bajo compromiso con democracia

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Estudio: Oficialismo registra bajo compromiso con derechos humanos y democracia. Muestra realizada por el Observatorio Parlamentario y Corporación Humanas indagó cómo votarán los legisladores frente a temas como aborto terapéutico o pacto de vida en común.

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[C.M.C.]   Santiago, Chile. El ‘Estudio sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y Democracia 2010’, realizado por el Observatorio Parlamentario y Corporación Humanas, que será presentado hoy a las 10:30 horas, reveló una baja disposición de los diputados UDI y RN para dar a conocer a la ciudadanía su posición y compromiso en materia de derechos humano y democracia.
La situación fue lamentada por Camila Maturana, coordinadora del Observatorio Parlamentario, pues -explicó- la mayoría de las bancadas revelan sin problemas las posiciones de sus legisladores.
Asimismo, expresó preocupación porque en el estudio 2010, participaron 66 diputados y 12 diputadas, es decir el equivalente sólo al 65% de la Cámara Baja.
El estudio aborda iniciativas que llevan años de tramitación en el Congreso. De ahí -y considerando que algunas son parte de la agenda de compromisos del Presidente Sebastián Piñera- resulta relevante conocer cómo votarán los diputados.
"En un sistema democrático es central conocer la posición de nuestros representantes frente a diversos temas, pues sólo así es posible evaluar si efectivamente representarán los intereses de la ciudadanía en el desempeño de sus cargos. Ésta es una dimensión fundamental de la transparencia que hasta ahora no ha sido debidamente considerada por gran parte de los diputados oficialistas", enfatizó.
Para ello, se les aplicó - entre julio y septiembre de 2010- un cuestionario, consultando si votarían a favor o en contra de un conjunto de proyectos de ley en debate.

Temas Analizados
Entre las reformas legislativas priorizadas en el estudio, destaca el proyecto de ley sobre medidas contra la discriminación, porque "se requiere que el ordenamiento jurídico chileno incorpore, en conformidad al derecho internacional, disposiciones expresas que prohíban y condenen toda forma de discriminación", aseguró la abogada de Corporación Humanas.
Asimismo, se les consultó si votarían a favor o en contra de un proyecto sobre Pacto de Unión Civil que reconozca a las parejas los mismos derechos hereditarios, previsionales y de salud que tienen las personas casadas.
Maturana recordó que existe un retraso en el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre igualdad y no discriminación por orientación sexual, asumidas por el Estado de Chile. En 2007, el Comité de Derechos Humanos recomendó "garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto, independientemente de su orientación sexual, incluyendo igualdad ante la ley".
Asimismo, se abordó el aborto terapeútico que estuvo permitido en Chile entre 1925 y 1989, cuando fue derogado por el régimen militar.En este sentido, Maturana advirtió la urgencia de "reponer la norma sobre aborto terapéutico para proteger debidamente los derechos humanos de las mujeres, especialmente cuando se encuentra en riesgo su vida o su salud".
Otro tema abordado fue la extensión del postnatal con carácter compartido entre madre y padre, ya que se debe -en opinión del Observatorio Parlamentario- apuntar a impulsar la corresponsabilidad como mecanismo para "avanzar hacia una efectiva desvinculación de los costos de la maternidad de la contratación de mujeres".
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que fue parte de los compromisos asumidos por el Presidente Piñera durante la campaña y destacado en la Cuenta Pública del 21 de mayo de 2010, también fue abordado.
Respecto de la iniciativa ciudadana de ley, Maturana la consideró "fundamental para incrementar el nivel de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas, así como para mejorar la calidad de la democracia".
Además, se abordó el límite a la reelección de legisladores/as, a tres períodos consecutivos; el voto de los chilenos/as en el exterior y la importancia asignada a las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos en el proceso legislativo.
21 de enero de 2011
©la nación

más desplazados en córdoba

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72 familias fueron desplazadas en Córdoba. Los habitantes de tres veredas del municipio de Tierralta tuvieron que dejar sus tierras después de un nuevo enfrentamiento, al parecer, entre las bandas criminales -como se llama a ahora a las bandas paramilitares..

