china prohíbe circos con animales

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Advierte a zoológicos que deben poner fin al maltrato animal o correr el riesgo de ser clausurados. Los zoológicos deberán suspender los espectáculos en vivo durante los cuales pollos, cabras, vacas y caballos son vendidos a los visitantes que pueden luego mirar como son devorados por grandes felinos.

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[Malcolm Moore] Shanghai, China. Los circos y los espectáculos con animales vivos son inmensamente populares en China y atraen a cerca de 150 millones de visitantes al año en setecientos zoológicos. Sin embargo, activistas por los derechos animales han demandado repetidas veces que esos espectáculos deben terminar.
"En mi ciudad un zoológico tenía un espectáculo en el que obligaban a un león adulto a pararse en el lomo de un caballo para realizar una especie de número acrobático", dice Xiao Bing, presidente de la sociedad protectora de animales local en la sureña ciudad de Xiamen.
"También visité un parque de diversiones donde los monos tenían heridas en todo el cuerpo. El administrador me dijo que los monos se lesionaban durante espectáculos en que se los hacía pelear contra animales de la misma especie", contó.
Otros casos de maltrato incluyen golpizas a leones para obligarlos a pasar por anillos de fuego y obligar a los osos a caminar por la cuerda floja, dice Hua Ning, del Fondo Internacional para la Protección de los Animales.
Los circos chinos han defendido sus espectáculos, diciendo que los animales están bien alimentados y que enseñarles algunos trucos puede ayudarlos a convertirse en ‘estrellas’.
Sin embargo, el gobierno chino ha decretado una prohibición total, que se empezó a implementar el martes pasado en todos los trescientos zoológicos estatales que forman parte de la Asociación China de Zoológicos.
"Ojalá tenga algún efecto", dijo David Neale, director de Bienestar Animal en Animals Asia. "Visité el zoológico de Chongqing antes de Navidad y su circo se estaba marchando, y el zoológico de Kunming dijo que su circo había sido cerrado".
Sin embargo, otros zoológicos dijeron que no habían recibido ninguna notificación con las nuevas reglas. "Ayudaremos a implementar la prohibición y denunciar al gobierno todo caso que encontremos", prometió Neale.
La prohibición también obligará a los zoológicos a dejar de vender partes de animales en sus tiendas y los restaurantes de zoológicos deberán dejar de servir platos hechos con animales exóticos, otra práctica muy extendida.
Similarmente, los zoológicos ya no podrán arrancar los dientes a los cachorros de tigre, práctica a la que se recurre para que no muerdan mientras los turistas los acarician y los zoológicos deberán suspender los espectáculos en vivo durante los cuales pollos, cabras, vacas y caballos son vendidos a los visitantes que pueden luego mirar como son devorados por grandes felinos.
Un portavoz de la Oficina Forestal Nacional de China dijo que el año pasado una investigación de tres meses había descubierto más que cincuenta zoológicos donde los animales sufrían severas formas de maltrato.
Sin embargo, la suspensión de los espectáculos podrían empujar a algunos zoológicos a la bancarrota y podría significar, para muchos animales, un futuro incierto. "En algunos casos, no sé adónde irían los animales", dijo Neale.
"En algunos casos recomiendo el sacrificio, porque, después de años de ser obligados a participar en estos espectáculos, hay animales en muy mal estado".
20 de enero de 2011
©telegraph
cc traducción mQh

lobos y osos sin protección

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El lobo común y el oso grizzly podrían ser retirados de la lista de especies protegidas.

