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murió isidora aguirre


Muere autora de ‘La pérgola de las flores’. Isidora Aguirre también hizo una adaptación del clásico ‘Fuenteovejuna’.
Santiago, Chile. La dramaturga y escritora Isidora Aguirre Tupper murió en la clínica Santa María a los 92 años.
La autora de ‘La pérgola de las flores’ -que recibió honrosos premios como la Medalla de Santiago por el aporte que hizo a la cultura chilena, también reconocida por su talento en América y Europa, ganó en Premio Municipal de Santiago por su obra ‘Los que van quedando en el camino’- murió a los 92 años de edad en la Clínica Santa María.
Además de ‘La pérgola de las flores’, entre sus obras destacan ‘El retablo de Yumbel’, ‘Lautaro, epopeya del pueblo mapuche’, y la adaptación de ‘Fuenteovejuna’.
26 de febrero de 2011
©la nación

tras las bellas fincas del casanare


‘Paras’ y las bandas que los heredaron, quieren quedarse con la tierra llanera a como dé lugar.
Colombia. En las ricas llanuras del Casanare, que se extiende por 44.490 kilómetros cuadrados, la tierra fue fuente de riqueza para financiar las guerras de independencia del siglo XIX, y en la disputa por ella surgieron las guerrillas liberales de mediados del siglo siguiente y las comunistas, semilla de las guerrillas modernas. Y en el complejo conflicto entre Farc, nacrotraficantes y paramilitares  que comenzó en la década de los ochenta,  tener haciendas era dominar territorios, pero también acceder al poder económico y político.
Desde que llegaron a la región  Gonzalo Rodríguez Gacha, alias `El Mexicano`, Víctor Carranza, los hermanos Feliciano, Jaime Matiz y el clan de los Buitrago con sus ejércitos privados, muchos hatos ganaderos y pequeños fundos terminaron en sus manos. Y la gente salió desplazada por Los Masetos en Monterrey, las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) en sur, el Bloque Centauros de las Auc en el centro y después de 2004, el Bloque Vencedores de Arauca, en el norte.
Luego de que las autoridades abalearan a "El Mexicano", el 15 de diciembre de 1989, los Masetos de Monterrey que estaban bajo las órdenes de Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, corrieron sus cercas a Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Martín y Mapiripán en el Meta, municipios donde había narcotráfico. Al mismo tiempo, Los Carranceros, cuyo nombre tomaron del empresario esmeraldero Víctor Carranza, quien tiene extensas propiedades en la zona, comenzaron a consolidar poder local en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare), motivados por la adquisición de extensas propiedades de tierras en esos municipios, según lo documentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.
Como cada organización pretendía aumentar su influencia y poder militar el mapa de la distribución de la tierra comenzó a desdibujarse en 1996. Los Carranceros influían en Hato Corozal y Paz de Ariporo, pero buscaron imponerse en los demás, mientras en el sur de Casanare las autodefensas que incidían mayoritariamente en Monterrey, habían quedado bajo las órdenes de Víctor Feliciano.
Un año después, la masacre de una comisión judicial en San Carlos de Guaroa, produjo un relevo en las estructuras de las autodefensas de Casanare,  Héctor y Nelson Orlando Buitrago, hijos del jefe tradicional Héctor, conocidos con los alias de ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, asumieron el mando de las Acc.
"Fue la época en la que para Martín, todo el mundo era un traidor y vendido a las Farc y al Eln. Pero no era más que una estrategia para apoderarse de las tierras a cualquier costo", dijo un habitante de Monterrey que hoy vive desplazado en Yopal. Otros vecinos de Villanueva confirmaron la historia.
Según estas versiones, ‘Martín Llanos’ y sus hombres lograron levantar un imperio con el silencio de las autoridades locales. "A los dueños de las fincas les llegaban a sus casas con las escrituras listas para que las firmaran y luego les ordenaban salir de sus predios", dijo otro entrevistado. Explicaron que  a algunos les ofrecieron dinero por los fundos, les pagaban una parte y luego los asesinaban.
Con la disculpa que de que perseguía a los amigos de una guerrilla, sin importar que esta había desalojado a zona hacía más de una década, ‘Llanos’ despojó y asesinó a mucha gente en el sur de Casanare y en parte del norte también. "En Monterrey nadie podía vender fincas o ganado sin permiso de ellos, y cuando lo hacían, tenían que darles hasta la mitad de la venta", dijo una víctima de las Acc que hoy vive en Villavicencio.
El 28 de febrero de 2000 fueron asesinados la señora Marta Nelly Chaves, Víctor Feliciano Alonso, su hijo Juan Manuel Feliciano Chaves y sus empleados Víctor Rodríguez, Álvaro Naún Barreto y Carola Barreto por orden de ‘Llanos’. La masacre se perpetró en la finca El Tigre, entre Monterrey y Villanueva. A los Feliciano los asesinaron para quitarles de sus 22.000 hectáreas de tierra y 20.000 cabezas de ganado, según ha confirmado la justicia.
Luego de esta masacre, el jefe de las Acc continuó su recorrido de muerte, terror y despojo de tierras y lo único que pudieron hacer  los pequeños aparceros y ganaderos más afortunados fue la de correr para salvar sus vidas.
A finales de 2003, cuando ya habían comenzado los acercamientos entre el Gobierno y las Auc, para una eventual desmovilización de los paramilitares, ‘Martín Llanos’ comenzó una nueva guerra: esta ya no contra la guerrilla, sino contra sus propios colegas de las filas paramilitares. Migue Arroyave del Bloque Centauros, a punta de extorsión y un régimen de terror, peor que el de ‘Llanos’, había comenzado a apoderarse de fincas en Villanueva, Tauramena,  Aguazul, Maní y Orocué y muchos acudieron a  ‘Llanos’  a que lo frenara.
Estalló entre ellos una guerra cruenta, cuya última batalla comenzó la segunda semana de febrero de 2004 en la inspección de Caribayona, Villanueva y llevó a la muerte a más del mil jóvenes de ambos bandos. ‘Llanos’ resultó derrotado y el Ejército lo puso en desbandada con la Operación Santuario. Se refugió temporalmente, al parecer en Ecuador. No obstante, después de que Arroyave fuera asesinado por sus hombres, ‘Llanos’ regresó, recuperó bastante de su poder y hasta enero de 2011 no se había desmovilizado.  

