. Alrededor de las cinco de la tarde huyeron por los lados de Tuluá.
Por estos hechos, que dejaron cinco muertos y varias familias desplazadas, ’El Cura’ reconoció su responsabilidad por "ser uno de los comandantes que iba dirigiendo la operación", y ’Sisas’ hizo lo mismo, aunque señaló que en esa ocasión no asesinó a nadie.

Masacre de Chorreras
Alrededor de 60 paramilitares llegaron en la madrugada del 31 de agosto de 1999 al corregimiento de Chorreras en Buga, en donde asesinaron a cuatro hombres señalados como supuestos colaboradores de la guerrilla.
Los paramilitares salieron desde Chicoral a pie y les tomó tres para llegar al pueblo. Nuevamente la estrategia para atacar a la población fue la misma que en la masacre de El Placer: ’ Sisas’ y sus hombres se quedaron a las afueras, mientras ’Catori’ y su grupo se tomaban el caserío, y ’El Cura’ se encontraba en un lugar apartado como refuerzo.
Según contó ’El Cura’, recibió la información de la supuesta ayuda que algunos pobladores les prestaban a la guerrilla por parte de alias ’El Flaco’, y por esa razón envío a dos grupos bajo las órdenes de ’Sisas’ y ’Catori’, respectivamente.
Los hombres de ’Catori’ despertaron y sacaron de sus casas a los habitantes del pueblo y los hicieron formar en la calle principal. Alias ’El Flaco’ señaló a tres hombres, algunos de ellos propietarios de tiendas, a quienes los paramilitares sacaron de la formación para "investigarlos" y los mataron a las afueras del pueblo con disparos de fusil.
La cuarta víctima fue otro hombre que un paramilitar sacó de su casa hasta donde se encontraba el grupo de ’Sisas’. La hija de esta víctima, una menor de edad, se interpuso para que un paramilitar no asesinara a su padre, pero repentinamente y sin que la víctima se diera cuenta, ’Sisas’ le puso su fusil bajo su mentón y le disparó.
El exjefe paramilitar dijo que no agredieron a la niña y que la víctima quedó a las afueras del pueblo.
Por estos hechos, tanto los exjefes paramilitares ’El Cura’ y ’Sisas’, como los expatrulleros ’Darío’ y ’El Chacal’, aceptaron su responsabilidad por esta masacre y el desplazamiento masivo.

Masacre de Buenos Aires
El 12 de septiembre de 1999, dos grupos de paramilitares del Bloque Calima se tomaron el corregimiento de Buenos Aires, ubicado en el municipio de San Pedro por orden del asesinado jefe paramilitar alias ’Román’.
Con una lista de víctimas, los grupos bajo el mando de alias ’Clavijo’ y alias ’Perea’ salieron desde Pardo Alto para cumplir la orden asesinar al inspector de Policía de ese corregimiento y un agricultor por sus supuestos nexos con grupos guerrilleros.
’El Cura’ contó que la información la obtuvo ’Román’. En este caso no pudo precisar si la misma fue suministrada por un informante conocido como alias ’El Flaco’, aunque señaló que ’Román’ siempre tuvo contactos con militares del Batallón Palacé de Buga.  
El modus operandi en esta masacre fue igual a las primeras. Pasada la medianoche un grupo de hombres armados irrumpió en el pueblo, sacó a la gente a la plaza principal y seleccionaron a sus víctimas, mientras sus compañeros les prestaban seguridad en los alrededores.
Además de los asesinatos, los paramilitares también pintaron grafitis antisubversivos, destruyeron las cabinas telefónicas y saquearon establecimientos comerciales y viviendas. Producto de estos hechos los sobrevivientes se marcharon del pueblo por temor a represalias.

Masacre de Piedritas
Entre el 22 y el 25 de septiembre de 1999, once personas fueron asesinadas por paramilitares en la zona rural de Tuluá. Aunque a los postulados se les puso de presente los casos de homicidios en los que las víctimas fueron sacadas de sus viviendas o de vehículos de transporte público para ser asesinadas, no pudieron recordar y esclarecer estos hechos.
Por esta razón, el caso de esta masacre será tratado en posteriores versiones libres con otros postulados que hicieron parte desde los orígenes del Bloque Calima y delinquieron en esa región.
La Fiscalía tendrá que investigar la veracidad de los hechos contados por los paramilitares y la supuesta colaboración de funcionarios y miembros de la Fuerza Pública.
2 de marzo de 2011
©verdad abierta