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[Laura Zuckerman] Salmon, Idaho, Estados Unidos. El gobierno de Obama está planeando retirar de la lista de especies protegidas de la Ley de Especies en Peligro de Extinción a dos de los animales más icónicos del Oeste americano: el lobo común y el oso grizzly, con medidas que es probable que provoquen una fuerte resistencia entre animalistas y ecologistas.
Las intenciones del gobierno quedaron claras este miércoles en una entrevista con altos funcionarios del ministerio del Medio Ambiente, cuya repartición, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, supervisa las protecciones federales al grueso de las especies amenazadas.
El oso grizlly y el lobo común ocupan el pináculo del ecosistema de Yellowstone, que comprende partes de Montana, Wyoming e Idaho. Intentos previos de retirarlos de la lista de especies en peligro de extinción de Estados Unidos se han enfrentado a la firme oposición -incluso en tribunales- de organizaciones conservacionistas.
Los ecologistas han expresado su preocupación de que aunque ambas especies se han recuperado bajo las protecciones de que gozan como especies amenazadas, su recuperación podría decaer si fueran sacadas de la lista, una medida que es probable que autorice la caza pública de estas especies.
Cazadores y estancieros, que constituyen un poderoso electorado en los estados occidentales, han solicitado enfáticamente retirar al lobo y al oso de la lista de especies protegidas, diciendo que los animales depredadores están reduciendo las manadas de animales grandes, como los alces, y están atacando al ganado.
En Estados Unidos, lobos y osos fueron cazados, cogidos con trampas y envenenados casi hasta su extinción antes de que fueran finalmente agregados a la lista de especies en peligro de extinción.
La protección federal de los lobos ha sido particularmente polémica desde que fueran reintroducidos en las Montañas Rocosas a mediados de los años noventa, pese a fuertes objeciones de los rancheros.
Bajo presión de grupos de interés ganaderos y de directores de vida silvestre del estado, en abril de 2009 el gobierno federal retiró al lobo de la lista de especies en peligro de extinción en Montana e Idaho, aunque mantuvo la protección en Wyoming.
Pero este año un juez federal ordenó su reincorporación en la lista, diciendo que el territorio de los lobos en las Montañas Rocosas debe ser considerado como un todo y que las protecciones no se pueden mantener en Wyoming mientras se levantan en otros estados.
Tom Strickland, subsecretario para Pesca, Vida Silvestre y Parques del ministerio del Medio Ambiente , dijo el miércoles que el gobierno de Obama tiene la intención de proponer la suspensión de las protecciones de la Ley de Especies en Peligros de Extinción para los lobos en los tres estados y tratará de legislar si fuera necesario.
El retiro de estas especies de la lista significa que los estados deben asumir el control de los cerca de mil setecientos lobos al norte de las Montañas Rocosas -mil más que el objetivo de recuperación de la especie del gobierno federal.
En la misma entrevista, el subdirector del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, Dan Ashe, dijo que su repartición también "retirará de la lista al oso grizzly" en la región de Yellowstone.
"Estamos avanzando con los estados", agregó, prediciendo una iniciativa final dentro de dieciocho meses.
Se estima que el número de osos en la zona de Yellowstone se ha elevado a más de seiscientos, de 136 en 1975, excediendo el objetivo de recuperación fijado en quinientos individuos.
Los osos del área de Yellowstone fueron retirados de la lista en 2007 y los estados abrieron prontamente la temporada de caza. Pero los ambientalistas lograron una victoria legal el año pasado, obligando al gobierno a reintroducirlos a la lista, alegando que el gobierno federal no había tomado en cuenta factores como el cambio climático. También cuestionaron que el objetivo de quinientos animales sea una población viable.
Los ambientalistas argumentan que hacer que el Congreso deje de lado los trámites normales para revisar el estado sanitario de las especies protegidas y la revisión judicial de esos esfuerzos, socavaría la Ley de Especies en Peligro de Extinción, un pilar de la ley conservacionista estadounidense.
"Se supone que las decisiones sobre la vida silvestre deben basarse en datos científicos, no en criterios políticos", dijo Mike Leahy, director regional de la organización privada, Defenders of Wildlife, en las Montañas Rocosas. "Quiere decir que cada vez que un animal polémico caiga bajo la protección de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, el Congreso puede simplemente suspender las protecciones que se necesitan para proteger a las especies".
20 de enero de 2011
4 de diciembre de 2010
©washington post
cc traducción mQh

torturas en los centros mendocinos

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La declaración de Ricardo Puga, diputado provincial y sobreviviente de la dictadura. Estuvo en los centros clandestinos Papagayos y D-2 y en el penal de Boulogne Sur Mer. Relató los tormentos a los que fue sometido ante el tribunal que juzga a diez represores por los casos de 24 víctimas.