Los Escenarios de Hoy
En el norte, una banda heredera de la organización narco-paramilitar de ‘Los Mellizos Mejía’, después de que uno de ellos fuera muerto por la policía y el otro extraditado, está reclamando con violencia las tierras que sus jefes les habían arrebatado a campesinos en las veredas La Chapa y Montañas del Totumo en Paz de Ariporo. Para sembrar el terror se firman con el nombre "segundo HK", el alias de Luis Eduardo Linares, quien fue un sanguinario hombre de ‘Martín Llanos’ que ya fue abatido por la policía en 2005.  
Esta banda también quiere quedarse con las fincas Venecia, Bramadura, La Florida, La Libertad y Los Hoyos, en Monterrey, aunque la gente de la región sabe que estas son de Omar Feliciano, hermano de Víctor, asesinado por los hombres de ‘Llanos’.
En el sur también hay bandas de ex integrantes de los paramilitares que reclaman tierras despojadas originalmente por los paramilitares a campesinos de la región.
Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, y su Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), también se ha hecho a fincas y dicen que llegó a controlar Cabuyaro (Meta), y avanzó hacia Villanueva y Sabanalarga. Al cerrar 2010 sus planes se aguaron porque fue muerto en un confuso operativo de la policía el 28 de diciembre.
De los viejos jefes del Casanare  queda ‘Martín Llanos’, quien también quiere recuperar las fincas Cuernavaca y Arizona, según dicen en la zona, que dejó en manos de testaferros cuando tuvo que huir del país. Uno de ellos se negó a reconocerle su propiedad y fue abaleado.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©verdad abierta