muerte en un prostíbulo


El hecho ocurrió en un burdel de Mar del Plata con presunta protección policial. Según un testigo, el joven de 23 años que murió a manos de un policía, en un presunto intento de robo, había ido a rescatar a una mujer que le pidió ayuda.
[Carlos Rodríguez] Argentina. En una presentación ante la Justicia marplatense, la Fundación La Alameda solicitó a la Justicia local que se hiciera una "investigación a fondo" sobre las circunstancias en que se produjo la muerte, a manos de la policía, del joven Nahuel Moreno, de 23 años. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Moreno murió en el interior de un "privado" marplatense cuando intentaba robar, junto con otros dos jóvenes, la recaudación del día en ese prostíbulo. Sin pretender modificar la versión del robo –por ese delito fue condenado un joven y hubo un prófugo–, que al parecer es cierta, lo que pide La Alameda es que se investigue la denuncia de un amigo de Moreno, cuyo nombre se mantiene en reserva. Según ese testimonio, la principal intención del chico fallecido, al ingresar al "privado", fue la de rescatar a una joven paraguaya que era sometida allí a explotación sexual y de la cual se había enamorado durante una serie de encuentros que había tenido con ella como "cliente" .
El hecho ocurrió entre las 23.50 del 3 de abril y la cero hora del 4 de abril de 2009, en un "privado" de la calle Salta cuyo "nombre de fantasía" es Le Blank, según consta en la sentencia en la que fue condenado a seis años y nueve meses de prisión, por robo doblemente calificado, el joven Jonathan Canale, de 23 años, uno de los dos que acompañaban a Nahuel Moreno. El otro chico logró escapar por una ventana y habría sido asesinado tiempo después en circunstancias que se desconocen.
El primer dato curioso es que las primeras informaciones difundidas por la prensa, a partir de datos suministrados por la comisaría distrital primera de Mar del Plata, aseguraron que los sucesos habían ocurrido en un "privado" de Salta 1323. Sin embargo, en la sentencia contra Canale, dictada en un juicio abreviado por el tribunal integrado por Alexis Leonel Simaz, Néstor Jesús Conti y Adrián Angulo, se dijo que la dirección correcta era Salta 1393. La Alameda, en su presentación, dijo que "no existe la numeración 1323" de la calle Salta y que sería el número 1337, donde hay denuncias sobre el funcionamiento de otro prostíbulo. Se sospecha que ambos lugares tendrían "cobertura policial" para las actividades ilícitas que allí se realizan.
Ahora, en su presentación para que los hechos se investiguen "a fondo", la Fundación La Alameda sostuvo que "un amigo de Nahuel Moreno, que circunstancialmente prefiere mantener en reserva su identidad, denunció a nuestra organización que el móvil primero del hecho ocurrido esa noche (se refiere a la del 3 de abril de 2009) fue rescatar a una joven paraguaya de 22 años que le había pedido auxilio a Morales". Los dos se habían conocido en las habitaciones del "privado", al que Morales había concurrido "en calidad de cliente durante más de un año". En ese tiempo, se había establecido entre ambos "una relación afectiva", según lo dicho por el amigo de Morales que se presentó ante La Alameda.
Desde que tomaron conocimiento de esa versión de los hechos, militantes de La Alameda se contactaron con "una fuente allegada a la causa judicial que confiesa tener conocimiento de que el policía que disparó a Nahuel Morales" sería "el dueño del prostíbulo". Esa noche había "otros oficiales de calle ‘trabajando’ en el prostíbulo". De acuerdo con los datos presentados por La Alameda ante la Justicia marplatense "a Morales lo mataron como a un perro y le plantaron un arma". La misma fuente dijo que "la situación de intento de robo existió, si bien no fue premeditada".
En la causa en la que fue condenado Jonathan Canale, se afirmó que los autores del robo, luego de amenazar y golpear a cuatro hombres y a dos mujeres, se apoderaron "de los teléfonos celulares" de los presentes "y de dinero existente en la caja registradora del local, mientras exigían al encargado (...) que abriera la caja fuerte para apoderarse de más dinero". Luego se abrió esa caja fuerte, pero en ella había solamente papeles. Una chica paraguaya, cuyas iniciales son L. C., aprovechó la confusión reinante y se escapó por una ventana. En la causa judicial contra Canale, nada se dice sobre el destino de esa mujer. Tampoco se sabe si se trata o no de la chica a la que Moreno habría ido a "rescatar".
Uno de los datos que La Alameda aportó a la causa es que, en el parte policial sobre los hechos del 3 de abril de 2009, a Nahuel Moreno se le agrega el apelativo de "El Palomo". Sin embargo, sus amigos y familiares aseguraron que nadie lo llamaba así. En ese sentido, en el escrito se recordó que "a los clientes que se enamoran de las prostitutas", en el ambiente de la noche los llaman, en forma irónica, "Palomos". En su escrito, La Alameda solicitó "que se investigue al policía Pablo Liberti (35 años), ya que figura como quien disparó a Morales en el expediente del hecho y tendría (...) un rol fundamental en la organización de la prostitución ajena y la trata de personas".
El prostíbulo de Salta 1337, aclaró La Alameda, fue denunciado en agosto de 2002 por dos mujeres dominicanas que se escaparon de allí. El lugar estaba "a cargo de Pilar de las Mercedes Peralta Zamora, alias Marisa, prófuga de la Justicia y con pedido de captura de Interpol". En una nota publicada ese año por Página/12, las dos mujeres, Vanesa y Linda, aseguraron que "el entonces jefe de la Delegación local de Migraciones Fernando Rizzi, mantenía transacciones económicas con Pilar de las Mercedes Peralta Zamora".
Las dudas sobre las circunstancias en las que murió Nahuel Moreno llevaron, meses después del cierre del juicio abreviado, a que se realizara una investigación complementaria –por disposición de la Fiscalía General de Mar del Plata– que estuvo a cargo del fiscal Claudio Kisimoto, pero en ese momento no aparecieron indicios como para avanzar en la nueva hipótesis. Una fuente judicial le dijo a Página/12 que en ese momento "la investigación no se pudo profundizar por falta de pruebas". El vocero agregó que "si ahora hay nuevos elementos, tal como sostiene en su escrito la gente de La Alameda, es posible que se pueda avanzar para conocer los entretelones del caso".
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
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casos del juicio por robo de bebés