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Argentina. "Hay infinidad de dirigentes políticos que estuvieron vinculados con la dictadura... pero no voy a mencionarlos." La afirmación, ante el Tribunal Oral Federal N0 1 que conduce el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la capital de Mendoza, pertenece al diputado provincial Ricardo Puga, sobreviviente de los centros clandestinos Papagayos y D-2 y ex preso político del penal de Boulogne Sur Mer durante la última dictadura. Puga declaró ayer, durante la decimooctava audiencia del juicio oral a diez represores por secuestros y torturas contra 24 víctimas, incluido el poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo. El coronel retirado Tamer Yapur, de 87 años, fue trasladado desde su prisión hogareña al hospital privado Español, de Godoy Cruz. El juicio continuará hoy.
El actual presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja mendocina, donde integra un bloque unipersonal, detalló ante el tribunal que preside Juan González Macías las torturas que padeció durante los meses posteriores a su detención, el 13 de enero de 1976. Puga militaba en el Partido Auténtico y había acusado de poner una bomba en la casa del ex gobernador Alberto Martínez Baca al brigadier Julio César Santuccione, jefe de policía de Mendoza desde 1975 y luego símbolo del terrorismo de Estado en Cuyo.
"Me interceptó una persona que dijo ser de Investigaciones. Me pidió el documento y me llevó hacia una rural Fiat 125. Ahí aparecieron tres hombres con pelucas y me metieron en el asiento de atrás", relató Puga. De inmediato recordó el mensaje por radio que emitió uno de los secuestradores: "Ya tenemos el paquete".
La primera escala fue en un descampado del barrio Univev, donde lo obligaron a bajar del vehículo, lo encapucharon, lo esposaron y lo metieron en el baúl de un Ford Falcon. "Como mis manos fueron sujetadas por delante pude bajarme la venda, pero cuando se dieron cuenta me partieron los dientes de un culatazo", añadió Puga, según registró ayer el diario virtual Mendoza Online.
En el centro clandestino Papagayos, que reconoció durante una inspección ocular en democracia, padeció la primera sesión de corriente eléctrica. "Me llevaron a una habitación y un rato después empezaron a aplicarme picana. Tomaban mate mientras yo me orinaba por la picana", relató. También le hicieron cavar un hoyo en la tierra y lo sometieron a varios simulacros de fusilamiento.
Los interrogatorios estaban a cargo de un personaje apodado "Porteño", al que volvería a escuchar en el D-2, el departamento de informaciones de la policía. "Por la forma de hablar y de dirigirse al resto, para mí se trató de un militar", sugirió Puga. La pregunta que reiteraba a cada secuestrado era "¿Quién mató a Cuello?", un policía asesinado en los meses previos.
Luego de "cinco o seis días" en el primer centro clandestino, Puga fue trasladado el D-2, por donde pasaron la mayor parte de los testigos de la causa. Allí llegó "con una costilla rota, los testículos quemados por la aplicación de picana y doce kilos menos de peso", precisó el diputado. En la dependencia escuchó "el comentario de otro preso de apellido Sgroi acerca de que las sesiones de picana podían ser aguantadas". Entonces "los represores escucharon los dichos, se lo llevaron y lo torturaron más salvajemente antes de tirarlo otra vez en su celda", recordó.
Puga agregó que en el D-2 no fue sometido a picana pero sí a golpizas. "Una vez me encerraron en el baño y me pegaron. Ahí también escuché al ‘Porteño’", destacó. La última etapa en cautiverio fue en el penal de Boulogne Sur Mer, del que fue liberado a fines de 1976. Allí el ex comisario Naman García "dio vía libre a la represión", declaró.
Cuando el querellante Pablo Salinas le preguntó por dirigentes políticos vinculados al aparato represivo, Puga mencionó al ex concejal de Las Heras Roberto Lucas. "Me enteré que participó en un operativo como miembro de la CNU", dijo, en referencia a la Concentración Nacional Universitaria. También recordó el caso del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, ex subsecretario de Seguridad del gobernador Celso Jaque, y manifestó que varios de los funcionarios designados por el ex ministro Carlos Aguinaga "hicieron los cursos de lucha antisubversiva". Ante una nueva pregunta de Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Puga admitió que "hay muchísimos dirigentes políticos que estuvieron vinculados con la dictadura... pero no voy a mencionarlos".
20 de enero de 2011
19 de enero de 2011
©página 12

