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dudas sobre el general montoya


Un cable plantea, tras advertir que no tienen pruebas concretas, preguntas sobre posibles vínculos con las autodefensas, asociación con policías corruptos que se prestaban para incautar droga, a fin de que el general Montoya se llevara el crédito en la lucha antinarcóticos, entre otras.
Colombia. En marzo de 2006 hubo relevo en la comandancia del Ejército de Colombia y el general Reinaldo Castellanos entregó el mando al general Mario Montoya Uribe. Tres meses después, desde la embajada de Estados Unidos fue enviado un cable para comentar este relevo. Pero aunque se destacó el alto perfil militar y la experiencia del nuevo comandante y su cercanía con el entonces presidente Álvaro Uribe, también quedaron escritas las prevenciones frente al oficial por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa.
Aunque el cable es claro en advertir que no tiene evidencias de que las acusaciones contra el general Mario Montoya sean ciertas, sí refirió que su antecesor, el general Reinaldo Castellanos, a través de los servicios de inteligencia, alcanzó a investigarlo por aparentes vínculos con el paramilitarismo y casos de corrupción. El informe diplomático destacó que quizás estas investigaciones obedecían a  razones políticas.
La parte final del cable indicó, con base en  información de defensa, que las dudas contra Montoya se originaban no sólo en posibles vínculos con las autodefensas, sino de asociación con policías corruptos que se prestaban para incautar droga, a fin de que el general Montoya se llevara el crédito en la lucha antinarcóticos,  protegiera las actividades de los paramilitares y les proveyera armas. El cable  advierte también de los alegatos en su contra por posibles excesos contra la población civil durante acciones militares contra la guerrilla en Medellín.
Dos años después, en noviembre de 2008, en medio del escándalo de los falsos positivos que obligó al entonces presidente Uribe a retirar del Ejército un gran número de oficiales, el general Montoya pasó a retiro. Lo reemplazó el general Óscar González. Este súbito cambio en la comandancia de las Fuerzas Militares motivó un cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos, donde una vez más se registraron los señalamientos contra el saliente oficial por violaciones a los Derechos Humanos.
Al nuevo comandante, el general Óscar González, el cable lo presentó como un protegido del general Montoya, e incluso quedó manifiesto que fue él quien convenció al presidente Uribe de que fuera su reemplazo. El informe diplomático expresó que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos —hoy presidente de la República—, dio pie atrás en el nombramiento, pero finalmente  el jefe de Estado decidió seguir adelante con el nombramiento del general Óscar González.
No obstante, el reporte diplomático agregó que Santos se encontró después con el general González y que éste le manifestó que era un oficial limpio en todos sus frentes. Posteriormente los entonces viceministros Juan Carlos Pinzón —hoy secretario general de la Presidencia de la República— y Sergio Jaramillo —actual consejero presidencial— ratificaron por separado que el nuevo comandante del Ejército era un protegido del general Montoya y  podría convertirse en un obstáculo para la implementación de políticas de Derechos Humanos.
Los viceministros Pinzón y Jaramillo dejaron constancia de que le habían comentado al ministro Santos sobre el tema, y en el cable diplomático quedó escrito que una voz confidencial manifestó que el tema del general Óscar González había que manejarlo. Líneas atrás quedó reseñado por qué existían prevenciones hacia el general Montoya y las acusaciones de las organizaciones de Derechos Humanos en su contra por presuntos abusos en las operaciones militares en la ciudad de Medellín.
El general Mario Montoya Uribe hoy ocupa la embajada de Colombia en República Dominicana y ha sido mencionado en varias declaraciones de jefes paramilitares extraditados, de haber colaborado con ellos en acciones como la  ‘Operación Orión’ en marzo de 2003 en Medellín.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©el espectador