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Colombia. En Córdoba,  el conflicto no para. A los 600 asesinatos ocurridos en 2010, a los 45 que van en 2011, esta vez se suma un desplazamiento forzado de 72 familias en el municipio de Tierralta.
Según el diario El Meridiano, los hechos ocurrieron el miércoles 19 de enero de 2011 cuando a las 2:30 p.m. campesinos de las veredas Nuevos Aires, Venezuela y Tres Puertas dejaron sus tierras por miedo a perder sus vidas tras un enfrentamiento, al parecer,  entre bandas criminales.
Las víctimas le contaron a ese diario que el enfrentamiento comenzó en la Hacienda El Cairo y que escucharon las balas a 500 metros de distancia. Cuando les dieron que podían resultar heridos, cerca de 220 personas, 110 de ellas niños, abandonaron sus tierras y caminaron entre 6 y 8 kilómetros para buscar refugio en Tierralta.
El temor es tal, según el relato de los campesinos, que las familias no acudieron a la Policía ni al Gobierno Local  "porque pensamos que podía ser peor y corrían peligro nuestras vías", le dijo un testigo a El Meridiano.
Por medio de un comunicado, el defensor del pueblo Vólmar Pérez dijo que el desplazamiento fue producto de una intensificación de los enfrentamientos entre las ’Águilas Negras’ y la banda ’Los Paisas’, y que el Ministerio Público ya gestionó la atención humanitaria de emergencia para las víctimas.
"Este nuevo desplazamiento en Córdoba es el primero del 2011 que ha  registrado la Defensoría del Pueblo y lo estimamos preocupante por el número  de personas que han resultado desplazadas por los enfrentamientos entre los grupos armados que se disputan el corredor estratégico que comunica a Tierralta con Planeta Rica, Montelíbano y Tierradentro por el control del tráfico de estupefacientes en esta zona de Córdoba", dijo el Defensor.
Según la Defensoría, por medio del Sistema de Alertas Tempranas ya solicitó a las autoridades concentrar su atención en los corregimientos de Águila Batata, Crucito, Zaiza, Palmira, San Felipe de Cadillo, El Caramelo, Santa Marta, Nueva Granada, Santa Fe Ralito, Bonito Viento, Mantagordal y Severinera, donde las comunidades de forma constante están expuestas a amenazas, homicidios,  masacres, desapariciones, reclutamientos, extorsiones y desplazamientos forzados.
Durante los tres últimos años, en Córdoba han sido asesinados cinco líderes que reclamaban sus tierras, arrebatas por grupos paramilitares: Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados Forzados de Cotorra, fue asesinado en enero de 2007; Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de  Vivienda en Montería, asesinada en enero de 2007; Azael Hernández Bedoya, líder de familias guardabosques de Tierralta, asesinado en junio de 2008; Ana Isabel Gómez, líder de población desplazada, asesinada en abril de 2009, y Guillermo Antonio Ramos Rosso, líder desplazado del proceso de reclamación de tierras, asesinado el 28 de julio de 2009.
21 de enero de 2011
20 de enero de 2011
©el meridiano
©verdad abierta

a juicio josé maría conde romero

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La Corte llama a juicio a José María Conde Romero. El ex representante de Sucre del partido Colombia Democrática es investigado por sus presuntos vínculos con los paramilitares del bloque Montes de María. Mario Uribe, fundador del partido, también está siendo investigado.