destituidos por matanza de policías


Destituyen a 17 militares por la matanza de 10 policías.  La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años a 17 miembros del Ejército, entre ellos un coronel, por haber participado en el asesinato en el 2006 de diez policías antidroga y un civil.
Colombia. El Ministerio Público comprobó que el coronel Byron Carvajal desvió una operación en la que los militares se desplazarían a Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, para intervenir en un supuesto secuestro perpetrado por hombres de las FARC o del ELN.
"Tras poner en conocimiento de su superior el propósito de la misión, obtuvo el respectivo visto bueno, con lo que violentó el principio de confianza de su superior, quien desconocía el verdadero propósito de la operación", explicó la Procuraduría en un comunicado.
Los militares adelantaron esa operación, que finalizó con el asesinato de 10 policías antinarcóticos y un civil que los guiaba hacia un escondite con más de 100 kilos de cocaína.
El texto detalla que los militares tomaron el campo en donde se estaba desarrollando la operación "copando el flanco derecho e izquierdo y la parte central del terreno, acorralando así a los policías y al civil por cuanto ellos a sus espaldas tenían cercas y muros que impedían su movilidad hacia una posible ruta de escape".
El coronel Carvajal, agregó el Ministerio Público, trató de desviar las investigaciones para eludir su responsabilidad en los hechos.
Actualmente, el oficial está preso en la cárcel de Palmira por este caso.
El fallo de la Procuraduría, que investigaba disciplinariamente a 30 militares por el caso, absolvió a 13 de ellos.
En el 2008, un juez de Cali condenó a penas de 50 a 54 años de prisión a 15 militares por estos asesinatos.
La mayor pena, de 54 años, fue para el coronel Carvajal que tenía bajo su mando el batallón al que pertenecían los implicados.
Según la investigación de la Fiscalía General, las 11 víctimas fueron emboscadas con armas de largo alcance y explosivos por los miembros del Ejército, que de manera previa habían tomado posiciones de ataque en la zona.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©semana

contaminación peor que cocaína


Un estudio internacional descubrió que la contaminación ambiental provoca más infartos entre una población que el uso de la cocaína. Las principales causas de infarto son la exposición al tráfico de vehículos, el agotamiento físico, el alcohol, partículas tóxicas en el aire y las emociones negativas.
Reino Unido. Aunque esta droga puede incrementar drásticamente el riesgo de que un individuo sufra un ataque al corazón, muchas más personas están expuestas a la contaminación y, por lo tanto -dicen los autores- ésta es una amenaza mucho mayor.
Y el riesgo más grande de infarto en una población es la exposición al tráfico de vehículos, dice el estudio publicado en la revista The Lancet, llevado a cabo en las universidades de Hasselt y la Católica de Lovaina, en Bélgica.
Éste es el primer estudio que clasifica el riesgo relativo de infarto en una población según 14 factores de riesgo conocidos, que incluyen la exposición al tráfico, el agotamiento físico, el enojo, la cafeína, el consumo de alcohol, el uso de cocaína, la contaminación ambiental, las emociones positivas, la actividad sexual, el uso de marihuana y las infecciones respiratorias.
Los expertos subrayan, sin embargo, que es importante notar que esta investigación no analizó las causas de un infarto -como la falta de ejercicio, la obesidad, la dieta insana, el tabaquismo y consumo excesivo de alcohol-, que a menudo desarrollan el trastorno a través de los años.
Lo que hizo este trabajo fue evaluar los factores de riesgo que presentan una amenaza para las poblaciones.
Los autores revisaron los datos de 36 estudios distintos sobre las principales causas de infartos en la población general.
En los estudios sobre drogas habían participado individuos con una edad promedio de 44 y en los dedicados a infecciones respiratorias la edad promedio era de 72 años.
Con esos datos, los investigadores calcularon cuál era el riesgo relativo de cada uno de esos factores según la proporción total de infartos que habían causado en la población.