Los treinta y cuatro casos del juicio.
Argentina. ESMA
1 Hijo de Patricia Julia Roisinblit y de Rodolfo Pérez Rojo: Patricia dio a luz el 15 de noviembre de 1978. En junio de 2004 se determinó que Guillermo Francisco Gómez es hijo de Patricia Roisinblit.

2 Hija de María del Carmen Moyano de Poblete y de Carlos Poblete: María del Carmen dio a luz en junio de 1977. Fue "trasladada" con destino desconocido.

3 Hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe y de Pedro Fabián Sandoval: Liliana Clelia dio a luz entre diciembre de 1977 y febrero de 1978. A Alejandro Sandoval se le restituyó su identidad en julio de 2006.

4 Hija de María Hilda Pérez de Donda y de José María Laureano Donda: María Hilda dio a luz en agosto del ’77. En septiembre de 2004 se determinó que su hija es Victoria Donda.

5 Hijo de Ana de Castro y de Hugo Alberto Castro: Ana dio a luz en junio del ’77 y luego fue "trasladada", desconociéndose su destino.

6 Hija de Susana Leonor Siver de Reinhold y de Marcelo Reinhold: Susana estaba en la ESMA pero en enero de 1978 la llevaron al Hospital Naval. Nació por cesárea una niña a quien llamó Laura. La niña sigue desaparecida.

7 Hija de Miriam Ovando y de Raúl René De Sanctis: Miriam dio a luz a un bebé en el mes de julio de 1977 en la ESMA, desconociéndose el destino.

8 Hijo de Liliana Carmen Pereyra y de Eduardo Cagnola: Liliana estuvo en la Base de Buzos Tácticos de Mar del Plata y fue "trasladada" a la ESMA, donde dio a luz en febrero de 1978. El hijo está desaparecido.

9 Hijo de María Graciela Tauro y de Jorge Rochistein: María Graciela dio a luz en setiembre de ’77. Ambos se encuentran desaparecidos.

10 Hija de Susana Beatriz Pegoraro y Rubén Santiago Bauer: dio a luz en diciembre de 1977 y luego fue "trasladada" con su beba a un destino desconocido.

11 Hijo de Alicia Elena Afonsín de Cabandié y de Damián Abel Cabandié: Alicia Elena estuvo en El Banco y luego en el Club Atlético. En febrero de 1978 fue "trasladada" a la ESMA, donde tuvo a un varón en el mes de marzo de 1978 a quien le dio el nombre de "Juan". El niño fue retirado a los pocos días de nacido. El 23 de enero de 2004 se confirmó como hijo a quien hoy es Juan Cabandié.

12 Hija de Silvia Dameri y de Orlando Antonio Ruiz: Silvia dio a luz a Laura, entre los meses de septiembre de 1980 y enero de 1981. En febrero de 1999, la niña recuperó su identidad.

Campo de Mayo
13 Hijo de Norma Tato y de Jorge Casariego: Norma dio a luz asistida por otra detenida médica conocida como "Yoli". Permaneció 24 horas con su niño. Ambos están desaparecidos.

14 Hijo de Silvia Mónica Quintela Dallasta y de Abel Pedro MadariagaSilvia: Mónica dio a luz a fines de julio o principios de agosto de 1977. Su hijo fue restituido el año pasado.