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Colombia. Siete meses después de haber sido capturado, la Corte Suprema llamó a juicio al ex congresista José María Conde Romero por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
Conde Romero llegó al Congreso en reemplazo de Eric Julio Morris, elegido a la Cámara de Representantes para el período 2006-2010 y condenado por la Corte a seis años de prisión por sus vínculos con los paramilitares. Conde, del partido Colombia Democrática, fue capturado en junio de 2009 después de que la Fiscalía obtuvo varias declaraciones de ex ‘paras’ que lo vinculaban con el grupo ilegal.
Entre los testimonios que tiene la Fiscalía están el del ex paramilitar Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’, que dijo en audiencia que Conde Romero tuvo vínculos con paramilitares que delinquieron en Sucre y Bolívar, conocido como el Bloque Montes de María.
Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirry’, uno de los testigos clave de la ‘parapolítica’, también señaló que que Conde se reunió con los jefes paramilitares que de Sucre y que hizo alianzas con ellos para beneficiarse políticamente.
Como Conde Romero, varios ex integrantes del partido Colombia Democrática han sido investigados y otros condenados por ‘parapolítica’. El ex senador Álvaro García, de Sucre, fue condenado a 40 años de prisión; el ex representante Eric Morris, de Sucre, a 6 años de prisión; el ex senador Ricardo Elcure Chacón, de Norte de Santander, a 6 años de prisión, y el ex senador Miguel de la Espriella, de Córdoba, a 45 meses. En la actualidad es investigado el fundador del partido y primo del ex presidente Álvaro Uribe, Mario Uribe, ex senador de Antioquia.
21 de enero de 2011
20 de enero de 2011
©verdad abierta

reabren causa de william montes

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Corte Suprema reasume el caso de William Montes por parapolítica. El político conservador había sido absuelto por un juez de Bogotá.

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Colombia. En agosto de 2008 William Montes había sido absuelto por el Juez Séptimo Penal Especializado de Bogotá por sus presuntos vínculos con Salvatore Mancuso en su campaña al Congreso en 2002.
La determinación había sido apelada por la Fiscalía General de la Nación y estaba en manos del Tribunal Superior de Bogotá.
Como los casos de Mario Uribe, Luis Humberto Gómez Gallo o Álvaro Araújo Noguera, que habían sido absueltos o cuyas investigaciones fueron clausuradas, la Corte consideró que Montes fue juzgado por hechos que tienen relación a su cargo de senador, y por eso va a reasumir el caso.
La Sala Penal de la Corte acudió a la jurisprudencia del 15 de septiembre de 2009, cuando decidió retomar la competencia para juzgar a los ex congresistas que, habiendo renunciado a su fuero parlamentario, fueron investigados por la Fiscalía.

El Caso Montes
Pese a que William Montes suscribió el ‘Pacto de Ralito’ (en el que 32 personas entre paramilitares y políticos se reunieron para ‘refundar la patria’), el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
Montes Medina estaba detenido desde el 14 de mayo de 2007. El ex director de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber recibido el apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en las elecciones de 2002. El puente para este apoyo habría sido la empresaria del chance, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.
El ex congresista reconoció haber asistido a una reunión con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, en la casa de la también ex senadora Eleonora Pineda en 2003, para tratar temas concernientes a la elección del gobernador de Bolívar ese año
De acuerdo con las versiones del ex jefe paramilitar ‘Diego Vecino’, el ex senador Montes presuntamente se plegó a las órdenes de los intereses paramilitares al firmar el acuerdo bajo su condición de Senador en forma voluntaria.
Los testimonios de varios paramilitares desmovilizados señalan al ex senador con grupos de autodefensa. Es el caso de  Alexi Mancilla García quien aseguró: "Yo mencioné al Señor William Montes como uno de los que le dimos apoyo político en su campaña al Senado".
Montes fue senador por el Partido Conservador y fue presidente de la Comisión Quinta. Dijo que firmó el ‘Pacto de Ralito’ por las constantes presiones que las Auc ejercían sobre él y su familia y que en 2001, cuando se realizó la reunión con los ‘paras’ en Ralito, la ausencia del Estado era total en varias zonas de la Costa Atlántica.
Montes fue concejal de Carmen de Bolívar, diputado en la Asamblea Departamental de Bolívar y ha repetido tres períodos en el Congreso de la República: como representante a la Cámara entre 1994 y 1998; como senador entre 1998 y 2002 y nuevamente como senador entre 2006 y 2010.
21 de enero de 2011
19 de enero de 2011
©verdad abierta

una americana en perú

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De la cárcel hacia el limbo. Lori Berenson, 41, la estadounidense que estuvo encarcelada en Perú durante más de catorce años por su asociación con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en los años noventa.