salpican a general rito alejo del río


Ex ‘para’ salpica a Rito Alejo Del Río. El general retirado fue mencionado por ‘Alonso’, antiguo guardaespaldas y hombre de confianza de los Castaño, como enlace de los ‘paras’ para entrar a Bogotá.
Colombia. En una versión libre ante Justicia y Paz, Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Alonso’ o ‘Huevoepisca’, dijo que Rito Alejo Del Río supuestamente los ayudó a llegar a Bogotá, donde los Castaño lo mandaron en 1998.
Según este ex paramilitar, el general Rito Alejo Del Río lo recomendó con el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército con sede en Bogotá. "Fue Rito que nos recomendó el coronel Plazas (…), cómo éramos nuevos (en Bogotá), Rito Alejo me presentó".
Alias ‘Alonso’ le dijo a la Fiscalía que conoció al hoy ex General del Ejército a través de Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, y de Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ’Pedro Ponte’, y asveró que este ex oficial "tenía mucho que ver con las autodefensas en Urabá".
Pereira Rivera, quien fue escolta de Fidel, Vicente y Carlos Castaño, añadió que "iba mucho a la casa de Rito".
Del Río fue comandante de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, entre los años 1995 y 1997. Después fue comandante de la Brigada XIII en la capital de la República. En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana lo llamó a calificar servicios ante las reiteradas denuncias de sus supuestos vínculos con grupos paramilitares, los cuales fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía General de la Nación para ordenar su captura en 2001. No obstante, en el 2004 fue absuelto, pero los procesos en su contra continuaron y nuevamente fue detenido en septiembre de 2008. En la actualidad permanece recluido en una guarnición militar.
Alias ‘Alonso’ también acusó el coronel Plazas Acevedo de desaparecer a uno de sus hombres, el paramilitar José Huber Coca Ceballos, alias ‘Camilo Coca’. Éste era el enlace con el oficial, y se reunía frecuentemente con Plazas en la sede de la Brigada XIII y en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, donde tenía su base la estructura armada ilegal bajo su mando. Al parecer hubo un problema entre ‘Coca’ y el coronel Plazas, porque el oficial usaba inteligencia militar para coordinar secuestros.
El coronel Jorge Eliécer Plazas fue en 1997 jefe de inteligencia de la Brigada XVII en Urabá y dependía directamente de Del Río. A principios de 1998, el propio General trajo a Plazas como su hombre fuerte de inteligencia en la Brigada XIII de Bogotá. Estando allí, se comprobó que este oficial participó como autor intelectual del secuestro y el posterior asesinato del industrial Benjamín Khoudari. Fue detenido y condenado a 40 años de cárcel, pero se fugó de la Escuela de Artillería en 2003 y en la actualidad se encuentra prófugo.
Plazas también ha sido mencionado por Salvatore Mancuso, así como por alias ‘El Alemán’ y varios ex paramilitares más por sus nexos y sus operaciones conjuntas con estructuras de las Auc.
Por su parte, Rito Alejo Del Río está siendo juzgado por el asesinato del campesino Marino López Mena, perpetrado el 24 de febrero de 1997 en Bijáo, Chocó, por paramilitares de las Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá (Accu).
Del Río, quien ha sido llamado por diversos sectores sociales y políticos como "el Pacificador de Urabá", se encuentra detenido desde el 5 de septiembre de 2008 y ha sido señalado de ser presuntamente uno de los apoyos más importantes del paramilitarismo en la región de Urabá desde la comandancia de la Brigada XVII del Ejército entre los años 1995 y 1997, acusación que el ex militar ha negado de manera reiterada.
La Fiscalía realizó investigaciones en Urabá y tomó como base las confesiones realizadas por alias ‘El Alemán’, ’HH’ y Salvatore Mancuso, quienes acusaron al ex Comandante de la XVII Brigada del Ejército de apoyar la expansión paramilitar durante su paso por Urabá.
El ex coronel del Ejército Carlos Alfonso Velásquez reveló también un informe fechado el 31 de mayo de 1996 en el que advirtió al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, de los posibles nexos del Del Río con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y chocoano. El ex oficial dijo que el envío de esta comunicación le significó haber sido retirado de su cargo y su salida del Ejército.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©verdad abierta

otras caras del gobierno de uribe


Los cables de Wikileaks han comenzado a revelar otras caras del gobierno del presidente Uribe, según Estados Unidos. EEE.UU. estaba preocupado por la veracidad de la desmovilización de la unidad Cacique Gaitana. Pero también quería saber qué fue lo que realmente ocurrió con las chuzadas.
Colombia. Los cables de la embajada de Estados Unidos revelados por El Espectador se han convertido en una fuente para poner en entredicho las versiones oficiales de varios capítulos de la historia del gobierno de Álvaro Uribe.
Esta semana, por ejemplo, se conoció que la embajada de Estados Unidos en Colombia expresó sus dudas sobre la desmovilización de la unidad Cacica Gaitana de las Farc. La noticia se dio un día después de que La Fm reveló que la Fiscalía había abierto un proceso de investigación al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por el presunto montaje en la desmovilización de más de sesenta guerrilleros en 2006.
En un cable titulado "Desmovilización de 70 de las Farc: ¿hito histórico o telenovela?", el embajador William Wood da cuenta a su Gobierno del contenido de las revelaciones de prensa, de las versiones contradictorias entre el Ejército y las Farc, y de los hechos durante la ceremonia de la desmovilización que ponen en duda la historia.
"La existencia de la unidad Gaitana no sólo ha sido negada por las FARC, sino que además no es reconocida por la policía colombiana, el gobierno departamental, ni, incluso, está en los registros del propio ejército sobre las FARC", dice el cable.
"A pesar de todos los agujeros de la historia oficial, el descontento en las filas de las FARC podría en verdad estar creciendo. Debido a la confusión sobre los detalles, sin embargo, la importancia de la desmovilización no está clara", agrega el cable.