15 Hijo de Rosa Luján Taranto y de Horacio Antonio Altamiranda: Rosa estuvo en El Vesubio y fue derivada al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde en agosto o septiembre de 1977 dio a luz. El niño permanece desaparecido.

Pozo de Banfield
16 Hija de María Eloísa Castellini y de Constantino Petrakos: María Eloísa dio a luz alrededor del 10 de abril de 1977. Ambas están desaparecidas.

17 Hijo de Stella Maris Montesano y de Jorge Oscar Ogando: Stella Maris dio a luz en diciembre de 1976 a "Martín". Ambos están desaparecidos.

18 Hijo de Gabriela Carriquiriborde y de Jorge Orlando Repetur: Gabriela dio a luz en diciembre de 1976, desconociéndose el paradero de ambos.

19 Hija de Aída Cecilia Sanz Fernández y de Eduardo Gallo Castro: Aída dio a luz el 27 –o 31– de diciembre de 1977 a quien llamó Carmen. En junio de 1999 se determinó que María de las Mercedes Fernández era en realidad María de las Mercedes ("Carmen") Gallo Sanz.

20 Hija de María Asunción Artigas Nilo de Moyano y de Alfredo Moyano: El 25 de agosto de 1978 nació Verónica Leticia. La niña permaneció a su lado por unas horas. Fue recuperada en enero de 1988.

21 Hijo de Yolanda Iris Casco Ghelpi y de Julio César D’Elía Pallares: Nació en diciembre de 1977 o principios de enero de 1978. En enero de 1995 se estableció que Carlos Rodolfo De Luccia era Carlos D’Elía Casco.

22 Hija de Mónica Sofía Grinspon y de Claudio Logares: Paula Eva Logares fue secuestrada el 18 de mayo de 1978 a los 23 meses de edad con sus padres en Uruguay. Los padres fueron "trasladados" al Pozo de Banfield, previo paso por la Brigada de Investigaciones de San Justo. La niña fue separada. Finalmente se la identificó en junio de 1984.

23 Hijo de Inés Beatriz Ortega de Fossati y de Rubén Leonardo Fossati: Inés dio a luz a Leonardo, que fue separado un día después. El 11 de agosto de 2005 se confirmó que Leonardo Fossati es hijo de Ortega y Fossati.

Otros
24 Hija de Elena De la Cuadra y Héctor Carlos Baratti: Elena dio a luz a Ana Libertad el 16 de junio de 1977 en un calabozo de la Comisaría 5ª de La Plata. Nunca más se supo de ella.

25 Hijo de Laura Estela Carlotto y de Horacio Fontán: Laura Estela fue llevada el 25 o 26 de junio de 1978 de La Cacha al Hospital Militar Central, donde dio a luz a Guido. Estuvo con el bebé por cinco horas, fue separada de su hijo. Permanecen desaparecidos.

26 Hija de María Elena Isabel Corvalán y de Mario César Suárez Nelson: María fue alojada en la Cacha y a fines de junio de 1977 fue "trasladada" para dar a luz a Lucía, de quien fue separada.

27 Hijo de Sara Rita Méndez Lompodio y de Mauricio Gatti Antuña: A Sara la secuestraron con su hijo de 20 días Simón Antonio Riquelo. A ella la llevaron a Orletti y de él no tuvo más noticias hasta marzo del año 2002, cuando recuperó su identidad.

28 Hija de María Claudia García Iruretagoyena y de Marcelo Gelman: María Claudia estuvo secuestrada en Orletti. Estaba con un embarazo de siete meses y su hija nació entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre de 1976. En junio de 2000 se identificó a Macarena Gelman como su hija.

29 Hija de María Emilia Islas Gatti y de Jorge Roberto Zaffaroni Castilla: Mariana Zaffaroni fue secuestrada el 27 de septiembre de 1976 con sus padres. Todos estuvieron en Orletti. Luego la niña fue separada. Los padres se encuentran desaparecidos. Daniela Romina Furci fue reconocida en julio de 1991 como Mariana Zaffaroni Islas.

30 y 31 Hijos de Victoria Grisonas y de Roger Julien: Anatole y Eva Julien Grisonas fueron separados de su madre el 26 de septiembre de 1976 y trasladados a Orletti. Fueron abandonados y sin documentos en la plaza O’Higgins de la ciudad de Valparaíso, Chile, el 26 de diciembre de 1976.

32 Hija de Hilda Ramona Torres y de Roque Orlando Montenegro: Hilda Victoria Montenegro fue secuestrada en febrero de 1976 y separada de sus padres cuando tenía 13 días, desconociéndose el lugar donde fue derivada. En julio de 2000 se determinó que María Sol Tetzlaff Eduartes era en realidad Hilda Victoria Montenegro.