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[Simon Romero] Lima, Perú. En palabras de Juan Luis Cipriani Thorne, arzobispo de Lima, dejar a Lori Berenson en libertad condicional es "burlarse" del país. Julio Galindo, el fiscal antiterrorista de Perú, dice que Berenson, una neoyorquina condenada por colaborar con una organización revolucionaria marxista, sigue siendo una "irascible" amenaza para la sociedad.
Cuando se enteró de su liberación este años [2010], el vicepresidente Luis Giampietri exclamó: "¡Qué indignación!"
En libertad después de más de catorce años en cárceles peruanas, Berenson, ahora de 41 años, absorbe esos comentarios en el quinto piso del edificio sin ascensor donde vive ahora. Gracias a la avalancha de la cobertura en televisión, el país sabe que el departamento de alquiler está en la esquina de la calle Grau con Italia. En una larga entrevista en su casa en Lima, dijo que pasaba sus días cocinando y tatareando canciones infantiles para su hijo de dieciocho meses, Salvador. Le teme a cosas simples, como caminar por la calle, consciente de las reacciones que provoca su presencia entre los transeúntes.
"La gente en la calle me gritaba que yo era una asesina de niños y cosas como esas", contó una mañana de este mes, describiendo cómo fue saludada por sus vecinos cuando fue dejada en libertad en mayo.
Desde entonces, su existencia se ha definido por una mezcla de esperanza y revuelo. Empezó a usar la red por primera vez, y estudió online con la intención de hacerse de un oficio como traductora. Sigue estando en el limbo y no sabe cuando podrá volver a Estados Unidos, como le gustaría. En agosto, un tribunal peruano ordenó que volviese a la cárcel, sobre la base de un tecnicismo (la policía no había revisado su departamento).
Otro juez reinstauró su libertad condicional este mes, restableciendo una apariencia de libertad, o lo que va por ella. Salió de la cárcel por una puerta lateral y volvió a la ira de sus vecinos. Se encoge con el recuerdo de un incidente reciente cuando caminaba por la calle con su hijo, de la mano.
"El otro día alguien se acercó a mí y me dijo: ‘Estás condenada, y él está condenado. Vas a sufrir toda tu vida, y él te hará sufrir más’", dijo. "Entiendo totalmente a la gente que rechaza a alguien que representa el terrorismo. El problema es que no soy la persona que ellos creen, y nunca lo sabrán".

La historia de cómo la señorita Berenson, hija de profesores universitarios de Nueva York, se convirtió en una de las personas más despreciadas en Perú, sigue siendo extraordinaria en todas sus ideas y venidas. Fue una brillante alumna en la prestigiosa Escuela Secundaria La Guardia en Nueva York y más tarde en el Massachusetts Institute of Technology, y luego volvió a aparecer aquí en 1994.
Una carta de una revista llamada Third World Viewpoint le dio credenciales de prensa y acceso al Congreso de Perú. Pero la policía la arrestó a bordo de un autobús en Lima en 1995, horas antes de que allanaran la casa de cuatro plantas que había arrendado, donde encontraron ocho mil piezas de munición, tres mil cartuchos de dinamita y más de una docena de miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, M.R.T.A.
Todavía insiste en que no sabía nada sobre los planes violentos del M.R.T.A. Pero un tribunal militar la sentenció a prisión perpetua por traición. Las autoridades la enviaron a una húmeda celda en Yanamayo, una cárcel en lo alto de los Andes. Su sentencia fue reducida a veinte años en un nuevo juicio en 2001, en el que fue declarada culpable de alquilar la casa que fue utilizada en un complot fallido para secuestrar al Congreso peruano.
La vida continuó tras las rejas. En 2003 se casó con Aníbal Apari, militante del M.R.T.A. al que conoció en la cárcel. Se le permitieron visitas conyugales con Apari, ahora en libertad y que la representa como su abogado, aunque ahora se están divorciando. En 2009 dio a luz a su hijo Salvador, que tiene la doble nacionalidad estadounidense y peruana y ha pasado la mayor parte de su vida en la cárcel con su madre.
Varias cosas hacen que Berenson destaque entre otros estadounidenses que uno puede encontrar en el barrio Miraflores de esta ciudad. Una es su dominio del español, que habla con un distintivo acento peruano. Otra son sus manos, curtidas y resquebrajadas por la exposición a los elementos en las cárceles donde estuvo.
Pero muchos peruanos dicen que se preguntan si de verdad lamenta sus acciones, o si simplemente hace lo que puede para eludir la prisión.
"Obviamente estoy triste, y lamento que haya formado parte de algo que era considerado tan malo", dice, meciendo a su hijo sobre sus rodillas mientras reconoce sus vínculos con el M.R.T.A., ahora un grupo marginal. "Mi participación era como colaboradora. Sabes, yo arrendé una casa. Yo compartía la ideología", agrega, diciendo que nunca tuvo planes de participar en actos violentos.