Clasificación
Los resultados mostraron que las partículas tóxicas que generan el tránsito de vehículos y las plantas de energía pueden provocar el mismo número de infartos que los riesgos conocidos, como el uso de alcohol, cafeína, las emociones negativas y el agotamiento físico.
Asimismo, la contaminación puede causar más infartos en una población que la cocaína o la marihuana.
"Debido a que sólo una pequeña fracción de la población (0.02%) está expuesta a la cocaína y toda la población está expuesta a la contaminación ambiental, ésta última puede provocar muchos más infartos que la cocaína", afirma el doctor Tim Nawrot, uno de los autores del estudio.
Es decir, en el nivel individual, el riesgo de que esas partículas tóxicas causen un infarto es relativamente bajo. La contaminación ambiental incrementa en 5% el riesgo de que un individuo sufra un ataque cardíaco, mientras que el consumo de cocaína incrementa ese peligro 23 veces.
Sin embargo, cuando ese bajo riesgo se aplica a un número grande de personas, la amenaza se vuelve más evidente, dice el doctor Nawrot.
"De todos los causantes de infarto al miocardio estudiados, la cocaína es la que más probabilidades tiene de provocar un evento en un individuo", afirman los investigadores.
"Pero el tráfico es el que tiene el mayor efecto en la población, porque más personas están expuesta a él".
Estos datos, agregan los expertos, nos dan una medida de cuántas enfermedades podrían evitarse si ese riesgo no estuviera presente.
Los investigadores afirman que el principal factor de riesgo de infarto de una población es la exposición al tráfico (7,4%), seguido por el agotamiento físico (6,2%), el alcohol (5%), la cafeína (5%), la contaminación de partículas tóxicas en el aire (4,8%), las emociones negativas (3.9%), el enojo (3.1%), una comida excesiva (2,7%), las emociones positivas (2,4%), la actividad sexual (2,2%), el uso de cocaína (0,9%), fumar marihuana (0.8%) y las infecciones respiratorias (0,6%).

"Ejemplar"
"El análisis, aunque parece complicado, es ejemplar y nadie lo había hecho antes", comenta en The Lancet el profesor Andrea Baccarelli, del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.
"Porque compara el riesgo de la contaminación ambiental a otros factores de riesgo y muestra que la contaminación es un problema enorme para las comunidades".
Sin embargo, otros expertos sostienen que el estudio no deja en claro si la contaminación es un factor de riesgo de infarto en personas que ya tienen problemas cardiovasculares subyacentes o en aquellos que no están considerados en riesgo.
Aunque el tabaquismo no fue incluido en el estudio, los investigadores señalan que éste tiene un efecto similar al de la contaminación ambiental, "y ya existe evidencia adicional de que la prohibición de fumar en lugares públicos ha reducido las tasas de infarto en 17%".
La Organización Mundial de la Salud dice que la contaminación ambiental es uno de los principales riesgos para la salud y calcula que ésta causa unas dos millones de muertes prematuras en el mundo cada año.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©semana