33 Clara Anahí Mariani (hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariani y de Daniel Mariani). Clara Anahí tenía tres meses cuando fue separada de su madre, el 24 de noviembre de 1976. Continúa desaparecida.

34 Hija de Gertrudis Marta Hlaczik y de José Liborio Poblete: Claudia Victoria Poblete fue secuestrada cuando tenía 8 meses con su madre en 1978. En diciembre de 1999 se estableció que Mercedes Beatriz Landa era Claudia Victoria Poblete Hlaczik.
1 de marzo de 2011
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secuestros de bebés en colombia


En las primeras siete semanas del año, ocho bebés de pocos días han sido robados. Las autoridades creen que hay una red que se lucra de este macabro negocio.
Colombia. En la mañana del jueves 24 de febrero, la mayoría de los habitantes del pequeño municipio de Tangua, en el centro del departamento de Nariño, se volcaron a las calles a protestar. El motivo era el secuestro de una niña de escasos dos meses de nacida que había sido robada de los brazos de su madre el día anterior. En la tarde del martes de esa misma semana, en el otro extremo del país se presentó una situación similar. Durante una hora, familiares, amigos y personas solidarias bloquearon el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, exigiendo con fotos y pancartas el regreso de un bebé de diez días, arrebatado a su madre el 17 de febrero, en una calle de la ciudad. Al cierre de esta edición, en las fronteras con Venezuela y Ecuador, las autoridades continuaban buscando a los dos bebés.
Estos son los dos casos más recientes de un fenómeno que ha prendido las alarmas entre las autoridades. No es para menos. En las primeras siete semanas de este año, ya se registran ocho casos de niños de pocos días o semanas robados en diferentes lugares del país. En ese mismo lapso, en 2010, se registraron tres casos que lograron ser rescatados, en Cauca, La Guajira y Magdalena. Aunque de los ocho casos de este año el Gaula de la Policía ha rescatado a seis bebés, existe una gran preocupación por el aumento de estos hechos. Aún más grave es que la hipótesis más fuerte que manejan las autoridades en la mayoría de los casos es que podría tratarse de un macabro negocio: la venta de bebés.
"El problema con los recién nacidos es que es muy difícil identificarlos, ya que cuando tienen pocos días o semanas de nacidos los niños cambian día a día y eso les facilita a los delincuentes evitar que sean identificados por medio de fotos o videos. Fuera de esto, en algunas regiones aún es frecuente que los nacimientos se den en casas o con parteras, lo cual hace que no existan registros", dice un investigador del Gaula.
Las autoridades han logrado rescatar a varios. El último fue un niño de tres años de edad, encontrado por el Gaula el 20 de febrero en el municipio de Sibundoy, Putumayo. Había sido secuestrado en su vivienda en Cumbal, en el sur de Nariño, una semana antes. Tres días antes de esa operación, otra bebé, robada 48 horas antes a su madre, una adolescente de 16 años, fue rescatada por la Policía en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali. El 11 de febrero en El Rosal, Cundinamarca, el Gaula logró dar con un niño de 15 días de nacido, robado a su madre en Facatativá el 29 de enero.
Al investigar, han aparecido evidencias preocupantes. "La mayoría de los casos se parecen en algunas cosas. Por ejemplo, la mayoría de las madres de los menores son de estratos muy bajos, con poca formación y grandes necesidades económicas -afirma el investigador del Gaula-. Por necesidad e ingenuidad son presas fáciles de los bandidos, que se acercan con diversas propuestas de ayuda para darles comida o ropa y aprovechan cualquier descuido para robarse a los menores. En los casos de este año y en los 24 rescates de menores que se realizaron en 2010 quedó descartado que se tratara de secuestros con fines extorsivos". También se ha descartado en la mayoría que el rapto haya sido un secuestro simple, perpetrado por algún familiar para quedarse con el bebé.
De los casos de este año solo en uno, el de Cali, se comprobó que el motivo del robo del bebé tuvo que ver con el hecho de que la secuestradora había simulado estar embarazada y decidió raptar a un recién nacido para hacer creer a su novio que era su hijo y así retenerlo a su lado.
Las autoridades tratan de establecer cuáles de los secuestros de este año involucrarían grupos de delincuentes aislados que han convertido en negocio el robo de bebés, que venden por entre cinco y veinte millones de pesos a parejas que no pueden tener hijos, dentro y fuera de Colombia. Si bien aún no se puede hablar de una red, lo que preocupa a las autoridades es que estas sí existen en el país. Basta recordar el caso que quedó al descubierto tras una larga investigación de la Fiscalía en agosto del año pasado, cuando un médico y una enfermera, bajo la fachada de tener una clínica de abortos en el centro de Bogotá, estaban vendiendo recién nacidos a extranjeros por cifras que rondaban en promedio los diez millones de pesos.
Aunque no se trata, por fortuna, de un delito generalizado, el tráfico de personas en Colombia ya es un problema muy serio, y lo único que faltaría es que el robo de bebés se convierta en uno de sus rubros. Por eso, bien harían las autoridades en ponerle fin ahora, cuando todavía está en pañales.
1 de marzo de 2011
26 de febrero de 2011
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a juicio ladrones de bebés