Sin embargo, gran parte de Perú la ve como símbolo de la agitación que afligió al país en los años ochenta y noventa, cuando casi setenta mil personas perdieron la vida en ese periodo de guerra y rebelión. Una organización maoísta, Sendero Luminoso, fue responsable de más de la mitad de las muertes. Los canales de televisión no dejan de transmitir de vez en vez un video de Berenson de 1996 que ha quedado grabado en la memoria del país. Con los puños apretados, grita en el video: "No hay terroristas criminales en el M.R.T.A. ¡Es un movimiento revolucionario!"
"Mi lógica no era correcta, y el modo en que lo dije lo hizo peor", dice ahora sobre ese estallido de juventud. "Cometí un gran error".
Algunos aquí instan a Perú a avanzar y aceptar estas palabras de una mujer cuando reflexiona sobre los errores que cometió en su pasado. Estas opiniones son a menudo silenciadas, aunque las comparte el presidente del país, que ha expresado su opinión mientras permite que los jueces lleven su caso.
"Todo este miedo por una mujer pequeña que ha pasado quince años en la cárcel..", dijo el presidente Alan García en una entrevista hace poco. "Uno tiene derecho a cometer un error en la vida, y es un derecho ser castigado y dejado libre cuando termine el castigo".
Todavía no está claro cuándo terminará el castigo de Berenson. Galindo, el fiscal antiterrorista, está nuevamente recurriendo su libertad condicional. Se espera que el tribunal resuelva pronto, lo que la podría enviar nuevamente a la cárcel por el resto de su sentencia, hasta 2015. Pensando en las dificultades que le esperan, dijo que a menudo recuerda un libro que leyó en la cárcel, ‘La gesta del marrano’ [The Pig’s Deed], una novela del escritor argentino Marcos Aguinis. Gira sobre la Inquisición española tal como se desarrolló en el Perú colonial, concentrándose en la persecución de un doctor que había reconocido sus orígenes judíos.
"Es muy vívido en el modo en que las cosas continúan en la sociedad’, dijo Berenson, reflexionando sobre el destino de los marginales entonces y ahora. "Creo que la diferencia es que la gente que fue acusada de terrorismo no fue quemada en la hoguera. Pienso que si lo hubiésemos sido, quizás seríamos menos interesantes. Creo que por alguna razón es útil que la gente todavía sea considerada peligrosa".
[Andrea Zárate contribuyó al reportaje].
21 de enero de 2011
26 de noviembre de 2010
©new york times
cc traducción mQh

murió john dye

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Actor, conocido por ‘Tocados por un ángel’.