condenado por matanza de indígenas


Sentencian a exjefe paramilitar por masacre de indígenas en Caldas. Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, fue condenado a 26 años de cárcel por el asesinato de Gabriel Ángel Cartagena, gobernador indígena y de tres acompañantes.
Colombia. Un juez especializado de Manizales condenó a  Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del frente Cacique Pipintá de las Auc de Caldas, a 26 años de prisión por el asesinato en junio de 2003 de  Gabriel Ángel Cartagena, gobernador del resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta de Riosucio, Caldas, de Fabio Hernán Tapasco Largo, Héctor Hugo Tapasco Guerrero y Diego Efraín Suárez León.
En el ataque, los paramilitares también hirieron a Norely Calvo, conductor de la ambulancia en la que se movilizaba el gobernador indígena, Gersaín de Jesús Díaz y Pedro Alejandrino Campeón.
Gabriel Cartagena era candidato a la alcaldía de Riosucio, y uno de los principales líderes de los embera-chamí. Tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Héctor Jaime Vinasco, de la comunidad embera-chamí, le dijo al diario La Patria de Manizales: "Esperamos que se conozcan los autores intelectuales de ese crimen, pues son los mismos que siguen amenazando a la comunidad indígena".
‘Alberto Guerrero’ no fue postulado a la ley de Justicia y Paz, a pesar de que ofreció delatar al autor intelectual del crimen si era incluido. Por el crimen también ya fueron condenados Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias ’Comandante Víctor’ a 20 años por coordinar la masacre; Fabio Mejía Correa, alias ’Johnatan’, a 40 años, era uno de los jefes del Cacique Pipintá; el sargento Arturo Osorio, a 40 años, por colaborar en la logística del crimen y Jorge Arcadio Villada, candidato a la alcaldía de Riosucio por el Partido de La U, sentenciado a 40 años.
Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Baéz’ y varios comerciantes de Riosucio son investigados por el crimen. El ex jefe paramilitar no ha aceptado el crimen en Justicia y Paz, por eso lo han amenazado con excluirlo del  proceso.
26 de febrero de 2011
©verdad abierta

juicio a mapuches fue injusto


Defensora Nacional dice que juicio a mapuches en Cañete "no fue justo". Destacó que ninguno de los 17 comuneros fue condenado por delitos terroristas y reclamó que los defensores no recibieron un trato igualitario con respecto a la fiscalía.
[Claudio Leiva Cortés] Santiago, Chile. La Defensora Nacional Pública, Paula Vial, criticó el juicio contra los 17 comuneros mapuches que terminó el martes en Cañete y que concluyó con veredicto absolutorio para 13 de ellos y con condenas para cuatro, pero sólo por dos delitos comunes. Afirmó que el juicio no fue justo.
"De los 17 imputados perseguidos por supuestos delitos terroristas en el larguísimo juicio, ninguno fue condenado por éstos y sólo cuatro por algunos de los delitos comunes por los que eran perseguidos. Incluso, existió un voto de minoría de una de las juezas que estuvo por absolver de todo a todos", recordó la defensora.
"Y pese a que todos los representados por la Defensoría Penal Pública fueron absueltos -noticia con la que debiéramos sentirnos satisfechos de nuestra actuación-, la conclusión no puede ser positiva, pues se da en un contexto en el que existen algunos detalles con los que no concordamos y que eventualmente podrían ser revisados por un tribunal superior si se presentaran recursos", agregó.
"Resulta sin duda inquietante que en los únicos casos en los que hubo condenados, esta decisión se haya afirmado sobre la base del testimonio de uno de los sentenciados, aparentemente obtenido bajo tortura, y al de uno de los testigos sin rostro que señalaba en su testimonio haber participado, no obstante no haber sido perseguido por el Ministerio Público", añadió.

Grupo Social Marginado
En opinión de la Defensora Nacional, los 17 comuneros mapuches acusados de terrorismo son "miembros del grupo social más empobrecido y marginado de Chile. Pero un juicio justo exige una especial protección de sus derechos. Sin embargo, antes y durante el juicio se dieron situaciones de evidente desequilibrio entre las partes".
Según Paula Vial, "sólo una vez concluida la investigación, y no durante aquella como era su derecho, la defensa conoció algunas pruebas y fue necesario un reclamo ante la fiscalía para obtener cierto orden en la información de los testigos secretos, no contrastable de todas formas".
"En el juicio se pudo constatar que uno de los acusados denunció haber sido torturado durante su detención e interrogatorio de madrugada, luego de 16 horas detenido, y pese a una querella y constatación de lesiones, la causa fue archivada sin una investigación imparcial", dijo Vial.
Añadió que "mediante testigos de oídas, se introdujeron supuestas declaraciones de menores que también denunciaron haber sido objeto de torturas en su interrogatorio. Ellos no fueron presentados en el juicio, ni tampoco su caso investigado".
"Se utilizaron sin restricciones las declaraciones de testigos sin identidad, cuya credibilidad no tuvo posibilidad de desvirtuar la defensa y aun así quedó en evidencia que uno de ellos era sordo, pero decía haber reconocido a los acusados por la voz, o que otro tenía razones para actuar por enemistad. De ninguno se pudo saber si tenía condenas o si obtuvo algún beneficio procesal o económico por declarar", recalcó la defensora.