detenciones por trata de personas

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Cinco pedidos de detención por trata de personas. Los solicito la fiscalía federal de San Nicolás. Las investigaciones involucran a dos empresas que emplearon a trabajadores rurales en condiciones infrahumanas. Estudian si se cometió un delito de lesa humanidad.

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[Emilio Ruchansky] Argentina. Luego de solicitar los libros de socios y accionistas de dos empresas implicadas en explotación infrahumana de jornaleros en los campos del norte bonaerense, ayer, la fiscalía federal de San Nicolás solicitó la detención y la declaración indagatoria de cinco directivos de esas compañías. Tanto para el fiscal federal como para su par provincial, que interviene en otras causas, ya está probada la trata de personas e incluso corresponde analizar si se cometió un delito de lesa humanidad, según expresó Rubén Giagnorio, fiscal de Instrucción de San Nicolás, en un dictamen. "Ahora sabemos quiénes son dueños, socios y accionistas, y creemos probado que ellos son los responsables de la trata de personas. No pensamos quedarnos sólo con los capataces", comentó anoche un integrante de la fiscalía federal.
Según enumeraron fuentes judiciales, el delito de trata de personas sería "agravado" porque parte de una organización de dos o más personas que involucra a muchas víctimas, que a su vez se encuentran en situación de vulnerabilidad y en algunos casos son menores de edad. "Yo ya elevé un dictamen en el que considero probada la trata, que fue aceptado por el juzgado de garantías de San Nicolás y en pocos días va a ser elevado a la Justicia Federal", informó ayer Giagnorio a este diario. Su dictamen es sobre la estancia La Luisa, en San Pedro, donde 69 personas de origen santiagueño fueron rescatadas el 4 de enero pasado.
Allí, los trabajadores vivían en condiciones indignas, sin luz ni baños, mientras desfloraban maíz todos los días, durante 12 horas, para la empresa Southern Seeds Production, ubicada en la cercana localidad de Arrecifes. Durante el allanamiento fue demorado uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, y cuatro capataces, quienes quedaron luego en libertad. En la actualidad, según fuentes judiciales, no hay detenidos por los cinco campos inspeccionados y allanados en el norte bonaerense, desde el 30 de diciembre en adelante.
El segundo dictamen, que según adelantó Giagnorio será similar en la cuestión de fondo, es sobre lo ocurrido en la estancia El Algarrobo, también en San Pedro, y relacionada con la multinacional Nidera. "Está tardando más porque hay menores de edad de por medio y hace falta que se expida la Asesoría Tutelar de Menores, creo que en una semana ya voy a tener ese dictamen presentado", comentó el fiscal, quien pedirá que ése caso también sea investigado por la Justicia Federal.
En El Algarrobo, tras una inspección del Ministerio de Trabajo provincial, se descubrió que 130 personas, entre ellas unos 19 menores de edad, eran reducidas a la servidumbre. Muchos provenían de Santiago del Estero y de otras provincias del norte argentino. Antes de partir, se les prometía un respetable trabajo temporario y cuando llegaban encontraban que se les sobrefacturaba la comida, tenían que dormir hacinados en unos trailers de chapa y el baño era un simple agujero en el piso.
Las pruebas colectadas durante la instrucción son cientos de testimonios y las inspecciones oculares. Demuestran que las víctimas eran pobres, tenían un origen geográfico específico, donde eran reclutadas, y luego se las trasladaba masivamente. "En este marco, se daba una explotación en la que se incumplían todas las normativas laborales, muchas víctimas no sabían donde estaban, por lo que declararon ellos, y tampoco los dejaban salir. Entonces puede enumerarse una serie de delitos: privación ilegal de la libertad, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y trata de personas, entre otros", explicó el fiscal Giagnorio.