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John Dye, actor mejor conocido por su papel como Andrew en la prolongada serie de televisión de CBS-TV, ‘Tocados por un ángel’ [Touched by an Angel], fue encontrado muerto el lunes en su casa en San Francisco, confirmó la oficina del forense de San Francisco. Su hermano Jerre dijo al diario Commercial Appeal, de Menfis, Tennessee, confirmó que Dye falleció de un ataque al corazón.
Dye se convirtió en una presencia regular en ‘Tocados por un ángel’ en 1995, para su segunda temporada, y trabajó con Roma Downey y Della Reese como mensajeros divinos enviados para ayudar a los humanos durante tiempos difíciles. El personaje de Dye era, al principio, sobre todo un ángel de la muerte.
"Cuando me ves con mi traje blanco y empiezo a resplandecer, sabes que alguien ha muerto", bromeó Dye en una entrevista con el Commercial Appeal de 1999.
Pero a medida que la serie, que terminó en 2003, evolucionaba, el guapo y compasivo Andrew asumió los deberes de un angelical asistente social.
"Me gusta el papel porque la muerte no es algo sobre lo que hablamos mucho en Estados Unidos", escribió Dye en una compilación de guiones de ‘Tocados por un ángel’ de 1997. "Como país, encontramos difícil lamentar o llorar un deceso, considerando las lágrimas como un signo de debilidad. Debido a eso, Andrew es más bien un personaje ruidoso, que nos ayuda a enfrentar algo que preferimos ignorar".
Dye también apareció en la secuela de ‘La tierra prometida’ y trabajó regularmente en series de televisión como ‘Hotel Malibu’, ‘Jack’s Place’ y ‘Camino del infierno’ [Tour of Duty].

Nacido el 31 de enero de 1963 en Amory, Mississippi, asistió a la Universidad Nacional de Mississippi y estudió derecho en lo que es ahora la Universidad de Menfis, antes de mudarse al teatro. Dejó la universidad para dedicarse a su carrera actoral, pero más tarde volvió a terminar sus estudios.
20 de enero de 2011
14 de enero de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

criaderos dificultan adopción

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columna de lísperguer

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Ofrecen tips para socializar a la mascota de la familia, pero no son suficientes.

Para el caso de perros con funciones de guardia, lo más recomendable es que sean adiestrados por profesionales, de modo tal que los humanos que ingresan a su territorio no terminen necesariamente muertos ni con heridas graves ni mutilados. Un perro adiestrado puede retener a la persona sin causarle mayor daño. En realidad, la ley debiese obligar a los dueños de estos perros a dejar su adiestramiento en manos de profesionales. La visita de un profesional es siempre recomendable cuando se adquiere una mascota. Pero es mejor adoptar una mascota que comprarla, porque las mascotas de criadero suelen presentar problemas de socialización muy serios. Si queremos contribuir a solucionar el problema de los perros vagos (extraviados o abandonados), lo mejor sería adoptar y restringir fuertemente las actividades de los criaderos comerciales.
lísperguer

sor teresa gómez álvarez, prófuga

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Los pecados terrenales de Sor Teresa Gómez Álvarez. La mujer, cercana a los hermanos Castaño, no sólo tiene a cuestas el asesinato de Yolanda Izquierdo en Montería. También ha estado involucrada en despojo de tierras y delitos relacionados con el tráfico de drogas. Hizo parte de las ACCU desde sus inicios y hoy se desconoce su paradero.