Empezó el juicio por apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. El caso de treinta y cuatro chicos nacidos en cautiverio llegó a la sala de audiencia después de quince años. Ocho represores, entre ellos los presidentes de facto Videla y Bignone, junto a Jorge ‘El Tigre’ Acosta, empezaron a ser juzgados.
[Alejandra Dandan] Argentina. Las cámaras lograron durante el desarrollo de la audiencia lo mismo que la jueza María del Carmen Roqueta había conseguido en los primeros momentos del juicio: mostrar a los represores en un primer plano incómodo mientras se iban leyendo uno a uno los 34 casos de hijos nacidos en cautiverio o apropiados durante los años de la dictadura militar. Roqueta nombró al comienzo a los ocho acusados, a los que fue llamando por su nombre; cada uno respondió, en algún caso hubo quien se paró de la silla o levantó la mano para mostrarse. Entre ellos, dos de los ex presidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Las cámaras del Incaa luego los siguieron de cerca. Casi sin respiro, mostraron el cabeceo con el que Videla parecía esconderse detrás de vaya a saberse qué sueño y a Bignone asaltado repentinamente por planos cortos después de los cuales cambiaba incómodamente la posición de sus piernas, su único espacio de libertad.
El juicio oral que finalmente comenzó en los tribunales de Comodoro Py tuvo como punto de origen una denuncia del 30 de diciembre de 1996 de Abuelas de Plaza de Mayo, impulsada por Estela de Carlotto y María Isabel ‘Chicha’ Chorobik de Mariani que ayer, pese a su ceguera y al estado de salud, se aproximó para estar presente con sus anteojos oscuros en este comienzo de juicio. Pese a haber quedado excluida del alcance de las leyes de impunidad, la causa conocida como el Plan sistemático de robos de bebés recién empieza a cerrarse con dos de sus principales acusados, como Emilio Massera y Cristino Nicolaides, muertos. Abuelas había impulsado aquella primera denuncia, entre otros delitos, por sustracción y ocultación de menores, ese aspecto de la represión ilegal que ayer se nombró como la ‘Cuestión de los niños’, una de las dimensiones de la dictadura urdida por las Fuerzas Armadas durante la marcha para "solucionar" de modo sistemático el problema de los menores que nacían en cautiverio o habían sido secuestrados con sus padres.
Entre los acusados, además de Videla y Bignone, están Antonio Vañek; Jorge Eduardo ‘El Tigre’ Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Óscar Franco y como autores materiales Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco. En la primera hora, Roqueta, que preside el Tribunal Oral Federal 6 y estará a cargo del juicio, fue mencionándolos por sus nombres, luego de decirles "señor", en un ritual que no sólo permitió individualizarlos sino que logró ponerlos en ese primer plano incómodo de la acusación. "Señor Acosta –dijo la jueza en un momento–. ¿Está? No lo veo."
Tras ese comienzo, el TOF dio paso a la lectura de la acusación de la fiscalía de primera instancia, uno de los protocolos de toda apertura de juicio, pero que en este caso mostró ante la sala el interior de las maternidades clandestinas con la fuerza de la letra descarnada, quizá potenciada por la presencia de muchos de esos hijos de aquellos padres asesinados o desaparecidos por la dictadura, presentes metros atrás, entre el público de la sala.
"Es verdad que del examen del plan original no se advierte una dimensión que contemple la ‘cuestión de los menores’, pero justamente ese tópico emergió ‘durante’ de la represión –recapituló una de las secretarias–. Y por eso se improvisaron verdaderas ‘maternidades’ ubicadas en sitios estratégicos para responder a una cuestión natural: los embarazos de las detenidas y, más aún, se establecieron criterios de ‘asignación’ de los menores."
La acusación de la elevación a juicio elaborada por el fiscal Federico Delgado fue así el punto de partida de un proceso por el que pasarán en los próximos ocho meses unos 370 testigos. La acusación intentó plantear el desarrollo de las maternidades clandestinas como una práctica sistemática. Mostró el montaje, describió los cuartos donde se instaló a las embarazadas, las vendas con las que les cubrían los ojos, las horas que algunas pudieron permanecer con sus hijos, pero además el robo y reubicación de esos niños y la aniquilación casi en todos los casos de sus padres. Una dimensión del plan general de la represión que la fiscalía en su momento presentó como "el gran secreto del ‘Proceso de Reorganización Nacional’": "Ese plan tenía un fin –se recordó–: penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’", y "normalizar era redefinir a los sujetos conforme un elaborado ‘tipo ideal’: a la reformulación del otro que era su negación, no había alternativa, se ‘era como se debía ser’, o ‘no se era’". Y es para eso "que se edifica el criterio para ‘asignar’ a los niños nacidos en cautiverio, había que cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político".