Las Chuzadas
Pero la historia de lo ocurrido durante el Gobierno de Uribe tiene muchos más capítulos. El diario El Espectador, que tuvo acceso a los cables, continuará revelando más de esa información, según lo ha prometido. Estos cables, en palabras de expertos jurídicos no pueden ser utilizados como "pruebas" en eventuales procesos judiciales porque fueron obtenidos ilegalmente. No obstante, sí refrendan versiones que para muchos eran certezas de oídas.
Ejemplo de ello fue que este jueves el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete no se mostró extrañado de que uno de los cables revelados recientemente le endilgara la responsabilidad de las interceptaciones ilegales al exasesor presidencial José Obdulio Gaviria y al ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno.
Según un cable revelado por Wikileaks y dado a conocer por El Espectador, el embajador William Brownfield informó a Washington el 27 de octubre de 2009, que Andrés Peñate, entonces director del DAS, sospechaba que Gaviria y Moreno habían ordenado la vigilancia ilegal.
Valencia Copete, quien dirigió parte de las investigaciones de la parapolítica en la Corte Suprema, también dijo que no le sorprendía la reacción del expresidente Uribe quien horas antes dijo: "Valencia Copete en Corte Suprema estuvo al servicio de la política, hoy es idiota útil de periodistas al servicio del odio".
El exmagistrado, en diálogo con La Fm, sostuvo que "no hay ninguna duda que todo arranca desde que se iniciaron las investigaciones por ‘parapolítica’".
Un cable revelado el pasado diciembre dio cuenta de que el director de la Policía, el general Naranjo, también tenía la misma versión de Gaviria y Moreno, quiénes, en su criterio, podrían ser los responsables de las "chuzadas".
Valencia Copete, sin embargo, dijo hoy en diálogo con Caracol Radio: "Yo no sé quien sea, pero lo que sí puedo decir es que había alguien superior a ellos que les estaba dando indicaciones, para husmear, para seguirnos".
Otros de los aspectos revelados por Wikileaks y publicados por el diario capitalino fue la molestia de Uribe ante la falta de resultados del director del DAS Felipe Muñoz para resolver el escándalo de las interceptaciones ilegales, según dice una de las comunicaciones enviadas por el embajador estadounidense.
Uno de esos cables da cuenta de que Uribe se reunió con Brownfield, y en su presencia, se comunicó con el entonces fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago para que éste rindiera cuentas del avance en las investigaciones. Brownfield refirió en esa comunicación que Uribe "en una actitud muy agitada" puso el altavoz del teléfono para que él pudiera escuchar al fiscal, quien dijo que las interceptaciones al magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los ‘duros’ contra la parapolítica, habían sido ordenadas legalmente por dos fiscales.
En esa reunión, a la que asistió también el ministro de Defensa, Gabriel Silva; el director de la Policía, Oscar Naranjo; el director del DAS, Felipe Muñoz; la viceministra de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero; y la Coordinadora de Asuntos de América del Norte, Adriana Maldonado, Uribe se mostró comprometido a acabar con el DAS.
Casi un mes después, según otro cable, el entonces vicefiscal Fernando Pareja también se reunió con la embajada estadounidense para dar su versión sobre las investigaciones sobre las investigaciones. Por esos días, funcionarios del gobierno defendieron las capacidades de la interceptación.
Según el cable revelado esta semana, la embajada estadounidense calificó la actitud del gobierno como un paso "a la ofensiva".
Dice: "el presidente Uribe alegó una "venganza criminal" para desacreditar al gobierno colombiano en el país y en el extranjero, mientras que el vicepresidente Francisco Santos dijo que los escándalos demuestran que había un "complot bien orquestado" destinado a socavar la capacidad del gobierno colombiano de luchar contra la delincuencia. El Ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, dijo a la prensa que "algo olía a pescado" sobre el caso y afirmó que el gobierno colombiano había identificado 12 empresas que fabricaban y vendían servicios de escuchas telefónicas ilegales".
"El director del DAS, Felipe Muñoz, dijo en público que había un mercado negro de escuchas telefónicas ilegales alimentado por la corrupción entre los proveedores de telefonía móvil y las agencias privadas de detectives. Muñoz en privado nos dijo que tenía la "intuición" de que las grabaciones a Velásquez estaban orientadas a avergonzar a la administración, y no a controlar al magistrado.
No obstante, el vicefiscal Pareja tenía una opinión distinta sobre lo que estaba pasando. Dice el cable que "opinó que el objetivo de los casos del programa ‘Esperanza’ era distraer el escándalo de las interceptaciones telefónicas del DAS, creando la impresión pública de que "todos lo hacen".
Por esos días se conoció que la plataforma ‘Esperanza’, software utilizado para interceptaciones, era de fácil acceso por los organismos de investigación. Con revelaciones de distinto orden, el gobierno quiso enviar el mensaje de que no era su responsabilidad lo que estaba ocurriendo, sino que "alguien" al servicio de la mafia quería hacer daño al gobierno.
No obstante, la embajada estadounidense no solo se reunió con Pareja sino con varios integrantes de los órganos del Estado colombiano. Todo con el interés de corroborar o conocer las distintas versiones sobre lo que ocurría en Colombia.
Los cables de Wikileaks no son solo chismes, como han sugerido algunos para restarles impacto. Si bien son solo una de las versiones de la historia –la de la embajada de Estados Unidos– además de revelar la mirada de ese país a los problemas de Colombia, también aportan datos que sirven para corroborar la versión no oficial. En un país que rápidamente pasa, sin digerirlo, de un escándalo a otro, ese archivo seguramente será insumo para periodistas e historiadores, entre otros interesados en conocer la verdad sobre los hechos.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©semana