Ley Incompatible con Derechos Humanos
"Además, todo el proceso se siguió en el marco de la Ley Antiterrorista que, pese a la reciente reforma legal, mantiene tipos penales subjetivos, imposibles de diferenciar de delitos comunes, privando de garantías, sin control judicial e incompatibles en algunos casos con estándares universales de derechos humanos", aseguró.
"En una democracia, un individuo debe ser capaz de enfrentar la acción penal del Estado en un pie de igualdad jurídica. Un procedimiento racional y justo supone que la enorme diferencia de poder entre el acusado y el acusador debe ser eliminada o al menos reducida a su mínima expresión. ¿Es posible afirmar que estos ciudadanos enfrentaron con igualdad de armas al Estado? ¿Es posible afirmar que tuvieron un juicio justo?", concluyó la Defensora Nacional.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©la nación

hace 29 años mataron a tucapel jiménez


Conmemoran 29 años de la muerte de Tucapel Jiménez.
Santiago, Chile. En presencia de diputados PPD, Ramón Farías, Pepe Auth y la timonel de la tienda, Carolina Tohá, el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, familiares, sindicalistas y de Derechos Humanos, se realizó este viernes la conmemoración de los 29 años del asesinato del líder de la Asociación Nacional de Trabajadores (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro.
El romeral tuvo lugar a un costado de la tumba del otrora líder de la ANEF, en el Cementerio General de Santiago, y estuvo marcado por el discurso en su honor a cargo de su nieto, Sebastián Jiménez, quien a su vez es hijo del diputado PPD, Tucapel Jiménez Fuentes.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©la nación

piden condenar a ex senador martínez


Procuraduría pide condenar a ex senador Martínez por parapolítica. El Ministerio Público considera probados los nexos del político del Valle con el Bloque Calima de las Auc, que lo apoyó e hizo posible su elección en las senatoriales de 2002..
Colombia. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia la condena del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, acusado de tener vínculos con grupos paramilitares.
Jairo Salgado, Procurador Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, señaló que hay suficientes pruebas que demuestran que el Bloque Calima de las Auc apoyó electoralmente a Martínez en las elecciones para Senado de la República realizadas en el año 2002.
Una de los testimonios que tuvo en cuenta el Ministerio Público para pedir la condena es el de José Ever Veloza García, alias ’HH’. Antes de ser extraditado a Estados Unidos, este ex comandante del Bloque Calima de las Auc le dijo a las autoridades que Martínez Sinisterra había recibido apoyo de su estructura armada en el Valle del Cauca y la región Pacífica durante la campaña electoral del 2002.
Otra declaración que pesa en su contra es la del paramilitar Mauricio Aristizábal alias ‘El Fino’, quien, como jefe de finanzas del Bloque Calima y lugarteniente de ‘HH’, dijo que Martínez Sinisterra sí tuvo vínculos con los paramilitares. La Corte además cuenta con otros testimonios que relacionan al ex senador con narcotraficantes del cartel del Pacífico, entre ellos, los de Holmes Durán Ibargüen, alias de ‘El Doctor’, y Weceslao Caicedo, alias ‘W’.
‘HH’ ratificó sus acusaciones ante la Corte el 7 de febrero pasado desde una prisión de Estados Unidos, a donde fue extraditado en marzo de 2009. En esa ocasión, el ex paramilitar ratificó su versión y precisó que el bloque Calima hizo campaña en el municipio de Buenaventura a favor del ex senador Martínez Sinisterra.
Según ‘H.H’, a través del comandante político del Bloque, conocido con el alias de ‘Fernando Político’ (asesinado en 2004), los paramilitares hablaron con las comunidades de Buenaventura para que votaran por Martínez Sinisterra. "Autoricé a Fernando Polìtico para que hiciera campaña para que votaran a favor de este senador", explicó Veloza.
De acuerdo con la declaración del ex paramilitar, en ese momento era tal el control que tenían sobre Buenaventura y sus comunidades que "se les dijo por quién votar, en este caso, por Martínez".  A cambio de ese apoyo, explicó ‘HH’, los paramilitares esperaban que los políticos cumplieran con los compromisos hechos con las comunidades en materia de desarrollo social.
El extraditado jefe paramilitar explicó que el respaldo al político surgió por petición de los hermanos Gonzáles Rivas, narcotraficantes del Valle, y del también extraditado Holmes Durán Ibárgüen, alias ‘El Doctor’.