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Colombia. La vida delictiva de Sor Teresa Gómez Álvarez, mujer de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, está ligada a la tierra. Desde comienzos de la década del noventa, en Córdoba; luego en el Urabá Chocano, a comienzos del 2000, y, finalmente, como responsable intelectual del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, sus acciones no han perdido el eje que liga el proyecto de expansión contrainsurgente con la expropiación ilegal de predios rurales.
Nacida en el municipio de Amalfi, Antioquia, de donde eran oriundos los hermanos Castaño Gil, se casó con Manuel Gil, hermano medio de estos jefes paramilitares y es suegra de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’. Según investigadores de organismos de seguridad, ella se vinculó a comienzos de los noventa con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a través de los proyectos sociales que esta organización armada ilegal impulsó en Córdoba.
El papel de Gómez Álvarez en esta región del país se centró en sacar adelante, como representante legal, la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización no gubernamental creada en 1991 a través de la cual los jefes paramilitares donaron miles de hectáreas de tierras para adelantar una particular "reforma agraria" con labriegos afectados por las guerrillas de las FARC y el EPL.
Uno de los miembros de la junta directiva de Funpazcor fue Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, quien comandó el Bloque Metro de las ACCU. En una entrevista publicada por el antropólogo Aldo Civico, dejó constancia del significado de ese trabajo: "un gran proyecto de trabajo social que fue reconocido en su momento a nivel nacional e internacional". Según este jefe paramilitar, "personas del gobierno nacional y del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) también lo visitaban continuamente y asesoraban dichos proyectos".
Las autoridades tuvieron referencia de Funpazcor y de Sor Teresa Gómez Álvarez luego de un allanamiento realizado el 30 de abril de 1998 en un parqueadero ubicado en el centro de Medellín, conocido como Padilla. Allí, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía detectó el centro de operaciones financieras de las ACCU y desde donde se coordinaban todos los asuntos económicos de esta organización ilegal.
Tras un dispendioso análisis de los documentos físicos y electrónicos encontrados en el lugar, se comenzaron a identificar cientos de personas que giraban y recibían cheques, entre ellas estaba Gómez Álvarez y su fundación, lo que llevó a las autoridades a realizar el 24 de mayo de 2001 la Operación Monserrate, que consistió en el allanamiento de la sede de la organización no gubernamental en la ciudad de Montería.
En el procedimiento judicial se logró la incautación de documentos sobre la fundación y la captura de Tarquino Morales Díaz, miembro de la junta directiva, y el supuesto conductor Antonio Adonis González, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir. En el lugar no se encontró Gómez Álvarez, quien desde ese momento se convirtió en prófuga de la justicia.
No obstante, las pesquisas judiciales no avanzaron con eficiencia, y Funpazcor no sólo fue útil para consolidar una base social al servicio del paramilitarismo, sino que se convirtió en una fachada para la adquisición ilegal de tierras, tráfico de armas y lavado de activos provenientes de actividades ligadas al narcotráfico.
Por estas últimas razones, la fundación y su representante legal fueron relacionadas con actividades del narcotráfico e incluidas el 8 de febrero de 2004 en la lista conocida como Designados como Narcotraficantes (SDNT por sus siglas en inglés) que elabora la Oficina de Control de Bienes y Finanzas del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Lo paradójico de la historia criminal de Gómez Álvarez ligada a la tierra es que mientras las autoridades la buscaban en Montería, ella estaba creando en Mutatá, Antioquia, la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), con el objetivo de participar del proyecto de cultivo de palma africana impulsado ilegalmente por Vicente Castaño en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, a través del despojo y titulación fraudulenta de predios.
Asoprobeba se registró ante la Cámara de Comercio de Urabá el 2 de julio de 2001 como una entidad sin ánimo de lucro y definió que su objeto social como "la defensa gremial del campesino productor de la comunidad asociada". Al iniciar el proyecto agrupó a 164 familias, para el 2009 ascendía a 250.
Las tierras del proyecto, que hacen parte de la larga lista de predios despojados de manera irregular a los pobladores de los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó, fueron adquiridas por Gómez Álvarez a Hugo Fenel Bernal Molano, según consta en la escritura número 220, registrada en la Notaría Única de Carepa, Antioquia, el 6 de marzo de de 2002. Se trata de un predio de 1.100 hectáreas ubicado en la vereda Caño Manso, cuenca del Curvaradó, y transado por 100 millones de pesos.