Ya cuando se hizo la primera inspección en los terrenos que arrendaba Nidera, el ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, deslizó que lo que habían presenciado "rozaba" el crimen de lesa humanidad. Para Giagnorio –así lo hizo constar en su dictamen– es muy probable que así sea y corresponde analizar el tema en profundidad. Según el titular de la UFI 6 de San Nicolás, lo ocurrido en San Pedro puede ser encuadrado en las conductas tipificadas en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio origen al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Dicho artículo considera crímenes de lesa humanidad a una serie de actos que se cometen "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". Entre esos actos está la esclavitud, entendida como "el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños", dice el estatuto.
"Uno no puede disponer de su propia dignidad. Por más que alguien acepte trabajar en condiciones inhumanas, el que contrata a esa persona está cometiendo un delito, no importa si le hizo firmar un contrato", aseguró ayer el fiscal. Las personas rescatadas de los campos alquilados por Nidera volvieron a su lugar de origen, luego de la intervención del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, que se comprometió a proveer planes sociales, y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación.
Como llegaron a trabajar en algunos casos hasta 20 días, la empresa multinacional les pagó los 110 pesos diarios, el mínimo establecido por ley, y están siendo atendidos en los centros de asistencia a la víctima en su lugar de origen. La causa puede llegar a resolverse en dos o tres años, tal vez en un juicio oral, aunque eso dependerá del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.
Los lugares clausurados se acumularon en dos expedientes, en función de las empresas que explotan los campos (Satus Ager S.A. y Suthern Seeds Production) y no por los establecimientos allanados. Aún está pendiente, por tiempos judiciales, el ingreso de la multinacional Nidera a la Justicia Federal.
Además de los dos campos mencionados en San Pedro, hay otras tres fincas explotadas en las ciudades de Ramallo y Arrecifes por Satus Ager SA y Suthern Seeds Production, donde se halló a 274 personas en condiciones laborales infraumanas. Según fuentes judiciales, Villafuerte Ruzo denegó las medidas impulsadas por la fiscalía federal de San Nicolás, la semana pasada, para que se detenga y se tome declaración indagatoria a otros directivos de las empresas involucradas.
"El juez también denegó las eximiciones de prisión presentadas por los abogados de los imputados, lo cual es contradictorio, porque si considera que no hay motivos para llamarlos a declarar no hay razones para rechazar la eximición de prisión", observaron fuentes del caso. Sin embargo, en este momento está a cargo del caso el titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, Martín Alberto Martínez, que subroga a Villafuerte Ruzo durante su licencia, y quien prorrogó el secreto de sumario en ambas causas hasta el 25 de enero.
Entre hoy y mañana, Martínez deberá decidir sobre los cinco pedidos de detenciones e indagatorias hechos por la fiscalía federal de San Nicolás. En esa dependencia, anoche repasaban los éxitos conseguidos, pese a no participar de la investigación de la que se encarga el juzgado federal: "Logramos que el juez anterior identificara firmas comerciales, vehículos denunciados por las víctimas y también que la Inspección General de Justicia dé las direcciones de las personas físicas que aparecen en los libros de los directorios de las empresas", destacó un vocero.
20 de enero de 2011
19 de enero de 2011
©página 12

vuelven elecciones complementarias

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Presentan proyecto que reinstituye elecciones complementarias en caso de renuncia de parlamentarios.