el frente imaginario las farc


columna de lísperguer
Un frente guerrillero desmovilizado en 2006 no existió nunca.

Entre los cables diplomáticos publicados por Wikileaks sobre Colombia, se encuentra uno que informa sobre la falsa desmovilización del Frente Cacica la Gaitana, de las FARC, en marzo de 2006. La desmovilización no es falsa en el sentido de que se abultara el contingente de milicianos, como ha ocurrido con las desmovilizaciones de los paramilitares. Es falsa porque el Frente Cacica la Gaitana nunca existió, según confirmaron el propio ejército guerrillero, la policía nacional y el ejército colombiano. Los setenta guerrilleros desmovilizados eran indigentes, desempleados y exguerrilleros, contratados para la ocasión y disfrazados de combatientes. El avión que entregó el falso frente, diciendo que lo tenían para bombardear Bogotá, había sido incautado por la policía y estaba inutilizado desde 2003. Los motivos del montaje son similares a los pueblos Potemkin, el mariscal que para engañar e impresionar a su amante y protectora, la Zarina Catalina II, levantó pueblos falsos de cartón, poblados con soldados disfrazados de campesinos para saludar dichosos a la zarina en su paso por carruaje. Buscaba el gobierno colombiano de Uribe crear la impresión de que los guerrilleros estaban abandonando masivamente las filas del ejército campesino. El ingenioso y pérfido demonio que es Uribe no deja nunca de sorprender.
lísperguer

la importancia de salir en la foto


columna de lísperguer
En un memorando profético del embajador de EUA en Tegucigalpa explica por qué sabe que Zelaya no es un amigo de su país.

Un año antes del golpe de estado en Honduras, el embajador norteamericano en Tegucigalpa envió unos cables a Washington informando sobre el presidente Zelaya y las relaciones bilaterales. Llama mucho la atención que el embajador Ford concluye que el presidente no es amigo de Estados Unidos. No llegó a esta conclusión por las intenciones de Zelaya de cerrar la base aérea estadounidense Soto Cano, en la Palmarola, de donde en 2009 sería deportado a Costa Rica; ni por la adhesión de Honduras a Petrocaribe y a la Alba; ni por su postura anti-norteamericana. La razón fue que Zelaya evitaba los encuentros públicos con funcionarios estadounidenses de visita en la capital y se negaba a salir en fotos con ellos. Se queja además el embajador de que el presidente no se reunía con esos funcionarios en el Palacio Presidencial, a lo que estaban habituados, sino que debía hacerlas en su propia residencia. Todo esto habla muy bien de Zelaya. Otros hacen cualquier cosa por salir en la foto con los amatonados del Norte. A Zelaya finalmente le pasaron la cuenta.
lísperguer