Los Centros
En el esquema de Delgado los nacimientos siguieron dos caminos: los niños nacieron en lugares organizados como maternidades ilegales en centros clandestinos ubicados en lugares estratégicos o nacieron en lugares donde no había esa organización. "Nacimientos hubo en todos lados, pero ocurrió que en algunos centros clandestinos se montaron estructuras específicas a las que eran trasladadas algunas detenidas al solo efecto de dar a luz y luego regresadas a sus cárceles clandestinas de origen", se leyó. Esas maternidades estuvieron ubicadas en diferentes lugares de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se dijo, "existieron otros centros clandestinos de detención que si bien no cumplieron ese rol estratégico, fueron parte de la dimensión del plan criminal que se encargó de la ‘cuestión de los menores’, porque la prueba reunida indica que allí se produjeron nacimientos y apropiaciones que, o forman parte de este dictamen, o bien actualmente son materia de investigación".
Entre los lugares, durante el debate empezaron a aparecer aquellos vinculados con los 34 casos en juicio. Entre ellos, la Escuela Mecánica de la Armada, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield, tres de los centros clandestinos considerados estratégicos según el criterio de la fiscalía, donde existían o se montaron estructuras para las maternidades clandestinas. Y donde justamente por esa característica de estratégicos no sólo dieron a luz las secuestradas que estaban como prisioneras en esos ámbitos, sino otras que fueron trasladadas desde otros centros clandestinos o estuvieron incluso a disposición de otras Fuerzas.
De la ESMA se recordó, por ejemplo, que la maternidad clandestina funcionó en el casino de oficiales, y se la conocía como "La Sardá por izquierda", "La maternidad Sardá" o "La Sardá de Chamorro". Es uno de los lugares en donde dieron a luz parturientas de otros centros. Los sobrevivientes contaron que las embarazadas tenían un cuarto donde permanecían junto a sus niños y que se quedaban pocos días con ellos hasta que el prefecto Antonio Febres, el hombre a quien se lo vio en varias oportunidades salir de la ESMA con recién nacidos en sus brazos, se los llevaba. Entre los imputados por esos nacimientos están los médicos Arias Duval, Capdevilla y Magnacco.
Del Pozo de Banfield se lo recordó ubicado en el Camino Negro, en Lomas de Zamora. La maternidad ahí funcionó en una enfermería a donde llevaban a las detenidas a la hora de dar a luz. La pieza estaba en el segundo piso del centro clandestino, tenía una cama quirúrgica, instrumentales, un lavatorio y varios frascos; el médico ginecólogo que asistía a las parturientas era Jorge Antonio Bergés.
Por último, la acusación detalló que en Campo de Mayo los partos de detenidas embarazadas se efectuaron en unos galpones hasta mediados de 1977 y luego se hicieron en el Hospital Militar. Durante la primera etapa, cuando se hacían en el Pabellón 1, las parturientas contaban con un habitación de cinco metros por cinco metros que aparentemente había funcionado antes como cocina. Luego, en el Hospital Militar las pacientes permanecían en un cuarto con vigilancia en la puerta, no se registraba el ingreso ni de ellas ni de los niños que nacían.
Pero esas fueron las maternidades paradigmáticas. Entre los 34 casos que recoge la causa, existen casos de niños nacidos además en La Cacha, La Comisaría V de la Plata, Orletti, El Vesubio y Olimpo.
Algunos de ellos estuvieron ayer en la sala de audiencias. Entre ellos, Macarena Gelman, Victoria Donda, Leonardo Fosatti, Alejandro Sandoval. Además de ellos, también las abuelas ocuparon sus lugares, aquellas mujeres que durante estos años impulsaron la búsqueda de sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos, apropiados por los represores. Rosa Roisinblit, Buscarita Roa, Chicha Mariani o Elsa Pavón, cuyas imágenes replicadas por las cámaras del Incaa presentes en cada una de las audiencias de estos nuevos juicios iban generando un contrapunto con las caras de los represores.
"Estoy acá", decía Chicha Mariani casi al comienzo de la audiencia. "Voy a intentar venir todas las veces que pueda." Su caso se leyó con el número 32 durante la audiencia: Clara Anahí Mariani, leían los secretarios del TOF 6, hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariani y de Daniel Mariani, tenía tres meses de edad cuando fue separada de su madre, el 24 de noviembre de 1976. Todas las pruebas indican que sobrevivió al operativo en el que fue muerta su madre, pero aún hoy continúa desaparecida.
Videla al final de la audiencia se durmió.
1 de marzo de 2011
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la otra casa de nariño