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Valparaíso, Chile. El proyecto, presentado por diputados de distintas bancadas, obliga a realizar elecciones complementarias cuando un diputado o senador deje su cargo.
El diputado Jorge Tarud (PPD) -acompañado por los diputados Carlos Montes (PS), Alfonso De Urresti (PS), Patricio Vallespín (DC), Carlos Abel Jarpa (PR) y Adriana Muñoz (PPD)- presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que obligará a realizar elecciones complementarias cuando un diputado o un senador deje su cargo, de tal manera que sea un verdadero representante de la ciudadanía y no un parlamentario designado.
En este sentido, Jorge Tarud señaló que durante tantos años luchamos para no tener senadores designados y hoy día volvemos a tenerlos, "es impresentable ante la ciudadanía esta situación. Aún más cuando se ha comprobado que la gente, más que por los partidos, vota por las personas. Es un fraude a la democracia, el que entre cuatro paredes, seis o siete dirigentes nombren a un senador de la República".
Es por lo anterior, que el parlamentario presentó este proyecto de ley para terminar con esta facultad que tienen hoy día los partidos políticos. "Si un senador y un diputado deja su cargo, se tienen que hacer elecciones complementarias como existía antes en la constitución de 1925", expresó.
Reglón seguido, el diputado calificó de inaceptable que el 5% del Senado está representado nuevamente por senadores designados "esta situación aumenta la apatía que siente la gente por la política, los electores que representaba el senador Allamand y la senadora Matthei, en estos momentos, deben estar tremendamente defraudados, porque ellos votaron por una persona, no por un partido político y hoy día se les pone alguien que ni siquiera conocen", concluyó el diputado Tarud.
20 de enero de 2011
19 de enero de 2011
©diario de la cámara

dizque comíamos perros

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columna de lísperguer

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Investigador dice que hace diez mil años nos alimentábamos de carne de perro.

Esta investigación concluye que hace diez mil años, los seres humanos se alimentaban de perros y probablemente los criaban para consumirlos. La base de esta asombrosa conclusión es un fragmento de hueso de color naranja-marrón que fue encontrado en una pila de excrementos humanos de hace 9.400 años. Este color lo adquirirían los huesos que han pasado por el tubo digestivo. Pero no sabemos cómo llegó ese fragmento a quedar depositado en los excrementos. Y en el caso de que esa persona hubiese comido perro, no sabemos si fue un accidente de ocurrencia única, un rito o una emergencia, y menos aun si ese señor tenía un criadero de perros. Esta manera sanguinolenta de escribir la prehistoria es muy común en la academia, pero no tiene ningún asidero. Sobre conclusiones igualmente frágiles se imagina que la primera humanidad hacía sacrificios humanos y era caníbal. Epistemologías frágiles, conclusiones absurdas.
lísperguer

regulan venta de videojuegos violentos

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Diputados despachan proyecto que regula venta y arriendo de videos violentos a menores. Ley busca proteger contra la violencia a menores de edad, pero no explica por qué.

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Valparaíso, Chile. Con 91 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación, en primer trámite constitucional, a una moción parlamentaria que busca regular la venta y arriendo de videos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental de consolas.
La iniciativa legal (boletín 5579) se originó en una moción de los diputados UDI Gonzalo Arenas, Enrique Estay, Javier Hernández, Juan Lobos, Iván Moreira, Felipe Salaberry, Marisol Turres y Gastón Von Mühlenbrock, además de los ex diputados Marcela Cubillos y Juan Masferrer.
El texto legal busca proteger a los menores de edad de la excesiva violencia exhibida en los videojuegos obligando, para ello, a los fabricantes e importadores de los mismos a colocar en los envases de estos productos la advertencia del nivel de violencia que contienen.
El proyecto fue objeto de una indicación del Ejecutivo que fue aprobada por la Sala.
La propuesta incorpora en la Ley 19.496, sobre protección de derechos de los consumidores, un nuevo articulado que obliga a los fabricantes y/o importadores de videojuegos a colocar en los envases en que comercialicen sus productos leyendas que señalen claramente el nivel de violencia contenida en el videojuego respectivo.
Agrega el proyecto que los fabricantes, importadores, proveedores y/o comerciantes no podrán vender ni arrendar videojuegos que sean calificados "sólo para adultos" a personas menores de dieciocho años, debiendo exigir en cada venta o arriendo la cédula de identidad respectiva.
Se establece también que todo envase o envoltura que contenga un videojuego, sea nacional o importado, destinado a su distribución dentro del territorio nacional, y toda acción publicitaria de los mismos, cualquiera sea la forma o el medio a través del cual se realice, deberá contener en forma clara y precisa la advertencia sobre los grados de violencia y valor educativo presentes en dicho videojuego y, de acuerdo a tales parámetros, clasificarlos como aptos para "mayores de 3 años", "mayores de 7 años", "mayores de 12 años", "mayores de 16 años" y "mayores de 18 años". Esta calificación será realizada por el Consejo de Calificación Cinematográfica.
La advertencia deberá ocupar, a lo menos, el 25% del espacio de ambas caras del envase o envoltorio del videojuego respectivo.
La infracción a estas disposiciones será sancionada, por el juez de policía local correspondiente a la comuna del infractor, con una multa de 1a 50 unidades tributarias mensuales y comiso de las especies materia de la infracción.
En caso de reincidencia dentro del mismo año calendario se aplicará el doble de la multa.
20 de enero de 2011
18 de enero de 2011
©diario de la cámara