memorando profético sobre honduras


Memorando profético sobre Honduras un año antes del golpe contra el presidente Zelaya.
[María Luisa Rivera] Un año antes de que el presidente hondureño elegido en las urnas, Manuel ‘Mel’ Zelaya, fuese derrocado por un golpe de Estado, Charles Ford, embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, envió un memorando a Washington en el que decía: "El último año y medio de administración de Zelaya será, a mi juicio, extraordinariamente difícil para nuestra relación bilateral".
Con palabras que ahora parecen proféticas, el 14 de mayo de 2008, Ford escribió: "Las instituciones hondureñas y los gobiernos amigos deben estar preparados para actuar privadamente y en público para ayudar a que Honduras siga adelante".
El 28 de junio de 2009, un grupo de soldados hondureños invadieron el palacio presidencial, desarmaron a los guardias y subieron a Zelaya a un avión con destino a Costa Rica. Roberto Micheletti, número dos en la línea de sucesión presidencial, asumió el poder.
Aunque Ford no haya recomendado explícitamente la desestabilización del gobierno hondureño, señaló que"Zelaya no tiene verdaderos amigos fuera de su familia, ya que ridiculiza públicamente a sus colaboradores" y que "estratégicamente, está solo".
Manuel Zelaya nació en el seno de una familia hondureña rica y al principio era un político de centro-derecha y miembro del Partido Liberal de Honduras, pero se acercó gradualmente a la izquierda durante su carrera política.
En un artículo que publicó la revista New Statesman después del derrocamiento del presidente, Xiomara Zelaya, su hija, afirmó que su padre "otorgó educación gratuita a los niños, garantizó las colaciones escolares para más de 1.6 millones de niños de familias pobres, redujo la pobreza en casi el diez por ciento durante sus dos años en el gobierno y brindó ayuda directa del gobierno a más de doscientas mil familias que vivían en pobreza extrema, proporcionando electricidad gratuita a los miembros de la sociedad que más necesidades tenían".
El embajador de Estados Unidos interpretó el legado de Zelaya de otro modo. "El principal objetivo de Zelaya en el poder es enriquecerse a sí mismo y a su familia, aunque deja un legado público como mártir que intentó hacer el bien pero fue atacado en todo momento por poderosos y anónimos intereses", escribió Ford. "Varios anuncios públicos durante su gestión sugieren que se sentiría bien como el mártir que intentó, pero fracasó honrosamente en su intento de buscar justicia social para los pobres".
Analistas latinoamericanos de derecha fueron más lejos. "La más grave amenaza a la libertad proviene de dos populistas elegidos que buscan someter las instituciones a la ley de sus impulsos megalómanos", escribió Álvaro Vargas Llosa, hijo del renombrado escritor peruano Mario Vargas Llosa, en un editorial publicado en el Washington Post, refiriéndose al referendo promovido por Zelaya para reformar la Constitución.
Vargas Llosa también atacó a Zelaya por adherir a Petrocaribe, que el comentarista describió como "un mecanismo creado por Hugo Chávez para otorgar subsidios de petróleo a países latinoamericanos y caribeños a cambio de su subordinación política" y por entrar en la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (Alba), una alianza comercial que Vargas Llosa hijo describió como "una conspiración política que quiere expandir las dictaduras populistas al resto de América Latina".
El memorando del embajador de junio de 2008 deja en claro que Ford se sentía frustrado porque Zelaya no apoyaba suficientemente a Estados Unidos. "No intentó difundir las fotos de su encuentro con el presidente Bush en una reunión en junio de 2006 en Washington", escribió el embajador estadounidense. "Más notable para mí ha sido su evitación de encuentros públicos con funcionarios estadounidenses de visita. Zelaya es siempre un anfitrión simpático, pero nunca abandona las reuniones para salir en la foto con nuestros visitantes, como hacen ansiosamente otros visitantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Casi todas nuestras reuniones se realizan en mi residencia en lugar del espacio más público del Palacio Presidencial".
El telegrama de Ford a Washington concluye con que Zelaya "no es amigo" de Estados Unidos. "Sus opiniones están moldeadas no por ideología o ambiciones personales, sino por un nacionalismo anticuado, responsabilizando a Estados Unidos del estado actual de pobreza y dependencia de Honduras", escribió Ford, que observó: "También existe un Zelaya siniestro, cercado por algunos asesores que tienen lazos con Venezuela y Cuba y el crimen organizado".
La incapacidad de Zelaya a la hora de mostrarse obsequioso con Estados Unidos puede ser una de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos fue tibio en su respuesta inmediata a su derrocamiento en junio de 2009. Aunque el presidente Obama condenó finalmente el golpe, no dio a conocer de inmediato su apoyo al presidente Zelaya.
25 de febrero de 2011
10 de diciembre de 2010
©wikileaks