Los cables de WikiLeaks muestran que la embajada de Estados Unidos, por la genuflexión criolla, deja a veces la residencia oficial de los presidentes colombianos como si fuera una sucursal.
Colombia. Cuando los guerrilleros salvadoreños se decidieron a negociar a finales de los años 80, pidieron que el gobierno de Estados Unidos estuviera en la mesa. "Queremos hablar con el dueño del circo y no con los payasos", pensaban. Esa es la misma actitud que se infiere de muchos dirigentes colombianos en los cables de WikiLeaks publicados hasta ahora en diversos medios.
Los cables dan la sensación de que en el búnker de la avenida Eldorado, donde funciona la embajada, hay una sede alterna de gobierno, a veces más importante que la oficial. Políticos que piden aprobación a sus candidaturas, policías y militares que ponen quejas sobre el gobierno, guerrilleros que buscan acuerdos y magistrados y opositores tratando de influir en las percepciones del tío Sam muestran que, para gran parte de la dirigencia colombiana, los dueños del circo son los gringos.
¿Genuflexión criolla o intervencionismo? Si bien todas las embajadas son cotarros donde se ventilan los chismes domésticos de los países, de los papeles del Departamento de Estado se puede inferir que la diplomacia gringa influye en las políticas locales mucho más de lo que se piensa y que los 6.000 millones de dólares que Washington le ha transferido al país en una década han convertido al embajador en un virrey al que todos temen y buscan seducir.
No siempre fue así. Si bien Colombia ha hecho parte de la órbita del tío Sam, también daba de vez en cuando sus gritos de independencia, como cuando el presidente Alfonso López Michelsen, caprichosamente, le negó el beneplácito a un embajador. Eran épocas en las que para Colombia era menos importante lo que pensara Estados Unidos, porque para Estados Unidos Colombia significaba muy poco. Con el narcotráfico y la violencia hubo un cambio, especialmente durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando el embajador Myles Frechette inauguró el estilo de opinar sobre política interna sin tapujos. A eso se sumaron medidas que desde entonces penden como una espada de Damocles sobre la dirigencia colombiana: la certificación de buena (o mala) conducta en la lucha antinarcóticos y la temida cancelación de la visa.
Este juego se agudizó con el Plan Colombia. Como ha escrito la analista Arlene Tickner, en Colombia se da un caso muy peculiar de "intervención por invitación". El argumento de que el narcotráfico lo permea todo y el temor que inspiró la ofensiva de las Farc de fines de los noventa abrieron las puertas a Washington para injerir en temas que van de los derechos humanos a las políticas laborales, pasando por la justicia, la corrupción y las elecciones.
Durante el periodo de Álvaro Uribe, que es al que pertenecen los cables de WikiLeaks, hay elementos que llaman la atención. La embajada se convirtió en vértice de una especie de ’triangulación’ para enviar mensajes al presidente. ¿Dónde en el mundo, el vicepresidente pide al embajador gringo que le ayude a convencer al presidente de la gravedad de las ’chuzadas’ del DAS? Los dirigentes colombianos acudían a la sede diplomática en busca de bendiciones sobre temas locales, como lo hicieron Mario Uribe, para la configuración de sus listas a Senado y Cámara, o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, frente a la controversia entre esta y el Ejecutivo. Y hasta las ONG y la oposición buscaban en la embajada influir en el juego de ’castigos’ entre Washington y Bogotá, como la no aprobación del TLC o el congelamiento de fondos del Plan Colombia, lo que, curiosamente, en lugar de cuestionar la ’intervención’, como era típico en la izquierda del pasado, lo que hace es legitimarla. La imagen del presidente Uribe llamando, delante del embajador, al fiscal general para pedirle premura en las investigaciones de los ’falsos positivos’ es elocuente.
Aunque los cables denotan comprensión de los problemas y respeto a la democracia colombiana por parte de la embajada, hay que recordar que las filtraciones provienen solo del Departamento de Estado, es decir, de la sección política, y del despacho del embajador. En el caso de Colombia, muchas otras decisiones se toman en el Departamento de Defensa, el Comando Sur y el Departamento de Justicia (extradiciones), de los que no se conocen filtraciones. Debe haber más de uno rogando para que no aparezca ninguna. Con las que hay, ya la embajada gringa luce a veces como la sede principal y la Casa de Nariño de la Plaza de Bolívar, como la sucursal.
1 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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