privilegios de reos pinochetistas

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Diputados DC denuncian "escandalosa situación carcelaria con privilegios inaceptables en Punta Peuco y Cordillera".

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Valparaíso, Chile. "Mientras sólo cuatro gendarmes estaban a cargo de 1.500 reos en la Cárcel de San Miguel, 121 funcionarios están a cargo de 58 reclusos en los centros penitenciarios de Punta Peuco y Cordillera", informó el diputado René Saffirio.
A propuesta del diputado René Saffirio, integrante de la Comisión que investiga el incendio en la Cárcel de San Miguel, esta instancia aprobó inspeccionar en terreno la realidad que se vive en los centros penitenciarios de Punta Peuco y Cordillera, donde se encuentran recluidos ex integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros por violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, tras conocerse en esta Comisión antecedentes que señalan una "escandalosa diferencia" entre los centros penitenciarios del país y estos dos centros ubicados en la Región Metropolitana.
Los antecedentes fueron calificados por los diputados DC Aldo Cornejo, Ricardo Rincón y René Saffirio como "preocupantes e inexplicables", ya que, según dijeron, se está frente a un trato preferencial para los condenados en Punta Peuco y Cordilllera, situación que contrasta con el hacinamiento que se vive en otras cárceles y la escasez de funcionarios para su vigilancia.
Saffirio informó que "hemos recibido una serie de antecedentes, proporcionados por las propias asociaciones de funcionarios de Gendarmería, que revelan una enorme y preocupante diferencia entre el peligroso e indigno hacinamiento que se vive en la mayoría de las cárceles de Chile y la situación privilegiada que se observa en los centros Punta Peuco y Cordillera. Mientras sólo cuatro gendarmes estaban a cargo de 1.500 reos en la Cárcel San Miguel, 121 funcionarios están a cargo de 58 reclusos en Punta Peuco y Codillera".
Al respecto, el diputado Rincón señaló que "no es posible que en Chile existan dos tipos de centros penitenciarios, los que tienen un inhumano hacinamiento y los que tienen condiciones extremadamente privilegiadas para sus ocupantes, estos últimos, condenados por violaciones a los derechos humanos".
Agregó que "sólo la escolta del director nacional de Gendarmería duplica la cantidad de gendarmes que se encontraban a cargo de los reos en la Cárcel de San Miguel, una situación difícilmente comprensible".
Finalmente, el diputado Aldo Cornejo informó que los antecedentes y la opinión que se forme la Comisión sobre esta visita serán incluidos en el informe final de esta instancia con motivo de la investigación de los hechos que provocaron la tragedia en la Cárcel de San Miguel, esperándose además propuestas que contribuyan a evitar tragedias como la vivida en diciembre del año pasado.
20 de enero de 2011
17 de enero de 2011
©diario de la cámara