frente cacica la gaitana no existía


Dos cables de Wikileaks revelan que en una cena a la que asistió el Embajador de Estados Unidos, el presidente Uribe y otros miembros del gobierno llamaron insistentemente al Comisionado de Paz sobre la desmovilización del frente Cacica la Gaitana.
Colombia. Bajo el subtítulo de ’el drama de la desmovilización de las Farc’, el entonces embajador William Wood, registró los interrogantes que surgieron con la desmovilización del frente de las Farc, Cacica la Gaitana y que hoy tiene en el ojo del huracán al comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.
Wood señala que una cena registrada un día después de la ceremonia de desmovilización fue interrumpida, en varias oportunidades, por funcionarios del Gobierno y un disgustado presidente Uribe que indagaban por teléfono sobre las versiones que ya comenzaban a aparecer en la prensa.
El cable diplomático detalla las dudas que dejó la acción, como por ejemplo que las Farc negaron la existencia de ese frente y que así lo reconocieron tanto la Policía como los archivos de la Gobernación del Tolima y el Ejército. Además, entre las versiones incluidas en el reporte a Washington ya se habla de lo que hoy investiga la justicia. Que los desmovilizados no parecían guerrilleros, que otros tenían apariencia de vagabundos, que portaban uniformes nuevos y limpios, y que no parecía que vinieran de algún trajín de varios días  por las montañas, como dijeron.
El cable incluyó las suspicacias de los periodistas respecto al episodio, dejando entrever que la supuesta desmovilización del frente Cacica La Gaitana era muy poco clara y que, tarde o temprano, el manejo de este asunto podría afectar la credibilidad del Gobierno. Es decir, desde el mismo momento de la desmovilización de Olivo Saldaña, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con base en los testimonios oficiales y de sus informantes, ya había advertido lo que hoy suscita una investigación de la justicia.
La desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc, que se llevó a cabo el 8 de marzo de 2006 en zona rural del Tolima y que en su momento fue presentada como un aporte a la paz de 70 guerrilleros encabezados por Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, al parecer fue un montaje. Al menos esa conclusión se desprende de la decisión de un fiscal de Justicia y Paz que pidió abrir investigación contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, dos oficiales del Ejército y un personaje que después fue extraditado.
La investigación se originó en las declaraciones aportadas por los desmovilizados José Alfredo Pacheco Ramos y Luis Eduardo Montero Vargas, quienes aseguraron que lo sucedido en marzo de 2006 fue realmente una mentira. Todo se organizó para que la opinión pública creyera que en ese momento se estaba gestando una deserción masiva en las filas de las Farc. Y para darle credibilidad al hecho, alias Olivo Saldaña apeló a indigentes, desempleados y uno que otro exguerrillero. Todos recibieron en promedio $500.000 por enlistarse en el falso frente guerrillero.
Cinco años después, el director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, reveló que por este supuesto montaje acaba de abrirse indagación preliminar contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el general (r) Ledio Fadul Suárez Tocarruncho, excomandante de la Quinta División del Ejército con sede en el Tolima, el coronel Jaime Joaquín Ariza Girón y el extraditado Hugo Alberto Rojas Yepes. Este último fue vinculado al proceso a fin de establecer si realmente fue la persona que financió todo el show de la desmovilización.
Pero la duda sobre el desarme del supuesto frente de las Farc no sólo quedó en el imaginario del país: también en la Embajada de Estados Unidos en Colombia quedó el registro escrito de que se había tratado de un montaje.
El reporte a Washington indica que la aeronave realmente estaba en custodia de la Fuerza Pública desde 2003 y no era cierto que la hubieran entregado los guerrilleros y mucho menos que fuera parte de un plan para un ataque en Bogotá. De hecho, en otro  cable se deja entrever el malestar del entonces presidente Álvaro Uribe cuando tuvo que desmentir esta información. El informe señala que realmente alias Olivo Saldaña estaba preso desde hacía dos años y era un desertor de las Farc que contactó al comisionado Luis Carlos Restrepo para ofrecerle la desmovilización.

Luis C. Restrepo Se Defiende
El excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo calificó de falsas las denuncias de varios exguerrilleros, quienes aseguran que fue un ’montaje’ la supuesta desmovilización del frente Cacique Gitana de las Farc en 2006. Restrepo afirmó que nunca se reunió con alias ‘Olivo Saldaña’ en la cárcel de Picaleña para preparar la desmovilización de los 70 supuestos guerrilleros. De hecho, aseguró que su relación con él nunca fue cercana, porque "yo era muy estricto y tal vez por eso él no desarrolló mucha conversación conmigo".
De acuerdo con el excomisionado, nunca tuvieron elementos para dudar del proceso de desmovilización. "No constatamos ninguna irregularidad en su momento, pero por supuesto yo estoy totalmente dispuesto a colaborar con la Fiscalía para que se investiguen las denuncias y se aclaren los hechos".
25 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©el espectador