Esta compraventa tuvo dos particularidades: según directivas de Asoprobeba, su proyecto productivo tuvo el respaldo de Uniban y de algunas entidades del Estado, y la compra fue avalada por el antiguo Incora, que supuestamente habría subsidiado el 70% de la inversión; además, Bernal Molano, al momento de la venta, estaba siendo buscado por la justicia norteamericana para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas. Fue capturado el 2 de marzo de 2007 en una finca en Tierralta, Córdoba, y extraditado en julio de 2008.
A través de Asoprobeba, Gómez Álvarez suscribió diversos contratos de comodatos, varios de ellos incluso bajo amenazas de muerte, con campesinos en territorios colectivos para adelantar allí el proyecto productivo de siembra de palma africana, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de la apropiación ilegal de predios por parte de una veintena de empresarios apoyados por fuerzas paramilitares del Urabá Chocano y antioqueño.
Uno de los testigos de este despojo de predios que ha referenciado a Gómez Álvarez es el labriego Enrique Manuel Petro Hernández, quien el 12 de abril de 2007, le indicó a la Fiscalía que años atrás había sido presionado por esta mujer y el empresario Jaime Sierra Moreno para ceder los derechos de una finca de 150 hectáreas, ubicada en la comunidad de Caño Claro, y cuyas tierras fueron sembradas de palma sin su autorización.
Una vez denunció el hecho, Petro Hernández recibió presiones e intimidaciones y perdió parte de su finca: "me dejaron el territorio sin trabajarlo, pero lleno de palma, sin árboles y toda la tierra canalizada, con muchas carreteras pasadas por el medio de mi finca sin mi permiso, ya por lo menos todo mi trabajo que hice en los 40 años, lo perdí, tenía 110 vacas, hoy no las tengo, tenía 9 bestias, hoy no las tengo, tenia 20 marranos, 5 hectáreas de plátano, yuca, arroz, hoy no las tengo, mi esposa tenía más de cien gallinas, mis hijos trabajaban y hoy no tienen donde trabajar, todo por causa de las empresas y los paramilitares".
Las investigaciones de la Fiscalía no cesaban contra Gómez Álvarez. Durante un proceso de extinción de dominio realizado en mayo del 2008 contra 74 bienes del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, los funcionarios judiciales establecieron que buena parte de esas propiedades, varias de ellas representadas en tierras y en sociedades comerciales, estaban a nombre de esta mujer.
A su prontuario criminal también se anexó el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder campesina de Córdoba, baleada por sicarios en la puerta de su casa el  31 de enero de 2007, momentos después de haberle solicitado protección a un juez de Montería porque las amenazas en su contra se habían incrementado.
Esta líder campesina, de 43 años de edad y madre de cinco hijos, fue despojada de una finca en Valencia, Córdoba, a comienzos de la década del noventa por el paramilitar Fidel Castaño, quien haría con esas tierras y muchas más un proyecto de "reforma agraria" que lideraría Sor Teresa Gómez Álvarez a través de Funpazcor.
Armada de valor, Yolanda Izquierdo se registró como víctima de despojo de tierras ante la Unidad de Justicia y Paz, creada por la Ley 975 para adelantar los procesos penales contra los paramilitares desmovilizados, y decidió además representar a unas 800 familias en las versiones libres para reclamar verdad, justicia y reparación integral. Centró su atención en los predios que les fueron arrebatados y reclamó por su devolución durante varias versiones libres de Salvatore Mancuso en Medellín.
Fueron varias las llamadas que recibió esta líder en las que una voz siempre le decía "Cállate mija, no sigas con eso de la reparación que te vamos a quebrar". Y como persistió en su reclamo y no tuvo la suficiente protección por parte de las autoridades, fue asesinada. En el ataque armado, su esposo fue herido.
La justicia logró determinar que detrás de ese crimen estuvo Sor Teresa Gómez Álvarez, quien en días pasados fue condenada a 40 años de prisión por el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir.
Hoy se desconoce el paradero de esta mujer, que ha trasegado en el paramilitarismo desde la creación de las ACCU. Si bien aparece como desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas, ha logrado burlar a las autoridades y aparece en diversas regiones del norte del país liderando procesos sociales. Nadie se explica cómo ha pasado desapercibida en notarias y oficinas estatales hasta donde ha llegado a firmar escrituras y registros asociativos. Lo cierto es que ahora la buscan las autoridades, esta vez con una condena en la mano, para hacerla efectiva; no obstante, la historia revela una capacidad de ocultamiento que ninguna fuerza estatal ha logrado desentrañar.
20 de enero de 2011
©verdad abierta