Los Antecedentes de Martínez
No es la primera vez que el político Juan Carlos Martínez Sinisterra es salpicado por un escándalo. De hecho, ha sido protagonista de otros más en su departamento.
Según un informe de SEMANA, en noviembre de 2005 estalló uno de los primeros escándalos en que se vio involucrado estel ex Senador. Fue cuando Andrés Felipe Arias, en se entonces Ministro de Agricultura, destituyó de manera fulminante a José Tovar, director de la oficina del Incoder que maneja los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle. Graves irregularidades en la asignación de tierras y propiedades investiga la Fiscalía por este caso. En su defensa, Tovar dijo en su momento que "no me va a pasar nada porque tengo el respaldo del senador Martínez".
De acuerdo con el informe de SEMANA, los escándalos han continuado. Hace más de un año, María Carlota Jaramillo, Contralora del Cauca, encontró sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Salud por 3.000 millones de pesos por compra de medicamentos. "Pagaban el acetaminofén a 5.000 pesos la unidad", denunció la funcionaria. Ante la gravedad de los hechos, Juan José Chaux, gobernador del departamento, tuvo que destituir al secretario de Salud, Carlos Quiñones, personaje de la cuerda de Martínez.
El senador liberal Luis Fernando Velasco emplazó públicamente al gobernador Chaux por este asunto: "Quiero denunciar que en Cauca un cartel de drogas lícitas e ilícitas se quiere tomar la política".
En ese momento, otra denuncia pública involucraba a Martínez. Se trató de las amenazas que recibió Héctor Copete, uno de los candidatos a la Alcaldía de Buenaventura. Este ingeniero cree que las amenazas contra su vida podrían venir de la campaña de su contendor, José Feliz Ocoró. "Acá lo que pasa es que a Copete lo apoyan Dilian Francisca Toro y el partido de La U, mientras que a Ocoró lo respaldan el senador Martínez y Convergencia Ciudadana, y ellos han dicho que ganan o ganan", aseveraron varios líderes del puerto consultados por SEMANA.
Martínez fue trasladado recientemente de la cárcel La Picota por varias denuncias sobre fiestas y visitas irregulares en ese penal.
Martínez Sinisterra fue diputado del Valle en 1998 y llegó al Senado en 2002 con 58.723. En 2006 repitió curul con 62.077 votos por Convergencia Ciudadana, movimiento que tiene a varios de sus integrantes tras las rejas investigados por ‘parapolítica’. En abril de 2009 el ex congresista fue capturado por el CTI, un año después de la Corte Suprema le abrió una investigación en su contra por sus presuntos nexos con organizaciones armadas ilegales de su región. En diciembre de 2009, el Alto Tribunal lo llamó a juicio, al considerar que existían testigos suficientes que lo vinculan con paramilitares y narcotraficantes del occidente del país.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©verdad abierta