interceptaciones eran irregulares


Wikileaks: Exvicefiscal Pareja reconoció a la embajada de EE.UU. que 23 interceptaciones eran irregulares. Un cable describe la versión que dio el exvicefiscal a la embajada estadounidense sobre los avances en las investigaciones de los responsables de las chuzadas.
Colombia. Uno de los cables clasificados por Brian A. Nichols y creado el 13 de octubre de 2009, dio cuenta de una reunión entre funcionarios de la embajada y el exvicefiscal Fernando Pareja, en la que éste les rinde cuentas sobre los avances de las investigaciones sobre las ‘chuzadas’. Pareja se mostró sorprendido por la manera en la que el Ejecutivo tenía acceso a los programas de interceptaciones de teléfonos.
Este es uno de los cables revelados por El Espectador:

Los funcionarios del gobierno colombiano continúan participando en el control de daños a raíz del escándalo de las escuchas telefónicas que tienen en líos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Fiscal General de la Oficina. La Fiscalía General investiga presuntos delitos cometidos por los ex funcionarios del DAS, así como las escuchas telefónicas ilegales más recientes. Además, el Fiscal General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia han activado pruebas sobre el uso indebido del programa de interceptación judicial de la Fiscalía conocido como la ‘Plataforma de Esperanza’. El embajador reiteró el deseo del gobierno de Estados Unidos de que se hagan investigaciones completas y transparentes, y ofreció la asistencia de EE.UU. en su realización.

Despliegue de Múltiples Investigaciones sobre el Escándalo
El Fiscal General (interino) Guillermo Mendoza, anunció el 21 de septiembre que la investigación había demostrado que dos fiscales de su oficina - no del DAS - habían estado detrás de la vigilancia ilegal al magistrado auxiliar Iván Velázquez de la Corte Suprema. Según Mendoza, dos fiscales de su oficina insertaron el número de teléfono de Velázquez dentro de las solicitudes de interceptación de dos casos no relacionados. La vigilancia se llevó a cabo en las instalaciones del programa de interceptaciones judiciales "Esperanza" de la Fiscalía General, dijo Mendoza. El director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, reconoció que tres agentes de la Policía participaron en la farsa, y agregó que "no hay justificación" para el seguimiento. "La policía judicial (DIJIN) está investigando agresivamente este aspecto del caso, tenemos indicios, pero estamos esperando para arrestar a los sospechosos hasta que el alcance de los vínculos criminales sea descubierto. El CTI también está realizando una investigación por separado de estos eventos.

Gobierno Defiende la Capacidad de la Interceptación
Altos funcionarios de la administración pasaron a la ofensiva a raíz de las revelaciones. El presidente Uribe alegó una "venganza criminal" para desacreditar al gobierno colombiano en el país y en el extranjero, mientras que el vicepresidente Francisco Santos dijo que los escándalos demuestran que había un "complot bien orquestado" destinado a socavar la capacidad del gobierno colombiano de luchar contra la delincuencia. El Ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, dijo a la prensa que "algo olía a pescado" sobre el caso y afirmó que el gobierno colombiano había identificado 12 empresas que fabricaban y vendían servicios de escuchas telefónicas ilegales. El director del DAS, Felipe Muñoz dijo en público que había un mercado negro de escuchas telefónicas ilegales alimentado por la corrupción entre los proveedores de telefonía móvil y las agencias privadas de detectives. Muñoz en privado nos dijo que tenía la "intuición" de que las grabaciones a Velásquez estaban orientadas a avergonzar a la administración, y no a controlar al magistrado. El Vicefiscal General, Fernando Pareja, por su parte opinó que el objetivo de los casos del programa ‘Esperanza’ era distraer del escándalo de las interceptaciones telefónicas del DAS, creando la impresión pública de que "todos lo hacen."

Investigación por las Fechorías del DAS
El Vicefiscal General Pareja dijo el 9 de octubre que la investigación del caso del DAS se ha dividido en cuatro partes a saber:

- Los actos perpetrados por el personal del DAS, antes de enero de 2005, cuando el antiguo sistema acusatorio (Ley 600) estaba en vigor. En esta parte están las acusaciones al exdirector del DAS Jorge Noguera, quien manejaba una célula de operaciones secretas llamada ‘G3’, en connivencia con los paramilitares, para instigar el asesinato de tres sindicalistas y un profesor de colegio. La fiscal Patricia Rodríguez dijo que el CTI ha obtenido evidencia documental suficiente de las actividades del G3.

- Actividades llevadas a cabo a partir de enero de 2005, cuando entró el nuevo sistema acusatorio (Ley 906). Esta investigación se refiere a las denuncias contra la Directores del DAS Andrés Peñate Giraldo y María del Pilar Hurtado, cuando el "Grupo de Observación Nacional e Internacional (Goni) supuestamente llevó a cabo la vigilancia de representantes de la sociedad civil y la oposición política.
 
Rodríguez dijo que esta investigación ha sido mal dirigida fundamentalmente desde principios de este año. (Nota: la revista ‘Semana’ informó que el Fiscal General interino Guillermo Mendoza había removido a dos fiscales que llevaban casos de los altos exfuncionarios del DAS, y otros 12 (delegados), que de manera flagrante se hicieron los de la vista gorda frente a pruebas importantes. Los nuevos fiscales tuvieron que empezar desde cero, dijo Rodríguez. La investigación posterior de estos crímenes, dijo, es de naturaleza más técnica, con la participación de la exploración de los discos duros de ordenadores, etc, y será más difícil, dado el alto estándar del valor probatorio que se requiere en el nuevo sistema acusatorio. - Sin entrar en detalles, Pareja dijo que Mendoza había retenido dos de los casos del DAS para manejarlos personalmente, presumiblemente, debido a las irregularidades antes mencionadas.

Investigación en los Abusos de los Productos ‘Esperanza’
En cuanto a la investigación de la Plataforma ‘Esperanza’, Pareja dijo que los investigadores se centraron en cómo las llamadas interceptadas al magistrado Auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez - el principal investigador de los vínculos entre los miembros del Congreso y los paramilitares – se filtraron nueve días después a la revista ‘Semana’. Pareja señaló que dos salones de escuchas separadas, uno operado por el CTI en nombre del Ejército de Colombia y el otro por el grupo anti secuestros de la Policía Nacional de Colombia - habían ejecutado dos órdenes, autorizadas legalmente, de interceptar a Velázquez en agosto. Cuando un analista de CTI reconoce Velázquez como magistrado, la vigilancia terminó, sólo para ser restablecida por la sala de escucha de la Policía al día siguiente. Pareja dijo que los investigadores habían concluido que la interceptación del agregado judicial de EE.UU. hablando con Velázquez fue "accidental", y no una acción específica dirigida a un funcionario de EE.UU. Señaló que la interceptación de un segundo número fue ilegalmente respaldada en las órdenes de escuchas telefónicas, esta vez contra a Alexandra Valencia, la jefe de investigaciones de la Procuraduría  asignada a la investigación del escándalo del DAS.
Pareja dijo que la Fiscalía General ha detectado un total de 23 interceptaciones sospechosas de estar autorizadas indebidamente, vía Esperanza. Pareja, un magistrado a quien Mendoza nombró en agosto, como su número dos, expresó su sorpresa por el amplio acceso de las agencias gubernamentales a la Plataforma Esperanza. Él se sorprendió, por ejemplo, de la revelación pública de que el Procurador General ha mantenido su propia sala de audición entre 1996 y enero de 2009, a espaldas de la rama Judicial y del Ejecutivo. También se sorprendió de que la ciudad de Medellín haya sido sede de una sala de audición donde los fiscales investigan la delincuencia organizada en esa ciudad. Dijo que tanto él como Mendoza se preocupan por la responsabilidad penal y política propia de un sistema supuestamente bajo su control, pero con diversos puntos de acceso. Dijo que el Fiscal General en funciones había ordenado a ingenieros llevar a cabo una revisión de la plataforma Esperanza y cada sala de audición como medida de precaución y que haría cambios en los procedimientos para fortalecer la supervisión del gobierno.
El cuerpo diplomático acreditado instó al vicefiscal que revelara a la prensa las investigaciones de su competencia a fin de presentar una contabilidad completa de los escándalos de escuchas telefónicas. El cuerpo diplomático ofrece las asistencia de la embajada estadounidense para el logro de este objetivo, incluyendo la re-investigación del personal colombiano que trabaja en el DAS o con acceso a Esperanza que facilita el intercambio de información con los Estados Unidos.
Investigadores de la Policía nos dijeron, el 13 de octubre, que han descubierto los posibles vínculos entre los exfuncionarios del DAS y los funcionarios Policía que falsificaban las ordenes para para lograr la interceptación del teléfono del magistrado Iván Velázquez. La Policía está siguiendo los vínculos de los responsables para determinar hasta qué punto la conspiración criminal se extiende, antes de hacer detenciones.
25 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
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